Si algo ha caracterizado al kirchnerismo desde el comienzo de su gestión en el 2003 es, precisamente, la construcción de un paradigma acerca de los derechos fundamentales del hombre, centrado en las históricas reivindicaciones de los organismos de Derechos Humanos y con una clara mirada hacia la dictadura de 1976. Fue ello, lo que permitió alimentar su legitimidad tras la escasa legalidad del inicio de su mandato debido a la escasa diferencia en las elecciones de dicho año, la cual obligó al hoy Senador Nacional Carlos Menem a declinar a su posibilidad al ballotage.

 

Legalidad de origen y legitimidad en la construcción política van tomadas de la mano. El escaso colchón electoral los obligó a la búsqueda de un consenso, por un lado y por otro, a buscar banderas para que ellas no pudieran ser ensalzadas por la oposición a su izquierda. Por otra parte, fue concentrando el poder mediante la cooptación sistemática de los organismos históricos de Derechos Humanos y de aquellas instituciones que pudieran comprometer su ejercicio del poder mediante cuestionamientos.

 

Hoy nos encontramos que continúan el paradigma del ayer. Por eso, la pregunta que titula esta nota y que cobra relevancia a partir de los acontecimientos de este enero particularmente caluroso a nivel político, con la pueblada en Famatina y en Belén. Desde luego, ello sin desdeñar la actualidad del gatillo fácil, la continuidad de la metodología represiva en las cárceles, el ninguneo sobre los colectivos vulnerables, como los pueblos originarios, cuyo emblema es el pueblo qom y las personas con discapacidad, y la sanción y promulgación de una ley antiterrorista en previsión del incremento de la protesta social en un contexto socioeconómico donde se prevee un ajuste, con otro maquillaje, al igual que durante los ' 90.

 

Para el Gobierno Nacional, de acuerdo a sus declaraciones y acciones públicas, solamente existen los Derechos Humanos del ayer. Es el caballito de batalla sobre el cual gira su política interna y la ejecución de la política exterior. Ocurre que el capitalismo "en serio" necesita desconocer los derechos económicos, sociales y culturales para continuar la ejecución de una política económica que todavía no ha removido los cimientos establecidos por la dictadura y el menemismo, su continuación en democracia.

 

Podemos afirmar, no obstante, que existe una ruptura parcial con el pasado. Aún quedan dos patas de la mesa de los Derechos Humanos del ayer: la complicidad del poder económico y de algunos integrantes del Poder Judicial, quienes colaboraron con los genocidas para llevar a cabo el exterminio sistemático.

 

Bien lo explica José Schulman en su artículo "¿Quién está matando a los militantes populares en la Argentina?…", "El gobierno de los Kirchner tenía como misión histórica terminar con el menemismo, como expresión del neoliberalismo fundamentalista y garantía de la impunidad para los genocidas del Terrorismo de Estado". En el medio de la gestión kirchnerista, está la mancha de la segunda desaparición de Jorge Julio López y la desaparición de Luciano Arruga. Y el análisis del Secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre nos brinda herramientas para seguir pensando: "Desde la lógica oficialismo / oposición se construyen dos diagnósticos opuestos que podríamos sintetizar / esquematizar del siguiente modo: a) desde la perspectiva oficialista: ' el gobierno nacional no reprime y los crímenes cometidos en Formosa, Rosario y el interior son responsabilidad de los gobiernos provinciales; los crímenes de la Capital Federal y el gran Buenos Aires, la desaparición de Julio López y otras situaciones similares, efecto residual de fuerzas en retirada, derrotadas políticamente y que no tienen capacidad de afectar seriamente la gobernabilidad ' y b) desde la perspectiva de oposición sistemática se sostiene la idea de ' la tercerización ', es decir que detrás de los crímenes de la Bonaerense, las Policías de Formosa, Jujuy, Neuquén, Santa Fe y otras, de las bandas bravas y las patotas sindicales, de los secuestradores de Julio López, etc. hay una decisión política del gobierno nacional que -como el tero- afirma que no reprime ni reprimirá mientras manda asesinar a otros”.

