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General: El genocidio de la Unión Patriótica en Colombia .-
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De: Ruben1919 (Mensaje original) |
Enviado: 03/02/2012 12:30 |
Masacre de Segovia
"Responsabilidad de la Masacre de Segovia recae sobre César Pérez"
Por: Elespectador.com
El excongresista acordó con Fidel Castaño el exterminó de la Unión Patriótica, dijo 'Vladimir'.
Los familiares de las víctimas de la masacre de 43 personas en el municipio de Segovia (Antioquia), el 11 de noviembre de 1988, siguen reclamando justicia.
En un detallado relato, el excomandante del Bloque del Magdalena Medio de las Autodefensas, Alonso de Jesús Baquero, alias ‘El Negro Vladimir’, acusó al excongresista César Pérez García de ser el “principal responsable” de la masacre de Segovia, registrada el 11 de noviembre de 1988, y en la cual murieron 43 personas.
Ante los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el excabecilla paramilitar señaló que Pérez García se reunió en Medellín con el entonces comandante el bloque del Magdalena Henry Pérez y Fidel Castaño Gil con el fin de acordar el “exterminio” de la Unión Patriótica en esa zona del departamento con el fin de retornar el poder político del partido Liberal.
Según ‘El Negro Vladimir’, el excongresista instó a sus jefes para que “realizaran las operaciones necesarias” para matar a todas las personas relacionadas con la Unión Patriótica y los cuales eran señalados de ser colaboradores de la guerrilla.
“El señor César Pérez estaba interesado en recuperar su fortín político y electoral, el cual según él, le había sido arrebatado la Unión Patriótica”, por lo que era necesario exterminarlos”, relató el exparamililtar, quien fue una de las personas encargadas de recolectar toda la información sobre nombres y direcciones de personas afines al partido político de izquierda.
El exparamilitar no dudó en responsabilizar en la sala de audiencias a César Pérez como el principal promotor de dicha masacre, la cual también contó con la colaboración del Ejército y de organismos internacionales, como la llamada Escuela de las Américas que lo financió con 18 millones de pesos.
“El Ejército me paso una lista con nombres y yo tenía otra. Al revisarla y ver los nombres repetidos consideramos que eran los elegidos para ‘sacrificar’ en Segovia”, precisó el exparamilitar señalando que la información militar fue entregada por el general Farouk Yanine Diaz.
Con detalle, el testigo explicó ante las preguntas de los magistrados de la Corte, que en la lista aparecían 60 personas, sin embargo solamente en esa noche pudieron asesinar a 45, pues no pudieron dar con el paradero de otros habitantes del sector acusados de simpatizar con el partido político.
“Se entró a la calle La Reina, alguna gente no estaba en el sitio, por lo que nos fuimos al parque frente a la estación de Policía y se empezaron a sacrificar las personas”, precisó el exparamilitar manifestando que después de eso César Pérez tomó la decisión de imprimir unos panfletos y pegarlos por todo el pueblo con el fin de amenazar a las personas que seguían siendo afines a la Unión Patriótica.
“La responsabilidad de la masacre de Segovia recae sobre los hombros de ese hombre”, precisó el testigo mientras señalaba al excongresista, asegurando que era muy amigo de Fidel Castaño y que todos en el pueblo lo sabían.
‘El Negro Vladimir’ precisó que pocos días después de la ejecución de la masacre se reunió en la base miliar de Segovia con César Pérez y se acordó la entrega de los panfletos para “asustar a la gente” que no había muerto.
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La Unión Patriótica en la voz de sus sobrevivientes
por KIEN&KE
Roberto Romero habla en su oficina del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Romero se internó juiciosamente en los archivos del semanario Voz, que nació del tradicional periódico del Partido Comunista Voz Proletaria, para lograr su propósito: el libro ‘Unión Patriótica Expedientes contra el olvido’. Un valioso documento que empieza con una escabrosa lista de asesinados y desaparecidos de la Unión Patriótica (UP), entre 1984 y 1997, continúa con las semblanzas de algunas víctimas y concluye con las reflexiones y testimonios de los líderes que sobrevivieron al aniquilamiento sistemático al que fue sometido el partido.
Una historia dramática que empezó en 1984, cuando se firmó el Acuerdo de paz de La Uribe entre el gobierno de Belisario Betancur y las Farc. Se pactó un cese al fuego y de hostilidades y se planteó la necesidad de crear un movimiento político producto del acuerdo. Nació entonces la Unión Patriótica. El Gobierno Betancur se comprometió a ampliar la democracia, con la elección popular de alcaldes y gobernadores y el estatuto para la oposición y el impulso de una reforma agraria. La UP se expresó en las urnas. En las elecciones legislativas y regionales fueron elegidos 24 diputados departamentales, 275 concejales, cuatro representantes a la Cámara y tres senadores, dos de los cuales venían del monte: Iván Márquez y Braulio Herrera.
Con su crecimiento electoral llegó la sangre. En el primer aniversario del partido fueron asesinados 300 militantes. Y las divisiones tampoco tardaron en llegar. Por un lado estaban los comandantes guerrilleros como Jacobo Arenas que reconocían a la UP como parte del plan de guerra y los más moderados los ‘perestroikas’ –en alusión a la Perestroika rusa liderada por Mijail Gorbachov– , quienes condenaban la combinación de todas las formas de lucha. En esa orilla estuvo Bernardo Jaramillo, quien sucedió en la candidatura presidencial a Jaime Pardo Leal, asesinado por los paramilitares el 11 de octubre de 1987. Tal fue la división que incluso en las Farc se habló de traición y Consejo de Guerra y algunos miembros de la dirección de la UP tuvieron que salir del país por temor a las represalias del movimiento guerrillero.
Aída Abella, el 8 de marzo de 1992, el día de las elecciones en donde resultó electa para el Concejo de Bogotá por las listas de la UP. (Foto Lara, Voz).
Las cifras de muertes siguieron en aumento. Dos décadas de ejercicio político de militantes de la UP produjeron más de tres mil muertes. En 1994, las autodefensas asesinaron al último representante de la UP en el congreso de la República, el senador Manuel José Cepeda. Una muerte que el Gobierno reconoció y por la que pidió perdón este año en una sesión solemne del Congreso. El fin jurídico del partido sólo llegó en el 2003, cuando el Consejo Nacional Electoral le quitó la personería jurídica al movimiento, que tras este recuento de asesinatos y persecución no logró sino 50 mil votos en las elecciones de 2002.
El libro de Romero reconstruye una historia contada por los sobrevivientes, muchos de los cuales forman parte del Polo Democrático Alternativo. Una de ellas fue Clara López Obregón, la alcaldesa designada de Bogotá, quien en 1987 fue candidata a la Alcaldía por una coalición democrática, integrada por el Nuevo Liberalismo Independiente, A Luchar, Frente Popular y la UP. Así recuerda esos azarosos días:
“La gloriosa Unión Patriótica” según Clara López.
El 13 de marzo de 1988, en una de las calles del barrio Nuevo Chile, la entonces candidata a la alcaldía de Bogotá por la coalición democrática, integrada por el Nuevo Liberalismo Independiente, A Luchar, Frente Popular y UP, Clara López Obregón, y el presidente del movimiento Bernardo Jaramillo. (Foto Lara, Voz).
No se me escapa la coincidencia. Hace 23 años participaba como candidata de una coalición de izquierdas liderada por la UP en la primera elección popular de alcaldes en 1988. En ese entonces, arreciaba la guerra sucia y el exterminio físico de la Unión Patriótica. Fue Jaime Pardo Leal quien primero me planteó la candidatura, no para ganar las elecciones sino para utilizarlas de tribuna de denuncia del genocidio en pleno desarrollo.
Todavía siento el escalofrío que invadió mi cuerpo cuando saliendo del Palacio de San Francisco, donde yacía en cámara ardiente el cuerpo de Teófilo Forero, me despedí de Patricia Ariza diciendo, “Nos vemos en el próximo entierro”. La magnitud de lo dicho, la impotencia frente a la inevitabilidad de muchos atentados y homicidios por venir y la indolencia generalizada de una opinión nacional que negaba lo que estaba sucediendo, todo eso y más, se resumía en una frase inconscientemente pronunciada que todavía me conmociona.
Los féretros de seis campesinos de la región de El castillo, Meta, pertenecientes a la UP, asesinados en septiembre de 1988. (Foto Pabloé, Voz).
¿Cómo pudo toda una sociedad vivir semejante holocausto sin aceptar siquiera que estaba sucediendo? A la salida de mi casa, sobre la Circunvalar, colocaban toda clase de grafitos amenazantes. La campaña la hicimos con Bernardo Jaramillo, pues Jaime Pardo no sobrevivió para inscribir mi candidatura. A la gente le daba miedo recibir la papeleta –todavía no se había implementado el tarjetón– y los restaurantes se desocupaban cuando entrábamos con Carlos Romero a comer algo.
César Gaviria, por esa época ministro de Gobierno, había mostrado en el Senado un mapa con la presencia de unos 30 o 40 grupos paramilitares. A ese mapa le sobrepuse los resultados electorales de la UP en las elecciones presidenciales anteriores, en las cuales sacó una votación inesperadamente alta y lo presenté como ponencia a un foro de candidatos convocado por la Presidencia de la República. Era el mismo mapa, pero no recibió la atención debida. Justo antes de las elecciones de ese año, se iniciaron las masacres en las haciendas La Negra y Honduras en el Urabá Antioqueño. Ya no iban sólo contra los dirigentes sino también contra los votantes. El mensaje era claro. Les siguió Segovia y tantas, tantas más.
Así, en medio de un río de sangre se desvaneció la promesa de la UP que surgió como un ensayo de incorporar a la insurgencia armada a la vida civil y pacífica. A manera de avanzada en medio de esa tregua fallida durante el Gobierno de Belisario Betancur, varios dirigentes guerrilleros se incorporaron a la vida civil y se presentaron como candidatos a las corporaciones públicas logrando un éxito inocultable. En menos de un quinquenio, la situación política del país creó expectativas esperanzadoras que fueron frustradas e interrumpidas por la presencia activa del crimen organizado con ramificaciones ya al descubierto en autoridades civiles y militares, que contribuyeron a planificar y ejecutar uno de los crímenes continuados más horrorosos y vergonzosos de la historia colombiana.
Angelino Garzón, vicepresidente de la UP, durante un recorrido por los barrios de Bogotá durante la jornada electoral del 11 de marzo de 1990, levanta la mano del candidato presidencial de la UP, Bernardo Jaramillo, quien saldría electo al Senado. A su izquierda el dirigente de la UP, Oscar González. (Foto Lara, Voz)
Los lamentos por la liquidación a sangre y fuego de la Unión Patriótica apenas si se registran en la opinión pública, cuando cualquier propósito de paz tendría que pasar por rendirle culto a la UP por el holocausto de toda una generación de líderes solo comparable con los pogromos dirigidos contra los judíos. Quedan todavía muchos interrogantes sobre este asesinato masivo. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? ¿Cuáles los hilos de financiación de los paramilitares? ¿Quiénes fueron los individuos que orquestaron esa alianza non sancta de narcotraficantes, ganaderos, políticos e integrantes de la fuerza pública que llevó a cabo el exterminio? ¿Quiénes son los autores intelectuales?
La violencia política ha sido una constante en la historia del país. Así lo demuestran la masacre de las Bananeras, el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, la primera Violencia, así con mayúscula, la muerte de Guadalupe Salcedo y el exterminio de la Unión Patriótica.
La “Mano Negra” de todos los tiempos ha estado presente, aunque muchos tratan de invisibilizarla. Pero de todos los crímenes que se han perpetrado contra los dirigentes y organizaciones políticas de avanzada, la de mayores consecuencias ha sido el que se cometió contra la UP, que no sólo era un proyecto político nuevo, sino una propuesta de paz, una propuesta de reconciliación nacional, una propuesta de democratización del país.
El esclarecimiento y la solución de los interrogantes planteados son el presupuesto básico para cualquier proyecto de paz y de reconciliación nacional. No es posible reconciliarnos en medio de la impunidad. Para que Colombia se incorpore al proceso de democratización y cambio social que vive América Latina, se requiere recorrer el camino de la búsqueda y aceptación de la verdad. Ese es el objetivo del Centro Memoria, Paz y Reconciliación que ha impulsado este documento histórico, Unión Patriótica Expedientes contra el olvido, como aporte a la necesaria reparación de las víctimas. Es nuestro deber vencer la impunidad como presupuesto para construir nuevos caminos de paz y reconciliación.
