Senador Manuel Cepeda Vargas de la Unión Patriótica

El 9 de agosto de 1994 (CESAR GAVIRIA 1990-1994, ERNESTO SAMPER PIZANO 1994-1998) fue asesinado en Bogotá el Senador Manuel Cepeda Vargas, de la Unión Patriótica, partido político que nació de los acuerdos de Paz de la Uribe de 1984, y fue formado por miembros desmovilizados de las FARC y miembros del Partido Comunista y de sectores políticos de izquierda democrática.

La Fiscalía abrió investigación contra cinco personas, entre ellas Carlos y Héctor Castaño Gil, líderes de las autodefensas, y dictó órdenes de captura. Se profirió resolución de apertura de investigación contra los sindicados, los Castaño, como reos ausentes, y se vinculó a dos suboficiales del Ejército. Fueron asesinados dos de los presuntos autores materiales del crimen. De sus muertes fueron acusados los hermanos Castaño.

La investigación se radicó en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía. En octubre de 1997 se calificó parcialmente la instrucción, profiriéndose resolución de acusación por el delito de homicidio agravado contra los dos suboficiales del Ejército y contra Carlos Castaño Gil. La investigación precluyó en favor de Héctor Castaño Gil y los otros dos particulares implicados.

Por la parte penal, a fines de 1999 los sargentos del Ejército sindicados, Justo Gil Zúñiga y Hernando Medina Camacho, fueron condenados por la Justicia Especializada por homicidio agravado a 43 años de prisión. Precluyó la investigación en favor de Carlos Castaño. La Fiscalía General de la Nación apeló contra esta decisión.

La Procuraduría Segunda Distrital adelantó investigación disciplinaria, luego de la cual profirió en 1996 fallo de carácter sancionatorio consistente en reprensión severa contra los dos suboficiales del Ejército. En agosto de 1999 la Procuraduría de las Fuerzas Militares falló en segunda instancia, confirmando la sanción impuesta. Los sargentos fueron destituidos por el Comandante del Ejército y se encuentran detenidos en la XIII Brigada del Ejército.

Manuel Cepeda Vargas

por Iván Cepeda Castro Saturday July 31, 2004 at 03:56 PM

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    El próximo 9 de agosto se cumplen diez años del asesinato del último senador de la Unión Patriótica elegido por voto popular, Manuel Cepeda Vargas.

El próximo 9 de agosto se cumplen diez años del asesinato del último senador de la Unión Patriótica elegido por voto popular, Manuel Cepeda Vargas. La especificidad de este caso, y de lo que ha sido su proceso de esclarecimiento judicial, es que en sus expedientes se encuentra plasmada, con particular nitidez, la responsabilidad del Estado y los paramilitares en la ejecución de actos que por su naturaleza pueden ser catalogados como crímenes contra la humanidad. Este magnicidio fue preparado en forma concertada.

La cúpula militar y la jefatura de los grupos paramilitares organizaron el atentado como parte del “Plan Golpe de Gracia”, que fue diseñado para eliminar a líderes de la UP sobrevivientes del genocidio perpetrado contra este movimiento político de oposición. La realización del operativo criminal contó con la participación de un equipo mixto conformado por suboficiales del Ejército y sicarios paramilitares. Próximamente, la Corte Suprema de Justicia se pronunciará sobre estos hechos, que han sido suficientemente evidenciados en el libro de Carlos Castaño, Mi confesión.

La documentación judicial de este caso hace parte de la jurisprudencia que se viene acumulando sobre la responsabilidad estatal en la creación y desarrollo de la estrategia paramilitar en Colombia. Una pieza fundamental de dicha jurisprudencia es la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos profirió el pasado 5 de julio en relación con la desaparición forzada de 19 comerciantes del Magdalena Medio. En esta sentencia, por primera vez un tribunal internacional ha hecho, entre otras, tres afirmaciones especialmente significativas. La primera es que el grupo paramilitar que desapareció a los comerciantes surgió al amparo de leyes adoptadas por el Estado (Decreto 3398 de 1965 y normas subsiguientes) y que además tenía “estrechos vínculos con altos mandos de la Fuerza Pública y recibía apoyo y colaboración de éstos”. La segunda es que los tribunales penales ordinarios competentes tendrán que investigar y sancionar a los agentes estatales que participaron en los hechos.

