El gobierno venía intentando reacomodar el mapa político nacional con el recurso de la causa Malvinas. ¿Qué hay más popular en Argentina que hablar, al mismo tiempo, contra el colonialismo inglés, la dictadura y su desastrosa conducción de la guerra? CFK logró una maniobra envolvente sobre la postrada oposición y consiguió que Moyano acudiera a un acto presidencial que denunció la militarización del Atlántico Sur. Transformando el viejo informe Rattenbach que condena a la Junta Militar de Galtieri en documento de Estado y lanzando una iniciativa diplomática para que Gran Bretaña se siente a negociar el reclamo de la soberanía de las islas, el kirchnerismo sacó una bandera histórica que había quedado en el prontuario de la odiada dictadura militar, para convertirla en una plataforma propia. De esta forma, además, trata de tirar “un manto de neblina” sobre la pulseada salarial de las paritarias y las malas noticias del aumento de tarifas y transporte.

Pero en el mismo momento que el gobierno se hace gárgaras con la “causa nacional” estallaron los reclamos contra las empresas mineras, muchas de ellas inglesas. Desde la presidenta hasta los gobiernos provinciales salieron en su defensa, no sólo con discursos sino enviando a sus policías contra los manifestantes e iniciando procesos judiciales amparados en la nueva Ley Antiterrorista votada con el auspicio de la embajada norteamericana. En este marco, el ministro De Vido reunió a las provincias mineras para acordar una política común con el gobernador Beder Herrera de La Rioja, Lucía Corpacci de Catamarca, Fellner de Jujuy, Urtubey de Salta, Pérez de Mendoza; Gioja de San Juan, Sapag de Neuquén y Buzzi de Chubut. Crearon la Organización Federal de Estados Mineros (OFEM) que, como señaló Fellner “incentivará a que se creen sociedades públicas para intervenir en la actividad”, es decir crear algún tipo de ente estatal para hacerse de una tajada de esa renta como socios menores de los monopolios mineros. De la misma manera el Ejecutivo acuerda con las provincias petroleras para presionar en conjunto sobre las multinacionales de hidrocarburos ante la crisis desatada por la falta de inversión y fuga de divisas: “El Gobierno no tiene una vocación estatizante, pero apoyará de manera abierta, política y económicamente, cualquier decisión de una provincia de rescindir la concesión de un pozo si una petrolera no cumple con la inversión comprometida”, dicen los funcionarios K.

En el mismo discurso presidencial que se agitaba la causa Malvinas, dejaron en claro que no se afectarán los negocios de las “empresas del Reino Unido que trabajan en Argentina como la British Petroleum, la Royal, la Easy, ex Duperial, todas las mineras, como Río Tinto, Alexander Mins, Patagonia Gold, HSBC, Standar Gold, Glaxo, Unilever, British Telecom” según las enumeró CFK. Ha quedado al descubierto con la represión y la defensa de los negocios de megaminería de las empresas extranjeras que la “soberanía nacional” de la que habla CFK es un recurso para compartir negocios. No es casual, está en la marca de origen de la camarilla kirchnerista que gobernó Santa Cruz abriendo los negocios a las ramas del capitalismo extractivo de las multinacionales pesqueras, mineras y petroleras. Y no por nada, Oscar Parrilli del riñón K, fue el miembro informante del bloque oficialista del PJ en el Congreso Nacional para la votación de la ley de privatización de los hidrocarburos de Menem y Cavallo. Una comprobación de lo que denunciamos los socialistas revolucionarios, de que la burguesía local y sus representantes son agentes del capital extranjero, incapaces de llevar consecuentemente adelante la causa nacional contra el imperialismo.