Operación Golpe de Gracia
Aída Abella, la mujer que en junio de 2011 en la Escuela de Ingenieros de Metz gritaba airada por la presencia del ex presidente Álvaro Uribe, a tal punto que logró junto a una veintena de personas que el ex mandatario renunciara a la cátedra que dictaba. Abella, la misma quien en 1992 salió electa con una de las votaciones más altas de la izquierda al Consejo de Bogotá por las listas de la UP y luego se marchó al exilio tras un grave atentado, el 7 de mayo de 1996, cuando sicarios intentaron lanzar un rocket contra el carro en el que se movilizaba. Aida Abella, la sindicalista aguerrida, que habló en una entrevista con Roberto Romero, publicada en el libro Unión Patriótica Expedientes contra el olvido, sobre una operación dirigida contra los dirigentes de esta colectividad en los años noventa de la que se conocen pocos detalles: La Operación Golpe de Gracia.
“A mediados de 1993 un anónimo llegó a la sede de la UP sobre la Operación Golpe de Gracia. En una hoja escrita a máquina, alguien nos hacía conocer que la cúpula militar de la época, con nombres y apellidos, se había reunido, para discutir dos opciones: si se abrían procesos judiciales amañados para llevar a la dirigencia de la UP a la cárcel o si seguían con el plan de exterminio contra la dirección nacional y los comandos departamentales. Primó la segunda. Por eso preparamos una carta a las organizaciones de Derechos Humanos del mundo transcribiendo la grave amenaza que pesaba sobre todos nosotros. Salí y en la sede del Partido Comunista me encontré con Miller Chacón, el secretario nacional de organización del Partido Comunista Colombiano, que había reemplazado a Teófilo Forero, asesinado junto con su esposa y dos dirigentes más el 27 de febrero de 1989 en Bogotá.
Demostración de un grupo de sobrevivientes de la UP, organizada por la Corporación Reiniciar el 12 de octubre de 2010 en Bogotá en el Día Nacional de las Víctimas del genocidio contra la UP. (Foto Betty Monzón, Reiniciar)
Le entregué el anónimo y lo leyó con cuidado. Era un hombre muy tranquilo y expresó sin rodeos: “Nos van a matar a todos”. Ese fin de semana se reunió la dirección del Partido para tomar las medidas de protección. Miller, un estudioso de la política, el deseaba poner a todo el mundo a salvo, fue el primero en caer víctima de este plan, el 25 de noviembre de 1993, en una calle al sur de Bogotá. Luego vendría el asesinato de Manuel Cepeda, casi nueve meses después, el 9 de agosto de 1994. Habíamos visitado varias veces al flamante ministro de Defensa del presidente César Gaviria, Rafael Pardo Rueda, para denunciar estos planes. En su despacho estuvimos con Álvaro Vásquez, Manuel Cepeda y Hernán Motta, entre otros. Jamás se inmutó ante las graves denuncias, parecía que los muros del despacho eran más susceptibles a lo que decíamos. Su frase preferida, al menos en nuestras reuniones, era “no les creo, pruebas, pruebas”.
Siempre me impresionó que ni siquiera nos mirara. Sus ojos permanecían clavados en la mesa y con un bolígrafo en la mano. Esa frialdad y deshumanización ante hechos tan serios me llevaron a reconfirmar que todo estaba calculado. El establecimiento estaba advertido, desde los primeros asesinatos, que las fuerzas militares se encontraban seriamente implicadas”.
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Unión Patriótica (Colombia)
De Wikipedia, la enciclopedia libre
La Unión Patriótica (UP) fue un partido político de Colombia, fundado en 1985 como parte de una propuesta política legal de varios actores sociales, entre ellos las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).Con el tiempo, el partido se constituyó como ajeno a la lucha armada de este grupo alzado en armas. El Partido Comunista Colombiano (PCC) también participó en la formación y organización de la UP.
Dos candidatos presidenciales, 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y miles de sus militantes fueron asesinados por grupos paramilitares, las fuerzas de seguridad del Estado (Ejercito Colombiano) y narcotraficantes. Algunos de los sobrevivientes al extermino abandonaron el país.[1]
La UP nació en un proceso de paz que adelantó la guerrilla de las FARC con el gobierno de Belisario Betancur. En 1986 su candidato Jaime Pardo Leal llegó a obtener el 4,6% de la votación, alcanzando el tercer lugar en las elecciones presidenciales.[2]
La UP logró su mayor votación en las regiones del Nordeste, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Urabá, Chocó, Arauca y Área Metropolitana de Medellín. Durante las elecciones del 25 de mayo de 1986 la UP obtuvo 5 senadores, 9 representantes, 14 diputados, 351 concejales y 23 alcaldes.[cita requerida]
El narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha inició una guerra particular en contra de la guerrilla de las FARC, con la cual impulsó el asesinato sistemático de los miembros de la Unión Patriótica, ya que, eran el brazo político de dicho grupo armado.[cita requerida]
En ese exterminio no sólo participó Rodríguez Gacha, sino que también lo hicieron los nacientes grupos paramilitares de la extrema derecha - que en la próxima década se aglutinarían en las Autodefensas Unidas de Colombia- en algunas ocasiones en coordinación, inclusión y colaboración con miembros de seguridad del Estado. Se desconoce la cifra total de militantes o simpatizantes de la UP que fueron asesinados.[cita requerida]
Leonardo Posada representante a la Cámara fue el primer asesinado en 1986 en la ciudad de Barrancabermeja. En 1987 fue asesinado Jaime Pardo Leal, quien había sido candidato presidencial en las elecciones de 1986. El 22 de marzo de 1990 fue asesinado el también candidato presidencial Bernardo Jaramillo Ossa, en el aeropuerto de Bogotá. El senador Manuel Cepeda Vargas fue asesinado en 1994.[3]
[editar] Otros asesinatos
El viernes 14 de agosto de 1987, sicarios motorizados derribaron la puerta de la residencia del Senador Pedro Luis Valencia en Medellín y fue acribillado. Alejandro Cárdenas-Villa, quien fue alcalde de la UP en Mutatá, pasó luego a la gerencia de la Corporación de Vivienda y Desarrollo Social de Medellín [CORVIDE], y murió asesinado a plena luz del día en la Plaza de Ferias de Medellín. [cita requerida]
Gabriel Jaime Santamaría, siendo presidente de la Asamblea de Antioquia, murió asesinado dentro de su oficina en La Alpujarra de Medellín, a pesar de las medidas de seguridad.[cita requerida]
El 18 de mayo de 1988 fue asesinado en Medellín Elkin Martínez, elegido para posesionarse en Remedios, Antioquia. Fue asesinado en una recepción de hotel mientras tomaba una foto turística. Su muerte desencadenó el paro del nordeste antioqueño en Segovia y Remedios, paro que duró cerca de tres semanas.[cita requerida]
Los paramilitares de Puerto Boyacá incursionaron en Segovia el 11 de noviembre de 1988 al mando de Alonso J. Vaquero Agudelo mejor conocido como el ‘Negro Vladimir’. Entraron disparando y dejando a 48 muertos incluyendo niños, mujeres y ancianos. El ‘Negro Vladimir’ participó también en las masacres de 14 campesinos en Cimitarra, Santander, 19 comerciantes en Puerto Boyacá y 15 funcionarios de la Fiscalía en La Rochela, Santander.[4] Estos hechos se conocieron posteriormente como la Masacre de Segovia, Masacre de La Rochela y la Masacre de Cimitarra.
A Elkin Martínez lo reemplazó Carlos Rojo Uribe quien también murió asesinado en agosto 1 de 1997 por los alrededores del batallón Bomboná, junto con siete personas que fueron sacadas de sus casas en Remedios, Antioquia.[cita requerida]. la única líder política que logro sobrevivir fue la ex concejal de Bogotá Aida Abella a quien intentaron matar en 1995
La muerte en Puerto Valdivia del concejal de Valdivia, Henry Montenegro, desató un paro en el Bajo Cauca antioqueño, que duró una semana hasta que se hiciera presente una comisión del gobierno. Henry Montenegro perdió la Alcaldía de Valdivia por 1 (un) voto en las elecciones de 1988.[cita requerida]
Octavio Sarmiento Bohorquez ex-dirigente de la UP de la que fue representante por Arauca fue asesinado por el grupo de Autodefensas Vencedores de Arauca, el 1 de octubre de 2001.
[editar] Acusaciones a Elementos del Estado
[editar] Procesos judiciales
La gran mayoría de éstos homicidios no cuentan con condenas. En algunos casos puntuales se condenó a autores materiales, pero los autores intelectuales siguieron en la impunidad . Las víctimas sobrevivientes y sus familiares han aportado testimonios y pruebas de la participación de miembros de las fuerzas de seguridad del estado colombiano en varios de los hechos criminales. [cita requerida]
Un abogado defensor de las víctimas de la Unión Patriótica, Eduardo Umaña Mendoza, fue asesinado en los años 90 en su propia oficina de Bogotá.[5]
En 1993 se interpuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda contra el estado colombiano por su responsabilidad y participación en los crímenes contra la UP.[6]
Para la Comisión, al aceptar la demanda, "los hechos alegados por los peticionarios exponen una situación que comparte muchas características con el fenómeno del genocidio y se podría entender que sí lo constituyen, interpretando este término de conformidad con su uso corriente. Sin embargo, la Comisión ha llegado a la conclusión de que los hechos alegados por los peticionarios no caracterizan, como cuestión de derecho, que este caso se ajuste a la definición jurídica actual del delito de genocidio consignada en el derecho internacional. Por lo tanto, en el análisis de los méritos del caso, la Comisión no incluirá la alegación de genocidio."[6]
En el 2006, la Corporación Reiniciar, la Comisión Colombiana de Juristas y los representantes de las víctimas argumentaron que el estado colombiano no ha logrado impedir las persistentes amenazas, asesinatos y acciones arbitrarias en su contra.[cita requerida]
El proceso ante la CIDH, una vez aceptada la demanda en 1997, continúa en curso después de que un intento de búsqueda de solución amistosa, iniciado en el 2000, llegó a su fin por decisión de la Corporación Reiniciar, la Comisión Colombiana de Juristas y y los representantes de las víctimas. Persiste el reto de que alguno de los diferentes gobiernos colombianos pueda romper el ciclo de impunidad que históricamente ha rodeado a éstos crímenes.[cita requerida]
[editar] Documental
El documental "Memoria de los silenciados: El Baile Rojo" trata sobre los asesinatos de miembros de la Unión Patriótica e incluye las versiones de varios familiares de las víctimas.
[editar] Referencias
Walking Ghosts (Murder and Guerrilla Politics in Colombia). Steven Dudley. Routledge. 253 páginas. New York, 2004'
More Terrible than Death (Violence, drugs, and America’s war in Colombia). Robin Kirk. PublicAffairs. 321 páginas. New York, 2004.
[editar] Enlaces externos
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Manuel Cepeda Vargas
De Wikipedia, la enciclopedia libre
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Manuel Cepeda Vargas (Armenia, 13 de abril de 1930 - Bogotá 9 de agosto de 1994) fue un político, abogado y periodista colombiano asesinado en el marco del genocidio a la Unión Patriótica.
En 1952, mientras realizaba estudios de derecho en la Universidad del Cauca, ingresó al Partido Comunista Colombiano durante la Campaña de Crecimiento que orientó tras el impune asesinato en Cali del dirigente popular Julio Rincón. En 1958, en el VIII Congreso del PCC, fue elegido como miembro del Comité Central y encargado de la reconstrucción de la Juventud Comunista Colombiana, JUCO, de la que ocupa la secretaría general. En su labor de reconstrucción militó al lado de Jaime Bateman Cayón, Hernando González Acosta, Yira Castro (su futura esposa), Jaime Pardo Leal y Miller Chacón.
En 1960 contrae matrimonio con Yira Castro, con quién tuvo dos hijos: María e Iván Cepeda Castro .
