Los defensores de la salud pública han advertido que los recortes sanitarios de España podrían ocasionar graves problemas de salud pública si se suprime la atención médica gratuita para la población anciana e inmigrante.

Por vez primera desde la creación del Sistema Nacional de Salud en España, en 1986, los pensionistas tendrán que pagar por sus medicinas. Además, las personas con trabajo tendrán que pagar por los medicamentos hasta un 50 por ciento más, dependiendo de sus ingresos. Con la inclusión de esta y otras medidas en un Real Decreto legislativo de finales del mes de abril, el gobierno conservador de Mariano Rajoy pretende ahorrar 7.000 millones de euros o, lo que es lo mismo, un 10 por ciento del gasto sanitario total del año 2011.

Las reformas incluyen el régimen de co-pago de los medicamentos, la supresión de la gratuidad de la atención médica para los inmigrantes ilegales y algunas otras medidas para mejorar la eficiencia del sistema de salud.

Los 8,5 millones de pensionistas de España, que son responsables del 75 por ciento de los 11.000 millones de euros de gasto farmacéutico (1,1 por ciento del PIB) recibirán un duro golpe por los recortes. Según las nuevas medidas, solo los desempleados que no reciban subsidio de desempleo y los jubilados que perciban la pensión mínima tendrán medicamentos gratuitos. Los jubilados con ingresos superiores pagarán el 10 por ciento del coste de sus medicinas, con el límite de 8, 18 o 60 euros, en función de la cuantía de su pensión. Por lo que se refiere a los trabajadores, los que tengan unos ingresos mínimos (hasta 22.000 euros anuales) seguirán pagando el 40 por ciento del coste de las medicinas, los que ganen más de 100.000 euros pagarán el 50 por ciento y los que perciban ingresos superiores, el 60 por ciento.

El régimen de co-pago se ha ampliado a las prótesis, los productos dietéticos y los traslados no urgentes en ambulancia. Todas estas medidas entrarán en vigor el día 1 de julio.

«Habría que hacer una reforma del co-pago de medicamentos y este sería un primer paso que mejoraría la situación anterior, que era muy injusta para los trabajadores con salarios bajos», declaro´Beatriz González, profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y experta en economía sanitaria. «Las medidas tienen buena intención, pero quizá son demasiado optimistas acerca de la capacidad de ahorro que representan.»

En una conferencia de prensa celebrada después de la reunión del Consejo de Ministros en que se aprobaron las medidas, la vicepresidenta Soraya Sánez de Santamaría declaró que estos recortes eran el único modo de mantener el estado de bienestar.

La Federación Española de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) entiende que el nuevo régimen de co-pago es un impuesto sobre la enfermedad. «Penaliza a quienes tienen recursos más limitados y más problemas de salud», refirió a The Lancet Marciano Sánchez Bayle, pediatra y portavoz de la FADSP. Según FADSP, el 8,5 por ciento de los pensionistas gana menos de 300 euros al mes y el 54 por ciento menos de 650, lo que les coloca «en situación de tener que escoger entre pagar los medicamentos o comprar comida».

La FADSP también cree que las medidas adoptadas apenas contribuirán a reducir el déficit de la sanidad pública. La verdadera intención, afirman, es «quebrar el carácter distributivo y de apoyo del sistema de salud pública e instaurar el pago por servicios sanitarios que hasta ahora se financiaban con los impuestos, para posteriormente ampliar el régimen de pago a otros aspectos de la atención sanitaria: consultas, pruebas diagnósticas, hospitalización, etc.».

España es uno de los 15 países miembros de la Unión Europea que menos gasta en sanidad pública. En el año 2008, el primer año de la crisis económica, España destinó a este capítulo el 6,5 por ciento del PIB, mientras que la media de los Estados miembros de la Europa de los 15 fue del 7,3 por ciento según Eurostat, la oficina de estadística de la UE.

«España gasta mucho menos en sanidad pública en relación con su riqueza global», afirma Vicenç Navarro, profesor de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y profesor de la Universidad Johns Hopkins de Maryland, en Estados Unidos. Según Navarro, en lugar de recortear España tendría que gastar 13.500 millones de euros más al año en su servicio de salud pública para igualar el gasto de los demás países de la Europa de los 15.

Otra medida aprobada por el gobierno español consiste en reducir el «turismo sanitario» para impedir los abusos de los visitantes extranjeros que se aprovechan de la gratuidad del sistema de atención sanitaria de España. Pero la medida más controvertida será la supresión de la tarjeta sanitaria para los inmigrantes. Desde el 1 de septiembre, unos 500.000 inmigrantes solo tendrán derecho a atención médica de urgencia y a asistencia en el embarazo y el parto. Según Sánchez Bayle, «esto es un problema humanitario para la salud pública». Médicos del Mundo, Cáritas y otras ONG también han criticado la medida.

El gobierno español ha adoptado otras medidas de eficiencia, entre las que se encuentran la adquisición de medicamentos a escala nacional, en lugar de autonómica, y la modificación del envasado de fármacos con el fin de que los envases solo contengan las unidades necesarias para seguir el tratamiento. Todas estas medidas han sido concertadas con las 17 comunidades autónomas españolas.

La FADSP entiende que los recortes son «un globo sonda para evaluar la reacción social» antes de instaurar más recortes. «Todo indica que se ha abierto el camino para hacer desaparecer la universalidad de la atención sanitaria», declaró Sánchez Bayle.

Fuente: www.thelancet.com Vol. 379, 12 de mayo de 2012