Por Julio Enrique Cortés Monroy.

Iván Cepeda Castro ha sido uno de los más importantes defensores de derechos humanos de nuestro país. Su lucha por  la Verdad,  Justicia y  Reparación integral a las víctimas del paramilitarismo y de crímenes de Estado, así como por recuperar la memoria colectiva, lo ha llevado a ser uno de los más fuertes críticos del proceso de desmovilización de los paramilitares y del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Ese compromiso le ha costado graves amenazas y hostilidades por el establecimiento, sin embargo sus convicciones han sido más fuertes que las intimidaciones.

Julio Cortés: Como líder del Movimiento Nacional de Víctimas, qué opinión tiene sobre el proceso de desmovilización de las AUC, o grupos paramilitares, emprendido por el gobierno de Álvaro Uribe, bajo la Ley de Justicia y Paz?

Iván Cepeda: Del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares señalamos que el sistema jurídico que se debía crear para satisfacer los derechos de las víctimas tendría que cumplir con los estándares internacionales de los Derechos Humanos, pero también requeriría entender las especifidades que hay en Colombia, después de cerca de 50 años de conflicto armado y de violencia. La Ley de Justicia y Paz fue inicialmente un proyecto de ley que sufrió muchas modificaciones puesto que el gobierno buscaba limitar al máximo esos procesos de verdad y de justicia. Sin embargo gracias a la acción de las organizaciones de derechos humanos y de las asociaciones de víctimas, el campo de aplicación de esta Ley, y todos sus mecanismos, han sufrido modificaciones positivas. No obstante la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, resultó diseñada de manera muy insatisfactoria, por varias razones.

J.C: ¿Cuáles son esas razones que usted cuestiona frente al papel que ha desempeñado la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR)?

I.C: Esta Comisión fue creada, más que como un organismo para defender los derechos de las víctimas y abogar por la participación de muchas personas que en Colombia han sufrido la violencia, con el fin de promover las supuestas bondades de este proceso. Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión ha cumplido un papel de publicista y asesor de imagen del gobierno en esta materia, sin considerar las limitaciones y problemas, y sin que realmente se defienda a las víctimas. Al gobierno nacional le fueron atribuidos en la Ley de Justicia y Paz las facultades de crear y ocupar buena parte de los escaños en esta Comisión quedando encabezada por el Vicepresidente de la República, quien junto con el Presidente, designaron a cinco miembros de la sociedad civil, sin consultar de manera democrática a las distintas organizaciones que existen desde hace muchos años en Colombia. Esto ha hecho que muchas organizaciones de la sociedad civil y de las víctimas, no respalden la gestión de la Comisión y se sientan excluidos de este proceso y hayan buscado otras alternativas para tratar de garantizar los derechos.

J.C. La extradición de los 14 jefes paramilitares a los Estados Unidos ha sido criticada en varios sectores, al percibirse que esta decisión del gobierno Uribe aleja aún más la posibilidad de que las familias de las víctimas y la opinión pública, conozcan la verdad de lo sucedido. ¿Qué piensa de estas extradiciones?

I.C. Nuestro Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado fue la instancia que promovió una acción jurídica en términos de suspender la extradición de uno de los jefes paramilitares. Con la extradición de estos 14 jefes paramilitares se ha configurado una situación que obstaculiza de manera muy significativa el desarrollo de los procedimientos de Justicia y Paz y de otras jurisdicciones que tienen que ver con la persecución de los crímenes contra la humanidad cometidos por paramilitares y por sus aliados los políticos, que están en este momento siendo investigados por la Corte Suprema y por la justicia ordinaria. Estamos trabajando con abogados en Estados Unidos para buscar otros mecanismos de justicia que tengan posibilidad de garantizar los derechos de las víctimas, así sea en las condiciones que se han creado a partir de la extradición. Ahora bien, por efectos de la presión de las víctimas y sus abogados se han logrado algunos avances, aunque sean modestos.

J.C. En la búsqueda por establecer responsabilidades y lograr la Justicia, Verdad y Reparación, cuáles avances o triunfos reivindicaría a favor de las víctimas?

I.C. La creación de varias organizaciones y coaliciones de las víctimas han jugado un papel muy significativo. Talvez el que tiene una mayor representatividad es el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Pero existen otras asociaciones que se han creado como el Movimiento hij@s por la Memoria y Contra la Impunidad. De esa organización ha surgido la movilización del 06 de marzo, allí es perceptible una sensibilidad nueva y un reconocimiento a quienes son las víctimas en Colombia, y al deber de la sociedad de respaldar la exigencia de los derechos a la Verdad y la Justicia. En el plano jurídico se han producido avances por la “Parapolítica”. La Sala Penal de la Corte ha investigado a más de 65 parlamentarios por hechos de Concierto para Delinquir Agravado, incluso de homicidio. Hay además más de cien agentes del Estado, funcionarios de distintas instancias del poder estatal comprometidos, alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, miembros de organismos del Estado y de la rama del poder ejecutivo acusados por distinta clase de delitos. En el plano internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, durante estos años ha emitido un conjunto de sentencias en casos relevantes por masacres y desapariciones colectivas, que han implicado el reconocimiento de la responsabilidad del Estado colombiano, en permitir y a veces auspiciar, la acción paramilitar.

J.C. El proceso de Verdad, Justicia y Reparación ha atravesado varias etapas, cómo analiza el momento actual que se está viviendo?

