Corte ecuatoriana ordena captura de militares colombianos responsables de ataque a Sucumbíos

La Corte de Garantías Penales de la provincia amazónica de Sucumbíos, en Ecuador, ordenó la detención de seis altos oficiales colombianos para que comparezcan a una audiencia por presunto asesinato durante el ataque perpetrado contra un campamento temporal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en ese territorio en 2008.

Aunque el propio tribunal admitió que la medida no tiene alcance internacional, informó que los acusados son: el actual director de la Policía colombiana, general Oscar Naranjo, y los antiguos jefes de las Fuerzas Militares, Freddy Padilla; el Ejército, Mario Montoya; la Marina, Guillermo Barrera; y la Fuerza Aérea, Jorge Ballesteros, además del coronel Camilo Álvarez.

La Corte de Sucumbíos dictó la medida luego de que los uniformados no acudieran a la audiencia de juzgamiento convocada para el pasado lunes en la ciudad de Nueva Loja, capital de Sucumbíos.

La medida sólo tiene alcance dentro del territorio ecuatoriano, por lo que no es posible tramitar un pedido de captura internacional, que se haría a través de Interpol o se podría hacer conocer a través de asistencia penal internacional a las autoridades colombianas.

La Corte determinó que "presunciones graves y fundadas sobre la existencia del delito y participación de los procesados en calidad de autores".

Colombia desconoce la medida

De inmediato, el Gobierno de Colombia se pronunció en torno a la orden de detención emitida contra seis de los miembros de la cúpula militar que ejercía cuando se realizó la operación Fénix en territorio del vecino país. El presidente, Juan Manuel Santos, fue tajante al decir que “primero me voy yo a la cárcel que algunos de los comandantes que participaron en el operativo contra Reyes”.

Sobre la decisión, el vicepresidente, Angelino Garzón, dijo que era "un absurdo" y aseguró que las acciones a las que hace referencia el tribunal de Sucumbíos se enmarcan dentro de la "lucha contra la corrupción".

El proceso judicial en contra de los altos oficiales se adelanta desde junio pasado por la Corte de Justicia provincial, luego de que las autoridades judiciales se abstuvieron de elevar una acusación contra el ministro de Defensa de la época de los hechos y actual Presidente colombiano, Juan Manuel Santos.

En ese entonces, la Cancillería colombiana expidió un comunicado en el que afirmó que Fénix fue una operación “legítima en defensa de la seguridad nacional y de la población civil”. Por eso, desestimó la competencia de la justicia de ese país sobre los responsables de una acción contra el terrorismo.

En el bombardeo contra el campamento de las FARC murieron, junto a Raúl Reyes, para entonces número dos de las FARC, unas 26 personas, entre ellas el ecuatoriano Franklin Aisalla, y cuatro universitarios mexicanos.

A raíz del ataque en Angostura (Sucumbíos) Ecuador rompió relaciones con Colombia, pero éstas fueron restablecidas plenamente el pasado 26 de noviembre.

Medida legal no afectaría relaciones bilaterales

El internacionalista Ramiro Orjuela aseguró a teleSUR que la medida judicial emitida por un tribunal provincial de Ecuador “no alterará las relaciones” con Colombia.

En entrevista desde Bogotá, Orjuela dijo que esta situación sentará un precedente importante para que los Gobiernos respeten a los pueblos y se ajusten a la jurisdicción internacional.

De igual forma, se refirió a la respuesta del Gobierno colombiano que aseguró que se trata de “un problema de Estado”. En este sentido, agregó que “los Estados no delinquen sino los particulares. Ese Estado lo dirigía alguien de carne y hueso” dijo al referirse al ex presidente, Álvaro Uribe Vélez, y el ex ministro de Defensa y actual Mandatario, Juan Manuel Santos.

“Creo que todos deben responder a la justicia. Si en Colombia hubiera justicia no fueran seis sino toda la cúpula actual y de la anterior gestión por lo crímenes de lesa humanidad que cometen a diario contra el pueblo”, sentenció Orjuela.

El internacionalista, agregó que Ecuador ha actuado como “un país digno, un Gobierno digno y un pueblo digno”, pues es necesario que se juzgue cuando otro país hace una “incursión armada, ilegal, arbitraria y desonesta”.

“Aquí desgraciadamanete en Colombia se viola la soberanía por parte de Estados Unidos, por parte de israelíes, británicos. Estas tropas extranjeras actúan con total impunidad”, denunció.