ARGENTINA.- La decisión presidencial de expropiar el paquete accionario del 51% de YPF-Repsol, ratifica la sabia sentencia de Raúl Scalabrini Ortiz “El gato es mal guardián de las sardinas por más ágil y de buena raza que sea el gato…”.

A pesar de la cantinela de las corporaciones mediáticas, los argentinos están asumiendo el fracaso de las privatizaciones, se trate del transporte, la energía o la minería. Comprenden que no hubo una política nacional petrolera sino el despliegue de un modelo extractivo desde el año 1989, sin creación de industrias paralelas para fabricar equipos, como en Brasil, con contratos de concesión flojísimos en exigencias y en controles a la hora de reponer reservas, algo estrictamente previsto por ley.

Una de las astucias fundacionales de la entrega fue interesar a las provincias en una política antinacional, ya que la venta de YPF les concedió regalías que aliviaron la asfixia de la convertibilidad. La reforma constitucional de 1994, reglamentada en 2006 a través de la Ley Corta (Nº 26.167) transfirió el dominio del subsuelo a las provincias, dividiendo a los interlocutores frente a poderosas multinacionales, bajo la engañosa bandera del “federalismo”. En el largo plazo, todos perdieron: nación y provincias.

El por qué Repsol no hizo lo que debía: explorar y producir, tiene como telón de fondo la sostenida caída de reservas de hidrocarburos de la última década y el fin del autoabastecimiento energético que la Argentina supo mantener por 20 años.

En febrero de 2008, el Grupo Petersen ingresó al Directorio de YPF, al adquirir el 14,90% de las acciones de la compañía por 2.235 millones de dólares. El holding de Eskenazi, que había en años anteriores adquirido bancos provinciales, daba así sus primeros pasos en el mundo del petróleo, pagando en efectivo sólo el 10% del paquete accionario (unos 223 millones de dólares) que saldaron al ceder a Repsol los dividendos que debían percibir.

Otros bancos de inversión (Credit Suisse, BNP Paribas, Itaú y Goldman Sachs) aportaron créditos al Grupo Petersen por otros 1.026 millones de dólares. Y la propia Repsol aportó 1.015 millones mediante el sistema conocido como vendor’ loan, por el cuál el vendedor financia lo que vende, en este caso mediante la distribución de utilidades. Este es el quid de la cuestión actual: para cobrar ese “préstamo”, Repsol debió asegurarse suculentos dividendos.

Este ingreso a la industria del petróleo estuvo respaldado por el Gobierno, que avaló la financiación de la compraventa y el esquema de reparto de utilidades. En mayo del 2011 Eskenazi amplió su participación accionaria al 25%, pagando 1.304 millones de dólares a cambio del 10% adicional. De ese total, 690 millones los obtuvo de un préstamo sindicado de cinco bancos y los otros 614 millones fueron financiados por Repsol, que ratificó su plan de “reducir su participación en YPF hasta el 51%”, incorporando accionistas minoritarios argentinos e internacionales.

El contrato obliga a las partes a distribuir el 90% de las utilidades que genera la compañía. Según el ex secretario de Energía durante la presidencia de Eduardo Duhalde y ex director de YPF Alieto Guadagni, entre 2008 y mediados de 2011, la empresa distribuyó el 144% de sus utilidades, cuando , en promedio, las principales petroleras del mundo reparten el 35% de sus ganancias. Shell reparte menos del 30%; British Petroleum, entre el 30 y el 40%.. Ese esquema de reparto de dividendos hacía que YPF prefiriera aprovechar los recursos existentes en vez de explorar nuevas áreas, lo que implica una inversión más riesgosa. La empresa buscó maximizar sus utilidades para recuperar esa deuda, disminuyendo inversiones y empujando precios.

En noviembre de 2011, mientras el gobierno profundizaba los controles para desarticular la creciente demanda de dólares y evitar la salida de divisas, YPF voto una nueva distribución de utilidades por un total de 2.812 millones de pesos. En esa ocasión, el director estatal en la compañía votó en contra.

