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From: Ruben1919 (Original message)

Sent: 25/12/2011 14:46

José Antonio Estévez

ALBA SUD

En España, como en Grecia o Italia, se están adoptando una serie de duros recortes presupuestarios. Estos afectan, sobre todo, a los servicios sociales, como la educación o la sanidad. Dichos recortes son presentados como medidas necesarias para salir de la crisis. Pero, en realidad, estas medidas tienen otros objetivos.

En primer lugar, las entidades financieras no están dispuestas a asumir los costes de una crisis provocada por sus prácticas especulativas. Quieren hacerlos recaer sobre los trabajadores, los pensionistas, los estudiantes, los parados y los enfermos. En segundo lugar, se pretende desmantelar lo que queda del estado social. Aplicando las doctrinas expuestas por Hayek en los años sesenta, el estado debe limitarse a la beneficencia. Su intervención no debe tener efectos redistributivos de la renta. La sanidad pública debe ser una sanidad para los pobres que no puedan costearse la atención médica. De esa forma, la sociedad se fragmenta en “ganadores” y “perdedores”. Entre quienes pueden permitirse pagar una sanidad privada de calidad y los que tienen que acudir a hospitales públicos en busca de caridad. Teniendo como referente este contexto, aquí se analiza el poder del sistema financiero sobre los estados.

La regulación fallida

A finales de 2008 todo el mundo parecía de acuerdo en la necesidad de regular y redimensionar el sistema financiero. Parecía el fin del neoliberalismo y sus dogmas. Se anunciaba una nueva era de eco-keynesianismo. Pero un año después la situación era del todo diferente. El sistema financiero había conseguido paralizar las reformas diseñadas por los sistemas políticos. Esto ocurrió en todas partes y a todos los niveles. Pasó en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en la UE y a nivel global.

Este hecho plantea un problema muy grave a cualquier pretensión de democratizar el sistema financiero. Para someter a control democrático el sistema financiero es necesario, primero, democratizar el sistema político. El sistema financiero condiciona fuertemente las decisiones del sistema político. Presiona desde fuera y se infiltra dentro de él. Hay que acabar con esa situación para poder plantear seriamente cualquier propuesta de regulación financiera. Para ello es necesario identificar las fuentes de poder político del sistema financiero.

El poder del sistema financiero sobre y dentro de los estados

La primera fuente de poder político del sistema financiero deriva de que actualmente los estados tienen que financiarse acudiendo a los mercados financieros. Los estados habían obtenido tradicionalmente fondos a través de los Bancos Centrales. El neoliberalismo tuvo como uno de sus objetivos acabar con esa situación. En la Unión Europea lo consiguió plenamente. El Banco Central Europeo no puede suscribir deuda pública directamente. No está autorizado a prestar dinero a los estados. Pero sí puede prestar dinero a los bancos. Tras la crisis financiera el BCE prestó cientos de miles de millones de euros a los bancos a un interés muy bajo. Estos préstamos han de sumarse a las enormes cifras destinadas a su rescate. Hoy en día los bancos utilizan el dinero a bajo interés obtenido del BCE para prestárselo a un interés exorbitante a los estados europeos. Es una situación absurda e indignante.

La necesidad de financiación de los estados es consecuencia de sus déficits presupuestarios. Los déficits actuales (al menos en Europa) no son producto de un aumento del gasto público. Esos déficits son consecuencia de la disminución de la recaudación debida a la reducción de impuestos a las empresas y a los ciudadanos más ricos. La crisis financiera agravó los déficits. Los estados acudieron al “rescate” de los bancos proporcionándoles billones de dólares y euros. Las medidas iniciales para combatir la crisis también supusieron un aumento del gasto público. La ralentización de la economía disminuyó aún más la recaudación impositiva. La deuda de los estados se hizo mayor. Con ello aumentó también su dependencia de los mercados y entidades financieras.

Otra fuente de poder político del sistema financiero es la amenaza de crear “pánico” o “inestabilidad” en los mercados. Ese es uno de los chantajes utilizados más frecuentemente por las entidades financieras para condicionar las decisiones de las instituciones políticas. Un conjunto de entidades financieras poderosas pueden retirar rápidamente gran cantidad de capital invertido en un país. Eso tiene consecuencias catastróficas: baja la bolsa, la cotización de la moneda cae, las agencias degradan la calificación de la deuda… Se inicia así una espiral descendente muy difícil de combatir. La posibilidad de realizar este tipo de chantaje deriva de la libertad de circulación de capitales a través de las fronteras.

Además de esas formas de presión sobre los estados, los bancos disponen de poder político dentro de los mismos. Stiglitz muestra en su libro sobre la crisis el grado de infiltración del sistema financiero en el seno de las instituciones estatales. Los grandes bancos controlan a los políticos estadounidenses, financiando sus campañas. Las "puertas giratorias" entre el mundo de las finanzas y el mundo de la administración pública giran a gran velocidad. Los regulados de hoy serán los clientes de mañana o lo fueron ayer. La necesaria distancia de la administración respecto de los intereses privados no existe en el caso de la (poca) regulación financiera norteamericana. Así, por ejemplo, Paulson concedió una ayuda de 89.000 millones de dólares a A.I.G. El mayor beneficiario de esa ayuda fue Goldman Sachs, su antigua empresa [1].

La manera de resolver la crisis en Estados Unidos prueba la influencia política del sector financiero. Se ha concedido a las grandes entidades financieras rescates millonarios sin exigirles nada a cambio. Los directivos de las entidades rescatadas han mantenido sus sueldos astronómicos mientras muchas personas perdían su casa, su empleo, o ambas cosas. La manera de enfocar la crisis no cambió con la llegada de Obama al poder. El presidente del cambio mantuvo al equipo económico de Bush modificando ligeramente el orden de las sillas. Obama dejó quebrar la General Motors y rescató a los grandes bancos. Algo ha cambiado sustancialmente en Estados Unidos. Antes se decía que "lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos". Ahora resulta que es bueno para los Estados Unidos lo que es bueno para Wall Street.

