Reconocido como buen jinete, cabalgaba su impunidad en tierras lejanas y tejía una aceitada red de influencias que le daba protección. A 1900 kilómetros de Buenos Aires, cosechaba amistades en el corazón más gélido y reaccionario de Bolivia, al abrigo de golpistas y conspiradores. De ese modo, consiguió esquivar a los funcionarios de Interpol que siguieron sus pasos en 2007 y se retiraron con las manos vacías. Se había convertido en una especie de entelequia para la justicia argentina, que lo buscaba desde 2003 por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Pero llegó su hora. Ex jefe de la policía pampeana y responsable del centro clandestino que funcionó en la comisaría 1ª de Santa Rosa, el ex coronel Luis Enrique Baraldini decidió salir de su casa el último fin de semana para recibir a su esposa y a su nieto, que viajaron a Santa Cruz de la Sierra para acompañarlo durante la Nochebuena. Y no tuvo regalos de Navidad.

En la mañana del sábado, cuando arribó para encontrarse con su familia en el aeropuerto internacional de Viru Viru, los funcionarios de migración constataron, al pedirle que se identificara, que portaba un documento falsificado. Entonces el gobierno boliviano decidió trasladarlo a La Paz para expulsarlo más tarde a la frontera con la Argentina.

A las 15.13 del domingo, la ministra de Seguridad Nilda Garré anunciaba desde su cuenta de Twitter su detención en Bolivia y convocaba a una conferencia de prensa. "Se trata de un oficial muy buscado y de extrema ferocidad en los años del terrorismo de Estado, que evidenció peligrosidad por lo menos hasta 2009, cuando participó en Bolivia de una tentativa de magnicidio contra el presidente Evo Morales”, detalló Garré en su presentación.

Engranaje activo del Plan Cóndor, el ex coronel había sido designado agregado militar en Bolivia en 1980, año en que unos doscientos militares argentinos viajaron para entrenar a oficiales del ejército boliviano. Se presume que actuaron en el golpe pergeñado contra el gobierno constitucional de Lidia Gueiller Tejada.

Por su actividad en el circuito represivo de La Pampa, había sido detenido en 1984 e imputado por veinte delitos. Pero en 1988 fue desprocesado por las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Regresó al ruedo el 3 de diciembre de 1990 como uno de los cabecillas del alzamiento carapintada encabezado por Mohammed Alí Seineldín. Su misión era tomar el Regimiento de Patricios en Palermo. Por ese delito estuvo preso en Campo de Mayo, hasta que Eduardo Duhalde, como presidente provisional, lo indultó en 2002.

Cuando un año después se reabrieron las causas por delitos de lesa humanidad, se fugó a Bolivia, donde recibió todo el apoyo de su yerno, Raúl López. Como director de Seguridad Ciudadana de la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, López contaba con una guardia pretoriana de mil agentes de seguridad a su disposición. “Estamos ante sujetos que no sólo hicieron un enorme daño a la Argentina sino que hicieron un enorme daño en Bolivia, en donde evidentemente tienen márgenes de protección de algunos sectores de ultraderecha enemigos de las autoridades constituidas”, afirmó Garré el domingo. Baraldini había sido condecorado en 2005 por el Círculo de Oficiales del Ejército del Altiplano con la Gran Cruz por “sus méritos personales, profesionales y vocación de servicio a favor del arma de Caballería”. Junto a miembros de la derecha cruceña y otros ex oficiales argentinos “carapintadas”, había tenido una activa participación en un intento de magnicidio contra Morales en 2009.

REPRESIÓN EN LA PAMPA

En los setenta, Baraldini fue destinado al Regimiento 101 de Toay, en Santa Rosa. Su habilidad para montar hizo que se destacara en saltos ecuestres. Compartió el placer por los caballos con el jefe del Regimiento, el ex coronel Fabio Iriart. Ambos están imputados en el segundo tramo del juicio por la Subzona 1.4, que estaba a cargo del general Ramón Juan Alberto Camps.

