Por primera vez en cinco décadas, un barco de mercancías ha zarpado hoy de Miami con destino a Cuba. No sorteará el embargo impuesto por Estados Unidos sobre el régimen de los hermanos Castro: va cargado con material de ayuda humanitaria, eminentemente colchones, que recibirán los cubanos a través de CubaPAK, una empresa de paquetería gestionada por el Gobierno de La Habana. Los envíos de ayuda humanitaria a Cuba son legales, pero hasta ahora se han hecho por vía aérea o con desvíos a través de terceros países.
El barco, el Ana Cecilia, zarpó de la terminal del Río Miami en el puerto de la ciudad de Florida antes de las once de la mañana hora local (seis horas menos en la España peninsular). Se calcula que llegará a La Habana a las siete de la mañana del jueves. Es un ferry operado por la empresa International Port Corporation, que ha solicitado y recibido los permisos necesarios del Gobierno federal, otorgados por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros y el Departamento de Comercio. Solo transportará material enviado por familiares de residentes en la isla y por organizaciones caritativas como iglesias.
“Es un proceso difícil, sumamente complicado, que ha requerido atravesar muchas etapas”, explica por vía telefónica Leonardo Sánchez-Adega, portavoz de la empresa International Port. “Somos los primeros en hacerlo. Ha habido mucha gente que lo ha intentado y ha desistido, por lo complicado que es. Hay que tener en cuenta las regulaciones de EE UU, las regulaciones de Cuba, y la idiosincrasia de la ciudadanía en ambos países. La idea surgió hace dos años, cuando nos propusimos que valía la pena colaborar en el envío de ayuda humanitaria a la isla”.
International Port, que cobra 5,99 dólares (4,82 euros al cambio actual) por cada libra (0,45 kilos) enviada, cumple con un estricto protocolo. Su barco partirá cada miércoles de Miami. Tiene una rutina pactada con la Guarda Costera para entrar en aguas internacionales y regresar a EE UU. No reposta en las costas cubanas, ni acepta ningún tipo de tripulante o mercancía que provenga de la isla. De ese modo cumple con las condiciones del embargo, vigente desde 1962. “Llevamos unos controles muy estrictos. Si alguien viene aquí queriendo enviar 200 relojes Rolex le decimos que se busque otros medios”, explica Sánchez-Adega.
La inauguración de esa ruta ha provocado quejas en el Congreso federal, procedentes eminentemente del sector de legisladores cubanoamericanos. La presidenta del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, la republicana Ileana Ros-Lehtinen, envió una carta el pasado 19 de junio a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Gobierno, la misma que le concedió una licencia a International Port, pidiendo que investigue si esa empresa de envíos está violando alguna ley en vigor en EE UU.
“Le remito este asunto para que determine, dentro de las normativas y directrices pertinentes, si International Port Corporation se halla en violación de alguna provisión legal, en concreto la ley Helms-Burton [una norma de 1996 que amplia el embargo], que determina que ningún barco que entre en Cuba, y tome parte en comercio de bienes, puede entrar un puerto de EE UU con la finalidad de cargar o descargar mercancías por un periodo de 180 días después de que ese navío partiera de Cuba”, escribió la congresista en su carta.
Ante esas quejas, International Port responde que cuenta con los permisos otorgados por el Gobierno federal y que cumple todos los protocolos de la Guarda Costera. “Lo de la congresista es un teatro, que ya esperábamos”, explica Sánchez-Adega. “Somos una empresa seria, con la intención de ayudar a todos los cubanos, y no solo los que se hallan en la isla”.