Lo mismo ha ocurrido en Gran Bretaña. Según un informe alternativo elaborado por un grupo de economistas de la Universidad de Manchester, la dificultad principal para reformar el sistema financiero británico es el poder político de la City. Los banqueros (o determinados altos cargos y accionistas de ciertas instituciones financieras) tienen a un número considerable de políticos como rehenes. El gobierno encarga informes sobre el sector financiero a expertos procedentes de ese mismo sector. El poder político británico está, pues, profundamente infiltrado por el sistema financiero [2].

En España, privatizar las cajas de ahorro ha sido hacer precisamente lo contrario de lo que se debía. No se ha corregido su deriva hacia la bancarización. No se ha intentado recuperar su función social ni potenciar la gestión participativa de las mismas. Lo que se ha hecho es presionarlas más que a las entidades bancarias para que se “saneasen”. Ello ha conducido a que las cajas creasen sus propios bancos y les asignasen sus mejores activos. Luego, estos bancos se han privatizado, vendiendo sus acciones a precio de saldo. Ahora su destino está en manos de fondos de inversión y de pensiones cuyos gestores sólo están interesados en el rendimiento económico [3]. Se ha perdido la oportunidad de crear una banca pública que garantizase el crédito como servicio esencial.

La necesidad de una movilización ciudadana

Los problemas más importantes de la actualidad encuentran siempre un obstáculo para su solución en el poder y la actuación de las entidades financieras. Éstas han causado la crisis actual. Pero hacen soportar sus costes al conjunto de la sociedad. Mientras, sus ejecutivos se embolsan cantidades inmensas de dinero. No estamos hablando de banalidades: la remuneración de los altos directivos se "come" el 50% de los beneficios de la banca industrial en Gran Bretaña.

La crisis, el paro, la reducción de los gastos sociales, la dificultad de adoptar políticas anticíclicas, la imposibilidad de acometer en serio una transformación ecológica de la sociedad, la imposibilidad de democratizar el poder político... todo se topa con el mismo obstáculo: el poder del sistema financiero; con su poder económico, su capacidad de presión sobre las instituciones políticas, su infiltración dentro de esas mismas instituciones.

El sistema financiero es en este momento el "enemigo principal" como se decía en otros tiempos. Es necesaria una fuerte movilización popular para hacerle pagar las consecuencias de la crisis y despojarle de su poder político; para redimensionarlo y reorientar su actividad en un sentido social y ecológico; para dar un primer paso en la democratización de las instituciones políticas. No parece ser suficiente con una movilización popular que presione al poder político. Éste es un rehén del poder financiero o está conchabado con él. Las movilizaciones de Barcelona contra la aprobación de los presupuestos restrictivos de la Generalitat lo pusieron de manifiesto.

Estamos metidos en un círculo vicioso. Hay que adoptar una serie de medidas para disminuir el poder político del sistema financiero. Esas medidas deben ser tomadas por las instituciones políticas. Las instituciones políticas no pueden adoptarlas debido al poder político del sistema financiero. Es necesario, por tanto, combatir ese poder. Pero...

Hay bastantes indicios de que el sistema representativo tal como está ahora en Europa no va a resistir la forma actual de gestionar la crisis. El autoritarismo tecnocrático que se ha implantado en Italia o Grecia lo ponen de manifiesto. Personajes procedentes del sector financiero e impuestos por “la troika” (FMI, UE y BCE), presiden los gobiernos de esos países e implantan medidas de “ajuste” aún más rigurosas que sus predecesores. En el otro extremo está la “revolución” democrática de Islandia: los ciudadanos hicieron caer a su gobierno, se negaron a pagar las deudas de los bancos en un referéndum, y se pusieron a elaborar una nueva constitución. Ahora son los únicos que están saliendo de la crisis, porque han hecho lo contrario que el resto de los países europeos en dificultades: aumentar el gasto público. ¿Serán el autoritarismo disfrazado de tecnocracia o la revolución democrática desde abajo las dos únicas alternativas a corto plazo para los estados europeos periféricos?

En España se pondrá pronto a prueba la resistencia del sistema político existente. Será más o menos a mediados del 2012: en el momento en que se plantee la asunción de la deuda privada de los bancos por parte del estado. Cuando la población se entere de que España no tenía graves problemas de deuda pública, pero sí de deuda privada. Cuando se dé cuenta de que el gobierno va hacer recaer sobre todos nosotros las deudas asumidas por los bancos, como en Islandia. ¿Qué pasará en ese momento? ¿Se formará un gobierno de concentración, como paso previo a alguna forma de autoritarismo tecnocrático? ¿O habrá una fuerte movilización desde abajo que transformará radicalmente el sistema político y dará lugar a una salida de la crisis completamente diferente?

Notas:

[1] Stiglitz, Joseph: Caída libre. El libre mercado y el hundimiento de la economía mundial, Madrid, Santillana, 2011, p. 114.

[2] V. «An Alternative Report on UK Banking Reform», en: http://www.cresc.ac.uk/publications/an-alternative-report-on-uk-banking-reform, pp.11-17.

[3] V. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, José Miguel: “Privatización de las cajas de ahorro españolas: viejo propósito, excelente negocio y expolio social”, en PAPELES de relaciones ecosociales y cambio global, Nº 114, 2011, pp. 37-47.