En 1964 es encarcelado por su actividad revolucionaria, y en la Cárcel Modelo de Bogotá escribe el libro de poemas Vencerás Marquetalia, homenaje a la resistencia campesina armada que orientaba el PCC en el Tolima y que desembocaría en la fundación de las FARC.
Fue columnista del semanario Voz Proletaria (luego Semanario Voz) y su director durante varios años. Como miembro del Comité Ejecutivo Central del PCC, denunció continuamente el genocidio político contra el PCC, la Unión Nacional de Oposición y la Unión Patriótica.
En 1981 publica Yira Castro: mi bandera es la alegría, homenaje póstumo a su esposa que fallece ese año.
En 1992 es nombrado secretario general del PCC, en reemplazo de Álvaro Vásquez del Real. Para ese año la guerra contra la UP se había intensificado en todo el país, y más de 3 mil personas vinculadas a este nuevo movimiento político habían sido asesinadas.
En julio de 1993, varios miembros de la dirección de la UP se reunieron con el ministro de Defensa Rafael Pardo Rueda, bajo el gobierno de César Gaviria, para denunciar la existencia del “Plan Golpe de Gracia”, elaborado por el alto mando militar con apoyo paramilitar. Los voceros gubernamentales declararon ante los medios de comunicación que con estas denuncias la izquierda pretendía mejorar los resultados en las elecciones parlamentarias de 1994. Los jóvenes asesores del presidente Gaviria calificaron los informes suministrados como temores provocados por la “jurasic paranoia”, haciendo alusión a la condición de “dinosaurios” de los líderes de izquierda. Semanas después de estos episodios fue asesinado José Miller Chacón, líder nacional de la UP. Bajo el mismo plan de exterminio fue asesinado meses más tarde al último senador elegido por voto popular de la UP, Manuel Cepeda Vargas, y se atentó contra su presidenta, Aída Avella con un rocket disparado en una populosa avenida de Bogotá.
Con el «Plan Golpe de Gracia» se consolidó la estrategia de exterminio contra las comunidades que se constituían en base política de la UP y contra destacados líderes de ese movimiento político. En 1.993 fueron asesinados 129 líderes más, y se dio marcha al «Plan Retorno», a través del cual se pretendía la criminalización de los líderes de la UP que continuaban activos políticamente. Así mismo, se impuso la utilización de los "Mocha-cabezas", asesinos a sangre fría, a través de los cuales se buscaba generar terror en los simpatizantes y miembros de la UP a fin de que desistieran de su lucha democrática.
Manuel Cepeda murió asesinado al occidente de Bogotá el 9 de agosto de 1994 cuando se dirigía al Congreso de la República.
En su honor, un colegio de Bogotá (Antiguo Colegio IED Britalia) y la avenida que comunica el sector de Banderas hasta la Avenida Longitudinal de Occidente en la localidad de Kennedy llevan su nombre (Avenida Manuel Cepeda Vargas)[1].
Un Frente de las FARC tambien llevan su nombre. Al respecto, su hijo, el defensor de derechos humanos Iván Cepeda Castro ha repudiado el uso del nombre de su padre por parte de las FARC y ha condenado en varias ocasiones las acciones de esa guerrilla, afirmando que "Una sociedad justa y democrática, como la que quería mi padre, no se construye a punta de atentados indiscriminados contra la población civil".[1]
Cepeda Vargas fue ejecutado por sicarios que iban en un Renault 9 color blanco el 9 de agosto de 1994 desde el cual dispararon cuando se desplazaba por la Avenida Las Américas con carrera 74, al occidente de Bogotá.[2]
Dos ex agentes del estado fueron condenados a 43 años de prisión el 18 de enero de 2001 por el Tribunal Superior de Bogotá: Hernando Medina Camacho y Justo Gil Zúñiga Labrador, suboficiales retirados del Ejército de Colombia. Otro individuo de nombre Edilson Jiménez Ramírez, alias ‘El Ñato', fue sindicado el 18 de marzo de 2009 como supuesto autor del delito de homicidio agravado, por un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH.[2]
[editar] Demanda ante la CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el 14 de noviembre de 2008 una demanda contra el Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acusándolo de no actuar con diligencia en la investigación y en la sanción de los responsables de este crimen.[2] En el comunicado el Ministerio de Relaciones exteriores de Colombia aseguró que en las audiencias el Estado colombiano reiterará ante la comisión su "condena y rechazo de tan horrendo crimen" y que negará los argumentos que se presenten sobre una "presunta política de Estado de persecución en contra de líderes de la Unión Patriótica".[3]
En enero de 2010 en audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado colombiano nuevamente reconoció su responsabilidad en los hechos y pidió perdón a los familiares y amigos de Manuel Cepeda Vargas. En próximos meses se producirá el fallo definitivo, mediante el cual se establecerá la responsabilidad del Estado de reparar pecuniaria y simbólicamente a las víctimas de este genocidio.
[editar] Véase también
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Bernardo Jaramillo |
Asesinato del candidato presidencial de la Unión Patriótica en una de las salas de espera del aeropuerto internacional “El Dorado” de Bogotá
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Participantes: |
Andrés Arturo Gutiérrez Maya por órden de Carlos Castaño Gil |
Lugar: |
Bogotá, Colombia |
Fecha: |
22 de marzo de 1990 |
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Bernardo Jaramillo Ossa. Candidato presidencial de la Unión Patriótica (UP), ultimado en 1990 en una de las salas de espera del aeropuerto internacional “El Dorado” de Bogotá, Colombia, cuando se disponía a abordar un avión con destino a Santa Marta. Fue el segundo candidato presidencial caído en la oscura campaña electoral colombiana que dejó a otros dos aspirantes muertos.
Síntesis biográfica
Político colombiano, de familia humilde, nacido en Manizales, Colombia en 1956. En su juventud comprendió los problemas de pobreza en que vivían varias personas a su alrededor y funda un restaurante popular cuando estaba en secundaria, más tarde se graduó en Derecho y Ciencias Políticas.
Se integró a la Unión Patriótica (UP) una vez que fue fundada en 1985 y más tarde en las elecciones de 1988 ocupó el escaño de Senador de la Republica. Tras el asesinato de Jaime Pardo Leal asume la presidencia de la organización.
Bernardo Jaramillo Ossa hizo esfuerzos por vincular dicho movimiento a la Internacional Socialista, lo que le valió el sobrenombre de "perestroiko". Criticó duramente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) sobre todo por su política de "todas las formas de lucha" aunque a la vez mantenía el apoyo de conseguir la paz con la guerrilla para lo que exigía el fin de los grupos paramilitares quienes ya habían asesinado para esa época a más de 300 militantes del movimiento, asunto denunciado a todos los medios.
Tras la muerte de Luis Carlos Galán, del partido liberal, es elegido candidato presidencial para el periodo 1990 - 1994 y obtiene una popularidad casi igual de grande que la del asesinado caudillo liberal. Posteriormente Jaramillo planeaba una alianza con Carlos Pizarro Leongómez, desmovilizado líder del M-19 y también candidato a la Presidencia.
A Bernardo Jaramillo lo llamaban cariñosamente Garfield por los bigotes similares al gato, también era cariñosamente llamado "el bizcocho" (hombre apuesto).
Bernardo, candidato presidencial de la Unión Patriótica, poco a poco fue llenando auditorios, desmoronando prejuicios de una sociedad amalgamada por las opiniones mediáticas. El pensamiento colectivo se llenó de creatividad, de nuevas posibilidades, afirmando la verdad del paramilitarismo como el peligro más grave de la democracia. “Venga esa mano país”, era el slogan de la campaña, manos juntas construyendo un nuevo país.
Cada vez que le preguntaban a Bernardo Jaramillo Ossa, cómo era capaz de sonreír si siempre decía que iba a ser asesinado, el líder de izquierda respondía: “Porque la alegría es la divisa de quienes defendemos la vida”.
Siendo candidato presidencial por la UP fue asesinado en Bogotá el 22 de marzo de 1990.
Después del asesinato de Jaramillo y muchos otros cuadros, la dirigencia de la Unión Patriótica pasó a la social-democracia-cristiana y junto con otras tendencias hizo parte del Frente Social y Patriótico que luego se uniría al Polo Democrático
Desarrollo de los hechos
Bernardo Jaramillo se encaminaba junto a su esposa Mariela Barragán y once escoltas Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), organismo de inteligencia de Colombia, dos de la Policía y dos de la Unión Patriótica (UP) al Terminal Puente Aéreo de la ciudad de Bogotá. Una vez en la terminal aérea esperarían su vuelo con destino a Santa Marta donde tomaría vacaciones.
En todas las entrevistas dijo con una mezcla de frialdad y humor negro, “sé que me van a matar”, predicción no resultaba difícil que se hiciera realidad después del asesinato de centenares de militantes de ese movimiento de izquierda que surgía con un gran respaldo popular que no se veía en Colombia desde la época de Jorge Eliécer Gaitán, y su presentimiento se cumplió el jueves 22 de marzo de 1990.
Sucesos en el puente aéreo
Una hora antes de la llegada de Jaramillo al puente aéreo, un joven de 17 años, vestido de corbata, luciendo un reloj de marca en su pulsera y un maletín en su mano, llegó a la terminal aérea y confirmó un pasaje de “Avianca” en el mismo vuelo a Santa Marta que más tarde iba abordar Bernardo.
Las autoridades lo identificaron después como Andrés Arturo Gutiérrez, el menor de cuatro hijos de una familia que vivía en el barrio Enciso de Medellín.
Minutos después, tres hombres se acercaron al joven y le entregaron una subametralladora Miningram, calibre nueve milímetros, y una fotografía del líder de la Unión Patriótica. Luego se alejaron. Andrés Arturo cogió el arma, la escondió en su saco y esperó sentado en los pasillos del terminal, fingiendo leer un periódico y esperando el momento preciso para actuar. Su misión era asesinar a ese hombre.
Quienes lo contrataron no sólo conocían al detalle el itinerario de Bernardo. Lo habían pre¬visto todo para que muriera ese día. Sin que lo supieran, Gerardo Gutiérrez Uribe, otro joven de Medellín, abordaría junto con Andrés Arturo Gutiérrez Maya el vuelo de “Avianca” a Santa Marta, para asesinarlo dentro del avión si fallaba el primer intento en el Puente Aéreo. Y en un caso extremo, otro grupo de cuatro sicarios lo esperaba en el aeropuerto de la capital del Magdalena.
La llegada de Jaramillo
Jaramillo llegó al puente aéreo, Terminal alterna del aeropuerto "El Dorado" de Bogotá, a las siete y media de la mañana de ese jueves. La pareja abordaría un vuelo de “Avianca”, rumbo a Santa Marta, para gozar de la luna de miel que no habían podido hacer por las múltiples ocupaciones del dirigente político.
A pesar de ser el hombre más amenazado del país en ese momento, no llevaba puesto el chaleco antibala que siempre usó. Una afección lumbar que sufría le dificultaba mantenerlo por mucho tiempo. Tampoco portaba el revólver calibre 38 que solía llevar en el cinto, y con el cual estaba dispuesto hacer frente a sus enemigos.
“A mi no me matan como a un perro, como lo han hecho con mis compañeros”, les decía a sus amigos para justificar el porte del arma a pesar de que nunca había disparado.
El acto de magnicidio
A las 8:05 de la mañana, en el momento en que el dirigente político se acercaba al pasillo de ingreso para abordar el avión, luego que dos de sus escoltas confirmaran los pasajes en ventanilla, Andrés Arturo disparó a Bernardo.
El sicario desenfundó la ametralladora y la accionó escondiéndola con el periódico. En menos de un minuto descargó las 33 balas del proveedor, lo cual provocó la histeria general en el Puente Aéreo.
Sepelio de Bernardo Jaramillo
Bernardo cayó herido, tenía cuatro impactos: dos en el pecho y dos en el abdomen. Un escolta empujo a la esposa para evitar que recibiera los impactos. Mariela, confundida, se tiró a su lado para protegerlo. Sus escoltas reaccionaron y mientras unos recogían a la víctima y lo trasladaban a la Clínica de la Policía, donde falleció dos horas después, los demás se lanzaron en persecución del sicario, quien intentó disparar contra sus perseguidores, pero su arma se trabó y terminó capturado.
