Argomento precedente
La lucha sostenida durante décadas de familiares de desaparecidos en la Argentina y en otros lugares del mundo fue lo que llevó a la Asamblea General de las Naciones Unidas a establecer el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que fue fijado para el 30 de agosto. La decisión se tomó a fines de 2010, por lo que hoy se conmemora apenas por segunda vez.
La desaparición forzada es considerada por el Derecho Internacional un delito de lesa humanidad, que no sólo en la Argentina sino también en otros países de la región fue cometido reiteradamente por los regímenes militares del pasado. Con la reapertura de las investigaciones y los juicios por los crímenes de la última dictadura, Argentina se ha convertido en un referente continental en Derechos Humanos. La reciente condena a los ex dictadores Jorge Videla y Reynaldo Bignone y a otros oficiales del Ejército por el plan sistemático de robo de bebés, ha sido el punto uno de los sucesos más significativos de una política de esclarecimiento, castigo a los responsables y reparación a las víctimas, que posiciona a la Argentina como un líder continental. La tarea de Abuelas de Plaza de Mayo permitió que 106 personas recuperaran su identidad, pero aún quedan cientos más por localizar, por lo que el trabajo está lejos de darse por concluido.
El tema de las desapariciones forzadas no es de ninguna manera un asunto del pasado, ya que en nuestra región tenemos casos como los de México o Colombia, donde esta práctica sigue siendo utilizada de manera sistemática por fuerzas de seguridad, paralimitares o bandas delictivas, sin que se investigue adecuadamente.
Son varios los países de la región, además de Argentina, que han hecho avances importantes en los últimos tiempos. En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff promulgó la ley de creación de una Comisión de la Verdad, encargada de investigar las violaciones de Derechos Humanos cometidas entre 1946 y 1988. En Chile, el número de casos de violaciones de Derechos Humanos investigadas por la justicia alcanzó sus cifras más altas cuando un fiscal presentó 726 causas penales nuevas y más de 1000 denuncias interpuestas a lo largo de los años por familiares de personas ejecutadas por motivos políticos durante la dictadura de Augusto Pinochet. En Haití el ex presidente Jean-Claude Duvalier regresó tras 25 años de exilio y está siendo investigado por las denuncias sobre graves violaciones de Derechos Humanos, incluidas desapariciones.
En otros países, en cambio, la justicia sigue siendo una lejana esperanza. Es el caso de El Salvador o Guatemala, con las desapariciones producidas durante los sangrientos conflictos internos que esos países padecieron en los años 80. O el de Estados Unidos, donde ni siquiera se ha abierto una investigación para garantizar justicia por los casos de las personas objeto de desaparición forzada bajo custodia de la CIA durante el gobierno del ex presidente George W. Bush, en el contexto de la denominada “guerra contra el terror”.
Argentina fue uno de los primeros países en firmar y ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que las Naciones Unidas adoptaron en 2006. Hoy Amnistía Internacional está reclamando que lo hagan los países americanos que todavía se demoran.
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Por Julián Bruschtein