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From: Ruben1919

Sent: 25/12/2011 14:51

Michael Hudson

Frankfurter Allgemeine Zeitung

La mejor manera de entender la crisis financiera de Europa consiste en observar las distintas propuestas de soluciones. Éstas parecen el sueño de cualquier banquero, una bolsa de regalos que pocos votantes estarían dispuestos a aprobar en un referéndum democrático. Los estrategas bancarios han aprendido a no arriesgarse a someter sus planes a voto democrático, después de que los islandeses rechazaran dos veces en 2010-11 aprobar la capitulación de su gobierno a pagar al Reino Unido y a Holanda a causa de las pérdidas propiciadas por los bancos islandeses deficientemente regulados que operaban en el extranjero. A falta de tal referéndum, las manifestaciones masivas se convirtieron en la única forma que los votantes griegos encontraron para hacer constar su oposición a los 50.000 millones de euros en privatizaciones demandadas por el Banco Central Europeo (BCE) en agosto de 2011.

El problema radica en que Grecia no dispone de líquido para cancelar sus deudas y pagar los cargos por interés. El BCE exige que se vendan los activos públicos (la tierra, el agua y los sistemas de alcantarillado, los puertos y otros activos de dominio público), y también que se realicen recortes en las pensiones y en otros pagos a la población. Es comprensible que el “99% más pobre” esté furioso al ser informado de que el estrato más rico de la población es el gran responsable de los recortes de presupuesto por su ambición acumulativa (sólo en fondos atesorados en bancos suizos se han registrado 45.000 millones de euros). La sola idea de que un asalariado común tenga que financiar las pensiones para compensar las evasiones de impuestos de los ricos (y la ausencia general de impuestos a la riqueza desde el régimen de la junta de coroneles) enfurece comprensiblemente a la población. Que la “troika” del BCE, UE y FMI dicte que no importa cuánto acumulen roben o evadan los ricos, el pago ha de cubrirlo la población en conjunto, no es un posicionamiento político neutro.

Llevar a cabo una política de impuestos democrática restablecería un sistema progresista de impuestos sobre ingresos y propiedades y fomentaría su recaudación, estableciendo penas para los evasores. Desde el siglo XIX, los reformistas demócratas han buscado liberar las economías del derroche, la corrupción y los “ingresos por rentas”. Pero la “troika” del BCE está imponiendo un impuesto regresivo (que sólo puede imponerse cediendo las decisiones políticas del gobierno a un grupo de “tecnócratas” no electos).

Llamar a los gestores de una política tan anti-democrática “tecnócratas” parece un eufemismo cínico con aires científicos con el que designar a los grupos de presión financieros o a los burócratas, a quienes se considera que poseen una visión lo suficientemente estrecha para actuar como necios útiles en nombre de sus espónsores. Su ideología es la misma filosofía de austeridad que impuso el FMI a los deudores del Tercer Mundo desde los años sesenta hasta los ochenta. Reivindicaban la estabilización del balance de pagos mientras introducían mercados libres; estos directivos vendieron sectores de exportación e infraestructuras básicas a los acreedores de crédito nacional. El efecto fue conducir economías regidas por la austeridad a cotas mayores de deuda (de la que se beneficiarían los banqueros y sus oligarquías nacionales).

Ésta es la rutina la que se somete en estos momentos las democracias sociales de la Eurozona. Bajo el pretexto político de la emergencia financiera, los salarios y estándares de vida se pretenden reducir considerablemente y el poder político transvasarse de gobiernos electos a tecnócratas que gobernarán en nombre de grandes bancos e instituciones financieras. Se pretende también privatizar el trabajo en el sector público (y eliminar los sindicatos, mientras la seguridad social, los planes de pensiones y la sanidad pública sufren graves detrimentos).

Este es el guión básico que siguen los ladrones empresarios cuando saquean los planes de pensiones de las empresas para pagar a sus patrocinadores financieros con compra apalancada con financiación ajena. También es la manera en que se privatizó la economía de la antigua Unión Soviética tras 1991, poniendo los activos públicos en manos de cleptócratas, los cuales trabajaron con los banqueros de inversión de occidente para convertir a Rusia y a otros valores de bolsa las queridas de los mercados financieros internacionales. Los impuestos sobre la propiedad disminuyeron cuantiosamente al tiempo que los impuestos fijos se gravaron sobre los salarios (un acumulativo del 59 por ciento en Letonia). La industria fue desmantelada al tiempo que el derecho sobre la tierra y los minerales fue transferido a extranjeros, las economías conducidas a la deuda mientras los trabajadores cualificados y no cualificados se veían obligados a emigrar para encontrar trabajo.

Mientras hacían creer que estaban comprometidos con la estabilidad de los precios y los mercados libres, los banqueros inflaron la burbuja inmobiliaria con créditos. Los ingresos por alquileres fueron capitalizados en préstamos bancarios y rentabilizados con intereses. Esto resultó enormemente beneficioso para los banqueros, pero dejó a los Balcanes y gran parte de Europa Central con una grandísima deuda y un capital social con números negativos en el 2008. Los neoliberales aplaudieron la caída vertiginosa de sus niveles salariales y la mengua de de su PIB como si de la historia de un éxito se tratase, puesto que estos países traspasaron la carga de los impuestos al empleo en vez de a la propiedad o las finanzas. Los gobiernos rescataron a los bancos a expensas del contribuidor.

Es un axioma que la solución a cualquier problema social serio tiende a crear problemas incluso mayores (¡no siempre intencionados!). Vista desde el posicionamiento estratégico del sector financiero, la “solución” a la crisis de la Eurozona consiste en revertir los objetivos de la Era Progresista de hace un siglo (lo que John Maynard Keynes generosamente acuñó como “eutanasia del rentista” en 1936). La idea era subordinar el sistema bancario al servicio de la economía y no al revés. En vez de ello, las finanzas se han convertido en la nueva forma bélica (menos ostensiblemente sangrienta, pero con los mismos objetivos que las invasiones vikingas hace miles de años y que las subsiguientes conquistas coloniales de Europa: apropiación de las tierras y sus recursos naturales, infraestructuras y cualquier otro activo que pueda proporcionar una vía de ingresos. Había que capitalizar y apreciar tales valores, por ejemplo, los que Guillermo I de Inglaterra recogió en su libro Domesday tras 1066, un modelo actual de cálculos al estilo BCE y FMI.