Y la tercera –muy relevante para los acuerdos a los que se llegue en Santa Fe de Ralito– es que el Estado “deberá abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, así como medidas que pretendan impedir la persecución penal o suprimir los efectos de la sentencia condenatoria”. Esta última afirmación va en la misma dirección de otras sentencias en las que la Corte ha dicho que las leyes de amnistía para crímenes atroces carecen de valor jurídico y deben ser anuladas.

La creación de grupos paramilitares ha sido un método de “guerra sucia” en Colombia, cuya finalidad principal es ahorrar a sectores del Estado los costos políticos de las atrocidades que ellos mismos han ordenado. Ahora se pretende que las estructuras descompuestas de esa “estrategia irregular” se conviertan en los pilares de un nuevo modelo de sociedad por medio de un esquema de olvido e impunidad. En lugar de ello, todo proceso tendiente a la superación definitiva de este fenómeno debiera contemplar medidas que impidan que el Estado vuelva a adoptar en el futuro leyes o mecanismos que permitan el desarrollo de grupos armados paraestatales. Asimismo, toda medida tendiente a garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas debiera considerar, en primer lugar, la responsabilidad de quienes, desde el poder económico y político, han sido los planificadores y máximos beneficiarios de esta modalidad de terrorismo estatal.

Manuel  Cepeda Vargas : 10 años

Homenajes populares

 Mientras los victimarios eran exaltados por el gobierno en grotesco espectáculo parlamentario; los trabajadores, organismos de derechos humanos y el Partido Comunista Colombiano rendirán homenaje al parlamentario comunista Manuel Cepeda Vargas con ocasión del décimo aniversario de su asesinato ocurrido el 9 de agosto de 1994.

 El primer acto se realizará el día jueves 5 de agosto a las 12 del día en la Plaza  Manuel Vicente Chacón ubicada frente a las instalaciones de Ecopetrol en la carrera 13 con calle 36 en Bogotá. Esta plaza es sitio del encuentro semanal  de los Jueves de la Solidaridad del movimiento sindical y fue uno de los escenarios de la combativa huelga de los trabajadores de la USO.

El homenaje a Manuel Cepeda en la Plaza Manuel Vicente Chacón es de  gran significado político por cuanto el inmolado líder del PCC y la UP  entregó toda su vida a la causa de los trabajadores y a la solidaridad militante con sus reivindicaciones y sus luchas.

El lunes 9 de agosto, desde la nueve de la mañana se realizará una exposición de la galería de la memoria en la plaza de Bolívar, simbólico acto de desagravio a las víctimas del terrorismo de estado,    luego del espectáculo de  impunidad montado en el Congreso con la visita de los jefes paramilitares donde  la imagen  de Manuel Cepeda  se levantó solitaria en manos de su hijo como testimonio  de las miles de víctimas del terrorismo de Estado y paramilitar.

El homenaje a Manuel Cepeda es un desagravio a la vida y un elocuente mensaje para el gobierno de Álvaro Uribe de que las víctimas del terrorismo de Estado no se callarán nunca y reclamarán siempre por la verdad y  la justicia y para que se detenga la maquina de terror que inútilmente pretende acallar al pueblo colombiano para imponer el régimen neoliberal del autoritarismo neofascista.

Manuel sigue vivo en las luchas y las esperanzas del pueblo colombiano.

Mi voz la que está gritando

mi sueño el que sigue entero.

Y sepan que solo muero

Si ustedes van aflojando.

Porque el que murió luchando

Vive en cada compañero.

Diez años del asesinato de Manuel Cepeda

Memoria de un Jacobino

José Gómez

Este 9 de agosto se cumplen diez años del sacrificio a manos de altos jefes militares y del grupo paramilitar de Carlos Castaño, del destacado dirigente comunista, Senador de la República y veterano de la lucha social y política, Manuel Cepeda Vargas.

Una vida de lucha

Había iniciado su actividad revolucionaria desde su nativo Popayán, donde surgió como dirigente universitario, escritor y poeta, al lado de un brillante grupo de jóvenes atraídos por Salvador Escobar y otros veteranos activistas de la lucha popular caucana.