Jaramillo herido, en brazos de su esposa, pronunció sólo tres frases: “Mi amor no siento las piernas. Estos “hijuep....” me mataron, me voy a morir. Abrázame y protégeme”.
Allí quedaron sus sueños, repetidos en varias entrevistas, de tener la posibilidad de caminar por las calles sin escoltas, de ir tranquilo a una heladería, sentarse en una banca de un parque para darle de comer a las palomas, leer un periódico o entrar a un cine.
Dentro ya del automóvil perdió el conocimiento y fue llevado a la clínica de Cajanal (Caja Nacional de Previsión) y poco antes de ser llevado al quirófano murió tras una demora en el ascensor de la clínica. Cuatro balas acabaron con su proyecto de una izquierda moderna y democrática.
El exterminio de la Unión Patriótica dejó como saldo el asesinato de dos candidatos presidenciales, nueve congresistas, 70 concejales y decenas de diputados, alcaldes y líderes políticos.
Jaramillo Ossa fue el mártir 1.357 de los tres mil miembros de la Unión Patriótica asesinados, en lo que se constituye como uno de los exterminios políticos más grandes de Colombia, y segundo candidato presidencial caído en la oscura campaña electoral que dejó a otros dos aspirantes muertos: Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro Leongómez.
¿Quién lo asesinó?
Su crimen aún no está completamente esclarecido aunque inicialmente se culpó a Pablo Escobar de ser el autor intelectual, esto fue desmentido por el capo quien en un comunicado declaraba sentir respeto por Jaramillo Ossa pues era enemigo de la extradición.
Después fueron condenados por el hecho Carlos Castaño Gil y su hermano Fidel. Fue uno de los miles de asesinatos y desapariciones que sufrieron los integrantes de la Unión Patriótica.
Gutiérrez Maya, el sicario que había asesinado a Jaramillo, por ser menor de edad, jamás fue implicado de manera formal al caso, pero fue asesinado días más tarde. Nunca supo quiénes lo contrataron. El día anterior al magnicidio arribó a Bogotá por tierra, con 300 mil pesos que recibió de anticipo por el trabajo. Compró un pasaje de avión y se hospedó en unas residencias del centro de la ciudad.
Las autoridades encontraron dentro de su maletín un manual de regulación aérea de la Academia Antioqueña de Aviación y el libro “Leyenda y verdad del Mexicano”, de Fabio Rincón, con una señal en la página 61, junto a la foto del general de la Policía Alfredo Maza Márquez, en ese momento, director del DAS.
Esta evidencia le sirvió de base al oficial para sindicar al Cartel de Medellín del magnicidio, sin embargo lo que no puede explicarse es que precisamente a la hora del crimen, la máquina encargada de detectar metales instalada a la entrada de la terminal aérea, no estaba funcionando. Por esto, la miniametralladora que segó la vida de Jaramillo entró sin problemas.
El autor intelectual
Un año después, los jueces a cargo de la investigación aseguraron que el asesinato recaía sobre el narcotráfico, pero no habían aún vinculado a otra persona aparte del joven sicario
En ese momento, Castaño Gil actuaba como el segundo al mando del grupo paramilitar que comandaba su hermano Fidel Castaño Gil en Urabá. Después de reclutar a los jóvenes los llevó a una finca cerca de Belmira, Antioquia, donde los adiestró en el manejo de armas y tácticas de escape.
Más tarde, en una casa del barrio Bostón de Medellín, completó el adiestramiento con revólveres calibre 22 hasta “graduarlos como sicarios.
En el 2001 Carlos Castaño admitió su participación en ese crimen en el libro “Mi Confesión”, del periodista Mauricio Aranguren poco después que un juez especializado los condenara a él y a su hermano Fidel, a 22 años de cárcel, como autores intelectuales del asesinato de Jaramillo.
El último adiós
Sepelio de Bernardo Jaramillo
El asesinato de Bernardo Jaramillo Ossa, esa mañana bogotana, del 22 de marzo de 1990, se sumó a la lista de centenares de hombres y de mujeres de la Unión Patriótica, que a lo largo del país, iban siendo asesinados por estructuras armadas nacidas en la institucionalidad de tipo paramilitar.
Durante su sepelio en Manizales, la multitud lloró, aplaudió y cantó exigiendo justicia. Al paso del ataúd de Bernardo Jaramillo; parlantes a todo volumen recordaban el tango de Carlos Gardel y Alfredo LePera, «Volver, Volver» que era la melodía preferida de Bernardo Jaramillo.
Delito de lesa humanidad
La Fiscalía elevó el crimen del candidato presidencial de la Unión Patriótica (UP) Bernardo Jaramillo Ossa, a delito de lesa humanidad, justo cuando estaba a punto de prescribir el caso. La finalidad de esta medida, además de frenar su prescripción, es evitar la impunidad del hecho y continuar con la práctica de pruebas hasta agotarlas.
La petición de elevarlo a crimen de lesa humanidad estuvo impulsada por el procurador delegado para asuntos penales, Gabriel Jaime, quien reactivó el caso de muchos de los magnicidios ocurridos hace 20 años, con la práctica de nuevas pruebas.
Son delitos de lesa humanidad los exterminios de comunidades enteras, desaparición, esclavitud, privación ilegal de la libertad, tortura, delitos sexuales, persecución discriminatoria de grupos raciales, religiosos, políticos, entre otros, y deben ser investigados hasta encontrar la verdad
Visión política
[[Bernardo Jaramillo Ossa|
Bernardo Jaramillo Ossa coqueteó en la política de la misma forma como lo hizo con las mujeres: de frente. Y en ambos casos tuvo éxito por su franqueza. Quienes lo conocieron, lo catalogaron como un social demócrata del siglo XXI.
Así como en la certeza de morir, este abogado de bigote poblado, pelo crespo y sonrisa amplia, pareció acertar, en lo que sería la degradación del conflicto armado en el país, el fortalecimiento del paramilitarismo en Colombia y el giro equivocado de unas FARC sin rumbo ni horizonte político.
Frases como “Estamos en una guerra que no va a ganar nadie”, “ni el secuestro ni la extorsión son un mecanismo de lucha política, ni aquí ni en ningún país de América Latina, la UP no necesita de las FARC” y otras similares, se convirtieron en una condena directa a esa lucha armada que consideraba inútil, pues estaba seguro de que “la paz se hacía con democracia".
Al tiempo que hacía estas afirmaciones, denunciaba el crecimiento alarmante de grupos paramilitares, financiados con dinero del narcotráfico y que no dudaba en calificar como “delincuentes comunes”.
En una entrevista citada por María Jimena Dussán, en su libro “Crónicas que matan” señaló: “El Gobierno debe hacer caer todo el peso de la justicia no sólo sobre quienes operan las armas, sino sobre quienes los apadrinan y protegen. La sociedad, va a encontrar, hilando, que en la cúspide del paramilitarismo hay grandes empresarios y personajes de la vida nacional”.
Bernardo Jaramillo Ossa tenía 35 años y la fuerza y el futuro de un gran líder político, una de las cualidades, que lo identificó en su corta vida política, fue la sinceridad y la energía al decir verdades. Si alguna vez hubiera llegado a la presidencia, su bandera hubiera sido, quizá, luchar por una sociedad más civilista. Pero él sabía que una condena a muerte pesaba sobre su cabeza.
La muerte de Jaramillo cierra la esperanza de un futuro mejor para Colombia. Lo único claro de este crimen es que en esta oportunidad no se puede culpar al narcotráfico. Entre otras cosas Jaramillo fue desde siempre un enemigo de la extradición, por convicción política.
Jaramillo fue uno de los colombianos que más se alegró por el apoyo que obtuvo el M- 19 en las urnas. Uno de sus sueños era construir un gran bloque que se la jugara por el socialismo democrático y le hiciera frente al monopolio del bipartidismo en Colombia.
Véase también
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Jaime Pardo Leal
Presidente de la UP, y uno de los dos candidatos a la Presidencia de la República de este movimiento que han sido asesinados. El magnicidio se produjo el 11/10/87 en la Mesa. Cundinamarca.
Reseña sobre la vida del candidato a la Presidencia por la UP, Jaime Pardo Leal
Por: COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ JAIME PARDO LEAL Presidente de la Unión Patriótica – UP Abogado – candidato Presidencial Asesinado el 11 de Octubre de 1987 La Mesa - Cundinamarca
"Si la muerte me sorprende no le tengo miedo Soy un hombre dialéctico. El día que me muera vendrán otros mejores a remplazarme"
De una sencillez que generó simpatías, de una claridad de pensamiento que aglutinó esperanzas populares, de un amante de la paz con justicia que enamoró multitudes. Parte de su legado está hoy presente, a pesar del tiempo, a pesar de la impunidad en que se mantiene el genocidio de la Unión Patriótica.
Un domingo 11 de octubre, hace ya 19 años…JAIME PARDO LEAL, abogado y líder político de la Unión Patriótica, fue asesinado al regresar de La Mesa, municipio de Cundinamarca a Bogotá. JAIME en desarrollo de una operación militar encubierta fue interceptado cuando se movilizaba en un modesto campero con su esposa, GLORIA, y Sus hijos IVAN, EDISON y FERNANDO quienes resultaron lesionados levemente.
El asesinato de PARDO LEAL es parte del genocidio político que se desató contra los integrantes de la Unión Patriótica, remembranza del que antes se había desatado contra el movimiento Gaitanista, de la persecución a expresiones de oposición política en los 70.
18 meses después de su asesinato fueron asesinados Bernardo Jaramillo Ossa y José Antequera.
Con el asesinato de JAIME PARDO LEAL, se llegó en ese momento a contabilizar los primeros 471 miembros de la U.P. asesinados desde 1985, 20 años después son más de 4.000 los asesinados de esta organización política.
El crimen de JAIME conmocionó, hirió la sensibilidad del alma de sectores democráticos y de base, hoy 19 años, sus palabras, sus convicciones frente a la solución política al conflicto armado, frente a la impunidad y el cuestionamiento al desarrollo de la estrategia paramilitar como estrategia de Estado continúan siendo parte de la memoria, de la historia no oficial, de la historia popular, acallada, negada.
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Hoy hace 21 años, fue asesinado Orlando Higuita, líder de los trabajadores del petróleo
Conmemoraciones
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Orlando Higuita |
El 2 de junio de 1989, Barrancabermeja sufrió un devastador golpe, un sicario asesinó de varios disparos a Orlando Higuita, quien fuera uno de los más prestigiosos dirigentes obreros de Ecopetrol, dirigiera la huelga en esa empresa en 1977 por la defensa del patrimonio, concejal y fundador de la Unión Patriótica. Un megacolegio del Distrito en Bogotá, lleva su nombre.
Orlando cayó en la calle 10 No. 16 - 73 de Barrancabermeja, el viernes 2 de Junio de 1989, en el establecimiento de comidas rápidas denominado "Hamburguesas de la 10", del cual era propietario.
A las 10 de la noche, mientras Orlando atendía a unos clientes, un hombre se le acercó para propinarle catorce impactos de arma automática, emprendiendo inmediata huida en un campero blanco sin placas que se hallaba escoltado por una moto.
De inmediato, Orlando fue trasladado al Hospital San Rafael, donde murió una hora después. En el hecho resultaron heridos, Luis Fernando Ospina (médico de ECOPETROL) y el estudiante Julián Orlando Campero.
Versiones de la comunidad indican que minutos después, el mencionado vehículo ingresó a las instalaciones del Batallón Nueva Granada de Barrancabermeja. Otras indican que este campero había sido donado por ECOPETROL al Ejército Nacional.
A las 11 de la mañana del día siguiente, un grupo autodenominado "Toxicol 90" se atribuyó el crimen, mediante llamada efectuada a la Emisora "La Voz del Petróleo".
Versiones de la comunidad indican que minutos después, el mencionado vehículo ingresó a las instalaciones del Batallón Nueva Granada de Barrancabermeja. Otras indican que este campero había sido donado por ECOPETROL al Ejército Nacional.
Días antes, el 30 de mayo, Orlando y su esposa viajaron a Bucaramanga y desde su salida de Barrancabermeja, fueron seguidos por dos hombres (al parecer los mismos que lo asesinaron).