Esta apropiación del superávit económico para pagar a los banqueros se está poniendo los valores tradicionales de los europeos patas arriba. La imposición de austeridad económica, el desmantelamiento de los gastos sociales, la venta de activos públicos, la extinción de los sindicatos, la caída de los niveles de los salarios, los planes de pensiones y sanidad pública en detrimento en países sujetos a reglas democráticas, requiere convencer a los votantes de que no hay otra alternativa. Se reivindica que sin un sector bancario próspero (da igual cuán predador) la economía quebrará mientras las pérdidas bancarias por malos préstamos y especulaciones deterioran el sistema de pagos. Ninguna agencia reguladora puede ayudar, ninguna política de impuestos mejorada, nada excepto la cesión del control a los grupos de presión para que rescaten a los bancos que han perdido las demandas financieras que ellos mismos construyeron.

Lo que quieren los bancos es que se pague el superávit económico en forma de intereses, no que se emplee en la mejora de los estándares de vida, en gastos sociales o incluso en una inversión nueva del capital. La investigación y el desarrollo requieren demasiado tiempo. Las finanzas viven al día. Esta tendencia al corto plazo es contraproducente, y aun así se presenta como una ciencia. La alternativa, se dice a los votantes, es el camino a la servidumbre: interferir en el “mercado libre” mediante la regulación financiera e incluso unos impuestos progresistas

Hay una alternativa, por supuesto. Es lo que buscaron los escolásticos de la civilización europea del siglo XIII a través de la Ilustración y del florecimiento de la economía política clásica: una economía libre de ingresos por rentas, libre de intereses creados empleando privilegios especiales para la “extracción de renta”. En manos de los neoliberales, al contrario, un mercado libre es libre para que una clase rentista favorecida por los impuestos pueda extraer interés, renta económica y precios de monopolio.

Los intereses rentistas presentan su actividad como una “creación de riqueza” eficiente. Las escuelas de negocios enseñan a los privatizadores cómo disponer los préstamos bancarios y la financiación por bonos, prometiendo todo lo que puedan para que los servicios de infraestructura pública sean vendidos por los gobiernos. La idea es pagar estas rentas a los nacos y proveedores de bonos con interés, y después obtener una ganancia capital subiendo las cuotas de acceso a las carreteras o puertos, al agua y al uso del alcantarillado y a otros servicios básicos. Se dice a los gobiernos que las economías pueden dirigirse de forma más eficiente si se desmantelan los programas públicos y se venden los activos.

La diferencia entre el objetivo pretendido y los resultados reales nunca se ha escondido de forma tan hipócrita. Hacer pagos con interés libres de impuestos priva a los gobiernos de los ingresos por las cuotas de acceso a los usuarios, incrementando sus déficits presupuestarios. Además, en vez de promover la estabilidad de los precios (la ostensible prioridad del BCE), la privatización aumenta los precios por infraestructura, vivienda y otros costes vitales, y hacen así negocio creando pagos de intereses y otras inversiones financieras (y sueldos mucho mayores para los gestores). Por tanto no es más que una demanda ideológica refleja el que esta política sea más eficiente simplemente porque los privatizadores son los que otorgan los préstamos y no el gobierno.

No hay ninguna necesidad económica o tecnológica para que los gestores financieros de Europa impongan la depresión sobre la mayor parte de su población. Pero hay una gran oportunidad de ganancia para los bancos que han tomado el control de la política económica del BCE. Desde los años sesenta, la crisis de balance de pagos ha proporcionado oportunidades a los banqueros e inversores para tomar el control de las políticas fiscales (para traspasar la carga de los impuestos al sector laboral y desmantelar los gastos sociales en favor de la subvención a inversores extranjeros y del sector financiero. Obtienen ganancias de las políticas de austeridad que disminuyen los estándares de vida y constriñen los gastos sociales. Una crisis de deudas permite a la élite financiera nacional y a los bancos extranjeros endeudar al resto de la sociedad, utilizando su privilegio de crédito (o ahorros creados como resultado de políticas de impuestos menos progresistas) como palanca para hacerse con los activos y obligar a los ciudadanos a un estado de dependencia por sus deudas.

El tipo de guerra que está engullendo Europa va por tanto más allá de lo meramente económico. Está amenazando con convertirse en una línea divisoria histórica entre la época de esperanza y potencial tecnológico del pasado medio siglo y la nueva era de polarización al tiempo que una oligarquía financiera reemplaza a los gobiernos democráticos y convierte a los ciudadanos en esclavos de la deuda.

Para que una baza tan atrevida y una toma de poder tal tengan éxito, se necesita una crisis que suprima los procesos legislativos democráticos y políticos que normalmente se opondrían. El pánico político y el caos crean un vacío en el que los ladrones se mueven con soltura, utilizando la retórica del engaño financiero y de las economías basura que racionan soluciones interesadas mediante una falsa visión de la historia de la economía (y en el caso del BCE, de la historia alemana en particular).

