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General: Postcards from the Revolution
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| De: Marthola (Mensaje original) |
Enviado: 16/12/2010 09:04 |
Washington busca ruptura en relaciones con Venezuela
Por Eva Golinger
El Departamento de Estado sigue insistiendo en el nombramiento del Embajador Larry Palmer para Venezuela, a pesar del rechazo ya emitido desde Caracas, y continúa inmiscuyéndose en los asuntos internos del país suramericano
En agosto 2010, el Presidente Hugo Chávez declaró que Venezuela no aceptaría al Embajador Larry Palmer como embajador de Estados Unidos en Venezuela y retiró el beneplácito que ya le había sido otorgado unos meses antes. Esta postura firme del gobierno venezolano se asumió luego de que Palmer había emitido una serie de declaraciones sobre la política interna de Venezuela durante una sesión preliminar ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.
Violando los principios y convenios internacionales sobre las relaciones diplomáticas entre países, Palmer opinó públicamente sobre la democracia venezolana, diciendo que estaba bajo "amenaza", y dijo que las Fuerzas Armadas de Venezuela tenían "bajo moral". Al mismo tiempo, Palmer reveló que su intención como embajador en Venezuela era aumentar el financiamiento y el acercamiento de Estados Unidos a grupos y organizaciones de la "sociedad civil" en Venezuela. Durante los últimos 8 años, agencias del Departamento de Estado, como la Agencia Internacional del Desarrollo de EEUU (USAID) y la National Endowment for Democracy (NED) han canalizado millones de dólares a grupos opositores que han utilizado esos fondos para ejecutar un golpe de estado y numerosos intentos para derrocar al gobierno venezolano.
Palmer es experto en el trabajo con las organizaciones sociales y partidos políticos en América Latina para promover la agenda de Washington, y su último cargo antes de esta nominación para encabezar la Embajada de Estados Unidos en Caracas, fue Director de la Fundación Interamericana, ente del Departamento de Estado dedicado a financiar grupos que trabajan a favor de los intereses estadounidenses en la región. El financiamiento externo a grupos políticos de la oposición en Venezuela ha servido para alimentar el conflicto en el país suramericano y al mismo tiempo mantener vivo a organizaciones y partidos políticos que actualmente dependen de los fondos de Washington para sobrevivir.
En sus declaraciones en agosto, Palmer también hizo referencia a la supuesta presencia de grupos terroristas en Venezuela, como las FARC, afirmando que era "cierto" y que era un tema de "alta preocupación". Esos comentarios fueron realizados luego de que el ex Presidente de Colombia Álvaro Uribe acusó a Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA) de proteger a las FARC y pidió una intervención militar contra Venezuela. Documentos recientemente revelados por Wikileaks confirman que Uribe había solicitado a Washington en 2008 atacar a Venezuela militarmente y que él mismo estaba listo para autorizar la entrada de tropas colombianas en territorio venezolano.
El Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomáticas prohíbe la intervención en asuntos internos por parte de los diplomáticos extranjeros en los países anfitriones. Las declaraciones de Palmer fueron realizadas en clara violación de este principio internacional.
Días después de la reacción del gobierno venezolano sobre la retirada del beneplácito de Palmer, el Departamento de Estado reafirmó su nombramiento. "No tenemos otro candidato para ser Embajador en Venezuela. Larry Palmer sigue siendo nuestro candidato y fue seleccionado por el Presidente Obama para este cargo".
Luego del receso del Congreso estadounidense, Palmer fue aprobado el 15 de diciembre por el Senado de Estados Unidos como Embajador en Venezuela, a pesar de que ya no goza del beneplácito para ejercer dicho cargo. La postura de Washington parece ser de provocación. Si Venezuela no acepte a Palmer, Estados Unidos acusaría al gobierno venezolano de romper la relación diplomática entre los países, aunque esta misma situación ha sido provocado por Washington a través de una jugada sucia.
