La condena de 11 años de inhabilitación al juez Baltasar Garzón por parte del Tribunal Supremo no es compartida ni comprendida por parte de una amplia mayoría de la sociedad española. La decisión del Alto tribunal, que conlleva la expulsión del magistrado de la carrera judicial, no ha sido recibida como un veredicto justo sino como la culminación de una persecución contra el juez Garzón. Un sondeo de urgencia de Metroscopia realizado este jueves para EL PAÍS constata que solo el 36% considera que había motivos suficientes para juzgarle mientras que el 61% afirma que Garzón “está siendo objeto de una persecución”.

Frente a la sentencia que le considera prevaricador por autorizar grabaciones de las conversaciones en la cárcel de imputados de la trama Gürtel con sus abogados, el 65% de los encuestados opina que un juez debe poder interceptar esas conversaciones si considera que lo que hablan va más allá del estricto derecho a la defensa. La tesis contraria la comparten el 30%.

La decisión tomada por el Supremo es solo la primera de las tres que recaerán sobre el exmagistrado, procesado también por investigar los crímenes del franquismo y por supuestos cobros irregulares en cursos en Nueva York. Una amplísima mayoría (77%) afirma que no puede ser considerado un delito indagar judicialmente los crímenes cometidos por el bando franquista en la Guerra Civil. Tan solo el 18% de los consultados señala que Garzón debe ser condenado.

Los procesos abiertos al juez por las escuchas de Gürtel, los crímenes franquistas y los supuestos cobros irregulares han dañado mucho la opinión de los ciudadanos sobre la justicia española en general —para el 65% ha empeorado— y sobre el Supremo en particular —el 62% tiene ahora una opinión peor sobre él—.

Esta carta está dirigida a todos aquellos que hoy brindarán con champán por la inhabilitación de Baltasar Garzón.

A ustedes, que durante años han vertido insultos y mentiras; a ustedes, que por fin hoy han alcanzado su meta, conseguido su trofeo.

A todos ustedes les diré que jamás nos harán bajar la cabeza, que nunca derramaremos una sola lágrima por su culpa. No les daremos ese gusto.

Nos han tocado, pero no hundido; y lejos de hacernos perder la fe en esta sociedad nos han dado más fuerza para seguir luchando por un mundo en el que la Justicia sea auténtica, sin sectarismos, sin estar guiada por envidias; por acuerdos de pasillo.

Una Justicia que respeta a las víctimas, que aplica la ley sin miedo a las represalias. Una Justicia de verdad, en la que me han enseñado a creer desde que nací y que deseo que mi hija, que hoy corretea ajena a todo, conozca y aprenda a querer, a pesar de que ahora haya sido mermada. Un paso atrás que ustedes achacan a Baltasar pero que no es más que el reflejo de su propia condición.

Pero sobre todo, les deseo que este golpe, que ustedes han voceado desde hace años, no se vuelva en contra de nuestra sociedad, por las graves consecuencias que la jurisprudencia sembrada pueda tener.

Ustedes hoy brindarán con champán, pero nosotros lo haremos juntos, cada noche, porque sabemos que mi padre es inocente y que nuestra conciencia SÍ está tranquila.

Madríd, 9 de febrero de 2012. María Garzón Molina

Varios centenares de personas se han convocado de forma improvisada en la Puerta del Sol para protestar por la expulsión de Baltasar Garzón de la carrera judicial. Entre acusaciones muy duras contra los jueces del Supremo, el grito más repetido por los manifestantes ha sido el de "Vergüenza". En la protesta estaban representadas varias asociaciones de víctimas del franquismo. De hecho, al estilo de las madres de la Plaza de Mayo, que daban varias vueltas a un monolito todos los jueves durante la dictadura argentina, varios grupos de personas, con pancartas reclamando justicia y fotos de algunas víctimas de la represión franquista, daban vueltas a la estatua de Carlos III en el centro de la Puerta del Sol.

La indignación contra los jueces del Supremo fue creciendo a medida que más gente se iba concentrando en la plaza. Los oradores vincularon en todo momento el caso de las escuchas de Gurtel con la investigación de la represión franquista. "Provoca indignación que el juez que destapa el caso se de momento el único condenado por Gurtel. Parece que en esta judicatura molestan los jueces independientes que quieran acabar con la corrupción", señalaba uno de los oradores, miembro de la Plataforma contra la Impunidad.

"Basta ya, de mafia judicial", gritaba el público, "Depuración de los jueces franquistas" o "Fuera franquistas del Tribunal Supremo". "Tenemos memoria, queremos justicia". Las pancartas que portaban muchos de los manifestantes también iban en la misma línea: "España al revés, corruptos y fascistas hacen juzgar al juez". "Tapan sus delitos echando a Garzón".

El juez Baltasar Garzón, cuyo trabajo de investigación permitió desarticular el crimen de Estado de los GAL durante el mandato socialista, las redes de narcotráfico más poderosas, el entramado que alimentaba a ETA, algunas de las células del terrorismo islamista más peligrosas que operaban en España y la red de corrupción masiva más extensa vinculada al PP, ha sido condenado por siete magistrados del Supremo a 11 años de inhabilitación por prevaricar al ordenar grabar las conversaciones de los jefes de la red Gürtel con sus abogados en la cárcel.

Las órdenes para intervenir esas conversaciones que le han retirado de la carrera judicial fueron avaladas por la Fiscalía Anticorrupción, que investigaba la extensa trama corrupta; por el juez Antonio Pedreira, que retomó el caso cuando Garzón se inhibió por la participación en los hechos delictivos de numerosos cargos públicos del Partido Popular: por el magistrado José Manuel Suárez Robledano, que firmó un voto particular cuando otros dos jueces decidieron anular esas escuchas por considerar que se había vulnerado el derecho de defensa de los corruptos.

Pero ni los fiscales, ni el juez Pedreira ni el magistrado Robledano cometieron un delito de prevaricación. Simplemente entendieron que el Estado de derecho y la legislación vigente permitía la intervención de las comunicaciones de los corruptos cuando hablaban con sus abogados en la cárcel. En esas comunicaciones, entre otros detalles, se trazaron planes para evitar que la Justicia alcanzara el dinero que los corruptos habían acumulado como consecuencia de su rapiña en colaboración con dirigentes del PP.

La investigación judicial que Garzón desarrolló entre agosto de 2008 y marzo de 2009, dejó fuera de juego a dos decenas de políticos del PP (alcaldes, diputados autonómicos, consejeros, directores generales…) cuyas prácticas corruptas quedaron demostradas gracias a los hallazgos de la policía dirigida por el juez de la Audiencia Nacional.

Siete magistrados del Tribunal Supremo han decidido ahora que Garzón sabía, cuando estaba ordenando las escuchas en la cárcel de los jefes de la trama corrupta, que era ilegal y por tanto, estaba dictando una resolución injusta a sabiendas. Y eso que durante el desarrollo de la causa abierta a Garzón nadie ha acreditado que al juez le advirtieran en ningún momento que su práctica era ilegal. Y eso pese a que otros jueces han defendido la legalidad de las escuchas. Alguien se podría preguntar si los siete magistrados del Supremo sabían, cuando estaban dictando la sentencia condenatoria, que se trataba de una resolución injusta a sabiendas. En ese caso, alguien podría pensar que se trata de la primera condena prevaricadora de la historia.