Con un banco central bloqueado por su éxito, los gobiernos no necesitan pedir préstamos a banqueros comerciales u otro tipo de prestamistas. Desde que el Banco de Inglaterra fuera fundado en 1694, los bancos centrales han estado imprimiendo billetes para financiar los gastos públicos. Los banqueros también crean crédito de forma libre (como cuando hacen un préstamo a crédito de las cuentas de sus clientes, a cambio de un interés prometedor).
Hoy, estos banqueros pueden tomar préstamos de las reservas del banco central gubernamental a intereses anuales verdaderamente bajos (0.25% en los E.E.U.U.) y prestarlo con intereses mucho más altos. Así los bancos se congratulan de ver que los bancos centrales gubernamentales crean crédito para prestarles. Pero cuando les toca el turno a los gobiernos a la hora de crear dinero para financiar sus propios déficits presupuestarios y emplearlo en el resto de la economía, los bancos prefieren que se reserve tal mercado y sus intereses para ellos mismos.

Los bancos comerciales europeos son inflexibles en cuanto a que el Banco Central Europeo no debería financiar los déficits presupuestarios de los gobiernos. Pero la creación de crédito privado no es necesariamente menos inflacionaria que el hecho de que los gobiernos conviertan sus déficits en moneda (simplemente imprimiendo el dinero que necesitan). La mayoría de los créditos de los bancos comerciales se hacen en contra de los bienes inmuebles, las reservas y los bonos (proporcionando crédito que se emplea en subir los precios de las casas, y los precios de las seguridades financieras, como en los créditos para las compras apalancadas con financiación ajena).

Principalmente es el gobierno quien gasta crédito en la economía “real”, hasta el punto que los déficits presupuestarios públicos se destinan al empleo o a bienes y servicios. Si los gobiernos evitan pagar intereses haciendo que sus bancos centrales impriman dinero con sus propios ordenadores en vez de pedir prestado a los bancos que hacen exactamente lo mismo con sus ordenadores (Abraham Lincoln simplemente imprimió dinero cuando financió la Guerra Civil estadounidense con “billetes verdes”).

A los bancos les gustaría emplear su privilegio de crear crédito para obtener interés de sus préstamos a los gobiernos para que financien sus déficits presupuestarios públicos. Por tanto les interesa limitar la “opción pública” de los gobiernos de monetizar sus déficits presupuestarios. Para asegurarse un monopolio con este privilegio, han organizado una amplia difamación de los gastos gubernamentales y, de hecho, de la autoridad gubernamental en general (la cual resulta que es la única autoridad con poder suficiente para controlar su poder o proporcionar una opción financiera pública alternativa, como hacen las oficinas de correos en Japón, Rusia y otros países). Esta competición entre bancos y gobiernos explica las falsas acusaciones acerca de que la creación de crédito gubernamental es más inflacionaria que si la asumen los bancos comerciales.

La realidad es clara si se comparan las formas en que los E.E.U.U., el reino Unido y Europa manejan sus finanzas públicas. La tesorería de los Estados Unidos es de lejos el mayor deudor del mundo y sus bancos más importantes parece que están en números rojos, sujeto a sus inversores y a otras instituciones financieras por sumas mayores de lo que puede cubrir su carpeta de préstamos, inversiones y sus distintos juegos financieros. Así, mientras la confusión financiera aumenta, los inversores institucionales depositan su dinero en los bonos del tesoro estadounidense (tanto que estos bonos ahora rinden menos del 1%). Por otro lado, un cuarto de los bienes inmobiliarios de los E.E.U.U. sufren un balance negativo, y los estados norteamericanos y sus ciudades se enfrentan a la insolvencia, obligados a reducir sus gastos. Las grandes empresas están dirigiéndose a la bancarrota, los planes de pensiones están cayendo cada vez más en impagos, y aun así la economía estadounidense sigue siendo un imán para los ahorros de todo el mundo.

La economía del reino Unido también parece asombrosa y su gobierno paga tan solo un 2% de interés. Los gobiernos europeos están pagando más de un 7%. El motivo de esta disparidad es que no disponen de una “opción pública” a la hora de crear dinero. Lo que hace a los Estados Unidos y al Reino Unido diferentes de Europa es que tienen un Banco de Reserva Federal o un Banco de Inglaterra que pueden imprimir dinero para pagar los intereses o reinvertir las deudas existentes. Nadie espera de estas dos naciones que se vean forzadas a vender sus terrenos públicos y otros activos para incrementar el dinero con que pagar (aunque lo puedan hacer como opción política). Dado que la Tesorería de los E.E.U.U. y la Reserva Federal pueden crear dinero, se sigue que mientras que las deudas de los gobiernos se designan en dólares, pueden imprimir los suficientes pagarés en sus ordenadores para que el único riesgo que asuman los poseedores de bonos del tesoro sea la tasa de cambio de dólar con otras modernas.

Al contrario, la Eurozona tiene un banco central, pero el artículo 123 del tratado de Lisboa prohíbe que el BCE haga aquello para lo que los bancos centrales fueron creados: crear dinero para financiar los déficits presupuestarios o satisfacer sus deudas venciéndolas. Los historiadores del futuro sin duda alguna encontrarán notable el hecho de que verdaderamente tras esta política hay algo de razón (o por lo menos la pretensión de un tema de primera plana). Es tan endeble que cualquier estudiante de historia podría adivinar la distorsión que sufre. La reivindicación consiste en que si un banco central crea crédito, amenaza la estabilidad de los precios. Sólo el gasto gubernamental se juzga inflacionario, ¡no el crédito privado!

La administración Clinton equilibró el presupuesto estadounidense a finales de los años

Sigue ....

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25-12-2011

La oligarquía financiera contra la democracia social europea

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From: Ruben1919

Sent: 25/12/2011 14:52

Viene ...

