Fuerzas de seguridad desafían al Gobierno y a los partidos de Argentina

Unos 600 policías pertenecientes a los cuerpos de Prefectura y Gendarmería rompieron desde el martes la cadena de mando y se concentraron frente a las sedes de sus organismos para reclamar mejoras salariales. Las protestas las iniciaron el martes los agentes de la Prefectura Naval contra un decreto del Gobierno que, según ellos, les reducía sus salarios entre un 30 y un 70%, al eliminar las pagas extras que cobraban en negro. A sus reclamos se sumaron el miércoles cientos de agentes frente a la sede de la Gendarmería. Y también el miércoles unos 200 suboficiales marinos, frente al edificio central de la Armada. Las tres concentraciones se registraron en un radio de apenas un kilómetro y medio de diámetro, en el centro de Buenos Aires.

La Prefectura Naval controla los mares, ríos y zonas portuarias de Argentina. Y la gendarmería, las fronteras terrestres. En los últimos años, durante los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández a ambos cuerpos se les asignó también tareas de seguridad en los barrios pobres del sur de la capital, golpeados por el narcotráfico, y en las provincias más pobladas, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Ante la insubordinación de los agentes, el Gobierno dio marcha atrás el miércoles por la mañana y suspendió por un mes el decreto que retiraba las pagas adicionales. Pero los policías continuaron con sus protestas. Indicaron que no abandonarían la calle hasta que no les aumentaran el sueldo básico en más del doble, con lo cual pasaría de 3.000 pesos (unos 400 euros) a 7.000 (933 euros en el mercado paralelo).

No iba a ser una protesta más. Una cosa es oír a miles de sindicalistas gritando “el pueblo unido jamás será vencido” y otra bien distinta es ver en Argentina a miles de agentes saltarse la cadena de mando y gritar en plena calle: “Las fuerzas unidas, jamás serán vencidas”. Ante la gravedad de la situación, los diputados opositores y del Gobierno lograron firmar un escueto comunicado conjunto en el que les conminaban a “adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas”.

De nada sirvió. El miércoles por la tarde, la ministra de Defensa, Nilda Garré, entregaba otra pieza a los manifestantes anunciando la destitución de las cúpulas de ambos cuerpos, lo que significaba el paso a retiro de diez comandantes generales de la Gendarmería y diez generales de la Prefectura. “Queda así normalizada la situación”, anunció Garré. Pero estaba aún muy lejos de normalizarse. Los agentes siguieron reclamando más dinero. Y continuaron concentrados frente al edificio Guardacostas, en el centro de Buenos Aires. Concedieron al Gobierno un plazo de dos horas para que un representante acudiese allí a negociar con ellos. Luis Alberto Heiler, el nuevo general al mando de la Prefectura acudió. Pero tampoco se arregló nada.

Mientras tanto, el alcalde de Buenos Aires, el conservador Mauricio Macri, se dirigió por televisión a los manifestantes para decirles que aunque comprendía que tenían razones para estar descontentos, debían abandonar las calles y volver a sus casas. Pero el desafío continuó.

Al día siguiente, el jueves a las diez de la mañana, ante el edificio Centinela, donde se encuentra la sede de la Gendarmería, se concentraron unos 500 gendarmes, la mayoría con sus pistolas en la cintura. Al preguntarle por qué iban armados, Raúl Maza, quien ejercía funciones de portavoz, contestó: “Es la gente que recién salió de la guardia”. Un compañero suyo añadió: “Gendarme significa gente con arma”.

Ante la petición de todos los grupos políticos para declinar la protesta, Raúl Maza señaló: “Nosotros somos primero trabajadores y ciudadanos.

-¿Pero ustedes no tienen prohibido manifestarse?

- Se nos vienen exigiendo obligaciones y obligaciones a lo largo de 30 años y nunca nos dan derechos. No puede ser que los gendarmes tengan que hacer trabajos adicionales para alimentar a sus familias. La ley que nos prohíbe manifestarnos es una ley militar. Si ellos [en referencia al Gobierno] son militaristas, que las hagan cumplir.

-Uno de los cometidos de ustedes consiste en reprimir protestas ilegales en la calle. Ahora, ¿quién debería reprimirles a ustedes?

-Lo tiene que decidir el Gobierno. Nosotros no estamos cortando ninguna calle.

En efecto, protestaban en la acera del edificio. El cabo primero César Villalba, señaló: “¿Ellos [los suboficiales] van a comer con 3.000 pesos cuando hay una inflación del 25 o 35%? Esto es un país inestable y a nosotros nos han tirado por el Fuerte Apache [un barrio marginal] que es casi peor que las favelas de Brasil. Esto tiene que reventar, la presidenta es un desastre”.

De los 42.000 miembros de la gendarmería, 30.000 son suboficiales y 12.000 oficiales. Las protestas solo la han ejercido los suboficiales. A unos 500 metros de la sede de la Gendarmería se manifestaban también unos 300 suboficiales marinos, frente a la sede de la Armada. Esta fuerza militar cuenta con 15.000 suboficiales y 3.000 oficiales. Ellos iban sin armas, pero también asumían que le ley les impide manifestarse. A ellos no se les rebajó el salario, pero se quejaba de que cobran más de la mitad de su sueldo en pagas extras, en negro. El suboficial Marcelo Pereyra Cueva le dijo a sus compañeros: “Los políticos están usando esto en contra nuestra. No hay que permitir que lo usen a favor de ellos”.

A veinte minutos caminando desde la sede de la Armada, en el Edificio Guardacostas, se mantenían concentrados unos 300 policías de la Prefectura Naval. Esta fuerza de seguridad dispone de 29.000 uniformados. No portaban sus armas reglamentarias, pero mantenían cortadas el tráfico en la Avenida Madero, una de las de mayor afluencia de camiones en la capital. Cuando un prefecto les pidió que liberasen uno o dos carriles, le contestaron con cánticos: “No movamos nada, que nos saquen a patadas”.