Ignacio Ulloa, número dos de Interior, declaró a Europa Press, en referencia al exmagistrado -al que hace cerca de un mes redujeron la protección de dos a un agente y retiraron el coche blindado-, que “los escoltas no son para que te lleven la maleta ni para que vayan en transporte público”; que igual debía hacerse “una reevaluación” de sus riesgos; y advirtió de que “se le puede privar de la escolta por un mal uso, o un abuso”. Esta es la respuesta de Baltasar Garzón.

"Con amarga sorpresa veo las inaceptables declaraciones que ha hecho a la agencia Europa Press, en el día de ayer, sobre el servicio de escolta que usted ha decidido establecer para mi protección. Resultan bochornosas todas y cada una de las afirmaciones que hace y, lo que es más grave, sabiendo que al hacerlas agrava la situación de riesgo en la que usted me ha puesto. No alcanzo a comprender cuáles son las razones que tiene contra mí, si son políticas, ideológicas o de otro orden. Tampoco me preocupan lo más mínimo. Pero no puedo ni debo dejar pasar esta ocasión de comunicarle lo procedente.

Hasta el momento, ningún miembro del Ministerio del Interior, más allá de unas escuetas palabras del comisario de la Audiencia Nacional, a quien se lo agradezco, me ha informado de por qué se me eliminaba la escolta. Lo han hecho sin más explicaciones sobre cuáles eran las razones del cambio en mi protección, exactamente al día siguiente de concluir el juicio del caso Gürtel contra mí.

Posteriormente, por su orden, también sin anunciármelo formalmente, se eliminó el vehículo en el que tendría que ir el policía de escolta, dejando un servicio que usted sabe que es absolutamente inefectivo, y que no vale más que para salvar su responsabilidad al no atreverse a eliminar la protección en su integridad.

Señor secretario de Estado de Seguridad, le hago responsable de mi seguridad y de que la decisión que ha tomado pueda revertir en perjuicios irreparables para mi integridad. He intentado conocer las razones de su departamento, solicitándolas a los responsables policiales, los cuales simplemente me indicaron que se eliminaba el dispositivo de seguridad que tenía por una orden suya, pero ninguno me ha comunicado las causas. Tampoco lo han sabido hacer las personas vinculadas a esa secretaría, a las que he consultado, más allá de afirmar: “No se sabe nada, es una decisión del secretario y el documento en el que se contiene no ha sido facilitado y existe orden de que no se muestre”. Realmente me gustaría, por mi propia tranquilidad, conocer ese informe.

Puede usted reevaluar el riesgo o lo que quiera, pero le pido que no me amenace con que me puede quitar la escolta, adelantando que soy yo quien dificulta la fórmula alucinante que usted ha ideado. Esto, señor, además de ser falso, no disminuye su responsabilidad si me ocurre algo.

Por cierto, ni he tenido ni tengo miedo de los terroristas, ni de lo que puedan hacerme; desde que entré en la Audiencia Nacional, asumí gustoso mi compromiso y entrega con España a través de la justicia y por la seguridad de los ciudadanos/as. Este trabajo lo he hecho sin escoltas y con escoltas y daría mi vida sin dudarlo, si con ello contribuyera al bienestar de la sociedad; la ciudadanía, a la que usted alude en su entrevista para insinuar que son las reacciones de la misma el motivo para mantener mi seguridad, podrá estar de acuerdo o no conmigo, pero jamás hará nada contra mí; es más, me siento seguro con ella, porque confío en la misma y porque comparto el abnegado sufrimiento que tienen que soportar día a día. Creo que usted se mueve por unos sitios mucho más “altos” que yo y conoce poco al pueblo español. A mí la ciudadanía me protege, no me genera inseguridad; yo no cargo contra ella, ni restrinjo los derechos de nadie, sino que trato de defenderlos. Si alguien dice algo en mi contra, sabré actuar con respeto y en consecuencia. Pero le aseguro que después de lo que estoy viendo y de su actitud empiezo a tener miedo de usted, de sus métodos y de su comportamientos. Lo que usted afirma y con la ligereza que lo hace, me preocupa profundamente y debería preocupar a los ciudadanos/as en general, al conocer en manos de quién está la seguridad de nuestro país.

¿Acaso considera usted lógico que eche a un miembro de mi familia cuando voy en el vehículo familiar para que suba el policía, por el que siento el máximo respeto, en el coche? ¿Cómo debería de ir en ese caso mi madre, mi hermana, mujer, hijo o nieta? ¿Andando, en bicicleta, en tren? ¿Quién se hace cargo de los seguros de esa persona si le ocurre algo en un vehículo que no es oficial? ¿De quién es la responsabilidad si ocurre un accidente? ¿Si me subo en un vehículo ajeno, dónde lo hace el policía de escolta, habida cuenta de que ustedes ni le pagan un taxi?. Usted debe estar de broma.

