El día histórico finalmente llegó. El Estado argentino volvió después de 20 años a controlar a la petrolera YPF y, sobre todo, declaró de interés público el autoabastecimiento de los hidrocarburos. Dos decisiones fundamentales en una ley que marca uno de los desafíos más importantes de la nueva etapa del modelo que conduce la presidenta Cristina Fernández. Lo reafirmó un vehemente Agustín Rossi, para quien esta norma “cambia el paradigma, y el petróleo deja de ser un commoditie para transformarse en insumo básico para el crecimiento productivo del país”. El reto que implica la puesta en marcha de esta norma nació con un respaldo masivo en el recinto. Fueron 208 votos positivos, apenas 32 en contra y cinco abstenciones. El festejo posterior fue intenso, e incluyó las bancas, los palcos y las adyacencias del Congreso, el mismo edificio que hace poco más de diez años estaba cerrado por vallas y fuertemente custodiado. Señales concretas de cambio.
Rossi como jefe del bloque del Frente para la Victoria, siguió sin descanso el debate que duró dos jornadas. Fue el último en hablar antes de pasar a votar. Su discurso recorrió la historia del petróleo argentino, pero también se concentró en la descripción de la coyuntura local e internacional que recibió el gobierno de Néstor
Kirchner en 2003. “Nos dijo que venía a ofrecernos un sueño y cumplió”, reconoció el diputado, para luego recordar los principales logros que se fueron alcanzando. Habló de la estatización del servicio de agua, la recuperación de la jubilación pública, el Correo Argentino y de Aerolíneas Argentinas. No se contentó con esa enumeración y agregó: “Ninguna de esas administraciones estatales fue objeto de una denuncia de corrupción”, lo dijo casi a los gritos porque los aplausos y vítores tapaban su voz.
El jefe de los kirchneristas repitió el agradecimiento a los bloques de la oposición que respaldaron la norma, pero no se olvidó de recordarles a esas bancadas que en 2010 se negaron a votar el Presupuesto. No avanzó más allá y les recordó: “Para el FPV los partidos de la oposición no son nuestros enemigos. Ese lugar lo ocupan las corporaciones que pugnan por su lucro, su propio interés y para nosotros la Argentina es la Ppatria.” El santafesino dio cuenta de los datos que confirman el cambio de paradigma. “A nosotros nos importa y trabajamos para el crecimiento económico que se logra mirando a la economía real y no a la especulación financiera. El mundo de los noventa fue distinto del mundo de los 2000 –continuó–, las reglas del juego cambiaron, el diseño de los noventa no incluía una Argentina industrial ni un mercado interno fuerte”, señaló.
Por último, Rossi reconoció la importancia de la expropiación de YPF en cuanto a que a partir de ahora “deberá imponer su rentabilidad en más inversión y más investigación, que implicará más exploración, más explotación, más ciencia y más tecnología”. Pero también lanzó una advertencia sobre el significado del primer artículo de la ley, donde se declara de utilidad pública el autoabastecimiento, la exploración, explotación, transporte y comercialización de los hidrocarburos. Esto, como resaltó Rossi, es un llamamiento a todas las empresas petroleras que trabajan en la Argentina y que son alcanzadas por esta norma, modificando de raíz las costumbres y conductas de esas firmas a partir de este momento.
El proyecto tiene un peso específico tan alto que generó controversias y nervios entre todos los bloques de la oposición. A muchos los dividió la importancia que trae aparejada la recuperación de la empresa YPF y, sobre todo, la aceptación que tiene en la sociedad argentina. Así fue que se vio, por ejemplo, a bancadas como la del Peronismo Federal, que se dividió a la hora de votar. Tanto que el denarvaísta Gustavo Ferrari tuvo que convivir dos días con su compañero de bloque, Alberto Roberti que no se despegó del cartel que puso en su banca a favor de YPF. Roberti, junto a Alfredo Atanasoff, votaron por la norma impulsada por el oficialismo. Algo similar vivió Elisa Carrió, que ante la imposibilidad de convencer a sus propios legisladores, se dedicó a denunciar por traición a la patria a todo el que pasaba cerca de su banca.
El radicalismo vivió las dos jornadas de debate inmerso en un clima de tensión y discusión interna. Mientras sus legisladores desgranaban los discursos, la pelea iba por dentro. Hubo miradas contrapuestas sobre cómo actuar frente a la construcción de una política de Estado –como es la elaboración de una nueva matriz energética–, que provocaron fuertes entredichos. El cordobés Oscar Aguad fue quién más resistió la decisión partidaria de apoyar el proyecto. Amagó con que iba a sacar del recinto una decena de legisladores que le responden. Las huestes de Ricardo Alfonsín trabajaron duro para minimizar esta consecuencia no deseada, y al final sólo se fueron él y tres más: Hipólito Faustinelli, Pedro Molas y Hugo Castañon.
El propio jefe de bloque, Ricardo Gil Lavedra, lo reconoció cuando en su discurso final sostuvo que la discusión interna no había sido fácil y por ello resaltó que “la decisión de respaldo se adoptó de modo orgánico”. Aclarado ello, sus críticas ocuparon el 90% de su discurso. Para Gil Lavedra, la iniciativa oficial se encuentra rodeada de un halo de “hipocresía” en cuanto al relato épico que, según entiende, le impone el FPV: “Ahora estamos yendo contra los malos de España. Por ahora zafaron (Héctor) Magnetto, medios de comunicación y otros periodistas”, aseguró. Igual terminó reconociendo que la ley votada “si bien no resuelve el problema de la crisis energética, representa un comienzo”.
“Tendremos un futuro de impunidad y saqueo”, presagió apocalíptica la diputada del PRO, Laura Alonso, una de las responsables de sostener el rechazo al proyecto. De tan indignada, la legisladora leyó su discurso para no olvidarse sus tradicionales latiguillos que giraron alrededor de las palabras “corrupción” o “falta de transparencia”. Mientras recibía el abucheo de aquellos que poblaron los palcos, gritó que “este es un proyecto disfrazado de nacionalismo”. Al momento de la votación en general, todos los macristas apretaron la tecla NO. Luego abandonaron el recinto mientras en el FPV todo era alegría, abrazos, besos y cánticos.
Al final fueron sólo cinco los diputados que se abstuvieron. El listado es un muestrario de los vaivenes políticos de algunos legisladores. Después de muchos años, Carrió coincidió en una decisión con Graciela Ocaña, su ex amiga del ARI. También se abstuvieron Alfonso Prat Gay, Hilma Re y Alicia Terrada.
Aprobada la norma en general, y tras unos largos minutos de cánticos, el presidente del cuerpo, Julián Domínguez hizo votar en particular. Cuando se aprobó el último artículo, Domínguez anunció la sanción, dio las hurras y saludó a los diputados: “Buenas noches, YPF es nacional.” <

