La justicia para que lo sea, ha de ser rápida

CIDH acusa a Colombia de impunidad en matanza de civiles en Arauca

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició una causa contra Colombia a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en Costa Rica, ante la impunidad vigente por la matanza de civiles en 1998 en el departamento de Arauca (este) en un bombardeo militar.

El 13 de diciembre de 1998 la Fuerza Aérea Colombiana bombardeó la aldea Santo Domingo del municipio Tame del departamento de Arauca, hecho en el que murieron 17 civiles y otros 27 resultaron heridos.

El suceso obligó la migración de esa población, que un año más tarde regresó para reconstruir sus viviendas.

"Específicamente, en dicho bombardeo, el lanzamiento de un dispositivo cluster resultó en la muerte de 17 civiles, entre ellos cuatro niños y dos niñas, y en que 27 civiles fueran heridos, entre ellos cuatro niños y cinco niñas. Asimismo, tras la explosión del dispositivo la Fuerza Pública continuó el bombardeo, desde el aire, sobre los civiles que trataban de auxiliar a los heridos y los que intentaban escapar de la vereda", indica el comunicado emitido por la CIDH.

La Comisión concluyó que "estos hechos permanecen en la impunidad pues el Estado no llevó a cabo investigaciones serias y efectivas para identificar a los responsables intelectuales y demás responsables materiales y, en su caso, imponer las sanciones que correspondieran".

Es por ello, que decidió remitir el caso a la Corte Interamericana el pasado 8 de julio del presente año.

Según el informe de fondo, Colombia sólo ha emitido una condena en primera instancia contra los tripulantes del helicóptero que lanzó el bombardeo, pese a que han transcurrido 12 años del suceso.

En junio pasado, el Tribunal Superior de Bogotá condenó a un piloto (César Romero Padilla) y a un copiloto (Johan Jimenez Valencia) a 360 meses de prisión

Según el testimonio, los condenados perseguían a supuestos militantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que hostigaba el oleoducto Caño Limón - Coveñas, cerca de Santo Domingo.

La Comisión considera necesario que la Corte adelante una investigación imparcial y en un plazo razonable, para sancionar a los responsables intelectuales y materiales del bombardeo, que constituye una violación a los derechos humanos de esa población.

Además, según la CIDH, la Corte debe establecer "una medida de reparación comunitaria que reconozca el impacto que tuvo el bombardeo sobre la población civil".

Asimismo, se deben adoptar las medidas necesarias para evitar que este tipo de casos continúen registrandose en el país suramericano, "de conformidad con el deber de protección y garantía de los derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana".

Para ello, se considera oportuno implementar programas permanentes de derechos humanos y de derecho internacional humanitario en las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas colombianas.

"Reparar a los niños y las niñas afectados por el bombardeo sobre la vereda de Santo Domingo a través de medidas en las que prevalezca el interés superior del niño, el respeto de su dignidad, el derecho de participación de los niños y niñas, así como el respeto de sus opiniones en el proceso de diseño e implementación de las medidas de reparación", refiere el informe como otra medida a adoptar en torno al caso.

El vicepresidente colombiano, Angelino Garzón, rechazó la decisión de la CIDH y respondió que la Justicia de Colombia sí ha actuado sobre este caso.

"El Estado colombiano en ningún momento ha negado los hechos, al contrario, hay algunas personas condenadas y también el Estado es consciente de la reparación a las víctimas", expuso Garzón el pasado jueves.

Garzón llamó a "los organismos internacionales que tienen que ver con los derechos humanos (pues) un tema que tienen que valorar es que la Justicia colombiana funciona o no funciona".