Reiteradas amenazas contra Orlando y otros integrantes de la Unión Patriótica, tanto en Barrancabermeja como en otras ciudades del país, se recibían a diario.
El 19 de mayo de 1987, la Dirección Departamental de la Unión Patriótica requirió al Director Seccional del DAS, Doctor Carlos Alberto Becerra, protección especial para el Concejal Higuita así como para otros dirigentes de la UP en la región.
Ante la petición, y en desarrollo del Plan Nacional de Escoltas para la Unión Patriótica (Noviembre de 1.987) a cargo del DAS, a Orlando le asignaban eventualmente un escolta, a veces de la Policía, a veces del DAS, pero sin vehículo ni armamento adecuado.
Al momento de su muerte, tenía asignación rotativa del DAS, pero éste no se encontraba con él.
IMPUNIDAD
- Con relación a los millitantes de la Unión Patriótica, la CIDH indicó en el Informe de Admisibilidad del Caso (Marzo de 1997), que debe determinarse "si se ha establecido una pauta y práctica de persecución de los miembros de la Unión Patriótica con la participación o al menos con la tolerancia del Estado colombiano, a la cual estarían vinculadas las víctimas". (párrafo 38).
- Como no se ha logrado atribuir responsabilidad penal individual (aunque hay indicios de la participación directa de agentes del Estado), se parte de responsabilidad estatal por omisión de protección y por haber auspiciado o tolerado los crímenes contra los militantes de la Unión Patriótica y en general, contra los líderes sociales de Barrancabermeja.
- También debe considerarse que dichos crímenes fueron propiciados por "la ausencia de garantías judiciales e ineficacia de las instituciones judiciales para afrontar las sistemáticas violaciones de derechos humanos." (Sentencia de La Cantuta vs. Perú, párrafo 92).
- Ante los crímenes contra la Unión Patriótica, siempre se reiteró que las verdaderas garantías de seguridad, debían contemplar la adopción de medidas, mecanismos y procedimientos que de manera eficaz garantizaran el ejercicio integral de todos los derechos humanos por cada uno de sus miembros, amigos y simpatizantes y garantizaran, así mismo, la individualización y sanción de todos los responsables de los múltiples actos constitutivos del delito de genocidio cometido contra la Unión Patriótica.
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En diciembre de 1993, la Corporación Reiniciar radica ante la CIDH, el Caso por el Genocidio contra la Unión Patriótica (En 1994, la Comisión Colombiana de Juristas se vincula al Caso). El asesinato de Orlando constituía uno de los 1.163 homicidios identificados hasta entonces (Hoy, la cifra de ejecutados asciende a 2.350).
En 1999, en el marco de la etapa de búsqueda de una solución amistosa al Caso de la Unión Patriótica ante la CIDH, la Fiscalía General de la Nación, dispuso la creación de Sub - Unidades Investigativas para el impulso procesal de los casos de la Unión Patriótica en todo el país.
Posteriormente, fue trasladada a la Unidad Nacional DH/DIH de Bucaramanga donde cursa actualmente, hallándose todavía en indagación preliminar.
El Estado colombiano es responsable por violación de los derechos a la Vida, Libertad de Asociación, Derechos Políticos, Protección Judicial y Derecho a la Igualdad de Jorge Orlando Higuita Rojas.
Esta responsabilidad del Estado se presenta (conforme lo ha considerado la Corte IDH en varias ocasiones), dentro del contexto en que sucedieron los hechos, es decir, como parte del exterminio de la Unión Patriótica y de la persecución generalizada contra el movimiento popular de la región.
En julio de 2007, el alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, inauguro el Colegio Distrital Orlando Higuita Rojas, en un acto simbólico de reparación y en homenaje a un destacado luchador social. |
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Víctimas - Asesinatos selectivos |
La Unión Patriótica nació en 1984 como resultado de los acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las Farc. Fue la fórmula para consolidar un proceso de paz y a la vez para que el movimiento guerrillero optara por una salida política al conflicto armado. Sin embargo, el experimento terminó con el exterminio físico y político del movimiento, unos asesinados, otros exiliados y amenazados, y dos décadas más de violencia en Colombia.
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La Unión Patriotica fue exterminada en la década de los noventa. Foto Semana. |
La UP ha sido la única oportunidad que ha tenido las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de hacer política. En su momento cumbre, este partido político logró elegir 16 alcaldes y 256 concejales, y eligió 16 representantes al Congreso de Colombia. Sin embargo, en dos décadas de ejercicio político más de 3 mil de sus militantes fueron asesinados, entre ellos dos candidatos presidenciales y 13 parlamentarios.
Varios factores conspiraron para que el proceso de la UP no fuera exitoso. Por un lado, varios sectores del establecimiento (políticos y militares) así como empresarios y ganaderos nunca creyeron en la real voluntad política de la guerrilla y vieron al nuevo partido como una extensión de la lucha armada.
El general Landeazabal Reyes en una entrevista concedida en 1989 al órgano de prensa paramilitar Resumen Gráfico sostenía que “las legítimas defensas campesinas” se sustentaba en la idea de que “El pueblo forma parte del Ejército, es el que lo nutre”1….
En 1989, el Teniente Coronel Luis Arcenio Bohórquez fue llamado a calificar servicios e hizo pública una carta que le enviaba al ministerio de defensa, en el cual revelaba la existencia en el seno de las Fuerzas Militares de grupos paramilitares apoyados y/o creados por el Ejército, como el MAS (Muerte a Secuestradores), el MRN (Muerte a Revolucionarios del Nordeste, donde militó Fidel Castaño a principios de los 80) y la Triple A (Alianza Americana Anticomunista, coordina por el general Harold Bedoya). Las operaciones encubiertas fueron coordinadas por los departamentos de inteligencia militares (D-2) y (E-2), y por la XX Brigada2.
Por otra parte, un sector de las FARC, encabezado por Jacobo Arenas, usó al movimiento en la llamada combinación de todas las formas de lucha, lo que convirtió a la UP en un blanco de los francotiradores.
En el medio de todo esto, se encontró un movimiento que acogió militantes de izquierda, guerrilleros, sindicalistas, profesores e intelectuales, unos que creían con convicción en la democracia como salida al conflicto armado; pero en el que también estaban otros que lo utilizaron como una herramienta de todas las formas de lucha, como lo asegura el estadounidense Steven Dudley en su libro Armas y urnas – Historia de un genocidio político (Walking Ghost en inglés).
“Las FARC utilizan su exterminio para justificar la guerra, mientras que los paramilitares la señalan como un ejemplo del engaño de la guerrilla, y quienes están en el medio la ven como una razón más por la cual la paz es todavía una realidad lejana”, escribe Dudley.
El experimento de la Unión Patriótica dejó varias frustraciones y consecuencias. La guerrilla se rearmó y aumentó su desconfianza frente a nuevas negociaciones con los sucesivos gobiernos en Colombia; el paramilitarismo – que en la década de los 80 eran simples escuadrones- se convirtió en un monstruo de mil cabezas que generó más violencia y colaboró –nefastamente- en el exterminio injustificado de miles de militantes de la UP.
Al final de este capítulo, el conflicto armado en Colombia se intensificó con tres décadas más de violencia y sangre.
Historia de balas y votos
Belisario Betancur fue elegido en 1982 con el mandato de lograr la paz con los movimientos guerrilleros.
En ese momento de la historia política de Colombia, la incapacidad del estado de combatir a la insurgencia propició el surgimiento de grupos de extrema derecha financiados por ganaderos, comerciantes, parte del estamento político y un sector de las Fuerzas Militares para combatir el creciente accionar de la guerrilla, que se traducía en un orden público deteriorado por los secuestros, asesinatos y extorsiones, en zonas como el Urabá, Magdalena Medio y los Llanos Orientales.
En estas zonas, explica Iván Cepeda, hijo del asesinado Manuel Cepeda y hoy director del Movimiento de Víctimas del Estado y Paramilitares, “había unos enclaves económicos importantes, cada región tiene intereses muy grandes; además había tejidos sociales muy fuertes, con tradición de resistencia, con organizaciones sindicales estructuradas, pero al mismo tiempo en esas regiones había presencia guerrilleras.”
Allí, la UP comenzó a hacer política y se convirtieron en sus fortines políticos. Dudley señala en su libro que los enemigos del proceso no se detuvieron a escuchar la plataforma de la UP ni se preocuparon por comprender sus motivos, simplemente igualaron a la UP con las FARC.
Las AUC del Magdalena Medio nacen en Puerto Boyacá, un municipio azotado por la guerrilla y en donde la Unión Patriótica comenzaría a organizar su proyecto político, allí comenzarían los ataques contra los militantes del nuevo partido de izquierda.
En 1983 un informe de Amnistía Internacional, citado por Dudley, establece que más de 800 ejecuciones extrajudiciales se habían llevado a cabo en el Magdalena Medio. Los militares reconocieron que los paramilitares habían asesinado unas 459 personas, en lo que atribuyó a una lucha de “subversión contra subversión”.
El país venía de un período convulsionado del gobierno del presidente liberal Julio César Turbay Ayala, quien aplicó con mano de hierro la política de seguridad nacional; por lo que la elección del conservador Belisario Betancur fue la respuesta del electorado de darle un cambio de rumbo a la forma de cómo se enfrentaba la solución del conflicto armado en Colombia.
Los acuerdos de la Uribe fueron por tanto una ilusión para los colombianos, que esperaban una salida política negociada al conflicto. Como resultado de los acuerdos, gobierno y guerrilla pactaron un cese al fuego, en el que el gobierno garantizaba un espacio político a las FARC. Bajo este paraguas nació la Unión Patriótica.
Las FARC a su turno se comprometieron a condenar y desautorizar “el secuestro, la extorsión y el terrorismo en todas sus formas”; sin embargo, nunca renunciarían a las armas, lo que al final le daría la justificación a la extrema derecha para ejecutar el exterminio de la UP.
Dentro de la izquierda, estos acuerdos Gobierno-Farc generaron recelo en el partido Comunista, ya que se negoció sin su consentimiento y la creación de la UP les dio un golpe político.
En el trasfondo de la guerrilla, explica Dudley, la UP no era más que una parte del plan maestro de uno de sus cabecillas, Jacobo Arenas, para que las FARC pudieran ensanchar su ejército y llevar sus políticas a las grandes ciudades.
En el corazón de Colombia, en Puerto Boyacá, ganaderos, comerciantes reaccionaron a estos acuerdos con la creación de Acdegam, una asociación sin ánimo de lucro, que serviría como fachada a las autodefensas. Otro factor en esta historia es la alianza entre narcotraficantes y paramilitares. Como ejemplo está la creación del grupo Muerte a Secuestradores como retaliación al secuestro ejecutado por la guerrilla de Martha Nieves Ochoa, hija del caballista Fabio Ochoa y hermana de los capos del clan Ochoa, que lideraban el Cartel de las drogas de Medellín.
Los paramilitares se encargaron de proteger a los narcotraficantes, sus complejos cocaleros y sus propiedades, asediadas por las FARC y a cambio los carteles les brindaban financiación y armas.
La campaña de sangre
La UP concentró sus esfuerzos políticos en tres regiones del país, en donde las FARC tenían control: Meta, Magdalena Medio y el Urabá antioqueño y cordobés, que a la postre serían los epicentros de su exterminio.
En 1985, algunos sectores alertaban que la presencia de las FARC en la campaña política de estas zonas era una campaña armada y que intimidaba a la gente para que los apoyara. Tratando de contrarrestar la influencia armada en las elecciones, el Congreso colombiano aprobó una ley que prohibía a los partidos “crear, mantener, apoyar o financiar grupos armados”. La ley amenazaba con cancelar los votos de cualquier partido que se encontrara culpable de violar la nueva legislación.
Para la elecciones de 1986, las FARC se abstienen de designar a uno de sus comandantes guerrilleros como su candidato presidencial –su primera opción era Jacobo Arenas – y en su lugar designaron al presidente del sindicato de Asonal Judicial, Jaime Pardo Leal.
En su primer conteo en las urnas, Pardo Leal logra 328.752 votos frente al candidato ganador, el liberal Virgilio Barco con 4’212.510 votos.