El gobierno también debe enfrentar la denuncia realizada por las comisiones internas de Kraft y Pepsico que desenmascararon que la gendarmería K espía a los luchadores. Esta acusación ha cobrado gran notoriedad pública. El miércoles 15 fue tema central de uno de los principales programas políticos de TV por cable. Los trabajadores, apoyados por organismos de DD.HH. y varios partidos políticos, denuncian el “Proyecto X”. Nada menos que la creación de una base de datos de los activistas y militantes de las protestas sobre su “opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales”. El objetivo: impulsar el espionaje y la infiltración de agentes de inteligencia en las manifestaciones y organizaciones obreras combativas. Se trata de espionaje ilegal, al margen incluso de la reaccionaria Ley de Inteligencia nacional. Está claro que el gobierno viene preparando a las fuerzas represivas del Estado para hacer un país burgués “normal”, como hicieron todos los gobiernos “democráticos” pos dictadura, recurriendo al espionaje y criminalizando la protesta social, más aún cuando anuncian tarifazos y ajustes. Quieren ponerle un coto a la acción directa con la que los trabajadores y el pueblo pobre luchan por sus derechos, y que se va a agudizar frente a los ataques al salario y las condiciones de vida. Esta es la verdadera “causa nacional” del kirchnerismo para defender el status quo semicolonial del Estado burgués argentino.

El kirchnerismo deja abierto su flanco izquierdo. Hasta la reaccionaria oposición mediática de Clarín y La Nación se da el lujo de apelar a la denuncia contra los hechos represivos en el NOA, y el propio Moyano condena la “escalada represiva ante la protesta social”. Al mismo tiempo, sigue larvada la interna del cristinismo con Scioli y Moyano. El gobernador mostró su decisión de gobernar la policía bonaerense cerrando el caso de los agentes que participaron de la refriega con La Cámpora. Moyano, se apresta a resistir en la CGT o al menos a ponérsela difícil al oficialismo y sus planes de reemplazarlo, incluso amenazando con modificar los estatutos de la Central para dar más peso a los sindicatos chicos que influencia y bajar la representatividad de los grandes gremios que no le obedecen. El fraccionamiento de la CGT y las distintas alas en que está dispersa la burocracia sindical, es un hándicap para el sindicalismo de base y la izquierda en el movimiento obrero, como lo está demostrando la presentación de listas clasistas en los grandes gremios de la alimentación, el neumático o los gráficos basadas en comisiones internas de las más importantes fábricas de la zona norte del Gran Buenos Aires.

La denuncia de las comisiones internas de Kraft y PepsiCo contra el “Proyecto X” debe ser tomada por todas las organizaciones de DD.HH., centros de estudiantes y sindicatos que cuentan con miles de procesados por luchar. Un ejemplo, es la banca obrera del FIT en Neuquén encabezada por los dirigentes de Zanon, Alejandro López y Raúl Godoy, que se movilizan por una ley de desprocesamiento de los luchadores y reclaman la anulación de la Ley Antiterrorista. Hay que aunar esfuerzos para promover una gran campaña contra los responsables políticos del “Proyecto X”, por la destrucción de esta base de datos, previa difusión de toda la información que tenga el Estado de los luchadores obreros, populares y de la izquierda, por la anulación de la Ley Antiterrorista y la libertad de los presos por luchar para terminar con la represión del Estado y las patotas.

La CGT repudió la represión a los ex conscriptos que fueron movilizados en Malvinas, pero se negó a participar en la marcha contra la Ley Antiterrorista del 15/2 al Congreso. Más aún, Omar Plaini, diputado y dirigente cegetista votó a favor de la Ley. Por su parte, Omar Viviani manifestó que la CGT no participaría de esa movilización porque no había acuerdo en marchar contra el gobierno. Hay que exigir que Moyano y “su” CGT abandonen la actitud declamativa y demuestren en los hechos su oposición a las medidas que van contra los intereses de los trabajadores y el pueblo. Hay que exigir que apoyen el reclamo contra las persecuciones a los luchadores, como parte de un plan de lucha por paritarias libres, sin techo, con representantes electos en la base y contra los tarifazos. Una campaña de exigencia en todos los sindicatos por un plan de lucha nacional, que comience con un paro y movilización contra el trabajo precario, los tarifazos y por el 82% móvil para los jubilados. Entre las reivindicaciones a levantar hay que tener muy en cuenta los reclamos para acabar con la minería a cielo abierto y levantar un programa de fondo para expropiar a los expoliadores que empiece por la nacionalización sin pago de las empresas y poner los recursos naturales, como la minería y el petróleo, bajo control de los trabajadores. Hay que empezar a movilizar desde ahora, y hacia el 24 de marzo, a 36 años del golpe genocida, a decenas de miles de compañeros en las calles.