El jugador de básquet Emanuel Ginóbili, estrella de la selección nacional y de la liga estadounidense NBA, solicitó se le reconozca la propiedad de un predio donde vive la comunidad mapuche Paichil Antriao, con presencia en Villa la Angostura desde 1902 (reconocido por documentos del propio Estado argentino). Es el paso previo a pedir el desalojo de la comunidad. En la causa por desalojo, los abogados de Ginóbili utilizan argumentos históricos que desde hace décadas son desechados por el mundo académico.

El Gobierno Nacional entregó en 1902 a los pobladores ancestrales José María Paichil e Ignacio Antriao el lote número 9 de la por entonces Colonia Nahuel Huapi, en la Patagonia. Sobre esa misma parcela indígena hoy se erige el casco urbano de Villa La Angostura. “La zona denominada ‘el cruce’ en Villa La Angostura es donde se localizaba el lote 9 y donde hoy se encuentra el centro y la Municipalidad. Sobre el lote 9 fue creciendo el centro de Villa La Angostura y la comunidad mapuche fue gradualmente ‘corrida’ hacia la marginalidad del lote”, explicó Sebastián Valverde, antropólogo, investigador del Conicet y docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ya en 2007, junto a la investigadora Analía García, publicó “Políticas estatales y procesos de etnogénesis en el caso de poblaciones mapuche de Villa La Angostura”, donde detalla el despojo de los primeros habitantes del lugar1.

Emanuel Ginóbili adquirió en 2004 un lote de aproximadamente once hectáreas, sin saber que era reivindicado como territorio mapuche. Cuando la comunidad rechazó dejar el lugar, Ginóbili inició un juicio (en 2007) contra integrantes de la comunidad. La estretagia legal fue negar la existencia de la comunidad (y así negar derechos que asisten a los pueblos orginarios). Pero en 2011 la Cámara de Apelaciones instó a que reconozca a la comunidad como contraparte en el juicio y ahora, luego de la feria judicial, la causa se reactivó, con el pedido de que se le reconociera la propiedad del predio. De ganar el juicio, el paso siguiente es pedir el desalojo de la comunidad.

“El demandante pretende que se declare que es el propietario de un terreno que se encuentra en posesión de la comunidad Paichil Antriao. La demanda fue iniciada ante el juzgado de Jorge Videla, el mismo juez que está denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los numerosos desalojos realizados contra la comunidad”, explicó el director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), Juan Manuel Salgado y detalló que los abogados de Ginóbili recurrieron a “todos los lugadres comunes de los que quieren desalojar” a las comunidades indígenas. La estrella de la NBA argumenta que la comunidad nunca existió y, citando al cuestionado historiador Rodolfo Casamiquela, sostiene que los mapuches no son argentinos (sino que son chilenos). La misma argumentación suele ser utilizada por medios de comunicación.

“La Facultad de Filosofía y Letras de la UBA repudia la aparición de artículos periodísticos que desacreditan la preexistencia del pueblo originario mapuche, desconociendo legislaciones vigentes y la producción científica de las últimas décadas”, denunció en 2009 en un comunicado2 el Consejo Directivo de esa casa de estudios. El título fue explícito: “Declaración de repudio ante la aparición de numerosos artículos periodísticos que agravian al pueblo mapuche” y advirtió que “la lucha del pueblo mapuche por la tierra viene siendo silenciada y reprimida por la presión que ejercen los intereses de grandes corporaciones inmobiliarias en la región. Esas notas tergiversan los contenidos de las reivindicaciones mapuches reproduciendo una perspectiva racista y esencialista acerca de los procesos identitarios”.

En noviembre de 2009, parte de la comunidad sufrió un desalojo y la destrucción de sus viviendas. Desde entonces denuncia el hostigamiento y violencia por parte del gobierno provincial, la policía y guardias privados. En abril de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó una medida cautelar presentada por el Odhpi y ordenó al Estado argentino a tomar “medidas urgentes” para “garantizar la vida y la integridad personal de la comunidad” mapuche. Además, en Argentina está vigente desde 2006 la Ley 26.160 que prohíbe los desalojos de pueblos originarios y ordena la realización de un relevamiento territorial (que en Neuquén aún no comenzó).

“Tal vez Ginóbili haya actuado de buena fe, pero en ese caso estuvo mal asesorado. Llevar a la comunidad a juicio no ayudará a encontrar una solución, que debiera darse en el marco de un diálogo franco entre las partes y la asunción de las responsabilidades del Estado, tanto nacional como provincial, que sigue desconociendo los derechos indígenas”, afirmó Salgado.

La demanda judicial sostiene que la “propiedad privada” de Ginóbili (que nunca poseyó ni vivió en el lugar) tiene prioridad por sobre los “supuestos” derechos indígenas. El demandante tiene planificado lotear para un barrio privado y construir una hostería de lujo.