Documentos divulgados por Wikileaks del Departamento de Estado evidencian que desde hace cinco años, Washington ha trabajado a nivel mundial para aislar al gobierno de Hugo Chávez y provocar su salida del poder. En un documento redactado por el actual Asistente Sub-Secretario de Estado del Departamento de Estado, Craig Kelly, desde la Embajada de Estados Unidos en 2007, propusieron un "plan de contención" contra el Presidente Chávez, a quien calificaron como "enemigo formidable".
DECLARACIONES INTERVENCIONISTAS
Mientras que el Senado confirmó a Palmer como Embajador de Estados Unidos en Venezuela en una acción provocadora el miércoles 15 de diciembre, el vocero del Departamento de Estado, Philip Crowley, volvió a inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela, declarando que una ley habilitante en curso de ser aprobada por la Asamblea Nacional en Venezuela está semana, era un intento de "subvertir la voluntad del pueblo venezolano".
Empleando los mismos argumentos que han sido utilizados por sectores de la oposición en Venezuela, Crowley insinuó que la actual Asamblea Nacional no tiene el derecho de aprobar más leyes porque en enero 2011, se asumirá un nuevo parlamento, eligido en septiembre pasado. “En septiembre, millones de venezolanos ejercieron su derecho democrático de votar en las elecciones legislativas. Fueron unas elecciones exitosas y dieron a los venezolanos la oportunidad de enviar un mensaje claro al gobierno”, señaló Crowley.
Durante las elecciones parliamentarias el 26 de septiembre en Venezuela, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), partido del Presidente Chávez, ganó 60% de los curules, con una mayoría contundente de 98 puestos que asegurarían la aprobación de leyes a favor del gobierno venezolano. El 40% en manos opositoras no podría ni aprobar ni obstaculizar ningún proyecto de ley, y menos retractar legislación ya aprobada.
La declaración de Crowley, además de no tener ningún fundamento en la realidad, viene justo cuando los republicanos en Estados Unidos, que ganaron la mayoría del Congreso durante las elecciones legislativas en ese país el 2 de noviembre, están reclamando al gobierno de Obama por insistir con la aprobación de varias leyes antes de que tome posesión el nuevo Congreso republicano en enero 2011.
MARTHOLA
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Muy bueno tu aporte Marthola ...como todos los que nos traes .... .- Aquí queda retratado de cuerpo entero lo que es y ha sido siempre el gobierno imperial ... .- Nombran a un enemigo declarado de Chávez ... como embajador y y luego de que no es aceptado por nuestro vecino en su pleno derecho ... y como pais plenamente soberano ... el imperio insiste en nombrarlo ... en una manifiesta provocación que dice a las claras que no le importan las relaciones con Venezuela .... .- Y se creen con derecho a opinar sobre las normas que dentro de la legalidad se van a dictar para paliar los graves efectos del invierno ( y es que la actual asamblea legislativa puede legislar con pleno derecho hasta el último día ... y sus leyes serán plenamente válidas así no lo quieran los eeuu ... y sus siervos los "escualidos "... y no hay duda de que tambien estaban interesados en la guerra que quería uribe contra Chávez prevalido de que contaba con las bases norteamericanas en nuestro pais ... afortunadamente sacadas por la Corte suprema por haberlas permitido pretermitiendo normas de procedimiento ... ya que no se tuvo en cuenta al Congreso para dejar mermada la soberanía de Colombia .- |
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De: albi |
Enviado: 16/12/2010 16:13 |
Derecho de autodeterminación
De Wikipedia, la enciclopedia libre
El derecho de libre determinación de los pueblos o derecho de autodeterminación es el derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural y estructurarse libremente, sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de igualdad. La libre determinación está recogida en algunos de los documentos internacionales más importantes, como la Carta de las Naciones Unidas o los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, aunque no en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También numerosas resoluciones de la Asamblea General de la ONU hacen referencia a este principio y lo desarrollan: por ejemplo, las resoluciones 1514 (XV), 1541 (XV) ó 2625 (XXV). Es un principio fundamental del Derecho internacional público y un derecho de los pueblos, que tiene carácter inalienable y genera obligaciones erga omnes[1] para los Estados. Incluso, de acuerdo con muchos autores, la libre determinación ha devenido norma de ius cogens.[2]
