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24. Expresar nuestro compromiso con la efectiva integración geográfica de América Latina y el Caribe, a través de la creación de la infraestructura física necesaria y la convergencia entre los diversos procesos de integración subregionales por lo que emprenderemos la elaboración y puesta en marcha de una la estrategia de integración física de la región

25. Intensificar, para ello, esfuerzos en el campo de la infraestructura para: promover y ejecutar políticas de ampliación de la conectividad y proyectos para ampliar los servicios de transporte aéreo, marítimo, fluvial y terrestre, así como el transporte multimodal; diseñar y ejecutar políticas públicas que atiendan, los requerimientos de la integración fronteriza a fin de agilizar su concreción aprovechando los marcos e iniciativas vigentes; e identificar y superar dificultades normativas y regulatorias.

26. Ampliar el intercambio entre el Proyecto Mesoamérica y los mecanismos de integración en el ámbito de la UNASUR, a través del Consejo de Infraestructura y Planeamiento (CIP), que incorporará a la IIRSA. Promoveremos la incorporación a ese diálogo tanto de las instancias caribeñas equivalentes, como de las establecidas en ALBA-TCP y Petrocaribe, para la realización de reuniones similares entre mecanismos subregionales vinculados con la integración de la infraestructura física en América Latina y el Caribe.

Ciencia y tecnología

27. Promover el tratamiento del tema “Tecnología y Desarrollo Productivo” en los diálogos de América Latina y el Caribe con otros actores internacionales.

28. Reconocer el potencial que las tecnologías de la información y las comunicaciones tienen para el desarrollo de la democracia, la economía y el progreso social. Destacamos, por ello, la conveniencia de compartir el conocimiento, la tecnología y la información, aprovechando la infraestructura de conectividad y promoviendo en nuestras poblaciones el acceso universal a la misma.

29. Fortalecer nuestro empeño para que el importante desarrollo científico logrado en la región en el último decenio se pueda convertir en servicios, productos y procesos accesibles a las economías y a las sociedades de los países latinoamericanos y caribeños, por medio de políticas inclusivas de innovación.

 

Desarrollo Social

Programas sociales y erradicación del hambre y la pobreza

30. Reiterar que el hambre y la pobreza representan una de las peores formas de violación de los Derechos Humanos. Por ello, la lucha para erradicarlas es un desafío ético, político y económico para todos. En este empeño, es necesario explorar e implementar nuevas formas de cooperación y solidaridad internacionales en apoyo a los esfuerzos nacionales así como garantizar el acceso a alimentos de calidad, ricos en nutrientes, para avanzar hacia sociedades mejor integradas en un mundo globalizado, más participativas, con rostro humano e inclusión social.

31. Concentrar los esfuerzos de política social en la población en situación de mayor vulnerabilidad para responder al desafío de la pobreza, la desigualdad y el hambre, y alcanzar el mayor desarrollo económico y social de los pueblos latinoamericanos y caribeños sobre la base de la integralidad, la no discriminación y el reconocimiento de la persona como sujeto de derecho. Continuaremos impulsando, por lo tanto, políticas de desarrollo social para asegurar dentro de los ámbitos nacionales un enfoque que priorice los programas dirigidos a la reducción de la pobreza, la desigualdad y el hambre.

32. En relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y considerando que en septiembre de 2010 se realizará la Sesión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre este tema, expresamos nuestra preocupación por el lento avance en su consecución, razón por la cual enfatizamos la necesidad de impulsar los mayores esfuerzos para alcanzar su cumplimiento.

33. Garantizar que los acuerdos de comercio regionales e internacionales en que participen los países de la región respondan a las necesidades relacionadas con el desarrollo social con equidad, el acceso a alimentos nutritivos y acordes a las costumbres locales y la implementación sostenible de las Metas del Milenio y otros metas de desarrollo internacionalmente acordadas.

34. Promover la elaboración de un plan de acción integral de política pública en materia social para concretar la cooperación y hacer más efectiva la ayuda para los países de renta media y baja, según lo acordado en las conferencias internacionales de alto nivel en la materia.

