Con el rechazo de los bloques de la Unión Cívica Radical (UCR) y del Frente Cívico y Social (FCyS), la Izquierda Socialista, el Frente Progresista y la Coalición Cívica-ARI, el oficialismo aprobó la controvertida nueva ley de educación que reforma la 8113 impulsada durante el gobierno del radical Eduardo César Angeloz y que despertó la protesta permanente del sector estudiantil en Córdoba que comenzó con tomas de colegios y terminó con graves incidentes en las inmediaciones del edificio de la Unicameral.

Desde los bloques de la oposición que rechazaron la iniciativa, reclamaron que representantes de los estudiantes pudieran ingresar al recinto tal como sucedió con el tratamiento de otras normativas para presenciar el debate, pero el pedido no fue tomado en cuenta por las autoridades de la cámara.

El presidente del bloque radical, Hugo Pozzi, defendió la ley 8113 aunque reconoció la necesidad de su actualización, pero reiteró el rechazo a la reforma propuesta por el gobierno de Unión por Córdoba porque “no se garantizó el debate y análisis que exigía el proyecto y no se han respetado los tiempos que exigía”.

Por su parte, el legislador del ARI Omar Ruiz, no sólo rechazó la iniciativa oficialista sino que también presentó un proyecto propio que, según él, incorpora los aportes de la sociedad cordobesa como el principio de la educación laica que impide la educación religiosa opcional en las escuelas públicas, así como la creación por ley de centros de estudiantes y cooperadoras escolares.

Ante el rechazo generalizado del sector educativo la iniciativa se aprobó con algunas modificaciones que, según dijeron los legisladores del oficialismo, fueron recabadas de las seis audiencias públicas que se desarrollaron en Córdoba, Río Cuarto, San Francisco y Cruz del Eje, y también de las propuestas realizadas por legisladores de la oposición.

Pese a estas modificaciones, uno de los aspectos más cuestionados seguirá establecido, esto es, la enseñanza de religión continuará en la escuela pública como un contenido extracurricular, sin financiamiento estatal, fuera del horario de clases y a cargo de los ministros autorizados de los diferentes cultos, pero en definitiva no se respetará la laicidad de la escuela pública.

Otro de los grandes pedidos que se efectuaron desde la comunidad académica es la inclusión de la educación artística como uno de los objetivos de la educación y dentro de la currícula educativa, cuestión que fue tenida en cuenta y tomó un papel preponderante en el proyecto que finalmente se convirtió en ley, pese a que los estudiantes no quedaron conformes con estos agregados porque, aseguraron, la normativa toma al arte como modalidad, por lo que se le da un carácter optativo, y no se le otorga el carácter de disciplina como ellos exigen, que garantiza su obligatoriedad.

También, se modificó la integración del Consejo Provincial de Políticas Educativas que ahora permitirá la participación de entidades provinciales que nucleen a los estudiantes de los distintos niveles, tanto de gestión estatal como privada, así como a las asociaciones de padres; pero no se eliminó el inciso que faculta al Ministro de Educación a cursar invitaciones para integrar este Consejo a “otros organismos comprometidos con la temática”.

Además se creó dentro de este ámbito la Comisión de Evaluación e Información Educativa que estará integrada por representantes del Consejo, del Ministerio de Educación y por miembros de la comunidad académica y científica “de reconocida trayectoria en la materia”. Su función será la de proponer criterios y modalidades en los modos de construcción de las herramientas de evaluación de la educación; participar en el seguimiento, difusión y utilización de la educación y asesorar al ministerio.

En cuanto a la financiación del sistema educativo, el artículo que facultaba al gobernador a tomar deuda y/o crear impuestos para garantizar el 35 por ciento de los recursos del presupuesto destinados a educación, fue dejado tal cual su redacción original, por lo que el gobierno provincial se exime de cumplir su responsabilidad con recursos propios, si así lo considerara necesario.

Respecto a los Centro de Estudiantes, la ley dispone como derecho de los alumnos el de “asociarse para participar en el desarrollo de la vida institucional a través de centros, asociaciones y clubes de estudiantes, en relación con las edades y de acuerdo con lo dispuesto por las reglamentaciones que al efecto se dicten”; es decir, deja librado a la voluntad del gobierno y no reconoce expresamente a los centros como órganos de representación de los estudiantes.

La iniciativa exige al Ministerio de Educación provincial que informe anualmente a la legislatura de la provincia el estado de la gestión educativa y los criterios y mecanismos de evaluación y control de gestión aplicados a los procesos educativos, sus resultados y costos en los diferentes niveles.

Asimismo, establece la obligatoriedad de la escolarización a partir de los cuatro años y tendrá el carácter optativo para las demás edades tendiendo a universalizar las salas para niñas y niños de tres años prioritariamente en zonas de vulnerabilidad social.

Frente al palacio legislativo estuvieron unos pocos estudiantes que pudieron ingresar poco antes de que la policía colocara vallas de contención en las calles Deán Funes y Obispo Trejo,  protestando por la sanción de la nueva ley. Por el vallado se interrumpió el paso normal de peatones durante todo el día ya que nadie está autorizado a circular por las inmediaciones de la Unicameral.

El proyecto generó grandes controversias y repudios en el ámbito estudiantil, quienes el lunes iniciaron una huelga de hambre frente al edificio de la Unicameral “hasta que se rechace el ilegítimo anteproyecto de educación” y hoy a las 14 horas marcharon desde Colón y Cañada “en defensa de nuestra educación”, explicaron docentes y estudiantes, oportunidad en la que se desataron incidentes que dejaron el saldo de dos legisladores y siete policías heridos y doce estudiantes detenidos.