Habla de que el escolta no está para llevar la maleta. ¿Quiere que la tire? ¿Cómo lleva entonces su ropa y sus enseres si va de viaje? Fíjese señor secretario, incluso he tenido que pedir el favor a una compañera para que permitiera al escolta guardar su maleta en su vehículo, porque el funcionario la llevaba a cuestas mientras me seguía andando por las calles de Madrid, hasta que llegó la hora de salir de viaje conmigo en el AVE. No sé usted, pero yo, cuando estoy en Madrid, voy andando a los sitios, porque me gusta pasear por sus calles, de modo que ya me dirá. Si quiere, le puedo llevar la maleta al policía o a cualquier otro policía en agradecimiento al trabajo que han hecho y hacen día a día, en condiciones infrahumanas. Incluso sería un honor, pero creo que la situación resulta esperpéntica y especialmente peligrosa para quien no puede hacer su trabajo con las mínimas garantías.

¿Quiere usted decir que si tomo un taxi, el policía deberá subir conmigo al mismo? Y si vamos cuatro personas, ¿dónde se subiría el policía? Usted ha despojado a la policía de los instrumentos mínimos para ejercer su labor con dignidad. Agradezco a la Policía el servicio abnegado que durante años ha hecho, velando por mi seguridad. Asimismo doy las gracias a todos los mandos policiales con los que he trabajado durante 23 años, sin el más mínimo incidente, pese a las grandes dificultades y retos que se nos han presentado.

No quiero el vehículo policial para subirme en él. Desgraciadamente para mí, he tenido que sufrir esa situación durante mucho tiempo, porque así se dispuso por quien tenía la responsabilidad de hacerlo. Pero lo lógico es que, por dignidad, lo lleve quien tiene que protegerme. Mire, que usted considere que ya no tengo riesgo no significa nada para mí, ni me genera más tranquilidad. Es más, me produce más preocupación y zozobra. Por cierto, en todo el tiempo que he estado en la Audiencia Nacional, no le he visto por allí en ningún momento, ni creo que sepa algo del riesgo que comporta para los que allí están y para los que sin estarlo hemos salido de la misma, la labor allí realizada, al ser vanguardia en la lucha contra las formas más complejas de delincuencia.

Asumo mi situación, siempre lo he hecho, a pesar de ser consciente de que la vida vale poco cuando alguien quiere quitarla. Cada día lo vivo, lo sé y lo acepto, pero no le consiento que menosprecie el trabajo realizado por mí durante 23 años al servicio de mi país, porque ni tiene razón, ni necesidad de hacerlo, ni tampoco tiene por qué echarme suciedad encima. No quiero nada, absolutamente nada de usted, pero resulta inaceptable que un alto cargo de un Gobierno democrático, prevaliéndose de su cargo, se dedique a atacar a simples ciudadanos que, ni siquiera, como yo, le han pedido algo. Su obligación, por el cargo que ocupa, es proteger a los ciudadanos, le gusten o no, pero, desde luego, no debería dedicar su tiempo a generar desasosiego en ellos, como está haciendo.

En fin, señor secretario de Estado, qué pena que tenga usted que utilizar un medio de comunicación para atacar a un ciudadano normal y que ni usted, ni ningún responsable de su departamento, me hayan informado de la evaluación de riesgo que, sería de suponer, han llevado a cabo. Al respecto le digo que no ha respetado ni uno solo de los protocolos en la materia. He tenido evaluaciones de riesgo en cada uno de los países donde he estado y he sido entrevistado por las autoridades responsables y, en función de ello, se ha decidido el tipo de protección que correspondía; como los he recibido en España, dese 1988, salvo de usted o de quien corresponda por su orden. Usted, señor secretario de Estado, sencillamente puede alardear de haberle quitado la escolta a Garzón y luego publicitarlo por los periódicos, ¡viva el concepto de discreción y seguridad que tiene usted!, pero lo que no puede ni debe hacer es contribuir a aumentar ese riesgo de las personas a las que debe proteger aunque no le guste.