En el primer tramo del juicio, finalizado en noviembre de 2010, fueron condenados a veinte años de prisión el ex capitán Néstor Greppi, los ex comisarios Roberto Constantino, Omar Aguilera, Roberto Fiorucci y Carlos Reinhart; a 14 años el oficial Néstor Cenizo; a 12 a los ex comisarios Oscar Yorio y Athos Reta; y a ocho años a Hugo Marenchino, quien recuperó su libertad condicional este año. Iriart alegó enfermedad. Baraldini se encontraba prófugo. Ninguno de los dos fue condenado en esa instancia. La instrucción de la causa estuvo a cargo del juez federal Daniel Rafecas.

“Si bien es cierto que respondía a las órdenes de Iriart y tenía por encima al gobernador de facto Carlos Aguirre Arrieta, como jefe de policía Baraldini coordinaba los secuestros y presenciaba las sesiones de tortura. Era el único que daba información a los familiares sobre la suerte que corrían los detenidos. Y estaba encargado del seguimiento de las personas liberadas”, afirma Franco Catalani, abogado querellante en el juicio I de la Subzona 1.4. Representante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Partido Comunista y la Asociación de ex Detenidos y Desaparecidos, sintetiza: “El máximo responsable operativo era él”.

En diálogo con Debate, Catalani también advierte que la ley orgánica actual de la policía de la provincia data de 1981 y que algunas personas que sirvieron bajo las órdenes de Baraldini todavía permanecen en servicio activo, “como el actual jefe de la Policía de la provincia, comisario Ricardo Baudaux”.

La Fiscalía Federal, a cargo de Marta Odasso, imputó al ex coronel por privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados en 39 casos. A esas imputaciones, las querellas suman cargos por violación de domicilio, homicidios en dos ocasiones, asociación ilícita, atentado al orden constitucional y los poderes legalmente constituidos, sedición y usurpación de mando. “Tenemos un conflicto con el gobierno provincial porque no hay voluntad política para promover el descubrimiento de la verdad histórica”, subraya Catalani. Y agrega: “Aunque el Ministerio de Seguridad nacional logró la captura de Baraldini, el Ministerio de Gobierno de la provincia no desclasifica los archivos de la jefatura de policía entre 1975 y 1983, pese a que la Ley 2103 ordena la publicidad de esos documentos”.

Coautor del libro Informe 14. La represión ilegal en La Pampa junto a Norberto Pasquini, el periodista Juan Carlos Pumilla será querellante en el segundo tramo del juicio de la Subzona 1.4 que se encuentra en etapa de instrucción y comenzará en la segunda mitad de 2012. Siendo militante de Vanguardia Comunista, en enero de 1976 fue uno de los primeros detenidos del circuito represivo montado en La Pampa. A Baraldini lo vio por primera vez en una actividad oficial, a mediados de 1975, en la jefatura de policía. “Fui en calidad de periodista. Era muy duro, un tipo muy seco en el trato e implacable con sus subordinados de la misma manera que lo fue con los torturados”, describe.

Pumilla afirma que el ex oficial presidió cooperadoras escolares y formó parte de comisiones directivas de clubes deportivos. Pero también lo recuerda como “la cara más siniestra” del terrorismo de Estado en La Pampa: “Tenía un amplio conocimiento de los perfiles de sus habitantes, especialmente de quienes desarrollaban algún tipo de actividad social o política. Al día siguiente del golpe, ese conocimiento lo ayudó en las primeras detenciones”. El periodista también pone el foco sobre la complicidad civil con la represión militar. “Hay que investigar a los que se enriquecieron con el golpe, los que complementaron la tarea represiva desde el Superior Tribunal de Justicia y el Poder Ejecutivo, porque el golpe requirió de una plataforma de Justicia para poder maquillar su faceta mas deleznable”, indica. También sostiene que el obispo Adolfo Arana “desalentó pedidos de investigación y búsqueda de familiares y detenidos”.

Al cierre de esta edición, Baraldini se negaba a declarar ante el juez federal de Santa Rosa, Pedro Vicente Zabala. Está detenido en la Unidad Penal 4, junto al resto de los represores pampeanos juzgados en 2010.

Fuente: http://www.revistadebate.com.ar//2011/12/29/4885.php