A fines de ese mes, en la UIA (Unión Industrial Argentina) la presidenta Cristina Fernández reprendió a YPF por sacar las utilidades del país “por encima de estándares internacionales”. Al reaparecer en público luego de su operación de tiroides, se dirigió a las petroleras: “no olviden que las dueñas del subsuelo son las provincias; las empresas petroleras son apenas concesionarias..” y blanqueó un dato: en 2011, la importación de combustible creció un 110% interanual, hasta los 9.397 millones de dólares y fue una de las causas de la merma en el superávit comercial.

Fue la primera vez en dos décadas que la Argentina importó más energía de la que exportó: el balance negativo de 2.931 millones de dólares se debió a la combinación de demanda interna energética creciente (al 5% anual) y una oferta interna de hidrocarburos decreciente causada por la caída productiva crónica de nuestros yacimientos. De subsistir esta situación implicaba anualmente un desbalance comercial del sector energético de alrededor de 3.500 millones de dólares adicionales. El Ejecutivo nacional quería que YPF- cuyo management estaba en manos de los Eskenazi- distribuyera menos utilidades y comenzara a recomponer las deterioradas reservas hidrocarburíferas argentinas.

Si bien el declive de las reservas comenzó en 1999, cuando Repsol se hace cargo del control de YPF, a lo largo del ciclo kirchnerista su multiplicaron los niveles de demanda y consumo de energía. Argentina es el país con más vehículos impulsados por GNC, la generación eléctrica depende fuertemente del gas, el que también constituye la principal fuente de calor y energía de uso domestico e industrial. Este hidrocarburo “satisface el 51% de nuestro consumo total de energía. Esto significa que las importaciones gasíferas podrían implicar de 8 mil a 10 mil millones de dólares hacia el 2014. Según datos disponibles en la Secretaría de Energía, las reservas de gas natural cayeron un 54% entre 2001/2010; y las de petróleo, un 18%, por lo que las reservas comprobadas totales retrocedieron un 38%, en un contexto de precios internacionales en alza. A este ritmo de producción y consumo nos queda gas para apenas 8 años. La menor producción y el agotamiento de las cuencas es un derivado de la extracción ilimitada y sin control nacional.

La brecha será difícil de revertir en el mediano plazo. Tanto el PBI como los precios internacionales de los hidrocarburos seguirán una tendencia alcista y la sustitución de importaciones energéticas será un proceso lento que demandará inversiones de larga maduración.

PETROLEO Y GAS: RECURSOS ESTRATEGICOS DE INTERES NACIONAL

2.- La experiencia internacional confirma que la intervención pública es central para el desarrollo productivo industrial y tecnológico. El ciclo de las oprobiosas privatizaciones del menemismo, con su correlato de exacción y saqueo, continúo con la entrega del subsuelo a empresas extranjeras y la “provincialización” de los ingresos por regalías derivados de la reforma constitucional de 1994 y su consecuente ley de minería.

El bombeo permanente hacia afuera de las “venas abiertas” de nuestros oleoductos ha desangrado a la Patagonia. El control provincial atomizado, balcanizado, por la aceptación de simples “declaraciones juradas” como prueba de la producción de los pozos , llevó a la pérdida del seguimiento por la Nación de las reservas energéticas Se vislumbraba un horizonte de importación de hidrocarburos y dependencia. El precio interno de los combustibles acercándose crecientemente al precio internacional del crudo y las naftas, reducía la capacidad económica de vastos sectores populares, contribuyendo a una erosión inflacionaria de los recursos y el bienestar.

El comportamiento de las empresas privadas energéticas a partir de la desregulación y privatización de los hidrocarburos se contradice con la necesidad de Argentina de contar con disponibilidad y producción de energía suficiente para garantizar el desarrollo del aparato productivo, a un costo que asegure las ventajas competitivas, en el mercado interno y en el exterior, de los productos elaborados en el territorio. Las exportaciones autocontratadas con prepago off shore, sin ingreso de divisas, con empresas fantasmas en las Islas Cayman, para facilitar la operación financiera de compra sin poner un dólar propio, ya fueron suficientes para hacer caer la máscara del vaciamiento del patrimonio nacional.

