El incremento de la ofensiva de la guerrilla en el departamento de Cauca, en el suroeste de Colombia, y la consecuente acción militar para reprimirla, causó en lo que va de este mes el desplazamiento de unos 2500 indígenas y campesinos, que insisten en reclamarles a los dos sectores que abandonen la zona y dejen la seguridad en sus manos. El ex juez español Baltasar Garzón, que se desempeña en Colombia como asesor de la Organización de Estados Americanos (OEA) en temas relacionados con derechos humanos, escuchó estos reclamos por parte de los propios indígenas, pero ayer dejó en claro que no actúa como mediador ni como vocero del Ejecutivo.

El desplazamiento hacia lugares más seguros afectó a habitantes de los municipios de Toribío, Corinto, Miranda, Jambaló y Argelia, donde se concentraron las acciones de las FARC. Una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó ayuda a fines de la semana pasada a cerca de 1500 personas en varios caseríos de Cauca. Los ataques de las FARC en Cauca, si bien se mantienen desde hace meses, se intensificaron desde el 6 de este mes mediante el lanzamiento de explosivos de fabricación artesanal contra destacamentos policiales, muchos de los cuales terminaron afectando casas habitadas por civiles.

Miles de indígenas de la comunidad Páez, asentada en varias poblaciones caucanas, iniciaron hace una semana una movilización para exigir a los actores del conflicto armado que azota a Colombia desde hace casi cinco décadas que se retiren de sus territorios. Los nativos desmontaron algunas trincheras que protegían sedes policiales y equipos de comunicaciones vigilados por el Ejército. Tanto los policías como los militares se limitaron a observarlos sin tratar de impedir la protesta.

Miembros de la llamada guardia indígena, que tienen como única arma bastones de mando, emprendieron la búsqueda en las montañas de campamentos de las FARC para exigirles también su retirada. Los líderes aborígenes piden al gobierno que retire al Ejército y a la Policía nacional para que la guardia indígena se encargue de la seguridad en la región, a lo que se niega el presidente Juan Manuel Santos.

El ex juez español Baltasar Garzón, que está actualmente en Colombia, como asesor de la Organización de Estados Americanos (OEA) en temas relacionados con derechos humanos, escuchó estos reclamos de parte de los propios indígenas, pero aclaró que no actúa como mediador ni como vocero del gobierno. “No soy portavoz ni estoy como mediador de nadie”, explicó Garzón a la estación W Radio, tras comentar que en un primer encuentro que sostuvo ayer con líderes de la comunidad Páez, en el municipio de Miranda, se limitó a escuchar a los aborígenes. A su llegada a Bogotá, el reconocido ex magistrado mostró una cuota de optimismo en declaraciones a la agencia EFE. “Siempre hay un puente para el encuentro porque las posturas más intransigentes pueden encontrarse”, dijo Garzón, y recordó que viaja desde hace doce años al departamento del Cauca para conocer y defender los derechos constitucionales de las comunidades aborígenes que viven entre el fuego de la guerrilla y el Ejército.

El dirigente James Terracué, de la comunidad Páez, dijo que se espera que Garzón le informe al gobierno de las peticiones de los indígenas en torno a la salida de la fuerza pública de Cauca. El gobierno colombiano descartó ayer que Garzón pueda mediar ante indígenas. “Muy francamente, Baltasar Garzón no es representante del gobierno en ningún sentido. Lo respetamos, pero esa mediación no existe”, dijo el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.

Según el ministro del Interior, Federico Renjifo, el gobierno es consciente de la dificultad que viven los indígenas por la ofensiva de las FARC, pero considera que es “equivocada” la propuesta de que militares y policías salgan de la zona. “Tienen derecho a una autonomía, y hay que reconocérsela, pero no pueden pretender que las fuerzas militares no estén ahí para protegerlos también a ellos. Por fortuna, no son todos los que piensan igual”, dijo Renjifo en una entrevista que publicó ayer el diario bogotano El Tiempo.

También rechazó esa opción el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien además llamó la atención sobre las declaraciones de una líder regional que denunció vínculos entre las FARC y dirigentes de la movilización aborigen. La denuncia fue hecha por Ana Silvia Secué, representante de la Organización Pluricultural de Pueblos Indígenas de Colombia, quien dijo que la petición de los nativos para que la fuerza pública salga de Cauca explica esa supuesta conexión con las FARC.

El nuevo éxodo se dio entre familias mestizas de la zona urbana que tradicionalmente controló el comercio.