Se incorporó tempranamente a la Juventud Comunista, de la cual fue durante varios años su secretario general. Posteriormente fue elegido a la dirección nacional del Partido Comunista, que entonces era dirigido por Gilberto Vieira. Como tal, hizo parte de la redacción de la Revista Internacional que entonces animaba en Praga un grupo brillantísimo de cuadros intelectuales del movimiento comunista mundial.

Regresado a Colombia, se puso al frente del periódico VOZ, semanario que había iniciado su publicación en 1957, donde escribía la columna permanente Flecha en el Blanco, modelo de periodismo revolucionario, en la tradición de Lino Gil Jaramillo, Renato Arango y Alvaro Sanclemente, maestros del panfleto revolucionario.

Se casó con Yira Castro, quien era igualmente integrante de la dirección comunista y falleció siendo concejal de Bogotá.

Al frente de la VOZ, promovió los festivales anuales, le dio poder de fuego a la palabra comunista y se convirtió en uno de los más combativos polemistas del país. Estando en la cárcel, escribió el libro de poemas: Vencerás, Marquetalia, como respuesta a la agresión dirigida por los norteamericanos en 1954 y que fue el bautismo de fuego de las Farc.

Luego fue elegido Representante a la Cámara, donde libró muchas batallas en defensa de los intereses de los trabajadores y denunció los atropellos y arbitrariedades de los sectores militaristas y paramilitares. Fue autor de la Ley que instituyó el Ministerio de la Cultura. En 1994 accedió a una curul en el Senado y apenas posesionado, fue cobardemente asesinado a la salida de su residencia en el barrio Kennedy. Luego se comprobó que en el crimen participaron desde un general hasta el hermano de Fidel Castaño.

Un Jacobino

La característica de Cepeda como militante revolucionario era su fogosidad, su ímpetu generoso y abierto, su intransigencia en la defensa de los principios y su tendencia radical en aras de la difusión y el sostenimiento de la doctrina marxista.

Vivía en función de la lucha social y política. Era un encendido orador, un apasionado que se entregaba totalmente a su tarea, poniendo por encima de los asuntos diarios, los intereses más altos del Partido. Le correspondió ser protagonista de primera línea en las batallas ideológicas alrededor de los temas que puso en primer plano el triunfo de la revolución cubana en los países de América Latina.

Asistió a los momentos más amargos del derrumbe del campo socialista como alguien que tenía una profunda convicción sobre el triunfo revolucionario, más allá de las crisis y retrocesos de éste. Era temible como contradictor y polemista. Tenía ese fuego interior de aquellos que Mariátegui catalogaba como "un marxista convicto y confeso" Siempre nos pareció que descendía de esos hombres puros de la revolución francesa que fueron los Jacobinos, según el modelo de Saint Just. Bien pudo haber dicho la frase de Robespierre en su minuto final frente a los conjurados de la Asamblea Francesa: "presidente de asesinos, por última vez, pido la palabra". VOZ

eltiempo.com / justicia

Marzo 5 de 2007

Responsabilidad en el asesinato del senador de la UP Manuel Cepeda aceptará hoy el Estado colombiano

Admitirá que falló por acción y omisión en el crimen del dirigente, cometido en 1994, para evitar que el caso llegue a la Corte Interamericana. Sin embargo, su hijo insiste en buscar esa instancia.

Es la primera vez que el Gobierno reconoce ante esta instancia internacional su rol en el asesinato de un miembro de la UP.

El Estado, además, admitirá que a Cepeda se le violaron 6 derechos fundamentales: a la vida, integridad física, libertad de expresión, dignidad y buen nombre, políticos y el derecho a la justicia.

El Gobierno, cuya ponencia será presentada por un equipo que encabeza la vice ministra del Interior, María Isabel Nieto, y el embajador de Colombia ante la OEA, Camilo Ospina, insistirá en la necesidad de llegar a una "solución amistosa".

Sin embargo, Iván Cepeda, hijo del dirigente asesinado y director de la Fundación Manuel Cepeda, ha rechazado la oferta y sostiene que no descansará hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, condene al Estado.

"La fase para una solución amistosa ya expiró. Lo que queremos es que haya justicia y se condene a los responsables", dice Cepeda quien se encuentra en Washington.

Aunque dos militares terminaron en la cárcel por su participación en el crimen, Cepeda asegura que los autores intelectuales no han sido juzgados. Entre ellos, afirma Cepeda, están Vicente Castaño (hermano de Carlos), y el "grupo de los ocho", compuesto por "altas personalidades de la sociedad colombiana".