35. Reconocer que la erradicación de la pobreza, el pleno empleo productivo para todos y la integración social son interdependientes y se refuerzan mutuamente, y que por lo tanto, debe crearse un entorno propicio para que todos estos objetivos puedan alcanzarse simultáneamente.

 

Seguridad alimentaria y nutricional

36. Promover la coordinación regional de iniciativas así como el intercambio de tecnologías y recuperación de tecnologías tradicionales entre otras acciones para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, por medio de políticas públicas que impulsen el desarrollo rural, la producción sustentable de alimentos, su inocuidad, su almacenaje, su distribución y comercialización, así como crédito y seguro agrícolas.

37. Incorporar la perspectiva de derechos humanos y de género en la elaboración y revisión de las estrategias nacionales orientadas a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, con amplia participación social, particularmente de los sectores más vulnerables y no permitiremos el abuso monopólico en el sector de alimentos.

38. Impulsar el desarrollo productivo, tecnológico y de inversiones así como la introducción de tecnologías social y ambientalmente sanas de producción agrícola, el aumento de la productividad y competitividad de los pequeños y medianos productores, incluyendo los campesinos, y su acceso a los recursos productivos.

39. Fortalecer los procesos de integración en el ámbito alimentario y conjugaremos esfuerzos en apoyo a la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre 2025.

 

Educación, salud y servicios públicos

40. Ampliar la cooperación regional para promover el acceso universal, equitativo y de calidad a la educación primaria y a los servicios de salud, saneamiento y suministro de agua potable, en especial para las personas en condición de pobreza extrema. Buscaremos atender las necesidades específicas de salud de la juventud, asegurar la reducción de la desnutrición y la mortalidad infantil, mejorar la salud materna y combatir las epidemias de mayor impacto, prestando especial atención a las zonas rurales.

41. Buscar garantizar que las políticas y programas nacionales de desarrollo de la juventud atiendan sus necesidades particulares e involucren a los jóvenes y a las organizaciones dirigidas por ellos en el desarrollo de políticas nacionales que les atañen.

42. Adoptar programas integrales y flexibles, adaptados a las realidades socioeconómicas y culturales de cada país, región y grupo poblacional, que permitan erradicar el analfabetismo en todos los países de América Latina y el Caribe antes del año 2015.

43. Ampliar también la cooperación regional así como una respuesta coordinada e integral para garantizar, entre otras cuestiones, la reducción de la mortalidad infantil, el mejoramiento de la salud materna, especialmente en las zonas rurales, y la lucha contra las epidemias de alto impacto como el VIH/SIDA y el virus H1N1. Trabajaremos del mismo modo a nivel nacional, regional e internacional para reducir y controlar la diseminación de enfermedades no transmisibles que representan una seria amenaza al desarrollo y celebramos la iniciativa de los países miembros de la CARICOM a convocar en la Sede de las Naciones Unidas una Reunión de Alto Nivel sobre enfermedades crónicas no transmisibles en 2011.

 

Cultura

44. Reafirmar que todas las culturas tienen derecho a existir y preservar sus prácticas tradicionales y milenarias inherentes a su identidad. En ese sentido, promoveremos la historia, las tradiciones, los valores, la diversidad cultural y el entendimiento mutuo entre los pueblos de América Latina y el Caribe, conscientes de la contribución positiva que tendrá en la profundización de la integración regional. De igual modo, incentivaremos la cooperación, la integración cultural y el desarrollo de industrias creativas.

45. Reconocer, en consonancia con el respeto a los derechos humanos y el bienestar de nuestros pueblos, el derecho de nuestros Estados para establecer, de conformidad con el Derecho Internacional, las acciones normativas y otras medidas que juzguen convenientes para preservar y defender las manifestaciones ancestrales de sus pueblos, las cuales deben ser respetadas por la comunidad internacional.

46. Estimular la diversidad cultural como un componente indispensable de las políticas públicas para reducir la pobreza, promover la equidad y alcanzar las Metas de Desarrollo del Milenio.

