Argentina limita la compra de tierras por empresas y Gobiernos extranjeros

La presidenta de Argentina, la peronista Cristina Fernández de Kirchner, quiere limitar las compras de tierras por parte de Estados, empresas y personas extranjeras. El Senado aprobó el jueves, casi por unanimidad, con el apoyo de la mayoría de la oposición, una ley que impedirá que los extranjeros posean más del 15% del territorio de Argentina, el octavo país más extenso del mundo y uno de los más ricos en producción de alimentos y reservas de aguas.

Un reciente informe de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO, en sus siglas en inglés) había advertido hace una semanas sobre la creciente concentración y extranjerización de las tierras en Latinoamérica. El documento señalaba que China, Arabia Saudí, Catar y Corea del Sur han empezado a comprar o alquilar propiedades en Argentina y Brasil para asegurarse la producción de alimentos.

Brasil ya había reaccionado ante esta situación con una ley que limitó la propiedad extranjera de tierras. Ahora lo hace Argentina. La FAO calcula que el 10% del territorio argentino ya se encuentra en manos de capitales foráneos. La nueva norma no afecta a las compras ya realizadas, sino a las futuras. Los Estados interesados en quedarse con fincas argentinas deberán limitar sus adquisiciones y buscar otros países, aunque no todos son tan fértiles como Argentina, o resignarse a comprarle los alimentos como cualquier otro actor en el mercado mundial de las materias primas. Uruguay también analiza estos días poner límites a la compra de tierras por parte de Estados extranjeros.

La nueva ley forma parte de un paquete de reformas impulsadas por la peronista Cristina Fernández de Kirchner a toda velocidad desde que el pasado 10 de diciembre juró como jefa de Estado. El Congreso ha aprobado en dos semanas 11 leyes, la mayoría de carácter económico. Pero no todas han tenido el mismo consenso que la que limita la compra de tierras.

Es el caso de la ley que regula la fabricación, la distribución y la importación de papel para periódicos. La norma obliga al único fabricante local de este producto, Papel Prensa (49% del Grupo Clarín, 27% del Estado y 22% del periódico La Nación), a abastecer a todo el mercado argentino al mismo precio. También establece que Papel Prensa deberá presentar planes de inversión cada tres años. Si los propietarios privados no desembolsan más dinero, entonces el Estado lo hará y se quedará con un porcentaje mayor de acciones de la papelera.

El periódico Clarín considera que es una ley que puede usarse contra quienes tengan una opinión diferente a la del Gobierno. La Nación advirtió que Argentina camina “hacia un poder hegemónico”. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, dijo hoy que la norma no afecta al derecho a la información: “En este país cada uno puede decir lo que quiere”.

Otra asunto que ha generado controversia estos días ha sido la aprobación de una ley que duplica las penas para los delitos que buscan “aterrorizar a la población”. Diversos organismos de derechos humanos y partidos de la oposición advirtieron de que esta frase puede llevar a que se catalogue como terrorista a quienes se organizan para hacer reclamaciones sociales. La Cámara de Diputados añadió la semana pasada que se excluiría a quienes demandaran respeto de los derechos humanos, sociales o constitucionales.

El Gobierno impulsa esta norma antiterrorista para satisfacer al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo intergubernamental formado por 32 países, la mayoría del mundo desarrollado, que persigue el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.