Después de 61 años de dominio político del Partido Colorado, resultaba osado deshacer estructuras que mantenían a Paraguay entre las naciones con más desigual distribución de las riquezas en el mundo.

El reto lo asumió Fernando Lugo, un exobispo católico, quien ganó de forma clara las elecciones del 20 de abril de 2008.

Gran parte del pueblo, esperanzado en un nuevo rumbo para su vida y la del país, apostó al proyecto gubernamental que proponía sustanciales cambios sociales.

Aunque varios puntos lograron concretarse, muchos quedaron sin cumplirse debido a la fuerte presión del congreso, de mayoría opositora, el mismo que decidió destituirlo hoy a través de un juicio político, distorsionado, apresurado, y considerado por muchos un golpe de Estado a la democracia.

Uno de los sueños del gobernante, era llevar a cabo la reforma agraria, pues en esta nación, eminentemente agroganadera, el tema de posesión de tierras es de los más controvertidos.

Y es que el 80 por ciento de la superficie cultivable en forma de grandes latifundios está en manos de sólo dos por ciento de empresarios del agro.

De hecho, el detonante para el juicio relámpago fueron los hechos del pasado viernes, que dejaron 17 muertos -11 campesinos y seis policías- en enfrentamientos que se produjeron en el contexto del desalojo en la finca Morumbí, propiedad del exsenador del opositor Partido Colorado Blas Riquelme.

Aunque, se habla de personas infiltradas entre los campesinos que provocaron el disturbio, la situación llevó a la remoción del ministro del Interior, Carlos Filizzola, y al comandante de la policía, Paulino Rojas, y Lugo ordenó crear una comisión investigadora.

Pero la oposición conservadora de mayoría en el Congreso ni siquiera acató la medida de investigar tal incidente.

Los sucesos en Morumbí, vistos hoy como sospechosos, fueron utilizados por las fuerzas de derecha y oligárquicas para apresurar lo que ahora parece un calculado proceso de destitución.

Incluso, un par de horas después del veredicto fue juramentado el vicepresidente Federico Franco como nuevo mandatario, y tras llegar este a la casa presidencial, de inmediato trascendió la relación de un nuevo Gabinete y el nombramiento de otro jefe de la policía.

Más de una vez el jefe de Estado paraguayo, recibió amenazas de juicio político, incluso a pocos meses de asumir la presidencia.

Desde entonces, el Partido Frente Amplio, sectores aliados a la oligarquía criolla, presentes mayoritariamente en el Congreso paraguayo, buscaban obstaculizar el proceso transformador.

Los recortes de presupuestos fueron algunas trabas desde el parlamento para poner en marcha las iniciativas de Lugo.

Desde los primeros meses de su gestión, los legisladores tejieron una campaña mediática alrededor de las promesas que Lugo no podía cumplir y le atribuían al dignatario una deficiente gestión.

Detrás de todo este proceso siempre lleno de claroscuros el objetivo, sin dudas, era volver a restaurar el estado de cosas cimentado durante las seis décadas que presidió el "coloradismo", partido con las más peligrosas dictaduras del Cono Sur en su haber.

¿Cómo quitar a Lugo del camino? Fue el cuestionamiento de cada día, y el método más llevado y traído fue el juicio político, que muchos denominan golpe de estado constitucional.

Desde el principio esa fuerza pensó en el segundo hombre del Poder Ejecutivo, el vicepresidente Franco como reemplazo de Lugo, tal como acaba de ocurrir.

La intención de sacar a Lugo del primer escaño del país iba más allá del contexto doméstico: era sacarlo del escenario latinoamericano marcado por la coyuntura política regional que apuesta a cambios radicales en la región a favor de las mayorías históricamente olvidadas.

Es apreciable que en la región emerge una pluralidad social integrada por indígenas y otras muchas fuerzas que resumen los procesos de luchas de resistencia y esperanza, afirmó el vicecanciller paraguayo, Jorge Lara Castro, en la VII Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, celebrada en Bolivia.

El diplomático destacó en esa ocasión que en Paraguay ese nuevo contexto de emancipación social -desde un inicio signado por la contraofensiva de los grupos de poder- resurgió el 20 de abril de 2008, con la elección popular del presidente Lugo.

El analista político Alfredo Boccia señalaba que si la iniciativa de la oposición de llevar a acabo un juicio político se concretaba y ésta terminaba por separar a Lugo de su cargo, lo único que se conseguiría con esta suerte de semiquiebra institucional es sumir al Paraguay en un caos.

Este jueves, se consumó la ambición de la derecha paraguaya calificada por el canciller venezolano, Nicolás Maduro, como un hecho bochornoso.

El propio Lugo, quien acató la decisión del Congreso, considera que se llevó a cabo un golpe de Estado express.

Dejó clara su inconformidad con el apresurado proceso en el que "se han transgredido todos los principios de la defensa de manera cobarde y alevosa", pero seguirá siendo un ciudadano que lucha por el bien de su país.

Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=519392&Itemid