De allí que sea imprescindible considerar a los hidrocarburos como “recurso estratégico de interés nacional” y no un bien libre de mercado. Ello no significa excluir a las empresas privadas de la actividad, pero encauzadas en los lineamientos que establezca la planificación estatal para el logro de los objetivos nacionales. Podrán asociarse al Estado en cada explotación, hacerse cargo de la operación técnica, pero bajo control de la explotación y del destino del recurso en poder del Estado. Este modelo se aplica en Venezuela (Pdvsa) y Brasil (Petrobras). Al tener soberanía sobre la política energética podremos integrar una red de producción, exploración y explotación de hidrocarburos con los Estados nacionales de la Unasur sin participación mayoritaria de empresas europeas o norteamericanas.

El proyecto de expropiación del paquete accionario mayoritario de YPF remitido al Senado por la Presidenta parte de una posición dominante real de la empresa porque tiene instalaciones y capacidad productiva y de distribución en toda la cadena, desde el pozo (equipos de perforación) hasta la red de estaciones de servicio, pasando por las refinerías, oleoductos y flota de transporte. Además la existencia de una empresa estatal supone la posibilidad de asociarse con otras firmas privadas, lo que atraerá capitales privados que hoy no acceden por la posición dominante de la YPF privada en el área.

Un esquema de empresa estatal fuerte y un programa energético nacional a largo plazo, será más atractivo para el capital privado productivo que el esquema actual, que atrae fundamentalmente a capitales financieros especulativos al mercado petrolero. En los últimos 6 años, de 2006 a 2011 inclusive, el ritmo de perforación exploratoria de YPF promedió los 7 pozos por año en todo el territorio nacional. Si consideramos que la empresa tenía concesionadas durante ese período unas 60 áreas en el país, el ritmo de búsqueda de nuevas reservas podría considerarse casi nulo, muy semejante a un abandono de esa actividad.

La ex presidenta Isabel Martínez de Perón, recurrió el 27 de agosto de 1974 a otra medida de soberanía incuestionable cuando nacionalizó por Decreto 632 las bocas de expendio de los combustibles, asegurando así un precio uniforme y un suministro ajustado a las necesidades que, como servicio público, debían cumplir las empresas del ramo. La norma autorizaba a YPF “a tomar a su cargo toda la comercialización de los derivados del petróleo” y en octubre de ese año, por primera vez en su historia la petrolera estatal cobraba en forma directa las ventas de combustibles líquidos de la totalidad de las plantas privadas del país.

En aquel entonces no fue necesario nacionalizar la producción, porque el grueso de la misma estaba en manos del Estado Nacional por medio de su empresa YPF. Sin perjuicio de ello, los trabajadores del sector y cuatro senadores justicialistas, presentaron en el Parlamento, en abril de 1975, un proyecto de ley en el que se” facultaba al Poder Ejecutivo, por causas de utilidad pública a efectuar las expropiaciones de la totalidad de los activos de Shell y Esso”. El golpe cívico- militar de 1976 frustró la recuperación integral de la industria del petróleo.

Hoy la situación es diametralmente opuesta dado que, desde la década del 90, la producción y destilación quedaron en manos de compañías extranjeras y una de ellas, Repsol-YPF, tenía una posición dominante que rondaba el 60% del mercado de gas e hidrocarburos del país. Con esta medida el Estado Nacional podrá defenderse con éxito de las maniobras monopólicas extorsivas que imponía el oligopolio extranjero.

