El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) amenazó con excluir a la Argentina del G20, esa rara mixtura de países industrializados y emergentes que ofrecen inversiones a cambio de seguridad. Ni más ni menos, a cambio de que exista un marco legal que proteja a los inversores de la amenaza extorsiva, chantajista, saboteadora. De los protestadores y de los reclamantes.

 

Tantas siglas y ecuaciones lejanísimas para la gente de a pie que se asa en los pavimentos para que sus voces trepen algún escritorio y trasciendan el bufido paradisíaco de los aires acondicionados.

 

La presión extrafronteras sobre la docilidad oficial impuso la caza de terroristas con el Código Penal en la mano como condición determinante para ser un destino seguro de inversiones externas directas.

 

Si el Senado confirma la media sanción de apenas una semana, las penas serán muy duras para cualquier delito “cometido con la finalidad de generar terror en la población o de obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar determinada decisión”. La escasez de precisiones y la generosa amplitud del proyecto habrían convertido en terroristas -si las balas bravas de las policías bravas no hubieran agilizado el trabajo- al López qom de La Primavera formoseña, a los cuatro muertos por parcelitas de tierra en Jujuy, a Mariano Ferreyra, a Maxi Kosteki y Darío Santillán, al desobediente Luciano Arruga, a los 38 muertos por los estados nacional y provinciales exactamente diez años atrás, entre otros sediciosos. Si la ley tuviera carácter retroactivo, se estaría a tiempo de procesar a los centenares de miles de clasemedistas que desafiaron el estado de sitio de De la Rúa y a los centenares de miles de hambrientos que han cortado rutas, callejones, escudos y montadas y paciencias oficiales desde Domingo Cavallo en adelante.

 

Ya en Chile letras legales semejantes son herramientas ad hoc para convertir en terroristas a los mapuches que resisten el saqueo de sus territorios y el quiebre de sus culturas. Wichis, tobas y qoms, que acostrumbran a morirse por desnutrición, pertinaces en hábitos culturales (sic gobernador de Salta y ex del Chaco) que cierran las puertas a la solidaridad del Estado, campesinos santiagueños que se plantan, flaquitos, con raíz en sus tierras veinteañales, mujeres que mueren de un síncope ante las topadoras del desmonte, todos elementos que, al menos, intentan “obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar determinada decisión”. Terroristas, que alteran el sueño a la Barrick, a los Blaquier y a los gobernadores subsidiarios de los oros, los azúcares y el monocultivo.

 

Será tan simple -si la voluntad política es ésa, de control social y disciplinamiento del desborde contestatario- encuadrar en la figura terrorismo el robo de una caja de leche en el contexto de una marcha, que no faltarán jueces funcionales -heredados de la dictadura, del menemismo o adquiridos en los tiempos que corren- que encuentren en la nueva paginita del Código Penal una catarsis contra la terquedad del pobrerío. Los feudalismos provinciales se frotan las manos mientras miran de reojo a campesinos y originarios de piel gastada y costillas visibles. Porque no hay peor amenaza que un concepto jurídico difuso que abra las puertas a la interpretación caprichosa según quién, cómo y con qué fastidie o aterre. Y los que caigan bajo el dedo suspicaz deberán demostrar que lo que hicieron lo hicieron en el marco del ejercicio de un derecho constitucional. Demostrar que son inocentes, en síntesis, con la carga de la prueba patas arriba. Mientras tanto, habrá detención inmediata y el monto de las penas llenará las celdas de desocupados, militantes, wichis, piqueteros y campesinos.

 

Si es así, si la voluntad política decide la interpretación literal y conveniente de la futura letra legal -ya resistida por intelectuales del palo-, si es realmente más que una lentejuela para gilada financiera internacional, vendrán tristes tiempos. Donde todos podrán-podemos ser terroristas. Oscuros tiempos serán para quienes insistan en la utopía porfiada de la justicia.