Pero su verdadero triunfo vendría en las elecciones legislativas y regionales fueron elegidos 24 diputados departamentales, 275 concejales, cuatro representantes a la cámara y 3 senadores, dos de ellos eran comandantes guerrilleros, Iván Márquez y Braulio Herrera, suplentes en listas al Senado.
La paradoja de este triunfo, era que si bien consolidaban el partido, en el primer aniversario de su creación, 300 de sus militantes habían sido asesinados en todo el país, fundamentalmente en zonas como Meta, Urabá y el Magdalena Medio, en donde se empezaban a consolidar como fuerza política.
Alberto Rojas Puyo, quien fuera facilitador de los acuerdos de La Uribe, cuenta en el libro de Dudley que “desde el comienzo, las FARC y el Partido Comunista consideraban a la UP como un instrumento político de la combinación de todas las formas de lucha, un instrumento para su proyecto de insurrección”.
Álvaro Salazar, otro ex integrante de la UP y de las FARC, agrega en uno de los apartes del libro de Dudley que “Jacobo(Arenas) nunca quiso que el partido fuera mas que la apertura de un espacio político para el movimiento militar. Esto hacía parte del plan de guerra. Éramos el batallón de sacrificio de tal manera que pudieran justificar su guerra. Éramos los desechables”.
A finales de 1986, revela Dudley que la UP envió a Salazar, jefe de propaganda de la UP, a negociar con Gonzalo Rodríguez Gacha para tratar de pactar una tregua con los grupos emergentes de paramilitares. Gacha le propuso a las FARC que lo dejaran trabajar, ya que para este momento el grupo guerrillero empezaba a meterse en el multimillonario negocio de las drogas.
No obstante, las FARC no aceptaron la tregua con el mexicano y se declararon la guerra, con lo que se recrudecieron los ataques a los miembros de la UP.
Entre tanto, la guerrilla intensificó los ataques a la fuerza pública, lo que ocasionó que el gobierno Barco les diera un ultimátum: “Si las FARC no se desarman y se desmovilizan, la única opción que tiene el Gobierno es exterminarlas militarmente”.
Como respuesta, las FARC dieron por terminado el proceso de paz y retiraron a sus líderes de la UP (Braulio Herrera e Iván Marquez) quienes volvieron a comandar frentes guerrilleros. El mexicano en retaliación ordenó el asesinato del senador de la UP, Pedro Nel Gómez.
No obstante, la UP logró alzarse en 1988 con 16 alcaldías y 256 concejales. El Meta se volvió el fortín electoral del movimiento, en esta región fueron elegidos 4 alcaldes y 47 concejales. Entre 1986 y 1988 unos 300 militantes de la UP fueron asesinados en el Meta.
Para Dudley la razón fue que muchos paramilitares vieron este triunfo como una evidencia de la influencia de las FARC por ser su santuario natural, lo que generó que este departamento fuera uno de los primeros objetivos de los grupos de autodefensas, entre estos los comandados por El Mexicano y Víctor Carranza.
Los paramilitares que ya contaban con 5 mil unidades realizaron una de sus primeras masacres en el municipio de El Castillo, en el corregimiento de Vista Hermosa, en el Meta, en donde asesinaron a 17 militantes de la UP.
Mientras que en esta misma línea, los hermanos Fidel y Carlos Castaño, empezaron a conformar grupos de autodefensas en la zona bananera de Urabá, como reacción al asesinato de su padre y al control, extorsiones, asesinatos y secuestros que cometía las FARC en la zona. La forma que optaron para causarle daño al grupo guerrillero fue precisamente atacar a la UP.
El naciente grupo de Autodefensas de Córdoba y Urabá inició el exterminio sistemático de los militantes de la UP, a quienes veían como la extensión política de las FARC. Dudley cuenta que desde 1983 el grupo de Fidel Castaño “mató gente sin piedad, en grupos de ocho y diez, algunos de ellos mujeres y niños, utilizando armas primitivas, como machetes. Los militares no solamente les permitieron actuar y hacer el trabajo sucio, sino que desde entonces les brindaron protección”.
Allí nació el temible grupo de Los Tangeros, en referencia a la finca de Castaño llamada Las Tangas, en donde el grupo fue entrenado y al tiempo sometía a sus víctimas a interrogatorios y torturas, incluso muchas víctimas fueron enterradas en estas tierras.
A finales de 1988, los paramilitares escogieron a la población de Segovia como su primera advertencia a las FARC y a la UP. Allí fueron asesinados 43 campesinos, con la complicidad de policía y ejército, como fuera demostrado posteriormente por la justicia colombiana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un fallo que condenó al Estado Colombiano por acción y omisión.
Por esta misma época, en el Magdalena Medio, las Autodefensas comandadas por Henry Pérez habían “limpiado” a municipios como Puerto Boyacá. Además habían creado el movimiento Político Morena, liderado por Iván Duque, quien más tarde se convertiría en el jefe paramilitar Ernesto Báez.
En 1987, los paramilitares(Henry Pérez, Víctor Carranza), narcotraficantes(Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha) financiaron la contratación de cinco mercenarios israelíes, entre ellos Yair Klein, para impartir un curso contrainsurgencia a un grupo de 50 de sus mejores hombres.
Entre los entrenados aparece el Negro Vladimir, un ex guerrillero de las FARC que se convertiría en uno de los más temibles y sanguinarios comandantes paramilitares del Magdalena Medio y quien después confesaría el asesinato de unos 800 militantes de la UP.
En 1987 se registró el asesinato de 111 miembros de la UP, en 1988 fueron 276 y en 1989 la cifra bajó a 138. Todos estos asesinatos coincidieron con las zonas en las que la UP había logrado triunfos electorales.
Jaime Pardo Leal, candidato asesinado por paramilitares
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Otro de los hitos en la historia política de la UP, fue el asesinato del candidato presidencial de la UP, Jaime Pardo Leal, ejecutado por paramilitares. Ante la ya evidente campaña contra el movimiento político, su sucesor en la dirección del partido y candidato presidencial, Bernardo Jaramillo, solicitó mayores garantías al gobierno de Barco, al tiempo que se distanciaba de las FARC.
Jaramillo y sus seguidores fueron conocidos como los perestroikas ya que, a diferencia de sus antecesores en la dirección del partido, condenaron la política de todas las formas de lucha y la lucha armada.
Según Dudley, en la cúpula de las FARC esto fue interpretado como una traición. Dos miembros de la dirección de la UP tuvieron que salir del país por temor a las represalias del movimiento guerrillero que pretendió hacerles un consejo de guerra.
Para tratar de lograr una tregua con los paramilitares, el nuevo candidato a la presidencia por la UP se reúne con Pablo Escobar, a quien le solicita que medie con Gonzalo Rodríguez Gacha para terminar con el exterminio. Escobar le asegura a la UP que de su parte no tienen nada que temer; el problema era con El Mexicano y Fidel Castaño. El primero no era inconveniente para el capo, pero de Castaño no podía asegurar nada.
Bernardo Jaramillo, candidato presidencial asesinado
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Los Castaño, Fidel y Carlos, habían emprendido una campaña de exterminio de la UP como retaliación por el secuestro y asesinato de su padre en 1980, y que tuvo su epicentro en el Urabá antioqueño y cordobés en donde literalmente exterminaron a la Unión Patriótica. Jaramillo no pudo establecer una tregua con los grupos paramilitares, encabezados por los Castaño, y al final el sería asesinado por orden de Carlos Castaño.
A pesar de repudiar la lucha armada y de dar señales de su alejamiento con la línea militarista de las FARC, Bernardo Jaramillo cae asesinado en 1990, como ocurriera con otros ex guerrilleros desmovilizados como Carlos Pizarro, también a manos de paramilitares.
En 1994, las autodefensas asesinan al último representante de la UP en el congreso de la República, el senador Manuel José Cepeda, como retaliación por el asesinato al general Rodolfo Herrera Luna.
El epílogo de la UP sobrevendría en 2003, cuando el Consejo Nacional Electoral le quita la personería jurídica al movimiento que no pudo sacar más de 50 mil votos en las elecciones de 2002. Ese sería el final jurídico de este movimiento y el de uno de los capítulos más sangrientos de la historia del país.
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Video documental
El baile rojo: El genocidio de la Unión Patriótica en Colombia
La Unión Patriótica (UP) fue un partido político de Colombia, fundado en 1985 como una parte de una propuesta de Paz y política democrática por parte de las FARC con el gobierno de Belisario Betancur. El Partido Comunista Colombiano (PCC) también participó en la formación y organización de la UP.
Miles de sus líderes y militantes fueron asesinados por grupos paramilitares, fuerzas de seguridad del estado colombiano y narcotraficantes.
La gran mayoría de éstos homicidios no cuentan con condenas. En algunos casos puntuales se condenó a autores materiales, pero los autores intelectuales siguieron en la impunidad.
El estado es responsable del exterminio de toda una organización política, este genocidio aún no es reconocido y poco a poco se sumerje en el olvido. Un abogado defensor de las víctimas de la Unión Patriótica, Eduardo Umaña Mendoza, fue asesinado en los años 90 en su propia oficina de Bogotá, por sus profundas investigaciones.
Algunos de los sobrevivientes al extermino abandonaron el país y hoy viven en el exilio.
Parte 1
Parte 2
Parte 3
Parte 4
Parte 5
Parte 6
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Documental completo
Impunity: Una película de Juan Lozano y Hollman Morris
Hollman Morris, an investigative reporter in Colombia, was awarded the 2007 Human Rights Defender Award by Human Rights Watch.
Colombia, años 2.000: tras la desmovilización de más de 30 mil paramilitares acusados del asesinato de miles de colombianos se inicia un proceso judicial con algunos comandantes desmovilizados. Un momento histórico en el país. Impunity es un testimonio revelador del encuentro entre víctimas y victimarios en los estrados judiciales, y del apoyo de sectores políticos, militares y económicos en la guerra paramilitar. Impunity es un grito por la justicia, en nombre de las víctimas, y un recorrido por los hallazgos y dificultades que se presentan en este camino seguido por Colombia en nombre de “la paz y la justicia”. ¿Logrará Colombia superar la impunidad?
Impunity de Juan Lozano y Hollan Morris. from Jorr on Vimeo.
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Miren con cuidado esta película ... y gracias !
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Se cumplen 25 años de impunidad en caso de Pardo Leal, de la UP
Por: REDACCIÓN JUSTICIA | 9:41 p.m. | 09 de Octubre del 2012
El candidato presidencial Jaime Pardo Leal fue asesinado en 1987.
Foto: Archivo / EL TIEMPO
El de Pardo Leal fue uno de los magnicidios perpetrados por la llave criminal de 'paras' y narcos.
Aunque hace seis años, el fiscal Mario Iguarán le anunció al país la creación de un grupo especial para romper la impunidad en los procesos por el genocidio de la Unión Patriótica, uno de los casos emblemáticos de ese expediente, el del magnicidio del excandidato presidencial Jaime Pardo Leal, apenas volvió a moverse hace un mes.
A pesar de su importancia, el proceso duró años en un despacho judicial de La Mesa (Cundinamarca). Solo en septiembre pasado, los 24 cuadernos del caso -con más de nueve mil folios- llegaron a la Unidad de Derechos Humanos. Aún no se ha asignado un nuevo fiscal investigador.
Veinticinco años después del asesinato (ocurrido el 11 de octubre de 1987), la justicia colombiana apenas llegó hasta cuatro autores materiales, pero no ahondó en los responsables intelectuales. En su momento, se estableció que el capo Gonzalo Rodríguez Gacha, el 'Mexicano', habría pagado 30 millones de pesos de la época a los sicarios, y el proceso contra el narco se cerró con su muerte en 1989.
Los sobrevivientes del genocidio de la UP, que este jueves marcharán en Bogotá para pedir justicia, insisten por eso en que se deben reabrir las investigaciones por la "alianza entre paramilitares y agentes del Estado", de la que habló la Corte Suprema en 1997.
"Era líder de la oposición, presidente de un partido perseguido y diezmado violentamente y debería, esa sola circunstancia, ser suficiente para que Pardo Leal recibiera del Estado, a través de la Policía y demás organismos, sin necesidad de requerimiento previo, la protección adecuada para garantizarle la vida", dijo la Corte en ese momento.