El concepto de libre determinación tiene una gran fuerza y un carácter especialmente polémico. El Comité de Derechos Humanos ha puesto de manifiesto su naturaleza fundamental, al señalar que es requisito necesario para la plena efectividad de los derechos humanos individuales. Pero su mención en el discurso político contemporáneo puede levantar temores de destabilización, incluso violenta; también se ha asociado con posiciones políticas extremistas y chauvinismos étnicos.[3] El principio no se vincula exclusivamente con el nacionalismo: por ejemplo, el marxismo define la libre determinación como el fundamento para el derecho del proletariado para autogobernarse. La Revolución francesa se considera un paradigma básico de cómo el pueblo derrocó la monarquía y la aristocracia en el poder y estableció un régimen republicano donde el pueblo se gobernaría a sí mismo.[4]
Esta multiplicidad de sentidos se deriva de que la libre determinación está estrechamente ligada al término «pueblos», término que es a su vez problemático y que no ofrece un único significado. Por el contrario, tanto la doctrina como los Estados u otros agentes internacionales han tratado de hacer valer sus respectivas concepciones.[5] A partir de 1960, la definición de los pueblos coloniales como sujetos de la libre determinación supuso un impulso esencial para la descolonización y colaboró en una auténtica universalización de la sociedad internacional. Una concepción mayoritariamente occidental considera también «pueblo» al conjunto de habitantes de un Estado unitariamente considerado, mientras que diversas minorías nacionales o pueblos indígenas dentro de Estados se han autodefinido como pueblos. Sus reivindicaciones ponen de manifiesto la tensión y los conflictos que existen entre el derecho de libre determinación de los pueblos y la integridad territorial de los Estados.
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De: albi |
Enviado: 16/12/2010 16:23 |
El principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos
En virtud del principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, consagrado en la Carta, todos los pueblos tienen el derecho de determinar libremente, sin injerencia externa, su condición política y de proseguir su desarrollo económico, social y cultural, y todo Estado tiene el deber de respetar este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta.
Todo Estado tiene el deber de promover, mediante acción conjunta o individual, la aplicación del principio de la igualdad soberana de derechos y de la libre determinación de los pueblos, de conformidad con las disposiciones de la Carta, y de prestar asistencia a las Naciones Unidas en el cumplimiento de las obligaciones que se le encomiendan por la Carta respecto de la aplicación de dicho principio, a fin de:
a) fomentar las relaciones de amistad y la cooperación entre los Estados; y
b) poner fin rápidamente al colonialismo, teniendo debidamente en cuenta la voluntad libremente expresada de los pueblos a la subyugación de que se trate; y teniendo presente que el sometimiento de los pueblos a la subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una violación del principio, así como una denegación de los derechos humanos fundamentales, y es contraria a la Carta de las Naciones Unidas |
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De: albi |
Enviado: 16/12/2010 16:25 |
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De: albi |
Enviado: 16/12/2010 16:28 |
El principio de que los Estados, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas
Todo Estado tiene el deber de abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las naciones Unidas. Tal amenaza o uso de la fuerza constituye una violación del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas y no se empleará nunca como medio para resolver cuestiones internacionales.
Una guerra de agresión constituye un crimen contra la paz, que, con arreglo al Derecho Internacional, entraña responsabilidad.
Conforme a los propósitos y principios de las Naciones Unidas, los Estados tienen el deber de abstenerse de propaganda a favor de las guerras de agresión.
Todo Estado tiene el deber de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza para violar las fronteras internacionales existentes de otro Estado o como medio de resolver controversias internacionales, incluso las controversias territoriales y los problemas relativos a las fronteras de los estados. |
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ALBI Y RU  |
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De: albi |
Enviado: 17/12/2010 01:49 |
hola amigui!  |
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De: albi |
Enviado: 19/12/2010 02:58 |
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