Migración

47. Promover el pleno respeto de los derechos humanos de los migrantes y sus familias, en los países de origen, tránsito y destino, independiente de su condición migratoria, y trabajaremos para que la migración ocurra de manera informada, segura y conforme a las disposiciones relacionadas con la atención consular. Reafirmamos nuestro decidido compromiso de combatir el racismo y la xenofobia a que puedan ser sometidos los migrantes, promoviendo la reivindicación de sus capacidades como actores políticos, económicos, culturales y científicos, fundamentales para impulsar procesos de desarrollo e integración, en las sociedades de origen y de destino.

48. Continuar intensificando las acciones orientadas a prevenir y combatir la trata de personas y el tráfico ilícito y explotación de migrantes en todas sus modalidades y garantizar la plena protección y atención a las víctimas de estos delitos, en especial de mujeres, niños y adolescentes. Asimismo, crear instancias de coordinación entre países de origen, tránsito y destino para combatir estos delitos.

49. Facilitar la integración de los migrantes a las sociedades de acogida, promover facilidades para la residencia, el trabajo y la regularización, en consonancia con las legislaciones nacionales.

50. Promover la cooperación y el intercambio de experiencias y buenas prácticas a nivel nacional, regional y subregional en el combate al crimen organizado, al tráfico ilícito de migrantes y a la trata de personas, en especial cuando se trata de proteger a los grupos de personas migrantes más vulnerables: niños, niñas, adolescentes, mujeres, pueblos originarios y afrodescendientes.

Género

51. Estamos convencidos que el desarrollo económico y social en nuestros países y el logro de una democracia plena sólo son posibles a partir de una efectiva equidad entre hombres y mujeres por lo que impulsamos la inclusión de la perspectiva de género en el diseño, implementación y evaluación de toda política pública.

52. Nos comprometemos, en ocasión de la Declaración de la OEA del año 2010 como año interamericano de la mujer, a continuar trabajando por la plena implementación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem do Pará) y de los objetivos contenidos en la Declaración de Beijing y su plataforma de acción, de cuya adopción se cumplen quince años.

53. Considerar prioritarias la erradicación del hambre y la pobreza y las acciones tendientes a garantizar que todos los hombres y mujeres de nuestra región cuenten con alimentación y vivienda adecuadas, acceso a la salud -incluyendo su dimensión sexual y reproductiva-, a la educación y al trabajo decente, de manera de poder alcanzar niveles dignos de vida.

Desarrollo Sostenible

54. Actuar solidariamente en la construcción de una estrategia de cooperación internacional que fortalezca la relación entre el medio ambiente y el desarrollo, apoyando los esfuerzos de los países en desarrollo sin litoral marítimo, pequeños Estados insulares y costeros en desarrollo, y estimulando acciones que protejan y valoricen el patrimonio natural de la región.

55. Estimular la identificación, fortalecimiento e intercambio de buenas prácticas de desarrollo sostenible en la región, en temas como la incorporación del componente ambiental en las acciones gubernamentales, la participación social en políticas públicas y el manejo sustentable de los recursos naturales. Impulsaremos iniciativas con el objeto de convertir a los países de América Latina y el Caribe en exportadores de servicios ambientales.

56. Fortalecer la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible (ILAC).

57. Promover la cooperación en materia de manejo sustentable del patrimonio natural, la conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y el agua.

58. Reconocer y saludar la decisión del Ecuador de promover la iniciativa Yasuní ITT, por constituir una efectiva medida voluntaria para enfrentar el problema del cambio climático, garantizar la sobrevivencia de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y garantizar la conservación de uno de los lugares más biodiversos del mundo.

59. Estimar que las acciones verdaderas para enfrentar los problemas derivados de los cambios climáticos, como por ejemplo las iniciativas de gestión ambiental sostenible de bosques y de otros ecosistemas clave como los humedales; la eficiencia energética y el desarrollo de fuentes nuevas y renovables de energía; la transformación de los sistemas de transporte; la innovación científica y tecnológica; sólo pueden ser sustentables si están implementadas de manera social y ambientalmente responsable; respetando todos los derechos consagrados de los pueblos y comunidades.