La abogada Jahel Quiroga, de la Corporación Renacer, señaló que el país se expone a acciones internacionales por la complicidad generalizada en estos casos. "El Estado fue cómplice en los crímenes de los activistas de la UP y no se ha llegado a los determinadores", dijo la abogada.
Renacer representa los derechos de cerca de 7.000 familiares de víctimas en una demanda que está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
A su vez, el senador Iván Cepeda cuestionó el hecho de que, por el "exterminio" de la UP, el único funcionario del Estado enredado sea el exsubdirector del DAS José Miguel Narváez, "y ni siquiera por sus actos como funcionario (fue subdirector del DAS en el 2004) sino como asesor de Carlos Castaño".
REDACCIÓN JUSTICIA
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25 años después de aquel 11 de octubre, el crimen sigue impune
Así fue el asesinato de Jaime Pardo Leal
Semana
Este fue el artículo que publicó la revista SEMANA sobre el magnicidio del candidato presidencial y dirigente de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal, crimen que 25 años después de ocurrido sigue en la impunidad. |
En estos últimos siete años, muchos crímenes políticos se han presentado en Colombia. Pero pocos han tenido la trascendencia y el impacto del asesinato del excandidato presidencial y jefe de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal, en octubre de 1987. Con su muerte, la guerra sucia, a nivel de asesinatos selectivos, llegó a un punto que años antes hubiera resultado inimaginable. Pero lejos de ser el final de esa historia de muertes, fue el preámbulo de una etapa aún más sangrienta caracterizada por asesinatos colectivos y la consolidación del paramilitarismo. Jaime Pardo Leal sabía que lo iban matar. Su familia sabía que lo iban a matar. La Unión Patriótica sabía que lo iban a matar. Los periodistas sabían que lo iban a matar. El país entero sabía que lo iban a matar. Y finalmente lo mataron. Eran las 3:45 de la tarde del domingo 11 de octubre. Como Jaime Pardo sabía que lo iban a matar, se había preocupado por comprar varios seguros de vida, y por abrir una cuenta a nombre de su señora, Gloria de Pardo, en la que ya tenía ahorrado lo suficiente para un año de mercado de su familia, según sus propias instrucciones. Como su familia sabía que lo iban a matar, le seguían los pasos las 24 horas del día, lo regañaban cuando no se reportaba y hasta le habían hecho trasladar la oficina a la casa, donde su propia esposa le mecanografiaba sus memoriales. Como la UP sabía que lo iban a matar, desde julio de este año le habían conseguido pasajes para que viajara por un tiempo a Cuba en compañía de su esposa y de su hijo más pequeño. Este viaje lo había aplazado ya varias veces, con la disculpa, frente a su familia, de que quería esperar a que sus dos hijos mayores salieran de la universidad. Pero a Carlos Ossa, el consejero presidencial, le confesó en alguna oportunidad que él no tenía intención de salir de Colombia, porque no quería abandonar su lucha política. Como el gobierno sabía que lo iban a matar, desde que el 11 de julio de 1984 el sindicato de trabajadores de la Caja Agraria de Antioquia y Chocó reclamó protección para Pardo Leal, el DAS, el 24 de julio de ese mismo año, le ofreció sus servicios. Él quedó de ir al DAS, pero jamás fue. Para dejar constancia de su propósito, en oficio 1622 del 9 de agosto de 1984, el DAS le insistió en la escolta. Pardo no contestó el oficio. El 16 de agosto, el entonces jefe del DAS, general Álvaro Arenas, envió al jefe de escoltas de la institución, Nelson Napoleón Gutiérrez, para que convenciera a Pardo. Pero este le dijo: "Por ahora considero que no es del caso contar con la escolta. Si la situación se agrava, la pido". En cambio de la escolta pidió un arma, y así fue como se le expidió un salvoconducto para portar una pistola 7.35 mm que solo se atrevió a disparar, irónicamente, tres años después, el mismo día en el que lo mataron. El 16 de marzo de 1986 el DAS le ofreció nuevamente a Pardo Leal servicios de seguridad como lo había hecho con los otros dos candidatos a la Presidencia de la República. Esta vez sí aceptó. Se le asignó entonces una escolta de 4 personas dotadas de una subametralladora, 4 revólveres, un radio y un vehículo. Esta escolta fue aumentada en mayo de este año con 5 guardaespaldas más de la Policía Judicial de la Procuraduría, a raíz de las denuncias de Pardo sobre la existencia de grupos paramilitares. Pero además, contaba con gente de su propio movimiento político. Dos miembros de la UP habían sido asignados a su guardia personal. Así como Pardo Leal era uno de los hombres más amenazados del país, también era uno de los más custodiados. Como los periodistas también sabían que lo iban a matar, no había entrevista en la que no le preguntaran sobre la muerte. Tanto es así, que muchos reporteros habían ya "saqueado" sus álbumes familiares, y venían recogiendo cuidadosamente toda su hoja de vida. El país entero sabía que iban a matar a Jaime Pardo Leal. Por eso, cuando la cadena Todelar interrumpió su programación dominical para anunciar que había sido herido, los colombianos, aunque horrorizados, supieron que finalmente había cumplido su cita con la muerte.
El doctor Pardito El sábado de ese fin de semana trágico, Jaime Pardo no hizo lo que usualmente hacía todos los sábados: reunirse con sus amigos a "echar carreta". Esa tarde, muy temprano, había recibido como parte de pago en un negocio judicial un televisor con control remoto. Eso después de haber sostenido una larguísima discusión sobre el electrodoméstico con su señora, porque mientras ella estaba loca de ganas por el televisor, a él no le parecía bien recibir honorario en especie. Al medio día, Pardo recibió la llamada de rigor del jefe de escoltas del DAS, para preguntarle sobre los planes para el fin de semana. Eran las 12:15, y según el guardaespaldas se lo relató a SEMANA, "estaba comiendo, porque lo escuché como masticar. ¿Algo para estos días, doctor?, le pregunté. Él me contestó: no señor. Entonces lo estoy llamando, le dije. No era extraño que muchos fines de semana Pardo prefiriera despachar a su escolta y quedarse solo. Consideraba que los guardaespaldas también tenían derecho a su vida familiar y, además, no se sentía cómodo con ellos. Esto lo confirma uno de los detectives del DAS que lo acompañó durante 18 meses: "El doctor no estaba acostumbrado al servicio del escolta. Me decía que había perdido su libertad. A ratos se nos perdía y teníamos que buscarlo; de pronto nos citaba a cierta hora y no aparecía por ningún lado. Yo creo que además de querer resguardar su vida privada, ellos tenían sus reuniones y contactos políticos a los que el doctor Pardo no le gustaba llevarlos". Pero Pardo sí tenía planes para el fin de semana. Pensaba viajar temprano en la mañana del domingo, para estar de regreso antes de las cinco de la tarde, pues quería asistir al compromiso matrimonial de Álvaro Salazar, el tercero de la coordinadora de la UP. A las 7:30 de la mañana del domingo, llegó William, el escolta personal que le había puesto la UP, al apartamento de Colseguros. Todos excepto Fernando, el hijo menor de 11 años, estaban listos para el viaje. Le ofrecieron un café con leche, y mientras convencían a Fernando de que se bañara, les dieron las 8:30. A los hijos les daba "jartera" el paseo, pero Jaime Pardo, que por lo general sólo viajaba en compañía de su esposa, los obligó a acompañarlos. Fue una especie de castigo, porque se había negado a visitar a su abuela en Ubaque. Finalmente se montaron en el jeep Nissan,. placas FS 1182, metieron montones de periódicos viejos para vender en La Mesa, el viejo televisor en blanco y negro, y arrancaron. En la mitad del viaje hicieron una parada para comprar las provisiones del asado del almuerzo. Cerca de las 10 llegaron a la finca, un predio de 10 fanegadas sembradas de café, plátano, caña de azúcar y árboles frutales: "Villa Lenor". Tiene una piscina abandonada, una yegua vieja y sin nombre, 4 vacas bien cuidadas y una casa tan estrecha como la de los cuidanderos.Una construcción en obra negra que no guarda armonía con el paisaje rural, emerge un lado de la casa y la piscina como único indicio de mejoras locativas. Según le contó a SEMANA Jairo Ramírez, el administrador de la finca, Pardo, como siempre, se puso las botas y machete en mano se internó en el cafetal. Cerca de la 1:30 almorzaron y después jugaron fútbol. Lo único extraño que hizo Jaime Pardo esa tarde fue disparar con la pistola 7.35. Fue el primer y último disparo que hizo en su vida. De ello fue testigo William, su escolta de la UP, que le relató a SEMANA: "El cogió la pistola, cerró los ojos, y aunque le parecía terrible, disparó al aire. Después le dijo a su esposa en el camino de regreso: Chatica, voy muy contento, porque hice mi primer tiro". Después de una leve discusión sobre quedarse en la finca o cumplir el compromiso social, resolvieron emprender el regreso. Eran las 3:30 de la tarde. Ya al volante, Pardo le dijo al cuidandero: "Jairo, usted haga de cuenta que es el dueño y por la plata no se preocupe que yo regreso e jueves o viernes". Pocos minutos más tarde paró en la tienda donde vive el fontanero del municipio, Jorge Amaya, y le dejó dicho que revisara la tubería, porque no le estaba llegando agua suficiente a la finca. En ese momento, sus asesinos, ubicados a 150 metros del lugar en una tienda del camino, acababan de pedir su quinta ronda de cervezas. Al contrario de lo que se ha dicho, no eran sólo tres. Estaba con ellos, en lo que hubiera parecido un paseo familiar, una pareja con un niño de brazos. Según cuentan los de la tienda, tan pronto pasó el jeep de la familia Pardo, los sicarios pagaron precipitadamente la cuenta y se subieron en los dos vehículos en los que se movilizaban: un Renault 18 azul de placas AS 1015 y un taxi grande, negro y amarillo, que arrancó detrás del Renault a menor velocidad con la pareja y el niño. A los 15 minutos y detrás de un bus de la Flota San Vicente, la señora de Pardo en un carro amarillo llegó gritando a la tienda: "Mataron a Jaime, mataron a Jaime".