La administración Clinton equilibró el presupuesto estadounidense a finales de los años noventa, cuando la economía de burbuja estaba aún explotando. Por otro lado, la Reserva Federal y la Tesorería anegaron la economía con 13 billones de dólares en crédito para el crédito del sistema bancario después de septiembre de 2008, y 0,8 billones más el pasado verano bajo el programa Flexibilización Cuantitativa de la Reserva Federal (QE2). Aun así los precios al consumidor y de las materias primas no han subido. Ni siquiera los precios del sector inmobiliario y del mercado bursátil están pujando más alto. Por tanto la idea de que inyectar más dinero incrementará los precios (MV=PT) no es operativa hoy en día.

Los bancos comerciales crean la deuda. Ése es su producto. Este apalancamiento de deuda fue utilizado durante más de una década para incrementar los precios (haciendo de los inmuebles y el consumo una pensión de jubilación más cara para los norteamericanos), pero la economía de hoy está sufriendo una deflación de la deuda en forma de ingresos personales, el comercio y las rentas de los impuestos se desvían para pagar la deuda de los servicios en vez de gastarlos en bienes o en puestos de trabajo o incluso invertirlos.

Mucho más impactante es la farsa sobre la historia de Alemania que se repite una y otra vez, como si la repetición evitara que los ciudadanos recordaran lo que realmente pasó en el siglo XX. Escuchar a los directivos del BCE contar la historia, sería muy irresponsable por parte de un banco central prestar al gobierno, a causa del peligro de hiperinflación. La memoria evoca la inflación de Weimar en la Alemania de los años veinte. Pero si uno se detiene a examinarlo, ocurre lo que los psiquiatras denominan un recuerdo implantado (condición en que el paciente está convencido de que ha sufrido un trauma, pero éste no ha ocurrido en la realidad).

Lo que ocurrió en 1921 no fue un caso de gobiernos que reciben préstamos de los bancos centrales para financiar gastos domésticos tales como programas sociales, pensiones o sanidad pública, como ocurre hoy. Más bien, la obligación de Alemania de pagar las indemnizaciones condujo al Reichsbank a inundar los mercados bursátiles extranjeros con marcos alemanes para obtener líquido con que comprar libras esterlinas, marcos franceses y otras monedas para pagar a los aliados (quienes utilizaron el dinero para pagar las deudas por compra de armas a sus inter-aliados de los Estados Unidos). La hiperinflación nacional contuvo su obligación de pagar indemnizaciones con moneda extranjera. Ninguna cantidad fijada en impuestos domésticos habría sido capaz de cubrir la cantidad en moneda extranjera que debían pagar.

En los años 30 esto era un fenómeno que se entendía bien, explicado por Keynes y otros economistas que analizaban los límites estructurales de la capacidad de pagar la deuda extranjera impuesta sin tener en cuenta la capacidad de pagar los presupuestos en moneda nacional. Desde el estudio de Salomon Flink El Reichsbank y la Economía en Alemania (1931) hasta otros estudios sobre las hiperinflaciones chilena y de otras partes del Tercer Mundo, los economistas han encontrado una causalidad común operante, basada en el balance de pagos. Primero aparece una caída en el tipo de cambio. Esto incrementa el precio de las importaciones, y consecuentemente el nivel de los precios nacionales. La secuencia estadística y la línea de causalidades llevan de los déficits en balance de pagos hasta la amortización de los costes de importaciones cada vez más altos, y de estos incrementos en los precios hasta la inyección de dinero, y no al revés.

Los partidarios del mercado libre que escriben en la tradición monetarista de Chicago (básicamente, la de David Ricardo) deja las dimensiones de las deudas nacionales y extranjeras fuera de cuenta. Parece como si el “dinero” y el “crédito” fueran activos a trocar por bienes. Pero poseer una cuenta bancaria o cualquier otra forma de crédito significa deuda al otro lado del balance general. La deuda de unos es el ahorro de otros (y la mayoría de los ahorros de hoy se prestan con intereses, absorbiendo el dinero de los sectores no financieros de la economía). La discusión se reduce de forma simplista a una relación entre el suministro de dinero y el nivel de precios (y de hecho, sólo los precios a los consumidores, no los precios de los activos). En su codicia por oponerse al gasto gubernamental (y por desmantelar los gobiernos y reemplazarlos con estrategas financieros) los monetaristas neoliberales ignoran la deuda impuesta desde Letonia e Islandia hasta Irlanda y Grecia, Italia, España y Portugal.

Si el euro quiebra, será a causa de la obligación de los gobiernos de pagar a los banqueros con un dinero que deben pedir prestado primero, en vez de crear el suyo propio a través de sus bancos centrales. A diferencia de los Estados Unidos y Gran Bretaña, quienes pueden crear crédito del banco central con sus propios ordenadores para evitar que la economía se agoste o se vuelva insolvente, la constitución alemana y el tratado de Lisboa no se lo permiten a su banco central.

El efecto consiste en obligar a los gobiernos a tomar dinero prestado de los bancos comerciales con intereses. Esto proporciona a los banqueros la capacidad de crear crisis (amenazando con llevar las economías fuera de la Eurozona si no se someten a sus “condiciones”, impuestas en lo que se está volviendo una nueva guerra de clases entre las finanzas y el trabajo.

Incapacitar al Banco Central de Europa para privar a los Estados del poder de crear dinero

Una de las tres características definitorias de un estado-nación es su capacidad para crear dinero. Una segunda característica es el poder de recaudar impuestos. Ambos poderes están siendo transferidos fuera del alcance de los representantes electos del sector financiero, como resultado de esta inmovilización del gobierno.

La tercera característica de un estado-nación es el poder de declarar la guerra. Lo que está ocurriendo hoy es el equivalente de la guerra (¡pero contra el poder del gobierno!). Está por encima de cualquier forma de guerra financiera (y los objetivos de esta apropiación financiera son los mismos que los de las conquistas militares): primero, las riquezas de la tierra y el subsuelo sobre las que recaudar rentas como tributo; segundo, infraestructura pública para extraer rentas en forma de cuotas de acceso; y tercero, cualquier otra empresa o activo en el dominio público.

