La Fiscalía Anticorrupción investiga posibles delitos societarios en gestión de la fusión y salida a bolsa de Bankia, según ha revelado hoy el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, quien ordenó mantener las diligencias de investigación en secreto mientras fuera posible, "para no incendiar el parqué". La presentación de distintas acciones penales por parte de particulares y su admisión a trámite por el juzgado de instrucción número 21 es lo que ha obligado al fiscal a judicializar sus investigaciones, según fuentes de la Fiscalía del Estado. No obstante, los delitos investigados se enuncian, por el momento, solo "de modo indicativo".
La investigación fue encargada por Torres-Dulce al fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, el pasado 28 de mayo y el decreto de apertura de diligencias citaba cinco posibles delitos a investigar, entre ellos estafa, apropiación indebida, delitos contables, administración desleal y falsedad documental. Sin embargo, fuentes de Anticorrupción precisaron que dicha enumeración corresponde a un enunciado en la dirección de la investigación y que, por el momento, no se han apreciado indicios de ningún tipo penal, al estar las diligencias en una fase de investigación muy prematura. Según dichas fuentes, los delitos deben determinarse al final de la instrucción y puede ser algunos de los mencionados u otros distintos.
En el decreto de apertura, Anticorrupción explicaba su "extrañeza" por el hecho de que Bankia hubiera declarado tener unos beneficios de 309 millones de euros y pocos días después dijese que necesitaba más de 2.500 millones de euros, que fue la primera cifra hecha pública por los gestores de la entidad. Anticorrupción ha centrado su investigación en dos aspectos: el momento de la fusión de Cajamadrid, Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caja Laietana, Caja Ávila, Caja Segovia y Caja Rioja para formar Bankia; y el momento de la salida a bolsa de la entidad.
La Fiscalía quiere conocer el "estado real" de las cajas en el momento de la fusión, ya que sospecha que no debe ser el mismo que declararon sus respectivos gestores antes de proceder a la fusión. Respecto a la salida de Bankia a Bolsa, Anticorrupción ha pedido folleto a la CNMV como paso previo a conocer la situación patrimonial real de Bankia al llegar al parqué.
Fuentes de la Fiscalía del Estado insistieron que han sido las denuncias de particulares las que han obligado a judicializar el caso, ya que ellos no pueden llevar una investigación al margen del juzgado. Al recibir la primera denuncia, el juzgado 21 pidió un informe sobre competencia a la Fiscalía de Madrid, que a su vez lo reenvió a Anticorrupción, porque era esta fiscalía especial la que había iniciado las investigaciones. Anticorrupción remitió un informe al juzgado 21 en el que le manifiesta que, en su opinión, la competencia para investigar a Bankia corresponde a la Audiencia Nacional, ya que afecta a cajas repartidas por distintos territorios geográficos y además, el montante de los posibles delitos puede producir una grave repercusión en la economía nacional.
Fuentes de Anticorrupción han asegurado que están a la espera de recibir diversa documentación que han solicitado al Banco de España, a Bankia y a Deloitte, la firma auditora de la entidad intervenida. Dicha documentación no ha llegado todavía y para cuando llegue esperan que esté resuelta la cuestión de competencia y ésta haya correspondido a la Audiencia Nacional. Por el momento no han recibido nada y cuando llegue "no a va a ser cosa de mirársela en una semana", dijeron las citadas fuentes.
Por otra parte, en una entrevista concedida a Efe, el fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, reconoce que "existe una demanda social para que las actividades (de las entidades bancarias) sean investigadas", pero añade que "aunque no hubiera una demanda social", el asunto "merece dicha investigación".
"Hemos trasladado esas peticiones al Juzgado para que (...) sepa cuál es la línea de investigación que proponemos nosotros", ha señalado Torres-Dulce ha considerado "prematuro" concretar los posibles delitos que se investigan porque "la situación propia de las entidades y la situación financiera y económica del país" aconseja ser "realmente prudentes".
Examen a la documentación
Será el examen de la documentación que realicen los peritos -tanto de la Administración como de Anticorrupción- el que permita determinar "si los hechos son constitutivos de delito y en ese caso seguir adelante, en cuyo caso pasaríamos a pruebas testificales o, en su caso, si procediera, de imputación: citar como imputada a alguna persona".
Para ello, insiste, es "imprescindible" la colaboración de las entidades investigadas y la documentación que obra en poder del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
De momento, el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid tramita una querella del colectivo Manos Limpias contra Rodrigo Rato y contra el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ante "la posible existencia de una infracción penal" en su gestión y ha pedido a la Fiscalía que le informe de si debe o no admitirla a trámite.
Además, grupos de pequeños accionistas preparan acciones legales contra los gestores de la entidad, mientras que el movimiento del 15M ha anunciado hoy mismo que ya ha recaudado el dinero necesario para presentar una querella contra Rato, que se interpondrá el próximo día 14.
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