La Legislatura celebró, a pesar del PRO

A pesar de los esfuerzos del macrismo por impedir algún pronunciamiento de apoyo sobre la estatización de YPF, la Legislatura porteña aprobó ayer una declaración de “beneplácito” por la sanción de la “Ley de Soberanía Hidrocarburífera” en el Congreso Nacional.
El proyecto fue presentado por el legislador del FPV Dante Gullo y no fue tratado en comisión, sino sobre tablas, un método que requiere los dos tercios de los votos emitidos, es decir, una cifra cercana a los 40 votos. Ese total fue posible gracias a la mano levantada de algunos legisladores macristas, que aprobaron el pedido de tablas, y trataron de retirar su voto cuando se dieron cuenta de lo que estaban habilitando. La movida contó con la aprobación de todo el arco opositor y dejó un sabor muy amargo en dos importantes figuras del PRO: el presidente del bloque Fernando De Andreis, y la vicejefa de gobierno María Eugenia Vidal.
Ambos fueron señalados por no evitar la ofensiva del kirchnerismo que, en el texto, acusó a Macri de tomar posición “en defensa de los intereses de estos grupos económicos oponiéndose enérgicamente a esta medida tomada por el Estado Nacional. Posición que no hace más que corroborar, una vez más, cuál es el proyecto de país de Macri”.

Las claves de la ley

La ley sancionada ayer por la Cámara de Diputados declara de “interés público y como objetivo prioritario” el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos.
El Estado argentino toma el control del 51% del 57,433% de las decisiones que posee el Grupo Repsol YPF que son declaradas de “utilidad pública”. El resto del grupo accionario no se modifica. El Grupo Petersen (Eskenazi), continúa con su 25,462% de las acciones y sigue cotizando en Bolsa otro 17,092 por ciento.
Del 100% de las acciones que fueron expropiadas a Respol YPF, el 51% estará ahora en manos del Estado argentino. En tanto, los distritos en los que hay yacimientos petrolíferos controlarán el 49% de las acciones restantes. Las provincias se distribuirán esos activos según la cantidad de yacimientos que hay en cada una de ellas. Tendrán un asiento en el Consejo Nacional de Hidrocarburos.
Los derechos sobre las acciones que fueron expropiadas se ejercerán en forma unificada por el plazo mínimo de 50 años a través de un pacto de sindicación de acciones.
La nueva normativa prohíbe la transferencia de las acciones expropiadas de YPF sin autorización del Congreso Nacional votada por dos tercios de sus miembros.