3.- El 16 de abril del 2012 será una fecha memorable en la recuperación de nuestra soberanía nacional-como aquella en la que Arturo Illia anuló los contratos petroleros firmados por Frondizi- pues constituye además, una decisión de seguridad nacional, ya que, entre los operadores con capacidad de obstrucción sobre los intereses nacionales, se proyecta la sobra colonial del Reino Unido. Es necesaria pues una mayor participación popular en defensa de la seguridad jurídica del público consumidor y la producción nacional.

Es el momento de denunciar el Acuerdo de Madrid, por el cuál Cavallo ofreció como “reparación de guerra” por la derrota de Malvinas a los británicos las riquezas de nuestro subsuelo y la entrega de las empresas públicas, lo cual fue ratificado por el Tratado de Londres de Protección de las Inversiones Extranjeras, convalidado por el Congreso Nacional y que también debemos denunciar y para ello es necesario deshacer los artículos de la entrega en la Reforma Constitucional de 1994. Los británicos no ganaron la guerra de Malvinas en 1982, sino en 1990 cuando Cavallo firma una especie de tratado de Versalles.

Repsol, es decir, Gran Bretaña, debe ser investigada por los argentinos, para ello debe conformarse una Comisión Investigadora Bicameral. Además debe ser demandada por el Estado nacional, porque las violaciones de la empresa pseudo española Repsol son tantas que justifican la ruptura de la concesión y la recuperación del resto de los bienes de los cuales se apoderaron. En toda negociación o conflicto entre el gobierno nacional y Repsol deberá tomarse en cuenta los pasivos ambientales no contabilizados (daños al medio ambiente en zonas de producción o transporte) e incumplimientos en los que incurrió y puedan ser considerados como “pasivos contingentes” (reclamables por la parte afectada).

Según el diario Público de España consideró que la expropiación de YPF no es un “ataque a España”, “pues Repsol es una entidad privada de distintas nacionalidades” y cree “una vergüenza” que el gobierno español haya salido en defensa de la compañía petrolera. Alberto Garzón, vocero económico de Izquierda Plural señalo que “ Repsol no es técnicamente una empresa española, pues más del 50% de la multinacional está en manos de capital extranjero y en España solo declara el 25% de sus beneficios totales por todo el mundo”. Agregó además “.. en este conflicto no están enfrentados los intereses de dos naciones distintas, sino los intereses nacionales de Argentina y los intereses económicos de sujetos privados de distintas nacionalidades y entre ellas, en menor grado, españoles..Es una compra legal y que afecta los intereses de unos sujetos económicos (grandes empresas y bancos) que no comparten beneficios con el resto de la sociedad española…”.

Es preciso recuperar sin dilaciones el tiempo perdido en materia de inversión, en tanto se avanza en las reformas constitucionales. La nueva estructura de la propiedad de las acciones de YPF es el comienzo para recuperar el autoabastecimiento como parte de una política energética global que acompañe el desarrollo de las fuerzas productivas. Como afirma Federico Bernal….”si el 1º de agosto de 1929( al quebrar YPF las imposiciones de los trusts extranjeros) fue bautizado por Enrique Mosconi como el “Ayacucho Económico”, este 16 de abril será recordado por los 40 millones y sus generaciones venideras como el “Ayacucho Energético”, nacional, popular, argentino y suramericano..”

Esta debe ser la epopeya que nos una en este período de gobierno: Distribuir entre los argentinos el bienestar, que giran los bancos y las corporaciones a sus casas matrices, muchas de las cuales subsidian a nuestros enemigos y saqueadores de siempre: los británicos. Honremos el pensamiento del Gral. Enrique Mosconi cumpliendo con el nuevo paradigma productivo de la YPF a construir: “GAS, PETROLEO Y TRABAJO”. Decía el militar patriota:” No podremos nunca entonar el canto de la libertad mientras dependamos de otros países para mover nuestras máquinas, nuestros ferrocarriles, nuestros buques, nuestros camiones…”; con una YPF pública y argentina “ cortamos uno de los lazos que nos hacen tributarios del extranjero..”.


Nicolás R. Juárez Campos