Después de 61 años de dominio político del Partido Colorado, resultaba osado deshacer estructuras que mantenían a Paraguay entre las naciones con más desigual distribución de las riquezas en el mundo.

El reto lo asumió Fernando Lugo, un exobispo católico, quien ganó de forma clara las elecciones del 20 de abril de 2008.

Gran parte del pueblo, esperanzado en un nuevo rumbo para su vida y la del país, apostó al proyecto gubernamental que proponía sustanciales cambios sociales.

Aunque varios puntos lograron concretarse, muchos quedaron sin cumplirse debido a la fuerte presión del congreso, de mayoría opositora, el mismo que decidió destituirlo hoy a través de un juicio político, distorsionado, apresurado, y considerado por muchos un golpe de Estado a la democracia.

Uno de los sueños del gobernante, era llevar a cabo la reforma agraria, pues en esta nación, eminentemente agroganadera, el tema de posesión de tierras es de los más controvertidos.

Y es que el 80 por ciento de la superficie cultivable en forma de grandes latifundios está en manos de sólo dos por ciento de empresarios del agro.

De hecho, el detonante para el juicio relámpago fueron los hechos del pasado viernes, que dejaron 17 muertos -11 campesinos y seis policías- en enfrentamientos que se produjeron en el contexto del desalojo en la finca Morumbí, propiedad del exsenador del opositor Partido Colorado Blas Riquelme.

Aunque, se habla de personas infiltradas entre los campesinos que provocaron el disturbio, la situación llevó a la remoción del ministro del Interior, Carlos Filizzola, y al comandante de la policía, Paulino Rojas, y Lugo ordenó crear una comisión investigadora.

Pero la oposición conservadora de mayoría en el Congreso ni siquiera acató la medida de investigar tal incidente.

Los sucesos en Morumbí, vistos hoy como sospechosos, fueron utilizados por las fuerzas de derecha y oligárquicas para apresurar lo que ahora parece un calculado proceso de destitución.

Incluso, un par de horas después del veredicto fue juramentado el vicepresidente Federico Franco como nuevo mandatario, y tras llegar este a la casa presidencial, de inmediato trascendió la relación de un nuevo Gabinete y el nombramiento de otro jefe de la policía.

Más de una vez el jefe de Estado paraguayo, recibió amenazas de juicio político, incluso a pocos meses de asumir la presidencia.

Desde entonces, el Partido Frente Amplio, sectores aliados a la oligarquía criolla, presentes mayoritariamente en el Congreso paraguayo, buscaban obstaculizar el proceso transformador.

Los recortes de presupuestos fueron algunas trabas desde el parlamento para poner en marcha las iniciativas de Lugo.

Desde los primeros meses de su gestión, los legisladores tejieron una campaña mediática alrededor de las promesas que Lugo no podía cumplir y le atribuían al dignatario una deficiente gestión.

Detrás de todo este proceso siempre lleno de claroscuros el objetivo, sin dudas, era volver a restaurar el estado de cosas cimentado durante las seis décadas que presidió el "coloradismo", partido con las más peligrosas dictaduras del Cono Sur en su haber.

¿Cómo quitar a Lugo del camino? Fue el cuestionamiento de cada día, y el método más llevado y traído fue el juicio político, que muchos denominan golpe de estado constitucional.

Desde el principio esa fuerza pensó en el segundo hombre del Poder Ejecutivo, el vicepresidente Franco como reemplazo de Lugo, tal como acaba de ocurrir.

La intención de sacar a Lugo del primer escaño del país iba más allá del contexto doméstico: era sacarlo del escenario latinoamericano marcado por la coyuntura política regional que apuesta a cambios radicales en la región a favor de las mayorías históricamente olvidadas.

Es apreciable que en la región emerge una pluralidad social integrada por indígenas y otras muchas fuerzas que resumen los procesos de luchas de resistencia y esperanza, afirmó el vicecanciller paraguayo, Jorge Lara Castro, en la VII Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, celebrada en Bolivia.

El diplomático destacó en esa ocasión que en Paraguay ese nuevo contexto de emancipación social -desde un inicio signado por la contraofensiva de los grupos de poder- resurgió el 20 de abril de 2008, con la elección popular del presidente Lugo.

El analista político Alfredo Boccia señalaba que si la iniciativa de la oposición de llevar a acabo un juicio político se concretaba y ésta terminaba por separar a Lugo de su cargo, lo único que se conseguiría con esta suerte de semiquiebra institucional es sumir al Paraguay en un caos.

Este jueves, se consumó la ambición de la derecha paraguaya calificada por el canciller venezolano, Nicolás Maduro, como un hecho bochornoso.

El propio Lugo, quien acató la decisión del Congreso, considera que se llevó a cabo un golpe de Estado express.

Dejó clara su inconformidad con el apresurado proceso en el que "se han transgredido todos los principios de la defensa de manera cobarde y alevosa", pero seguirá siendo un ciudadano que lucha por el bien de su país.

Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=519392&Itemid

La Iglesia Católica paraguaya jugó fuerte en favor de la destitución de quien fuera su prelado y hasta ayer presidente de la república, Fernando Lugo. Anteayer, horas antes del inicio del juicio político, un grupo de obispos de la Conferencia Episcopal visitó al presidente en la residencia Mburuvicha Roga. Horas antes, Lugo había dicho que se mantendría en el cargo y pedía un juicio justo. Los religiosos estuvieron 45 minutos de reloj y se retiraron sin hacer declaraciones, salvo el obispo Claudio Giménez, de Caacupé, quien anunció a los periodistas, sin ruborizarse, que le pidieron a Lugo que renunciara para evitar que se registraran enfrentamientos.

Los obispos dócilmente aceptaron el castigo impulsado por la derecha política y avalado por los medios de comunicación hegemónicos. El diario conservador ABC, el más leído de Paraguay, tituló en la tapa de ayer dando por segura la salida del mandatario electo democráticamente: “Si Lugo no renuncia hoy, será destituido”. El medio no destacó en sus páginas la posición de la Iglesia. “Es lamentable que la Conferencia Episcopal presionara corporativamente. Es una corporación más de la derecha paraguaya. Al parecer, los obispos le prometieron a Lugo que se le aplicaría un juicio político y no criminal. No dijeron una palabra de que se estaba poniendo en peligro el proceso democrático”, señaló en diálogo con Página/12 Alberto Boccia, analista político y columnista del diario Ultima Hora.

No era la primera vez que los obispos le daban la espalda a Lugo. Nos podríamos remontar al 25 de diciembre de 2006, cuando el otrora obispo de San Pedro Fernando Lugo anunció que renunciaba a la Iglesia para formalizar la candidatura a la presidencia de su país. Sin sermones, dijo entonces el religioso: “Hoy, 25 de diciembre, oficialmente tomo la determinación de ponerme al servicio del pueblo paraguayo a través de la política”. Tres días después Lugo recibió una carta del Vaticano en la que se le advertía que como primera sanción iba a recibir la pena canónica de la suspensión, un paso previo a prohibirle el ejercicio sacerdotal. Un año después, la Congregación para los Obispos decretó la Suspensión a Divinis del prelado. Los obispos de la Conferencia Episcopal paraguaya dócilmente aceptaron el castigo a Lugo. Hubo marchas y contramarchas del Vaticano y finalmente, a cuatro días de asumir la presidencia, el 15 de agosto de 2008, la Santa Sede le concedió el estado de ciudadano común.

La Santa Sede nunca pudo digerir el hecho de que un obispo se despojara de sus títulos para ser candidato presidencial de una coalición que integraba movimientos sociales, movimientos de izquierda y campesinos –también al tradicional Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA)–. Tampoco veía con buenos ojos que Lugo simpatizara con sus colegas de Venezuela, Hugo Chávez, y de Ecuador, Rafael Correa. Casi un pecado para la Iglesia paraguaya. “Los religiosos paraguayos provienen de la más rancia extracción conservadora. Lugo era uno de los tres obispos progresistas del país junto a Mario Melanio Medina y Juan Bautista Gavilán. El resto vio con resquemor el proceso hacia el socialismo que encabezó Lugo”, sostuvo Boccia. Y la gota que derramó la copa eclesiástica fueron las denuncias sobre la paternidad de Lugo. El reconoció dos hijos.

A todo esto se suma que la matriz social de Paraguay es profundamente conservadora. Hoy hay dos millones y medio de pobres y la desigualdad es enorme. La dinámica de conflicto es difícil de cambiar. Afirma Mariana Fassi en el libro Paraguay en su laberinto: “El sector agropecuario crece de manera sostenida, con sus productos insertos en el mundo, favoreciendo a grandes productores nacionales y extranjeros y a compañías multinacionales relacionadas a los agronegocios. Por otro lado, las acciones colectivas en oposición a la soja se multiplican”. Una y otra vez, la Iglesia advirtió que la toma de tierras podría generar violencia. En apenas 24 horas y de forma sorpresiva, la oposición orquestó con éxito un golpe parlamentario. Es que el Congreso está compuesto principalmente por opositores, quienes han trabado la mayor parte de las iniciativas del Ejecutivo, incluyendo los presupuestos. Fue casi inmediato el enfrentamiento que tuvo Lugo con el vicepresidente liberal Federico Franco, quien no disimuló sus ansias de ocupar el sillón presidencial. El PLRA era el principal aliado de Lugo pero a poco de asumir decidió darle la espalda. Históricamente, el PLRA fue funcional al stronismo y a partir de los noventa al Partido Colorado y sus políticas neoliberales.

No era la primera vez que el presidente Lugo se enfrentaba a intentos desestabilizadores de la derecha. Pero nunca como éste. En guaraní le llaman “chake!” (ojo!) a un estado de alerta permanente. Así gobernó el ex obispo, con la amenaza de ser destituido.