Hillary Clinton, Nicolas Sarkozy y Alain Juppé, en la cumbre sobre Libia celebrada en París.

Se dice que en una guerra la primera víctima es la verdad. Las operaciones militares en Libia y la resolución 1973 que les sirve de base jurídica no son la excepción de la regla. Son presentadas al público como necesarias para proteger a la población civil víctima de la represión indiscriminada del coronel Kadhafi. En realidad tienen objetivos imperialistas clásicos. Veamos algunos elementos clarificadores.

Crímenes contra la humanidad

Con tal de empeorar el panorama, la prensa atlantista hizo creer que los cientos de miles de personas que huían de Libia estaban tratando de escapar de una masacre. Agencias de prensa hablaron de miles de muertos y de «crímenes contra la humanidad». La resolución 1970 denunció ante la Corte Penal Internacional posibles «ataques sistemáticos o generalizados contra la población civil».
El conflicto libio tiene en realidad una lectura política y, a la vez, una lectura en términos tribales. Los trabajadores inmigrantes han sido las primeras víctimas del enfrentamiento. Bruscamente, se han visto obligados a partir. Los combates entre los partidarios de Kadhafi y los sublevados han sido ciertamente sangrientos, pero no en las proporciones anunciadas. Nunca hubo una represión sistemática contra la población civil.

Apoyo a la «primavera árabe»

En su discurso ante el Consejo de Seguridad, el ministro francés de Relaciones Exteriores Alain Juppé elogió la «primavera árabe» en general y la insurrección libia en particular.
Su lírico discurso escondía negras intenciones. No dijo ni una palabra sobre la sangrienta represión en Yemen y en Bahrein, pero elogió al rey Mohamed VI de Marruecos como si se tratara de uno de los militantes revolucionarios [1], contribuyendo así a empeorar la ya desastrosa imagen de Francia que existe en el mundo árabe gracias a la presidencia de Sarkozy.

Apoyo de la Unión Africana y de la Liga Árabe

Desde el principio de estos acontecimientos, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos no dejan de afirmar que esto no es una guerra occidental, aunque el ministro francés del Interior Claude Gueant habló de una «cruzada» de Nicolas Sarkozy [2]. Los tres países mencionados se escudan así en el apoyo que supuestamente habrían recibido de la Unión Africana y de la Liga Árabe.
La realidad es que la Unión Africana condenó la represión y reconoció la legitimidad de los reclamos democráticos, pero se pronunció en todo momento contra una intervención armada extranjera [3]. En cuanto a la Liga Árabe, se trata de una organización que reúne principalmente a una serie de regímenes amenazados por revoluciones similares. Estos regímenes apoyaron el principio mismo de la contrarrevolución occidental –algunos incluso están participando en ella en Bahrein– pero no pueden darse el lujo de llegar a apoyar una verdadera guerra occidental porque tendrían que enfrentarse a una aceleración de los movimientos oposición internos que pudieran derrocarlos.

Reconocimiento del Consejo Nacional Libio de Transición (CNLT)

Hay 3 zonas sublevadas en Libia. Un Consejo Nacional de Transición se constituyó en Benghazi. Se fusionó con un Gobierno Provisional creado por el ministro de Justicia de Kadhafi, que se unió a los sublevados [4]. Fue este mismo personaje, según las autoridades búlgaras, quien organizó las torturas contra las enfermeras búlgaras y el médico palestino a los que el régimen mantuvo detenidos por largo tiempo.
Al otorgar su reconocimiento a este Consejo Nacional Libio de Transición y al eximir de toda culpa a su nuevo presidente, la coalición de países occidentales escoge a sus interlocutores y los impone a los sublevados como dirigentes. Eso le permite apartar a los revolucionarios naseristas, a los comunistas y los khomeinistas.
El objetivo es adelantarse a los acontecimientos y evitar lo que sucedió en Túnez y en Egipto cuando los occidentales impusieron un gobierno del partido de Ben Ali sin Ben Ali o un gobierno de Suleiman sin Mubarak, gobiernos que los revolucionarios derrocaron igualmente.

Embargo sobre el armamento

Si el objetivo fuese proteger a la población, hubiera bastado con instaurar un embargo de los mercenarios y el armamento destinado al régimen de Kadhafi. En vez de ello, el embargo se extendió a los sublevados para prevenir su posible victoria. El verdadero objetivo era detener la revolución.

Zona de exclusión aérea

Si el objetivo fuese proteger a la población civil, la zona de exclusión se limitaría a los territorios sublevados (como se hizo en Irak con el Kurdistán). La realidad es que la prohibición de vuelo se extiende a todo el país. De esa manera la coalición espera mantener la correlación de fuerzas en tierra y dividir el país en 4 partes: las 3 zonas sublevadas y la zona leal.
Esta división de facto de Libia debe compararse con la de Sudán y la de Costa de Marfil, primeras etapas del «rediseño de África».

Congelamiento de bienes

Si el objetivo fuese proteger a la población civil, sólo se hubiera ordenado el congelamiento de los bienes personales de la familia Kadhafi y de los dignatarios del régimen para impedirles violar el embargo sobre el armamento. Pero ese congelamiento se extendió también a los bienes del Estado libio. El hecho es que Libia, al ser un rico Estado petrolero, dispone de un tesoro considerable, parte del cual está invertido en el Banco del Sur, institución que se dedica al financiamiento de proyectos en el Tercer Mundo.
Como señaló el presidente de Venezuela Hugo Chávez, el congelamiento de bienes no protegerá a los civiles. Su objetivo es restablecer el monopolio del Banco Mundial y del FMI.

Coalición de voluntarios

Si el objetivo fuera proteger a la población civil, el encargado de aplicar la resolución 1973 sería la ONU. En vez de ello, las operaciones militares están siendo coordinadas actualmente por el US AfriCom y supuestamente van a pasar a manos de la OTAN [5]. Es por eso que el ministro turco de Relaciones Exteriores Ahmet Davutoglu se indignó ante la iniciativa francesa y ha exigido explicaciones de parte de la OTAN.
De manera más directa, el primer ministro ruso Vladimir Putin ha calificado la resolución 1973 como «viciada e inadecuada. Desde que uno la lee se hace evidente que autoriza a cualquiera a tomar medidas contra un Estado soberano. Todo esto me recuerda al llamado medieval a la cruzada», concluyó Putin [6].