Por un voto, el Frente Amplio no logró aprobar el proyecto que dejaba sin efecto la Ley de Caducidad

El Congreso de Uruguay extendió la impunidad

En una maratónica sesión que terminó con una votación empatada en 49, la Cámara baja de la Legislatura uruguaya desestimó el proyecto oficialista. La oposición festejó, pero los frenteamplistas ya buscan nuevos caminos para anular la amnistía.

Diputados uruguayos votan la ley que dejaría sin efecto la amnistía para los represores de la dictadura. Por un voto, la Caducidad sigue vigente.

Desde Montevideo

La impunidad sigue siendo ley en Uruguay. Después de catorce horas de debate, el Frente Amplio no logró aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto que dejaba sin efecto la Ley de Caducidad, lo que podría abrir una crisis en la coalición centroizquierdista después de que uno de los diputados no votara junto a su bancada. Mientras los partidos tradicionales celebran por haber ganado una nueva batalla, sectores frenteamplistas ya empezaron a pensar estrategias para eliminar la norma que desde 1986 impide que los represores sean llevados a la Justicia.

La tercera fue la vencida. El FA había logrado, en octubre del año pasado, que la Cámara baja aprobara el proyecto interpretativo que dejaba sin efecto tres de los artículos de la Ley de Caducidad. Con algunos tironeos, el proyecto también había salido airoso el 12 de abril pasado en el Senado. Pero cuando la Cámara de Diputados tuvo que ratificar los cambios introducidos en la propuesta, un legislador se rebeló y la posibilidad de terminar con la norma se le escapó de las manos.

El debate arrancó a las 15.30 del jueves y duró hasta las 5.30 de la madrugada de ayer. En todas esas horas, el FA trató de defender su iniciativa. El Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente fueron sacando de la galera varios elementos para impugnarla. Sin lugar a dudas, el más utilizado fue la acusación de que si se eliminaba la ley 15.848 no se estarían respetando las consultas populares de 1989 y 2009, que avalaban su permanencia.

La intervención del diputado Felipe Michelini (Nuevo Espacio, en el FA) de las 5.25 dejó en claro que no todo estaba perdido. “Mientras haya un desaparecido, esta fuerza política va a seguir bregando por la verdad, la memoria y la justicia”, prometió el hijo del legislador Zelmar Michelini, asesinado hace 35 años en Buenos Aires. Segundos después, se abrió la votación. Con impotencia, los diputados frenteamplistas escucharon el resultado: 49 a favor y 49 en contra. Había un diputado que podría haber resuelto la votación a favor del oficialismo, pero argumentó en contra y se retiró de la sala: el oficialista Víctor Semproni.

“Discrepamos con la propuesta porque creemos que hay mejores”, se excusó el parlamentario del Espacio 609, que en octubre del año pasado había votado junto con su bancada para darle media sanción a la misma iniciativa. En ese momento había explicado: “Quiero aclarar que voy a votar afirmativamente este proyecto, pero no lo hago por disciplina partidaria. Lo voto porque soy biológicamente frenteamplista desde el nacimiento de nuestra fuerza política; lo voto porque en mi vida he sido un demócrata auténtico y siempre he aceptado las decisiones que por mayoría se toman en los ámbitos en que participo”. El paso de los meses hizo mella en la naturaleza de Semproni, ya que ayer se negó a seguir el mandato del plenario del FA que llamaba a todos sus diputados a pronunciarse por la eliminación de la Ley de Caducidad. Según comentó a este diario, Semproni envió una carta al presidente de la coalición para ser sometido a un juicio ético. El ex militante tupamaro y ex preso político durante la dictadura (1973-1985) dijo que estaba dispuesto a abandonar su banca si así se lo pedía el Espacio 609 al que pertenece.

La oposición festejó el resultado de la votación. “No era bueno que se aprobara. El gobierno no tiene derecho a crearle un problema más al pueblo. El gobierno no está para generar enfrentamientos y este proyecto iba en contra de pronunciamientos populares”, dijo a Página/12 el senador blanco Francisco Gallinal, uno de los más férreos opositores a la iniciativa que ayer se rechazó. Pero el referente del Partido Nacional no dejó cerrada la puerta al diálogo. “Si el gobierno quiere buscar instrumentos para buscar la verdad, estoy a las órdenes y dispuesto a legislar.” Aunque Gallinal desestimó que fuera a apoyar la propuesta de derogar la Ley de Caducidad, que ya está circulando dentro del FA.

Muchos de los integrantes de la coalición gobernante no salen del asombro y evitan caer en declaraciones que agraven la crisis que ya está sacudiendo a la estructura partidaria. “Todo continúa, pero se abren nuevas etapas para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman y para que los crímenes no prescriban”, comentó a este diario el senador comunista Eduardo Lorier. Uruguay fue sancionado en febrero pasado por el organismo por la vigencia de la Ley de Caducidad, que impide que sean juzgados los responsables de la desaparición de la nuera del poeta Juan Gelman, María Claudia García Irureta Goyena, y de la apropiación de su nieta Macarena. Pero la impunidad no sólo envuelve al caso Gelman sino que se proyecta para cientos de casos de desapariciones, secuestros y torturas.

“Es un día de profunda tristeza para la gente que hace 35 años viene luchando contra la impunidad”, agregó el diputado Luis Puig, del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) en el FA. El reconocido militante sindical y de derechos humanos no dudó a la hora de lamentar el papel que jugó el presidente José Mujica, quien se manifestó en contra del proyecto interpretativo pero, a última hora, le pidió a Semproni que votara con su bloque para no inmolarse en solitario. “Fue un rol confuso, con salidas intempestivas en un sentido o en el otro –reconoció ante Página/12 –. El FA como fuerza política jugó bien, resistió todos los embates. Pero hay dirigentes que no han jugado o que lo hicieron en contra”, se lamentó. Puig explicó que la izquierda uruguaya atraviesa un debate sobre qué hacer en esta materia. “Pero Uruguay no puede estar de espaldas a la tendencia de respeto los derechos humanos que se da en América latina”, apuntó el dirigente del PVP.

El FA tiene por delante el reto de recomponer sus filas y de decidir qué camino seguir para cumplir con lo que sus miembros decidieron en el Congreso Extraordinario de 2008: terminar con la cultura de impunidad y con su exponente máximo, la Ley de Caducidad. Y hay muchos que no se dan por vencidos. “Es una derrota que nos marca la convicción de profundizar la lucha”, insiste Puig.