En esta nueva guerra financiera, los gobiernos están siendo llevados a actuar como agentes del orden que actúan en nombre de los conquistadores financieros en contra de sus propios ciudadanos. Esto no es nada nuevo. Ya hemos visto cómo el FMI y el Banco Mundial imponían austeridad en las dictaduras latinoamericanas, en los cacicazgos militares africanos y en otras oligarquías desde los años sesenta hasta los ochenta. Irlanda y Grecia, España y Portugal están siendo llevados a las mismas políticas públicas de liquidación de activos, y todo en manos de agencias financieras supra-gubernamentales que actúan en nombre de los banqueros (y por tanto en nombre del 1% de la población).

Cuando no se puede pagar o vencer las deudas, llega el tiempo de ejecución hipotecaria. Para los gobiernos esto implica la privatización de las ventas para pagar a los acreedores. Además de ser una apropiación de la propiedad, la privatización tiene por objetivo reemplazar el trabajo en el sector público por una fuerza de trabajo sin sindicatos que la respalde con menos derechos de pensión, sanidad pública o voz sobre las condiciones de trabajo. La antigua guerra de clases vuelve a la carga (con un rizo financiero). Al agostar la economía, la deflación de la deuda ayuda a amputar el poder de resistencia de los trabajadores.

También otorga a los acreedores el control sobre la política fiscal. En ausencia de un Parlamento paneuropeo con poder para imponer las reglas del sistema de impuestos, la política fiscal pasa a manos del BCE. Al actuar en nombre de los bancos, el BCE parece favorecer la regresión del camino que llevaba el siglo XX hacia los impuestos progresistas. Además, como han dejado claro los grupos de presión financieros de los E.E.U.U., las demandas de los acreedores se dirigen a que los gobiernos re-clasifiquen las obligaciones públicas como “cuotas de usuario”, que se financien mediante retenciones sobre los salarios destinadas a ser administradas por los bancos. Traspasar la carga de impuestos de los bienes inmuebles y las finanzas al trabajo y la economía “real” significa una amenaza de volverse una apropiación fiscal por encima de la apropiación de la privatización.

Esta es una política de corto plazo autodestructiva. La ironía radica en que las déficits presupuestarios de los PIIGS provienen de las propiedades sin impuestos, y un cambio mayor en el sistema de impuestos puede empeorar la situación en vez de estabilizar los presupuestos gubernamentales. Aun así los banqueros buscan sólo aquello que pueden ganar a corto plazo. Saben que toda renta por recaudación de impuestos que se desvíe de los bienes inmuebles y los negocios es una promesa de interés para los bancos. Así a la economía griega, como a otras economías oligárquicas, se les aconseja pagar sus deudas recortando los gastos gubernamentales (pero no el gasto militar en armas provenientes de Alemania y Francia) y traspasando los impuestos al sector laboral y la industria, y a los consumidores en forma de mayores cuotas de acceso a los servicios públicos que aún no se han privatizado.

En Gran Bretaña, el primer ministro Cameron afirma que achicar aún más el gobierno bajo las directrices Thatcher-Blair otorgará más trabajo y recursos al servicio de las empresas privadas para crear puestos de trabajo. Los recortes fiscales aumentarán de hecho el desempleo, o por lo menos obligarán a aceptar trabajos peor pagados con menos derechos. Por otro lado, recortar los gastos sociales menguará el sector empresarial y agudizará por tanto los problemas fiscales y de deuda al empujar a las economías hacia la recesión.

Si los gobiernos recortan su gasto para reducir el tamaño de sus déficits presupuestarios (o si aumentan los impuestos, llevando a un superávit), entonces estos superávits absorberán el dinero de la economía, dejando menos para gastar en bienes y servicios. El resultado no puede ser otro que el desempleo, mayores deudas y bancarrotas. Debemos observar a Islandia y a Letonia como si fueran los canarios de esta mina financiera. Su reciente experiencia muestra que la deflación de la deuda lleva a la emigración, acortando las esperanzas de vida, tasas de nacimiento menores y menos matrimonios (pero proporciona grandes oportunidades para que los buitres de los fondos engullan el tuétano de la riqueza hasta los confines de la pirámide financiera).

La crisis económica de hoy es una cuestión de elección política, no una necesidad. Como dijo el jefe del equipo de la administración Obama Rahm Emanuel: “Una crisis es una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar”. En tales casos la explicación más lógica es que alguien debe estar beneficiándose. Las depresiones aumentan el desempleo, ayudando a quebrar el poder de los empleos con o sin sindicatos que los respalden. Los E.E.U.U. se ven como un presupuesto estatal y local a exprimir (pues ya se anuncian las bancarrotas), y los primeros recortes serán en la esfera de las pensiones. Las altas finanzas sacan sus beneficios (al no beneficiar a la población trabajadora con los ahorros y las promesas hechas).

El pez grande se come al chico

Esta parece ser la idea que tiene el sector financiero de una buena planificación económica. En verdad es peor que un plan de suma-cero, en el que la ganancia de una parte es la pérdida de la otra. Las economías en conjunto menguarán (y cambiarán su forma, polarizándose entre acreedores y deudores). La democracia económica allanará el camino a las oligarquías financieras, revirtiendo la tendencia de los últimos siglos.