 

Cambio climático

60. Manifestar nuestra preocupación por el ritmo al que avanza el calentamiento global y subrayamos que es preciso sumar esfuerzos en apoyo de las iniciativas de nuestros países para enfrentar de manera conjunta la amenaza que representa el cambio climático. En ese sentido, enfatizamos nuestro compromiso con la plena, eficaz y sostenida implementación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y del Protocolo de Kioto en un esfuerzo global con base en el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, las respectivas capacidades nacionales y las legítimas aspiraciones de los países en desarrollo.

61. Promover en el ámbito de la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y a la luz de éste, un mecanismo financiero predecible, transparente y eficaz, que asegure la adecuada provisión de flujos financieros internacionales nuevos, adicionales y suficientes, para apoyar los esfuerzos de mitigación y adaptación de nuestros países conforme a la Convención sobre Cambio Climático.

62. Subrayar la necesidad de que los países desarrollados cumplan sus compromisos bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en materia de financiamiento, acceso y transferencia de tecnología y creación de capacidades suficientes en los países en desarrollo particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático, especialmente los países menos desarrollados y los pequeños estados insulares y países costeros en desarrollo con tierras bajas, para brindarles cooperación en la mitigación y adaptación, sin condicionalidades.

63. Manifestar nuestro beneplácito por el hecho de que nuestra región será sede de la Décimo Sexta Conferencia de las Partes en la Convención Marco (COP 16) y la Sexta Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto (CMP 6), y expresamos nuestro respaldo a México a fin de que, mediante un proceso de negociación transparente e incluyente, sea posible alcanzar en la Conferencia un acuerdo amplio, ambicioso y eficaz que responda a las necesidades de nuestra región y resulte en un fortalecimiento del régimen internacional establecido en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático y el Protocolo de Kioto, y en beneficio de la humanidad en su conjunto. Coincidimos en que es necesario que los resultados de la COP 16 tengan un carácter jurídicamente vinculante como un paso decisivo en la lucha contra el cambio climático.

 

Desastres Naturales

64. Destacar la urgencia de concretar y desarrollar los diversos compromisos y mandatos asumidos por los gobiernos de América Latina y el Caribe en materia de desastres naturales, en especial el establecimiento de un mecanismo que permita dar una respuesta regional rápida, adecuada y coordinada a los mismos, a solicitud del Estado concernido y articulada con éste. A este efecto, subrayar el papel articulador de los organismos e instancias regionales competentes en ese ámbito.

65. Subrayar la relación intrínseca entre la reducción de desastres, el desarrollo sustentable y la erradicación de la pobreza entre otros, y reconocemos por ello la necesidad de fortalecer la capacidad de prevención, mitigación, respuesta y atención de las víctimas de los desastres a través de la adopción de políticas apropiadas y el incremento de la cooperación internacional para fortalecer y potenciar las capacidades nacionales. Reconocemos del mismo modo la importancia de la Declaración y el Marco de Acción de Hyogo, el Plan de Acción de Barbados, el Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible y la Declaración de Florianópolis de la II Reunión Regional de Mecanismos Internacionales de Asistencia Humanitaria, para los países que son parte del mismo, al tratar la problemática de los desastres.

66. Asegurar la coordinación necesaria entre los mecanismos de prevención, reducción de riesgos, mitigación y respuesta a los desastres naturales, en los niveles nacional, regional y global, en los esfuerzos para el cumplimiento de los objetivos de reducción del riesgo de desastres naturales. Nos proponemos incorporar la temática de reducción de riesgos a causa de desastres naturales en las políticas y procesos de planificación y aumentar la capacidad de resistencia a nivel comunitario, local, nacional y regional mediante la investigación, la ampliación de mecanismos para compartir el costo de la prevención de riesgos y el intercambio de datos e información, entre otros.