A ellos sumó al general (r) Harold Bedoya Pizarro, a quien también atribuye responsabilidad. Bedoya aseguró que nada tiene que ver en lo que pueda decir Cepeda y que nunca estuvo vinculado a ninguna investigación por el caso.

"La noticia, si bien es positiva, no resuelve los problemas de fondo. El Estado, por ejemplo, no ha admitido que actuó en concierto con el paramilitarismo para asesinar a mi padre", sostiene Cepeda.

El activista también quiere que se investigue el llamado "Plan Golpe de Gracia", denunciado por la UP ante el gobierno de César Gaviria y con el que, según Cepeda, el alto mando militar buscaba exterminar los remanentes de la UP, entre ellos su padre y Miller Chacón, posteriormente asesinado.

De acuerdo con el embajador Camilo Ospina, el Estado colombiano admitirá responsabilidad total, menos en el tema de justicia, pues a su juicio los otros implicados en el proceso como Carlos Castaño, están muertos y por lo tanto no pueden ser sancionados.

Caso aparte

En diciembre del 2005, Cepeda decidió separar el caso de su padre de otro proceso también pendiente ante la Cidh y que trata los asesinatos de miembros de la UP en su conjunto.

Eso, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no considerar como prueba válida (por extemporánea), el testimonio de Carlos Castaño en su libro Mi Confesión. En el libro, Castaño admite su responsabilidad en el asesinato e implica a otras personas. El año pasado, la Cidh aceptó su petición.

Para el Gobierno es mucho mejor lograr una solución amistosa, pues de llegar el caso a la Corte Interamericana la situación se complicará.

Pero este no es el único caso que agobia al gobierno colombiano. En la Cidh hoy también tendrá que 'torear' el caso del colectivo de la UP.

De la misma manera deberá responder por cómo están las medidas cautelares que ese organismo ordenó para el senador Gustavo Petro y los hechos registrados en febrero de 1997 con la operación militar 'Génesis' entre Antioquia y Chocó.

Lo que sigue

El paso siguiente, tras el anuncio de hoy, es que la Cidh le pedirá al Estado cumplir con una serie de medidas, entre ellas reparación e investigación. Si el Estado incumple, y no se produce un cierre del proceso judicial en Colombia, entonces el caso podría ser remitido a la Corte Interamericana.

De pasar a esa instancia, el Estado se podría ver sometido a una condena internacional, que además le acarrearía el desembolso de una importante suma de dinero. A manera de ejemplo, se puede tomar una de las últimas condenas proferidas por ese alto tribunal internacional contra Colombia.

La Corte condenó al Estado a indemnizar con cerca de 6,5 millones de dólares a los familiares de 19 comerciantes asesinados por paramilitares en Puerto Boyacá en octubre de 1987.

Cómo ocurrió el crimen y quiénes fueron los implicados

Manuel Cepeda fue asesinado en la mañana del 9 de agosto de 1994, (CESAR GAVIRIA 1990-1994, ERNESTO SAMPER PIZANO 1994-1998) cundo sicarios lo interceptaron en la Avenida de las Américas con carrera 74, en el occidente de Bogotá.

El dirigente político acababa de salir de su residencia y se dirigía hacia el Congreso.

El senador viajaba en la parte delantera de una camioneta con la ventanilla abajo, cuando las balas de uno de los sicarios lo alcanzaron.

El guardaespaldas del senador descargó los seis tiros de su revólver calibre 38, contra los agresores, pero estos lograron huir.

Las primeras investigaciones condujeron al hallazgo de un vehículo Renault 9, de placas IBC-947 de Ibagué y una pistola 9 milímetros que habrían sido utilizados por los responsables del atentado.

A la investigación fueron vinculados Carlos Castaño Gil, como autor intelectual del homicidio, y como coautores Hernando Medina Camacho y Justo Gil Zúñiga, en ese entonces suboficiales activos del Ejército.

El 16 de diciembre de 1999, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a Medina y a Zúñiga, adscritos a la Novena Brigada con sede en Neiva, como coautores del crimen.

Esto marca en buena parte la responsabilidad del Estado.

Con el nombre de Manuel Cepeda Vargas, las Farc designaron a uno de sus frentes que opera desde hace varios años en el Valle del Cauca.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington