Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 14 de octubre de 2011

El TLC con Estados Unidos es lo más malo que le ha ocurrido a Colombia luego de la Independencia de España, el 7 de agosto de 1819. Porque lleva las relaciones entre los dos países a unas muy parecidas a las que tuvo la Nueva Granada con la Corona española, le arrebata al país toda posibilidad de resolver sus graves problemas económicos, sociales y políticos, condenándolo, mientras dure el Tratado, a la pérdida de la soberanía, el atraso científico y productivo, la desnacionalización económica, la concentración de la riqueza, el maltrato laboral y ambiental, la corrupción, el desempleo y la pobreza. Ganarán, sí, los pocos colombianos que logren separar su suerte personal de la de la nación, al conectar sus intereses con los de las trasnacionales que avasallan a Colombia.

El Tratado tiene 23 capítulos y 1.300 páginas que reglamentan en detalle toda la economía colombiana: exportaciones e importaciones, agro, industria y servicios, inversiones extranjeras, sector financiero, telecomunicaciones, propiedad intelectual, compras públicas, asuntos culturales, laborales, ambientales y sanitarios, en fin, todo. Ninguna norma nacional podrá contener nada que contradiga su texto, pues este equivale a la Constitución económica de Colombia. El TLC, además, no podrá modificarse sin permiso de Estados Unidos y su derogatoria unilateral por parte de Colombia, que puede darse, tendría que obligar a las trasnacionales a soltar la presa.

Los TLC están montados sobre mentiras. No es cierto que para venderle a Estados Unidos haya que tener un TLC con ese país: nadie en Europa lo tiene, ni China, ni Japón, ni Brasil. También es falso que a los países los desarrollen los extranjeros, y más si solo invierten cuando les garantizan monopolios y materias primas, impuestos y mano de obra baratos. Tampoco es verdad que los estadounidenses desmontarán sus descomunales subsidios industriales y agrarios. Y es falaz afirmar que a Colombia se le impone lo que hicieron norteamericanos, europeos y japoneses para desarrollarse. Por el contrario. El TLC le quita los principales instrumentos que esas naciones usaron para construir sus economías.

Colombia no negoció un TLC con Estados Unidos. Los llamados “negociadores” fueron un grupito de “hombres sí”, a cuyo director, el ministro de Comercio, no le dio vergüenza salir del cargo para irse a Washington a un puesto en el Banco Mundial. Que todos los TLC de América sean iguales obedece a que las trasnacionales le indican a la Casa Blanca cuáles son sus intereses y esta se los convierte en tratados. Las diferencias se limitan a establecer el plazo en el que la industria y el agro de los países víctimas perderán toda protección, es decir, a darles orden a las quiebras: quiénes en el primer año, quiénes en el quinto y quiénes el décimo, que suele ser la desprotección más tardía.

El libre comercio no va a empezar en Colombia con los TLC. Lo inició César Gaviria y avanzó en los gobiernos siguientes. Lo nuevo es que buscan profundizarlo y hacerlo irreversible. Y dos décadas de ruina y retrocesos industriales y agropecuarios por las mayores importaciones, de desempleo y pobreza, al igual que de unas exportaciones limitadas a los mismos productos agropecuarios y mineros de siempre, muestran la falacia de los pajaritos de oro que pintan con el TLC con Estados Unidos, a cuyos daños se sumarán los tratados con Canadá, la Unión Europea y Corea.

Si este TLC era malísimo en 2006, cuando se negoció, ahora es peor. Primero, por la grave crisis estadounidense y mundial. Y segundo, porque la revaluación ha disminuido en 20% la competitividad nacional, revaluación que tiene como causa principal que Estados Unidos reducirá las importaciones y aumentará las exportaciones como sea, incluso imprimiendo dólares sin parar, en algo así como una gran falsificación de moneda.

Las privatizaciones son parte del libre comercio. Por eso Santos no desmonta el sistema de las EPS, estrangula financieramente a las universidades públicas y busca legalizar el lucro en la educación, negocio impuesto por el capítulo de inversiones del TLC con Estados Unidos. Y otra vez se demostró, esta vez con Obama y sobre el caso de los crímenes contra los sindicalistas colombianos, que Washington permuta negocios por derechos humanos (Libro “El TLC recoloniza a Colombia”