67. Fortalecer las iniciativas regionales de asistencia humanitaria y promoveremos el establecimiento de protocolos de ayuda mutua u otros dispositivos simplificados de respuesta ante desastres naturales.

68. Instruir a los organismos e instancias con experiencia en esos rubros con que cuenta América Latina y el Caribe: la Agencia Caribeña de Manejo a Emergencias en Casos de Desastre (CDEMA), el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC), el Comité Andino para la Prevención y Asistencia de Desastres (CAPRADE) y la Reunión Especializada de Reducción de Riesgos de Desastres Socionaturales, la Defensa Civil, la Protección Civil y la Asistencia Humanitaria del MERCOSUR (REHU), a definir las sinergias entre ellos y a poner en práctica de manera urgente un esquema de coordinación y cooperación de alcance regional que permita optimizar los recursos e incrementar nuestra capacidad y eficiencia para preparar a nuestras poblaciones y responder en casos de desastres naturales.

69. Promover medidas para la educación y la capacitación en materia de protección ambiental con miras a generar una conciencia colectiva y en consecuencia mitigar los efectos de los desastres naturales provocados por el hombre.

70. Constituir un Grupo de Trabajo de conformación abierta para avanzar en la implementación de esos objetivos.

 

Derechos Humanos

71. Afirmar el principio de que todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son universales, indivisibles, interdependientes e interrelacionados y que, en consecuencia, debe prestarse igual y decidida atención a la aplicación, promoción y protección tanto de los derechos civiles y políticos, como de los derechos económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo.

72. Fomentar y fortalecer la cooperación internacional para la promoción y protección de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los instrumentos jurídicos internacionales tanto de derechos humanos como de derecho internacional humanitario.

73. Reforzar la incorporación del enfoque de género en el diseño y ejecución de nuestras políticas, en las tareas estratégicas para el desarrollo económico-social y en el fortalecimiento de la democracia.

74. Fomentar el intercambio sobre experiencias nacionales en la preparación y presentación de informes ante el Mecanismo de Examen Periódico Universal (UPR) como un instrumento eficaz para la consideración y promoción de los derechos humanos en todos los países en condiciones de igualdad, según los compromisos de cada país. Trabajaremos por preservar la integridad, la objetividad y el equilibrio de este mecanismo.

75. Dar renovado impulso a la educación en materia de derechos humanos. Promoveremos políticas de educación inclusiva y de calidad al alcance de todos, con plena adhesión a valores como la tolerancia, la solidaridad y la equidad, a la promoción del enfoque de género y al respeto a la diversidad y a la identidad cultural de nuestros pueblos.

76. Promover el reconocimiento y la realización de los derechos de tercera generación o de solidaridad, en particular el derecho al desarrollo, así como el tratamiento de la temática de los derechos de los adultos mayores.

 

Asuntos de Seguridad

77. Estimamos indispensable reforzar la capacidad de iniciativa de los Estados de América Latina y el Caribe en apoyo del sistema multilateral para la paz, la seguridad y el desarrollo basado en el estricto cumplimiento del derecho internacional y el apego a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.

78. Considerar que las nuevas amenazas a la seguridad, tales como el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, el problema mundial de las drogas y los delitos conexos, el crimen transnacional organizado, el tráfico ilícito de armas, la delincuencia común que afecta la seguridad ciudadana, las amenazas a la salud pública internacional, en particular el VIH/SIDA y el H1N1, los desastres naturales, el tránsito de desechos tóxicos y de material radiactivo por nuestras aguas, entre otras, y en especial sus efectos en América Latina y el Caribe, deben ser enfrentadas integralmente mediante una cooperación internacional eficaz, articulada y solidaria, a través de las organizaciones e instancias competentes y basada en el respeto a la soberanía de los Estados, a la legislación interna de cada país y al derecho internacional.

