Diversos de grupos defensores de Derechos Humanos y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de Colombia denunciaron este jueves la inconstitucionalidad de la Ley de Víctimas, que entró en vigencia hace apenas un día en ese suramericano.

Los manifestantes insisten en que la normativa es discriminatoria y ampara a los grupos paramilitares.

La demanda fue presentada ante la Corte Constitucional de esa nación, donde el presidente de la fundación Colombia con Memoria, Federico Arellano Mendoza, recalcó que que el tercer artículo de la ley establece una limitación  para la reparación y la entrega de tierras.

“Solamente se tienen en cuenta las víctimas de conflicto armado interno, lo cual restringe la reparación a las víctimas de la guerrilla y paramilitarismo (…) Necesitamos una norma que sea incluyente y verdaderamente atienda el espíritu inicial de la norma, que era justamente que se reparar a todas las víctimas sin distingo de victimario ", afirmó Arellano.

El dirigente también señaló que la acción judicial no busca la derogación, sino ampliar el concepto de víctimas y “extender sus beneficios para hacerla accesible a todas las personas que sufrieron de actos terroristas, perpetuados y financiados por el narcotráfico”.

“Estas sociedades mafiosas y de narcotraficantes asesinaron a cientos de personas, crímenes que han sido declarados de lesa humanidad. Esas víctimas no pueden ser dejadas por fuera", agregó.

Por su parte, el hijo de una de las víctimas del conflicto armado, José Antequera, recalcó a teleSUR que “en Colombia existe una violencia política y que esa violencia política tiene que salir a la luz”.

Con esta afirmación, Antequera afirmó que “lo que hace la ley de víctimas es básicamente excluir eso que es lo cual nos reclamamos victimas” y agregó que es parte de “una estrategia de exterminio unilateral del Estado para apropiarse del poder”.

Además de estas críticas, los familiares de víctimas rechazan también a la denominada ley de desmovilizados sancionada por el Gobierno, porque pretende cancelar las órdenes de captura y ejecuciones de sentencia a cerca de nueve mil paramiliatres que se encontraban en un “limbo jurídico”.

En este sentido, el Coordinador de la Comisión  Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), Álvaro Villarraga, agregó que con esta normativa “se corre el riesgo de que con formalismo la Fiscalía, con una base de datos débil y una investigación insuficiente, pasen, hagan conejo y obtengan el beneficio (de la impunidad) los responsables responsable de graves delitos de lesa humanidad”.

La Ley de Víctimas, que había sido promulgada a fines de 2010, quedó lista la noche de este martes con el reglamento que sancionó el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y que busca de garantizar que "se cumpla el compromiso de paz adquirido con las personas que dejaron las armas", informó el Ejecutivo.

El Gobierno de Bogotá ha explicado que la norma 1424, también conocida como ley de Desmovilizados, resolverá de una vez por todas el estatus jurídicos de los paramilitares que supuestamente dejaron las armas durante la administración de Uribe, que pese a haber delinquido, no habían cometido violaciones a los derechos humanos.

Durante el Gobierno de Uribe, alrededor de 32 mil paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) supuestamente entregaron las armas y se sometieron a la Ley de Justicia y Paz, que les brindó a cambio de su cooperación con las autoridades beneficios legales y penas máximas de ocho años, sin importar los delitos que hubiesen cometido.

Además, los paramilitares debían reparar a las víctimas de sus crimenes. También dentro de la Ley de Justicia y Paz hay un programa de reinserción social de estos hombres, una vez que purguen sus penas. Sin embargo, varios de los paramilitares excarcelados han sido asesinados por desconocidos.

En los últimos años en Colombia ha surgido el fenómeno de las Bandas Criminales (Bacrim), como es el caso de las Águilas Negras.

Este grupo ha sido considerado como la tercera generación de los grupos paramilitares.

Están asociadas con los cárteles de la droga y envueltas en actividades ilícitas como el tráfico de drogas, la extorsión, el robo, los secuestros y el terrorismo; además atacan a miembros de la guerrilla y personas sospechosas de simpatizar con ellos