Ojo atento

Uruguay debe reforzar control sobre mega-emprendimientos, afirma relatora de la ONU

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Al cierre de su visita, se refirió a la preocupación trasladada por las organizaciones sociales respecto al “impacto de algunos megaproyectos agroindustriales y mineros en la cantidad y calidad del agua para generaciones presentes y futuras”.

“Quisiera recordar que vuestra Constitución establece en el artículo 47 la prioridad del uso de agua para consumo humano, concretándose que deberán anteponerse las razones de orden social a las de orden económico. Por lo tanto, recomiendo al gobierno que asegure la realización previa de estudios de impacto ambiental por entidades no interesadas e independientes de los posibles efectos de este tipo de proyectos sobre la realización del derecho al agua”, sostuvo la relatora en las conclusiones.

Forestación, agrotóxicos, soja, feedlots y minería a cielo abierto. Esos fueron algunos de los temas que plantearon las organizaciones uruguayas en el encuentro con de Albuquerque, según comentó a Radio Mundo Real María Selva Ortiz, de REDES - Amigos de la Tierra.

La activista recordó que Naciones Unidas incluyó en 2008 el acceso al agua y saneamiento como derechos fundamentales, y que ahora la relatora está haciendo un relevamiento de la situación de diferentes países en esta materia.

En las dos instancias que participaron REDES y la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida hicieron hincapié en la falta de implementación de las prioridades de uso establecidas constitucionalmente, que priorizan el uso social de los recursos, antes que el económico.

“La legislación es clara”, dijo Ortiz. En América Latina, según subrayó, estas problemáticas tienen que analizarse a la luz de la degradación de los territorios. “Nuestros compañeros paraguayos nos enseñaron que territorios degradados dan agua degradada y que los territorios sanos dan agua sana. Agua, ambiente y territorio son aspectos que no se pueden desligar”, manifestó Ortiz.

Puso como ejemplo que en la Laguna de Rocha, al este del país, se formaron comités de cuenca y se pidió ayuda a la Universidad de la República para analizar los efectos de la forestación. También se refirió a la polémica construcción de un puente sobre la Laguna Garzón, recientemente avalada por el gobierno uruguayo.

Recordó que en la década de los setenta la dictadura militar, que asoló al país entre 1973 y 1985, ratificó los convenios de Ramsar y de reserva de Biosfera de la Humanidad de Naciones Unidas. “Así como los militares lo ratificaron, secaron esa zona de humedales para beneficiar la producción de arroz”, reseñó.

Según Ortiz, la construcción de este puente afecta directamente la reserva de Biosfera; responde a un modelo turístico avasallador de los ecosistemas y el ambiente, y termina beneficiando exclusivamente al empresario argentino interesado: Eduardo Constanini.