 

Sin embargo, podríamos concluir como el compañero lo expresara: "ambos ocultan un personaje indispensable para entender este nuevo ciclo represivo: al Poder Económico; uno de esos poderes permanentes que no se someten al voto de nadie, que viene del fondo de la historia del capitalismo argentino (ya dijimos, por lo menos desde finales del siglo XIX) y que se reforzó, concentró y multiplicó con el Terrorismo de Estado de los 70". Y aquí corresponde hacer una digresión, entre continuidades y rupturas de la economía argentina, podemos afirmar que el poder económico alcanza su mayor influencia sobre el poder político a partir del programa económico lanzado el 2 de abril de 1976 por Martínez de Hoz, el cual se consolida con la convertibilidad de Cavallo y Dromi en 1989.

 

Acierta con la notoria participación del poder económico y olvida la pata judicial. Y no es un dato menor. La justicia también cumplió un rol relevante en el pasado reciente. La destitución de Otilio Romano constituye la mejor evidencia de ello. Similares casos existen a nivel nacional y provincial, como el caso de Alfredo Bisordi, exintegrante de la Cámara de Casación y defensor de genocidas. Desde la negación de hábeas corpus a la participación sistemática en el genocidio, unos cuantos magistrados deberían dar muchas explicaciones.

 

La defensa del derecho al medio ambiente sano, el derecho a la vida y a la dignidad humana y la preexistencia de los pueblos originarios están en la agenda de los Derechos Humanos de hoy, mientras se pretende continuar blandiendo un paradigma que se olvida de ellos.

 

Sucede que la violación de derechos fundamentales ocurre cuando el Estado omite garantizarlos por acción u omisión. Es lo que acontece en La Rioja y Catamarca, con los emprendimientos mineros de la Osisko Mining Corporation y de Minera Alumbrera Argentina; en Formosa, con la Comunidad La Primavera, integrada por el pueblo qom; en Chaco, con los wichíes y a nivel nacional, con las personas con discapacidad, a las cuales solamente se les ofrece la ganga de la "pensión", como se ufanaba la Dra. Alicia Kirchner, Ministra de Desarrollo Social de la Nación, durante la campaña electoral del año pasado mientras el PROFE continúa con sus históricas demoras en las prestaciones y las Obras Sociales siguen denegando las debidas prestaciones establecidas por la Ley Nacional Nº 22.431.

 

La burguesía necesita excluídos. Esa es la verdad de la milanesa. Pero la resistencia popular y la difusión de la violación a los Derechos Humanos del hoy está permitiendo que continúe la lucha por esos derechos que no están contemplados en las políticas estatales. Ocurre que también se terceriza el incumplimiento estatal. De allí, el apoyo a las gobernaciones provinciales que se encuentran en conflicto con sus pueblos debido a las cuestiones medioambientales para, luego, aparecer el Gobierno Nacional como "garante de los Derechos Humanos" en caso de agravarse la conflictividad.

 

La estrategia es simple. Derivar. Como siempre lo ha hecho. Los conflictos son cuestiones provinciales y no, de la Nación. Y ello constituye un cinismo inaceptable porque el Estado Nacional es tan responsable como los provinciales.

 

Mientras continúe la política sesgada en materia de Derechos Humanos, no habrá lugar para los que se violan actualmente. Pareciera que los Derechos Humanos solamente se pueden circunscribir al ayer. Sin embargo, también existen los de hoy y los del futuro.

 

Si realmente existiera una política de defensa de los Derechos Humanos, ésta debiera contemplar la intervención del Gobierno Nacional en todos y cada uno de los derechos que hoy se violan. Pero ello no será posible si continúa la alianza con el poder económico y si no se efectúa una ruptura con la estructura pergueñada por el menemismo.

 

De allí que ello condiciona la resolución de los diversos conflictos existentes. Desde lo medioambiental a la discapacidad, se requiere responder a la pregunta que titula esta nota. Porque no existe un límite o un encuadre temporal para los derechos fundamentales del hombre.

 

Que ello ocurra dependerá de la voluntad política del kirchnerismo que, hasta ahora, está dispuesto a continuar defendiendo los privilegios del capital. Mientras ello suceda, todo quedará en el ayer mientras que la lucha continuará hasta que cambie el paradigma instalado por el Gobierno Nacional.

 

Con un capitalismo "en serio" no hay Derechos Humanos. Porque él mismo necesita violentarlos a cada instante. Necesita de la exclusión permanente. Si el precio a pagar por ese capitalismo es la vida y la dignidad humana de los pueblos, indudablemente los gobiernos eligieron estar al lado del poder económico con la bendición del poder judicial.