La Asamblea Nacional francesa ratificó el pacto europeo de austeridad y emitió una ley para obligar a su estricto cumplimiento, una acción llena de paradojas ejecutada a contrapelo de la voluntad de una parte de la población.

El hecho no sólo violentó la exigencia de varios sectores de convocar a un referendo para darle la palabra a la ciudadanía en un tema que afecta la soberanía nacional, sino que también contradijo algunas de las principales promesas de campaña del presidente François Hollande.

La noche de su victoria en la segunda vuelta de los comicios, el 6 de mayo, el gobernante proclamó que "la austeridad no debe ser una fatalidad en Europa".

Su afirmación levantó una oleada de esperanzas tanto en el país galo como en la Unión Europea (UE), donde fue visto como la posibilidad de enfrentar y equilibrar la doctrina de ajuste económico impulsada por la canciller federal alemana, Angela Merkel, y el expresidente Nicolás Sarkozy.

Apenas cinco meses después, el 9 de octubre, Hollande se congratuló cuando la cámara baja aprobó línea por línea el Tratado para la Estabilidad, la Coordinación y la Gobernanza para la zona euro, que habían redactado Merkel y Sarkozy.

Dicho pacto obliga a los Estados a realizar fuertes ajustes del gasto social y aumentar impuestos para mantener la deuda pública y el déficit fiscal dentro de estrechos márgenes con respecto al Producto Interno Bruto (PIB).

Quienes no cumplan estas obligaciones quedarán sujetos a la supervisión de los organismos europeos, con menoscabo de su soberanía nacional, y sufrirán sanciones económicas automáticas.

Por otra parte, todos los países deben plasmar la voluntad de acatar estos compromisos en su Carta Magna o por medio de una ley con suficientes garantías, lo que se ha denominado como "la regla de oro".

Aunque Hollande prometió renegociar estos acuerdos, y de hecho consiguió muchos votos gracias a esa propuesta, al final los aceptó sin variarles una coma y sólo logró que al margen del pacto se creara un fondo para la reactivación de la economía dotado con 120 mil millones de euros.

Pero, no es este el único contrasentido cometido por el jefe de Estado en estos meses de ocupar el Palacio del Elíseo, porque antes de aceptar la austeridad europea, ya la había diseñado para este país.

En el proyecto de presupuesto de la nación del 2013 se incluyeron rigurosas medidas de ajuste por unos 30 mil millones de euros cuyo peso caerá fundamentalmente sobre la población, aunque el primer ministro, Jean-Marck Ayrault, diga lo contrario.

Según el Ejecutivo, este esfuerzo económico es indispensable para reducir el déficit fiscal al tres por ciento y compensar el estancamiento del PIB desde hace ya cuatro trimestres.

Ayrault aseguró que el rigor será repartido de manera equitativa, con 10 mil millones de reducción en el gasto público, otros 10 mil millones de impuestos a las empresas y una cantidad igual en tributos para la población, una afirmación inexacta.

Cuando se baja el gasto público no es el Estado quien se perjudica sino el pueblo, que recibirá menos servicios o de inferior calidad y en muchas dependencias se congelarán los sueldos o habrá reducción de personal.

Respecto a las cargas fiscales para las empresas, existe en la teoría tributaria una ley denominada "transitividad de los impuestos", la cual expresa que los patronos trasladan hacia otros sectores las nuevas contribuciones para mantener intactas sus ganancias.

Una vía para lograrlo es aumentar los precios, lo que castiga a los consumidores, y otra es bajar los costos, de manera particular en el renglón de la mano de obra, y esto implica reducir salarios o despedir trabajadores.

Por eso los opositores a la austeridad, entre ellos el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, afirman que en lugar de estimular la producción y mejorar la economía, estas políticas contraen el consumo y causan, a la larga, más recesión.

"La austeridad por sí sola no funcionará, las cosas empeorarán. Hará caer la economía. No traerá crecimiento ni confianza, sino que destruirá ambas", sostiene el economista estadounidense.

En Francia el 30 de septiembre unas 80 mil personas originarias de casi todo el país desfilaron en esta capital para expresar su rechazo a las medidas de ajuste y reclamar una consulta popular.

Sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales ponen como ejemplo de los daños causados por la austeridad a la grave situación en Grecia, donde se habla ya de una crisis humanitaria.

En España y Portugal también se aplicaron severos ajustes y ambos países están al borde de una explosión social debido al aumento de la pobreza y la elevada tasa de desempleo.

Recientemente el secretario nacional del Partido Comunista Francés (PCF), Pierre Laurent, recordó que la UE ha realizado más de 20 cumbres dedicadas a resolver la crisis por medio del ajuste económico y sólo ha logrado profundizar los problemas.

El PCF también criticó la llamada "regla de oro" porque ésta equivale a convertir la austeridad en una política permanente, incluso después de una eventual solución a las turbulencias financieras en la eurozona.

A pesar de las críticas, el gubernamental Partido Socialista logró imponer en la cámara baja el pacto europeo gracias al apoyo de su principal rival, la Unión por un Movimiento Popular, que aportó 167 votos a favor, lo cual es una paradoja más.

Esto no restó el ánimo de los opositores al tratado, que anunciaron una coordinación regional para impedir que la austeridad se convierta en una fatalidad y reclamar otras vías de solución a un problema creado por los bancos, las grandes corporaciones y las desacertadas políticas gubernamentales.

*Corresponsal de Prensa Latina en Francia.

Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=605641&Itemid=1