79. Con el propósito de profundizar las acciones en favor del desarrollo socioeconómico con democracia, justicia e independencia, consideramos necesario afirmar el concepto de que la seguridad de nuestra región debe atender tanto a los aspectos de la paz y la estabilidad, como los que atañen a la vulnerabilidad política, económica y financiera, conforme al derecho internacional. En este sentido, reiteramos el compromiso de la región para concertar acciones para:

• Estimular iniciativas en favor del desarme y la seguridad internacionales.
• Alentar la confianza recíproca y promover la solución pacífica de los problemas y conflictos que afectan a la región.
• Contribuir, a través de la cooperación y la consulta, a la defensa, fortalecimiento y consolidación de las instituciones democráticas.
• Impulsar y ampliar el diálogo político con otros Estados y grupos de Estados, dentro y fuera de la región.
• Concertar posiciones con el propósito de fortalecer el multilateralismo y la democratización en la adopción de las decisiones internacionales.
• Continuar el establecimiento de zonas de paz y cooperación en nuestra región.
• Fomentar los procesos de integración y cooperación para el desarrollo con miras a fortalecer la autonomía de la región.
• Emprender una lucha activa y coordinada para erradicar la pobreza, el hambre, la marginación, el analfabetismo y la insalubridad.
• Reforzar la cooperación contra el narcotráfico, así como contra el terrorismo.

80. La paz en nuestra región está profundamente ligada al respeto a los principios de la libre determinación de los pueblos, la no intervención en los asuntos internos de los Estados, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o del uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los Estados y la cooperación internacional para el desarrollo.

 

Problema Mundial de las Drogas

81. Reafirmar el compromiso de nuestros países en la lucha contra el problema mundial de las drogas, con un enfoque integral y equilibrado basado en la vigencia del principio de responsabilidad compartida, en virtud de lo cual resaltamos la importancia de la cooperación internacional con respeto a la soberanía de cada Estado.

82. Ratificar nuestro firme compromiso de continuar las acciones contra el consumo, la producción, el tráfico y la distribución ilícitos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y sus delitos conexos. Estamos convencidos de que esa lucha, que debe ser parte de una solución integral donde estén contemplados los aspectos sociales y económicos relacionados con este flagelo, contribuirá al desarrollo social y humano de nuestras sociedades y al cumplimiento de los compromisos mutuos.

Terrorismo

83. Rechazar enérgicamente el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones y reafirmaron que cualquiera sea su origen o motivación no tiene justificación alguna. Reiteraron asimismo, su compromiso de prevenir, combatir y eliminar el terrorismo y su financiación mediante la más amplia cooperación y con pleno respeto a las obligaciones impuestas por el derecho interno y el derecho internacional, en particular de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Cooperación Sur – Sur

84. Destacar la importancia de la cooperación Sur-Sur, inspirada en el espíritu de solidaridad, sin sustituir o reemplazar las fuentes tradicionales de cooperación al desarrollo.

85. Impulsar las iniciativas de cooperación Sur-Sur y Norte-Sur para la promoción del desarrollo sostenible y continuaremos fomentando la cooperación triangular dentro del sistema multilateral.

86. Hacer un llamado a la comunidad internacional de continuar brindando cooperación para apoyar los esfuerzos de desarrollo de los países de renta media, tal como fuera acordado en el Consenso de El Salvador sobre Cooperación para el Desarrollo con Países de Renta Media. En este marco, reiteramos la importancia de promover la implementación oportuna de las resoluciones de Naciones Unidas, así como ejecutar acciones para concretar dicha cooperación.

Finalmente,

 

87. Incorporar el Plan de Acción de Montego Bay como documento anexo de la presente Declaración, con objeto de profundizar en el cumplimiento de la agenda latinoamericana y caribeña.

88. Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe expresaron su agradecimiento al Presidente de México por la iniciativa de celebrar la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe en la Riviera Maya, México, los días 22 y 23 de febrero de 2010, y manifestaron su gratitud al gobierno y al pueblo mexicanos por la cálida acogida y hospitalidad que facilitaron el resultado exitoso de la Cumbre.
Riviera Maya, México, 23 de febrero de 2010
http://america.cubaminrex.cu/Actualidad/2010/Febrero/declaracion%20cancun.html