I.C.  El momento en el que estamos es decisivo en materia de esclarecimiento de la verdad. Hay que decir que en las investigaciones de Justicia y Paz, en muchos de los casos de los jefes paramilitares, se había llegado a la fase final de las versiones libres, e iba a comenzar el momento de interrogatorio por parte de los fiscales. Pero también es una fase en la que se podría entender de manera más analítica y sintética, en qué ha consistido la acción criminal del paramilitarismo, dilucidar quiénes son sus verdaderos beneficiarios, sus grandes cómplices, o incluso los jefes de estos grupos desde el mundo de la política, empresariado, los dueños de la tierra, etc. En este momento el esfuerzo consiste en que a pesar de la extradición, se puede contar con una serie de acciones que hagan, que de todas formas, se conozca en el mayor grado posible, la Verdad.

J.C: El grupo llamado “Colombian@s por la Paz”, del que usted forma parte, ha recibido por parte del gobierno Uribe una fuerte censura, lo mismo que periodistas independientes como Hollman Morris, debido al papel que ustedes vienen realizando frente al intercambio humanitario con las FARC. Ante los calificativos tan peligrosos de los que ustedes vienen siendo objeto, ¿cómo ve usted la continuidad de futuras liberaciones de la guerrilla y de un posible intercambio humanitario?

I.C: El gobierno en cabeza del presidente Uribe ha tenido una actitud hostil y ha hecho descalificaciones públicas en términos calumniosos contra quienes hemos avanzado en estas iniciativas. Pero hemos tomado la decisión de no prestarnos a esa polémica pública y concentrarnos en ambientar el Acuerdo Humanitario. Si bien las condiciones para ese acuerdo hoy son difíciles, porque el gobierno ha señalado en su última declaración pública, que no está dispuesto al acuerdo humanitario, y las FARC han cometido actos como la masacre de indígenas Awa en Nariño, también es cierto que la liberación de seis personas que promovió Colombian@s por la paz, y el haber logrado desbloquear las mediaciones entre gobierno y FARC en este periodo, son avances en los que hay que perseverar para obtener un acuerdo humanitario y reglas humanitarias hacia la paz.

J.C: ¿Cuál es su concepto frente a los nuevos escándalos del D.A.S por las “chuzadas” telefónicas a políticos, periodistas y congresistas, entre otros?

I.C: Hemos señalado desde hace mucho tiempo que vemos al interior del Estado colombiano unas estructuras que actúan de manera criminal. Esas estructuras no son obra de una infiltración externa al Estado, sino que provienen de las entrañas del propio poder político y están en ellas implicados personajes muy encumbrados que tienen que ver directamente con el propio presidente Álvaro Uribe Vélez. Y lo que nos muestra el hecho de que se reiteran los escándalos en una misma institución y sobre un mismo tipo de hechos, es que el problema sigue ahí, es un problema estructural, no se trata de funcionarios corruptos simplemente, sino que hay un dispositivo de persecución criminal e ilegal, contra opositores, defensores de derechos humanos y periodistas.

J.C: En estos días se cumple un año de la movilización del 6 de marzo que usted lideró y que contó con gran éxito. ¿Qué perspectivas tiene para la del 2009?

I.C: Bueno este año no hay un contexto favorable a grandes movilizaciones, ya se han hecho varias en el último periodo, en cambio vamos a realizar un encuentro con víctimas de los llamados “Falsos Positivos”. El 6 de marzo se reunirá en Bogotá una asamblea de estos familiares, se hará una demostración frente al Ministerio de Defensa, y vamos a intentar colocar en el centro del debate público un fenómeno muy grave como éste, de asesinatos cometidos por miembros de la fuerza pública contra personas inermes, presentadas luego como combatientes abatidos en medio de operaciones militares.

J.C: A pesar de las amenazas y hostilidades en su contra, usted ha demostrado la convicción de ir hasta el final para que se sepa la verdad, se haga justicia y se repare integralmente a las víctimas de los paramilitares y de crímenes de Estado. Esto en Colombia significa un profundo riesgo. ¿Cree que usted ha sido declarado objetivo militar por fuerzas ilegales (paramilitares), o por parte del mismo establecimiento?

I.C: Es claro que el trabajo que realizamos los defensores de derechos humanos y los periodistas críticos hiere la susceptibilidad de importantes fuerzas en el país, de sectores muy poderosos que controlan el aparato estatal, instituciones enteras, y es obvio que el develar aspectos de la acción criminal de estas fuerzas, de la manera como utilizan el Estado para su beneficio particular, de la forma en que violan los derechos humanos, suscita reacciones, que van desde el rechazo, la estigmatización, hasta el intento por eliminarnos, o por encarcelarnos. Sin embargo el trabajo que adelantamos es cada vez más organizado y calificado, posee redes nacionales e internacionales más sólidas, y por eso creo que esa acción es cada vez más fructífera y demuestra  mayores resultados.

J.C: ¿Cree usted para el 2010 habrá una segunda reelección del presidente Álvaro Uribe, y su continuidad de la política de “Seguridad Democrática”?

I.C: Lo veo difícil, cada vez el presidente está en una situación más incómoda, el bloque de poder se está fisurando, y creo que para obtener el mecanismo legal para el tercer periodo, habría que forzar el Estado de Derecho.

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