PARO PATROANL DEL AGRO EN ARGENTINA ENEL 2.008 - LA CUBA DEL GRAN PAPIYO

El paro agropecuario, lock out o bloqueo de rutas en Argentina de 2008 fue un extenso conflicto en el que las cuatro organizaciones que reúnen al sector empresario de la producción agro-ganadera en la Argentina protestaron contra la decisión del gobierno de incrementar las retenciones a las exportaciones de soja y girasol y establecer un sistema móvil para éstas (resolución 125/08).

La medida patronal se extendió por 129 días, desde el 11 de marzo de 2008 hasta el 18 de julio del mismo año, y culminó con la derogación de la Resolución 125/08 del Ministerio de Economía y Producción por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Durante este tiempo las patronales agropecuarias declararon una serie de medidas con el fin de interrumpir algunas actividades económicas de sus asociados, así como el transporte interurbano y las exportaciones agrarias, realizando cierres patronales parciales (lock out), bloqueos de rutas y puertos y otras medidas de acción directa.[1]

Posteriormente, al conflicto se le sumó un paro de los empresarios transportistas con bloqueo de rutas, que agravó la situación y el abastecimiento de las ciudades.[2]

El proceso se politizó rápidamente y el oficialismo y sectores cercanos a éste, como la Federación Trabajo y Vivienda de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), liderada por Luis D'Elía, y la Asociación Madres de Plaza de Mayo, acusaron a los dirigentes ruralistas, al ex-presidente Eduardo Duhalde y al multimedio Clarín de buscar la desestabilización del gobierno con el fin de provocar la caída de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. [3] [4] [5] Dichas acusaciones fueron negadas por uno de los líderes del paro ruralista, Alfredo de Angeli, de la Federación Agraria Argentina, quien aseguró que las medidas de fuerza fueron pacíficas y que no buscaban desestabilizar al gobierno, sosteniendo también que «el gobierno promueve un golpe porque no sabe cómo arreglar el país».[6] [7] [8] [9] Asimismo, mientras la Unión Cívica Radical negó que tuviera intenciones desestabilizadoras,[10] Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, acusó el 4 de julio de 2008 al vicepresidente Julio Cobos, de formar parte de una conspiración golpista contra la presidenta Fernández, junto con el ex presidente Eduardo Duhalde.[11]

El conflicto tuvo una primera escalada el 25 de marzo, cuando las organizaciones agroganaderas decidieron extender la medida por tiempo indeterminado hasta que el gobierno «vuelva para atrás con el aumento de las retenciones»,[12] y que la presidenta Cristina Fernández respondiera a la decisión afirmando que no negociaría mientras el lock out no fuera levantado.[13] El paro afectó el comercio nacional e internacional, principalmente de alimentos y combustible, y el abastecimiento de las ciudades.

En el curso del paro se produjeron manifestaciones masivas y declaraciones provenientes de distintos sectores, tanto a favor como en contra del paro, así como algunos hechos de violencia involucrando a simpatizantes de ambas posiciones. El gobierno y las cuatro organizaciones de productores rurales se reunieron varias veces para dialogar, sin llegar a ningún acuerdo. En el curso del conflicto el gobierno anunció reformas al sistema cuestionado en dos ocasiones, el 31 de marzo y el 29 de mayo, en la primera estableciendo reintegros y subsidios a los pequeños productores y en la segunda para reducir las retenciones marginales que afectaban a los mercados de futuros. Las entidades empresarias consideraron que ambas reformas eran insuficientes o inadecuadas. Durante el conflicto se registró también la renuncia del ministro de Economía Martín Lousteau, autor de las medidas cuestionadas por los ruralistas.

Las medidas de fuerza declaradas por las asociaciones ruralistas fueron también implementadas por grupos ajenos a éstas y sin organización visible que los agrupe, se autodenominaron productores autoconvocados, y no siempre respondieron a las decisiones que adoptaron los convocantes del paro.

El 17 de junio la presidenta Fernández, envió al Congreso un proyecto de ley sobre las retenciones a las exportaciones de granos y las compensaciones a los pequeños productores, con el fin de que sea el Poder Legislativo el que resuelva en definitiva la situación. En la madrugada del 17 de julio, la Cámara de Senadores, en una votación que debió ser desempatada por el Vicepresidente de la Nación, rechazó con el voto del ex presidente y senador Carlos Menem el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que había sido previamente aprobado con modificaciones por la Cámara de Diputados. El 18 de julio la Presidenta de la Nación ordenó dejar sin efecto la Resolución 125/08, luego de lo cual uno de los dirigentes ruralistas dio por terminado el conflicto.[16] [17]

El 3 de octubre de 2008 las patronales declararon un nuevo paro por seis días con cortes parciales de rutas en caso de ser necesario, esta vez para reclamar la completa anulación de las retenciones a la exportación

El voto de desempate del vicepresidente Julio Cobos en contra del proyecto de retenciones a las exportaciones agropecuarias de la presidenta, que causó el rechazo del mismo por el Congreso, llevó a una ruptura entre ambos y a un realineamiento político de un sector de los llamados radicales K, liderado por el primero, que se ubicó en la oposición, aún sin dejar de ocupar el cargo de vicepresidente.

Elisa Carrió, una de las principales dirigentes de la oposición, había acusado a Cobos, pocos días antes, de formar parte de una conspiración golpista contra la presidenta Fernández, junto con el ex presidente Eduardo Duhalde. El hecho produjo una situación anómala, porque por un lado Cobos se ubicó como uno de los principales referentes de la oposición al gobierno del Cristina Kirchner, pero por otro lado, en su condición de Vicepresidente, debe reemplazar a la presidenta cada vez que ésta se ausenta del país, encontrándose en condiciones de tomar en ese caso medidas contrarias a la línea política marcada por la titular del Poder Ejecutivo.

Esta última situación se produjo el 21 de septiembre de 2008, cuando Cobos, en ejercicio de la Presidencia de la Nación a causa del viaje de la presidenta a Nueva York, recibió al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, uno de los principales líderes opositores, y transmitió al Jefe de Gabinete un reclamo financiero de Macri, con el que la presidenta discrepaba.

Otro caso similar se produjo en ocasión de la sanción del proyecto de ley presentado por la presidenta Fernández, reestatizando el sistema de jubilaciones y pensiones que había privatizado el presidente Carlos Menem. El proyecto fue aprobado en ambas cámaras del Congreso y, en noviembre de 2008, al momento de ser promulgado como ley por el Poder Ejecutivo, la presidenta se encontraba realizando una gira por África del Norte, razón por la cual estaba siendo reemplazada por el vicepresidente Cobos. En esa circunstancia, el partido PRO (macrismo) le pidió a Cobos que vetara la ley de la presidenta sancionada por el Congreso.

Esta situación, que permitiría al Vicepresidente dejar sin efecto decisiones tomadas por el presidente, o tomar decisiones que el presidente desaprueba, generó un debate entre políticos, periodistas y especialistas. Algunos han sostenido que, por razones morales, el Vicepresidente debería renunciar. Otros han reflexionado que la Constitución Nacional no prohíbe que el vicepresidente realice actos opuestos al presidente, y que por lo tanto está habilitado para hacerlo.

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