¿Está Europa preparada para dar este paso? ¿Reconocen sus votantes que privar a los gobiernos de su opción pública de crear dinero otorgará tal privilegio a los bancos en forma de monopolio? ¿Cuántos observadores han previsto el inevitable resultado: traspasar la planificación de la economía y la localización de los créditos a los bancos?
Aunque los gobiernos proporcionen una “opción pública”, la de crear su propio dinero para financiar sus déficits presupuestarios y proveer a la economía de crédito productivo para reconstruir las infraestructuras, sigue existiendo un problema: deshacerse de la inversión en deuda existente supone un lastre en la economía. Los banqueros y los políticos que respaldan se niegan a reducir las deudas y mostrar así la capacidad de pago. Los legisladores no han dispuesto una sociedad con un proceso legal para reducir las deudas (excepto la ley de acción pauliana de Nueva York, la cual permite anular las deudas si los prestamistas otorgan préstamos sin asegurarse primero que el deudor podrá pagarles).

Los banqueros no quieren asumir la responsabilidad de los malos préstamos. Esto plantea el problema financiero de qué deben hacer los que diseñan las políticas cuando los bancos han sido tan irresponsables al localizar sus créditos. Sin embargo alguien tiene que asumir la pérdida. ¿Debe ser la sociedad en su conjunto o los banqueros?

No es un problema que los banqueros puedan resolver. Ellos quieren pasar el problema a los gobiernos. Lo que llaman “solución” al problema de la mala deuda consiste en que los gobiernos les den bonos buenos para malos préstamos (“dinero por basura”), y que lo paguen los contribuyentes. Han diseñado un aumento desproporcionado de bienes para ellos mismos, y ahora quieren llevarse el dinero y salir corriendo. La deuda que los deudores no pueden pagar será esparcida por toda la economía en conjunto.

¿Por qué deben ellos resarcirse de los daños a costa de agostar el resto de la economía? Su respuesta es que las deudas se deben a los fondos de pensiones de los trabajadores, a los consumidores con depósitos en bancos, y que todo el sistema se vendrá abajo si los gobiernos no pagan sus bonos. Si se les presiona, los banqueros admiten que han sacado los seguros de riesgo (obligaciones de deuda colateralizadas y otras coberturas de riesgos). Sin embargo los aseguradores son bancos estadounidenses y el gobierno norteamericano está presionando a Europa para que no hiera su sistema bancario. Así que el embrollo de la deuda se ha politizado a nivel internacional

Para los banqueros, la línea de menor resistencia consiste en fomentar la ilusión de que no tienen la necesidad de aceptar moras para las deudas demasiado altas que ellos han propiciado. Los acreedores siempre insistirán en que puede mantenerse la inversión de deuda.

El motivo de que esto no funcione radica en que tratar de recaudar una deuda de la magnitud actual dañaría gravemente la economía “real” subyacente, haciendo incluso menos accesible su pago. Lo que empezó como un problema financiero (malas deudas) se convertirá ahora en un problema fiscal (malos impuestos). Los impuestos son el coste de hacer negocio, así como pagar el servicio de la deuda es también un coste. Ambos costes deben reflejarse en los precios de los productos. Cuando los contribuyentes están sobrecargados con impuestos y deudas, tienen menos capital disponible para gastar en consumo. Así los mercados menguan, poniendo más presión en la rentabilidad de las empresas nacionales. La combinación hace que cualquier país que siga tal política se convierta en un productor de coste y por tanto menos competitivo en el mercado global.

Este tipo de planificación financiera (y su traspaso paralelo de impuestos fiscales) conduce hacia la industrialización. La creación de dinero de curso legal intergubernamental por el BCE o el FMI deja las deudas listas, al tiempo que preserva el control de la riqueza y la economía de las manos del sector financiero. Los bancos pueden recibir pagos de deudas a través de las propiedades con hipotecas excesivas, sólo si reducen las obligaciones de las pensiones, de la sanidad y los salarios de sus empleados (o pagos de impuestos a los gobiernos). En la práctica, las “deudas honoríficas” significan nada más que deflación de deuda y mengua general de la economía.

Este el plan de mercado de los financieros. Sin embargo, dejar la política de impuestos en manos de los banqueros acaba siendo lo opuesto a la temática general de la economía de mercado libre de los últimos siglos. El objetivo clásico era minimizar la inversión de deuda, cobrar impuestos de las rentas por los recursos naturales y mantener los precios de monopolio en línea con los costes actuales de producción (“valor”). Los banqueros han prestado cada vez más en contra de los mismos ingresos que los economistas del mercado libre creían que debía ser la base impositiva natural.

Así que algo hay que ceder. ¿Será la filosofía de la economía liberal de mercado libre de los últimos siglos, renunciando a planificar el superávit económico para los banqueros? ¿O reafirmará la sociedad la filosofía económica clásica y los valores de la Era Progresista, y reafirmará el diseño social de los mercados financieros para fomentar un crecimiento a largo plazo reduciendo al mínimo los costes de vida?

Por lo menos en los países más endeudados, los votantes europeos están despertando al golpe de estado oligárquico en el que los impuestos y la planificación presupuestaria de los gobiernos y el control están siendo transferidos a las manos de ejecutivos designados por el cartel de los banqueros internacionales. Este resultado es el contrario de lo que han perseguido las economías de libre mercado de los últimos siglos.

Michael Hudson es ex economista de Wall Street especializado en balanza de pagos y bienes inmobiliarios en el Chase Manhattan Bank (ahora JPMorgan Chase & Co.), Arthur Anderson y después en el Hudson Institute. En 1990 colaboró en el establecimiento del primer fondo soberano de deuda del mundo para Scudder Stevens & Clark. El Dr. Hudson fue asesor económico en jefe de Dennis Kucinich en la reciente campaña primaria presidencial demócrata y ha asesorado a los gobiernos de los EEUU, Canadá, México y Letonia, así como al Instituto de Naciones Unidas para la Formación y la Investigación. Distinguido profesor investigador en la Universidad de Missouri de la ciudad de Kansas, es autor de numerosos libros, entre ellos Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire.

Traducción para www.sinpermiso.info: Vicente Abella

http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=4638