Por lo demás, todas las medidas de seguridad sobre mi familia fueron decididas, en su momento, por el Gobierno del Partido Popular. Y nunca las pedí, ni las quise, sino que las sufrí por mi trabajo. ¿Usted piensa que es agradable, por muy discretos que sean, estar rodeado de policías porque, según el Ministerio del Interior, hay riesgo contra tu vida o la de tu familia? Su departamento, ahora, sin saber bien por qué, lo único que ha hecho es desprotegerme y poner en riesgo mi seguridad dando a conocer mi situación a través los medios de comunicación, a cualquier persona. ¡Enhorabuena por facilitar el trabajo a quien quiera buscarme!.

Por otra parte, me parece grotesco que aluda usted a la protección que he tenido fuera de España, cuando a estos policías o se les ha impedido que se movieran para acompañarme a España, porque si lo hacían se les retiraba la comisión de servicio y han estado tirados por ahí afuera, sin sus familias, sin ningún incentivo y sufriendo en ese tiempo, y ahora, claras represalias por haber trabajado como escoltas míos. Son dos grandes y excepcionales profesionales a los que se les persigue por mí. Usted, señor secretario, debería ocuparse de estas cosas y no de dar carnaza a quienes la quieren para continuar la misma dinámica de siempre.

No voy a renunciar, como usted desearía, según se deduce de sus palabras publicadas, a la protección policial para el escasísimo tiempo que estoy en España, porque considere que no es efectiva, que no lo es, sino porque no le voy a facilitar su decisión. Haga lo que tenga que hacer, pero no se ampare en los que le rían la gracia o le animen, porque la cosa es muy seria, ni ponga en riesgo la seguridad de los propios policías, anulando, con ese sistema, toda posibilidad de reacción para proteger a la personalidad o a sí mismos.

Señor secretario, le pido por favor que, la próxima vez, se dirija a mí a través de un medio que no sea una agencia de noticias; mis datos y dirección obran en su poder. Y cuando decida retirar la protección, comuníquemelo con un tiempo, siquiera sea por cortesía y para que pueda tomar mis medidas. Yo, por mi parte, vistas las circunstancias, le remito esta carta a través de los medios, en los que usted ha decidido que se resuelva la cuestión, porque así tengo la seguridad de que le llegará.

Atte.

Baltasar Garzón

Bogotá, a 30 de abril de 2012

“Vídeo de la presidenta”, inauguraciones de colegios y centros de salud, “visita de los príncipes al ISES”, “aniversario 11-M”, “homenaje a Miguel Ángel Blanco”, “viaje Presidenta a Rumanía”… Así hasta 317 actos programados por la Comunidad de Madrid y supuestamente organizados por empresas de la trama Gürtel. El juez de la Audiencia Nacional que investiga el mayor caso de corrupción ligado al PP, Pablo Ruz, ha pedido al Gobierno de Esperanza Aguirre que le envíe “en el plazo improrrogable de un mes” toda la documentación sobre su adjudicación y la facturación de esos eventos. El volumen de contratos indica que la contratación con la trama corrupta fue sistemática entre 2004 y 2006.

Las sospechas del juez se basan en la documentación hallada en el registro judicial del domicilio de Isabel Jordán, responsable de Easy Concept, una de las empresas de la trama e imputada en el caso. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía la ha analizado y cree que gracias al supuesto amaño de las adjudicaciones de esos actos pudieron enriquecerse el exconsejero madrileño Alberto López Viejo y el exdiputado regional Alfonso Bosch que, entre otros cargos públicos, habrían recibido sobornos de la trama liderada por Francisco Correa.

El sistema de soborno, según la investigación, era la caja B de Easy Concept que, según Ruz, estaba controlada por Isabel Jordán pero siempre a las órdenes de Correa y de su lugarteniente, el exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo. El juez quiere conocer “los ingresos y salidas efectuados de dicha caja B, especialmente lo relativo a los pagos que se hubiera podido efectuar a altos cargos públicos” así como los movimientos de dinero entre empresas vinculadas a la trama corrupta.

Ruz también reclama al Ejecutivo madrileño todas las facturas que se pagaron entre 2007 y 2008 además de a Easy Concept, a Good & Better, Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico, todas ellas empresas también controladas por la red. En total son 45 eventos entre los que destaca un acto con la FAES, la fundación de ideas vinculada al PP, la entrega de distinciones al equipo olímpico español, los actos del 2 de mayo, día de la Comunidad, o el sorteo de las semifinales de la Copa Davis de tenis.

Además del nuevo impulso al caso, el juez ha rebajado la fianza a Correa de 600.000 a 200.000 euros. El cabecilla de la trama es el único imputado que permanece en prisión después de que el supuesto número dos, Pablo Crespo, fuera liberado el pasado febrero tras abonar los 100.000 euros que le requería Ruz.