Miles de mexicanos protestan en la capital contra el “fraude electoral”

 

Desde México D. F.

Oficialmente, Enrique Peña Nieto obtuvo la mayor cantidad de votos en la elección presidencial mexicana. Falta ver si son legítimos. Por lo pronto, el candidato de la izquierda ha iniciado el largo y tortuoso camino jurídico para impugnar unos comicios plagados de irregularidades e incluso de una serie de delitos ampliamente documentados por las redes sociales, particularmente la compra de votos por millones.

Paradójicamente, el cuestionado presidente Felipe Calderón, que durante seis años arrastró consigo la mancha de la ilegitimidad de su investidura por la sospecha de fraude electoral, y que la noche misma de las elecciones, el pasado domingo 1º de julio, se apresuró no sólo a reconocer la derrota de su partido y de su candidata, sino a declarar vencedor al candidato del PRI con sólo un conteo rápido de respaldo, ahora se suma al reclamo de limpieza electoral del candidato de izquierda. Más aún, Calderón avaló la demanda de López Obrador y de la candidata oficialista Josefina Vázquez Mota para que las autoridades electorales investiguen el uso indebido de dinero en las campañas electorales del PRI: “Si esto no es atendido debidamente, habrá razones para no aceptar la elección o, por lo menos, para protestar en el proceso”, declaró Calderón en una entrevista al diario Excélsior.

El Instituto Federal Electoral (IFE) terminó de hacer el recuento oficial de votos para la elección presidencial el viernes pasado, y dio la ventaja al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, con el 38,21 por ciento de los sufragios, contra el 31,59 que le reconoce al candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, mientras que la oficialista Josefina Vázquez Mota se quedó con 25,41 por ciento. El Partido Nueva Alianza, propiedad de la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo, conservó su registro al sacar 2,29 por ciento de la votación nacional.

Peña Nieto ha negado reiteradamente que el PRI haya comprado votos para que él gane la Presidencia de la República. En una entrevista con la BBC, sostuvo que metía las manos al fuego por la honestidad de su partido y, en lo que para muchos fue un exceso de cinismo, acusó a la izquierda de hacer un montaje de los videos donde se ve a miles de personas en varias partes del país haciendo compras de pánico en los supermercados Soriana con tarjetas de consumo que les dio el PRI a cambio de su voto. “¿Quién te dice que estos videos no son armados por los propios adversarios? ¿Qué credibilidad tienen? Yo los pondría en duda”, declaró Peña Nieto a la BBC, la televisión pública británica.

Algo que podría despejar la duda del priísta son las filtraciones a la prensa que documentan un gasto superior a los 6 mil millones de pesos, equivalente a casi 450 millones de dólares, para la compra de despensas en Soriana en estados gobernados por el PRI. La mitad de este supuesto desvío de recursos públicos se habría realizado en sólo seis entidades, entre ellas el Estado de México que hasta el año pasado fue gobernada por el propio Peña Nieto.

Soriana es la segunda cadena de supermercados más importante del país y su matriz está en el estado de Coahuila, cuyo ex gobernador, Rubén Moreira, se convirtió en presidente del PRI para operar la campaña de Peña Nieto, aunque luego debió renunciar ante el escándalo por falsificación de deuda pública en su entidad por varios miles de millones de pesos.

La compra de votos para el PRI fue expuesta en los medios durante varios momentos de las campañas tanto por la izquierda como por el PAN, pero fueron ignoradas por las autoridades, hasta que el lunes pasado no pudo ocultarse más: miles de personas por todo el país casi asaltaron los anaqueles de las tiendas Soriana para hacer efectivas las tarjetas que les habría entregado el PRI, ante la inminencia de su caducidad. Enormes filas de electores cooptados por el PRI fueron registrados en video y las imágenes dieron la vuelta al mundo por la televisión y las redes sociales, sembrando la duda internacional sobre la legitimidad de la elección presidencial mexicana.

Otra denuncia en curso es la que hizo el PAN sobre el reparto de millones de pesos a través de tarjetas electrónicas de prepago del grupo financiero Monex. Cuando el IFE pudo acceder a la cuenta bancaria desde la que se administraban miles de tarjetas, encontró depósitos por 70 millones de pesos, es decir, más de 5 millones de dólares. Sin embargo, el IFE se negó a ordenar el congelamiento de los fondos de esa cuenta porque no encontró evidencia de que hubiesen sido utilizados para la compra de votos. Más tarde, el equipo de López Obrador reforzó esta denuncia con supuestas evidencias de depósitos adicionales por 240 millones de pesos (casi 18 millones de dólares) a más tarjetas Monex para pagar a los representantes electorales del PRI.

Por lo pronto, un equipo de abogados cercanos al candidato de las izquierdas trabaja a marchas forzadas para construir un caso que presentar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), antes de que termine la próxima semana. En esta instancia se juzgan los recursos de inconformidad de candidatos y partidos, se califica la validez jurídica de la elección y se declara presidente electo a quien encuentre ganador.

Esta, que es la última instancia electoral, fue la que hace seis años declaró formalmente presidente electo a Felipe Calderón, que ahora parece justificar las impugnaciones de Andrés Manuel López Obrador. Este nunca lo reconoció como presidente de México y solamente ha cometido una vez el desliz de llamarle así en público, durante una entrevista de televisión en vísperas de la jornada electoral.

En contraste, la misma noche del 1º de julio, cuando apenas empezaban a contarse los votos en las casillas, un exultante Calderón dio el triunfo al priísta Enrique Peña Nieto por televisión, en cadena nacional. Ante la sorpresa de propios y extraños, Calderón justificó la aparente celebración de la derrota de su partido y de él mismo.

“Yo nunca tuve, durante varios meses, un reconocimiento claro”, dijo, y todavía se lamentó: “La verdad es que la incertidumbre que se generó en 2006 no se la merece nadie”.