La recta final ¿Qué había pasado? Según versiones de la familia y del guardaespaldas de Pardo, a eso de las 3:45 un carro azul que se desplazaba a gran velocidad, parecía pedir paso. Como de costumbre, el doctor Pardo, regular chofer, manejaba por el centro de la vía. Edison, su hijo de 16 años, le dijo: "Papá; déjalos pasar que parecen borrachos". Estaban llegando al final de la única recta prolongada de la carretera. Desde el carro, los hijos y el escolta vieron algo raro, como escopetas largas. Era demasiado tarde. Supieron que los iban a matar. En fracción de segundos, todo estaba consumado. "Sentí un ruido como de lluvia", dijo doña Gloria. Pardo Leal cayó baleado sobre el hombro de su mujer. William, el escolta, desde atrás lo corrió a la derecha y cogió el timón. Ya había hecho, sin embargo, varios tiros que hicieron impacto en el Renault y que presumiblemente hirieron a uno de los sicarios. Ciento cincuenta metros más adelante, y ante la posibilidad de estrellarse con un vehículo que venía en sentido contrario, el escolta, ayudado por doña Gloria que alcanzó a poner el pie en el freno, logró detener el jeep. Desesperados, todos gritaron pidiendo ayuda. Pasaron varios vehículos que no se detuvieron. Era difícil que lo hicieran. Lo que se veía desde la carretera era un hombre armado. Era William que, aún con las armas en la mano, pedía ayuda. Luego un bus de la Flota San Vicente se detuvo momentáneamente. Uno de los pasajeros que no quiso revelar su identidad, le contó a SEMANA lo que sucedió: "Veníamos con 10 personas de pie. El viaje había sido normal hasta Patio Bonito. De pronto, vimos al frente algo que parecía un accidente. El conductor paró 30 ó 40 metros más allá. Alguien en el bus gritó: ¡están disparando! Cuando volteé a mirar, vi un Nissan blanco parado contra un barranco. Una señora de vestido amarillo pedía auxilio arrodillada en la carretera. Un hombre trataba con gran esfuerzo de sacar al herido del carro. Mientras tanto un jeep rojo había parado, pero finalmente volvió a arrancar sin llevarse al herido. El chofer del bus tampoco quiso meterse en el lío y arrancó. Metros mas adelante la gente gritó: déle paso, déle paso, Entonces me di cuenta de que era el mismo Nissan blanco. A los pocos segundos vimos como se encunetaba violentamente. Ahí fue cuando resolví que había que hacer algo y le grite al chofer que parara. Entonces supimos que se trataba del doctor Pardo Leal" . A Pardo lo acomodaron difícilmente en el piso del bus, dos de sus hijos iban con el. Iván de 20 años y el pequeño Fernando, ambos con heridas leves, producto del impacto de la encunetada. Hubo histeria en el bus. Inclusive, el chofer tuvo que parar, para que se bajara una familia. Quince minutos mas tarde, apenas pasadas las 4 de la tarde, el doctor Diego García Morales del Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, recibió a Pardo Leal agonizante. Después de una hora de intensos esfuerzos para salvarle la vida, los médicos se rindieron ante la evidencia de que Pardo había muerto. Eran las 5:45 de la tarde. Comenzaban las 48 horas más difíciles de los últimos años. Puente trunco Mientras todo esto sucedía, en Bogotá las versiones continuaban siendo confusas. A las 4:30 el presidente Barco se comunicó con el general Maza Márquez, que se encontraba descansando en su casa, y acababa de escuchar la noticia por el radio. General, le dijo, Pardo Leal está herido. No se sabe si en un accidente de transito, o por un atentado. Las informaciones son confusas. Cuando Maza Márquez se dirigió a sus oficinas del DAS, y comenzó hacer las primeras investigaciones, en Anapoima, el alcalde de Bogotá, Julio Cesar Sánchez, se vio obligado a interrumpir la lectura de "De ciertas damas", de Carlos Lleras, para responder una llamada del Presidente. "Acaban de herir a Pardo Leal" le dijo. Y agregó: "Aquí en Bogotá no hay ningún ministro. Creo que tu eres el más indicado para manejar el asunto. Vete para La Mesa, y averigua qué fue lo que pasó". Otras tres personas claves en los últimos días de Jaime Pardo Leal también se enteraron a esa misma hora de la noticia. Carlos Ossa, con quien Pardo tenía una cita el miércoles 14, como la hacian cada 14 dias, se encontraba en su casa aprovechando uno de los pocos momentos de descanso que le dejan sus interminables "correras pacificadoras" por el territorio nacional. Una llamada telefónica del secretario de Integración de la Presidencia, Rafael Pardo, le comunicó la noticia, de inmediato se dirigió a la Casa de Nariño, donde solamente se encontraba el Presidente de la Republica. Los ministros estaban todos fuera de Bogota: Defensa y Relaciones en Melgar, de donde fueron llamados por el Presidente; Gobierno en Pereira y Justicia en el Llano, en donde son localizados y citados para un mini-consejo de ministros el día siguiente. En un bus urbano, en dirección sur-norte, el jefe de la escolta de Jaime Pardo, que en los últimos 18 meses se había convertido en su sombra, seguía los pormenores del partido Santa Fe-Cali. Una interrupción de la transmisión radial con un boletín de ultima hora, dio la información: Jaime Pardo está herido "Me sentí muy mal", le dijo a SEMANA. Y recordó que inmediatamente se dirigió a las oficinas del DAS, donde ya Maza Márquez estaba impartiendo vigorosas instrucciones. A las 6 de la tarde, Álvaro Salazar, el amigo por cuyo compromiso matrimonial Jaime Pardo había decidido regresar a Bogotá, llegó al Cinep en compañía de su novia. Allí los esperaba Francisco De Roux, el jesuita que iba a bendecir las argollas. "Lo siento mucho", le dijo, sin que Salazar entendiera de qué se trataba. ¿Por qué me da ese pesame, si yo lo que me voy es a casar? le preguntó al sacerdote. ¿Acaso no sabe? le dijo De Roux. "Es que mataron a Jaime Pardo". La misa de compromiso se transformó entonces, en una misa de réquiem. Dos horas después, Salazar se convirtió en el coordinador de todos los preparativos de las honras fúnebres de Pardo. El alcalde a cargo A su llegada al hospital de La Mesa, el alcalde de Bogotá, Julio César Sánchez, encontró un escenario macabro. Según se lo relató a SEMANA, la viuda se encontraba en una esquina de la sala de urgencias, musitando frases incoherentes. Los hijos estaban con sus ropas todas ensangrentadas, y el más pequeño se revolcaba del dolor de estómago. El cadáver de Jaime Pardo estaba desnudo, sobre una tarima de baldosín. Nadie sabía exactamente qué hacer. Al frente del hospital ya había gente arremolinada, y el alcalde Sánchez fue informado de que aparentemente ya estaban en camino marchas desde Viotá y Mesitas. Comenzaban a oírse consignas, y algunos exigían que el cadáver fuera velado en la plaza pública de La Mesa. Julio César Sánchez tuvo que pensarlo muy rápido. De su propio bolsillo compró el ataud de Pardo. También ropa para los tres hijos, para remplazar su ropa ensangrentada. De Bogotá, el Presidente había enviado un helicóptero que, cuando las versiones tan solo indicaban que Pardo estaba herido, iba a transportarlo a la capital. El aparato, en cambio, sirvió par trasladar hasta la clínica Santa Fe, donde Barco personalmente había reservado habitaciones, a dos de los hijos de Pardo, heridos. Para su aterrizaje nocturno, el alcalde Sánchez ordenó encender fogatas y las luces de docenas de vehículos en el estadio del colegio de La Mesa. También por iniciativa suya se organizó una caravana de ambulancias, en una de las cuales el cadáver de Pardo fue trasladado a Bogotá. Durante la noche, en Palacio, el presidente Barco, Ossa y los ministros de Defensa y Relaciones, que habían regresado de Melgar, seguían paso a paso el desarrollo de los acontecimientos de orden público en el país, y recibían información permanente del alcalde Sánchez desde La Mesa. Las noticias sobre alteraciones de orden público en los barrios periféricos de la capital, en los municipios de Bosa y Soacha, y en Barrancabermeja aumentaron la tensión. Todo podía suceder. El cadáver de Jaime Pardo llegó a las 11 de la noche a la sede de la UP. No se le había hecho autopsia, y los militantes de la UP insistieron en que se le realizara en la sede del movimiento. Como los médicos legistas consideraron absurda esta posibilidad, la UP accedió a entregar el cadáver, con la condición de que el consejero Carlos Ossa lo acompañara a Medicina Legal. Ese fue el motivo por el cual Carlos Ossa llegó a la sede de la UP a las tres de la mañana. Su entrada solitaria y su figura patética fueron captadas por las cámaras de la televisión, como un testimonio mudo de la tragedia que vivía el país. Esa noche los disturbios más graves de orden publico se presentaron en el barrio Policarpa Salavarrieta, uno de los más politizados al sur de la capital, con un saldo de un policía y tres civiles muertos. El lunes, a las 11 de la mañana, el cadáver de Pardo llegó a la Plaza de Bolívar donde, bajó un toldo y en medio de cuatro sirios, comenzaron a velarlo. Previendo que el amplio y significativo escenario de la Plaza de Bolívar pudiera presentarse para encender los ánimos oratorios de los militantes de la UP, el alcalde los convenció de que la velación debía hacerse mas bien en el interior del Capitolio. En compensación les ofreció sacar el Ejército del edifico del Congreso, y permitir que los propios miembros de la UP requisaran a los visitantes. La romería de gente que ingresó al Capitolio se hizo pacíficamente. Pero en otro punto de la ciudad había otros cinco muertos: cuatro jóvenes de la UP, victimas de una explosión provocada por las bombas que fabricaban, y una vecina de la casa donde ocurrió la tragedia. Esa noche los colombianos se acostaron con la sensación de que el día siguiente seria un trágico martes 13. En nada contribuyó a borrar esta idea el lánguido y lacónico comunicado que el gobierno dio a conocer por televisión, a través del ministro de Gobierno. En las primeras horas del martes mientras en el ministerio de Defensa se realizaba un rutinario Consejo de Seguridad, en la Alcaldía, en pleno corazón de Bogotá, Julio César Sánchez, en compañía de los comandantes del Ejército y la Policía de Bogotá, planeó con la precisión de un relojero suizo, el operativo de seguridad. La consigna fue corta y clara: ninguna ostentación de fuerza pública en las calles. Con base en ella se desmilitarizó el Policarpa y se dejó en libertad a 30 militantes de la UP y del PC capturados cuando tiraban piedra e incitaban al desorden. Los primeros disturbios graves en la Plaza de Bolívar fueron protagonizados por un grupo de muchachos no mayores de 15 años. Rompieron la puerta del destruido Palacio de Justicia y entraron al edificio, desde donde arrojaron piedras a un grupo de policías que se encontraban apostados en un costado de la Plaza. Otros tomaron un tanque de gas, lo colocaron bajo un vehículo de la Policía e intentaron prenderle fuego. En ese momento, recuerda el alcalde, se vino el aguacero. Yo le di gracias al cielo. A un suboficial que intentó penetrar al Palacio de Justicia le dieron un ladrillazo en la cabeza que le hizo perder los estribos y, olvidándose de la consigna, arrojó una bomba de gas lacrimógeno que produjo pánico y estampida. Incluso alcanzó a arrancar algunas lágrimas del ministro de Gobierno, César Gaviria, que en ese momento se dirigía al Capitolio. En medio de la confusión explotó una bomba de humo que cubrió toda la Plaza de Bolívar. El alcalde, entonces, tomó la decisión de adelantar las exequias de Pardo. Llamó de inmediato a Carlos Romero y transaron para las 4 de la tarde la realización de las honras fúnebres. A las 3 :45 comenzó la ceremonia en la Catedral. La misa debía ser concelebrada por el párroco y uno jesuitas del Cinep, pero el alcalde se hizo el de la vista gorda. Tuvieron que quedarse con la homilía entre el bolsillo, por que llegaron a la Catedral cuando la procesión salía hacia el cementerio. A la misa, en representación del gobierno, asistieron únicamente los ministros de Gobierno, Relaciones y Justicia, y el consejero Carlos Ossa, quienes se vieron obligados a entrar por la puerta lateral. Tomaron la decisión de no ir hasta el cementerio porque el ambiente estaba muy caldeado. Los que sí se atrevieron, porque fueron expresamente invitados por la Unión Patriótica, fueron algunos representantes de los partidos tradicionales: Ernesto Samper, Alvaro Leyva, Eduardo Mestre, Jaime Niño Diez. Durante todo el trayecto fueron insultados, cuando eran reconocidos por los manifestantes. El alcalde había desmilitarizado toda la carrera séptima, y su organización se la entregó a los policías de transito, porque, según el, los enemigos de los motos son los conductores, y no los peatones. Los gritos de consignas como "Si señor, como no, el gobierno lo mató" y "Samudio asesino", fueron ahogados por la ovación de la gente, cuando una gigantesca pancarta de la Coordinadora Guerrillera fue desplegada a la entrada del cementerio. En el cementerio, el alcalde Julio César Sánchez había ordenado a la empresa de energía iluminar profusamente el escenario. La tumba de Pardo la había escogido él mismo, y era la mejor de las que quedaban disponibles, muy cerca de las de otros destacados lideres políticos. A cargo de la administración distrital, se pagó un millón de pesos por ella. Junto a su tumba, esperaba a la manifestación otro grupo de políticos de los partidos tradicionales: Luis Carlos Galán, Jota Emilio Valderrama y Clara López Obregón. Todos ellos tuvieron que salir corriendo en un momento dado, cuando la hostilidad de los manifestantes se hizo insostenible. La evacuación afanosa se produjo por la puerta lateral de la 24 que, nuevamente, gracias a la previsión del alcalde, se había abierto después de muchos años de desuso. Los políticos tuvieron que contentarse con enviar sus discursos vírgenes a los medios de comunicación. A la agresividad de los manifestantes contribuyó una hojita volante que la Coordinadora Gaitanista hizo circular entre los presentes. Una de sus frases decía: Cuando mataron a Gaitán fue Carlos Lleras el que habló en el entierro. Y desde ese momento la oligarquía liberal se robó la imagen del líder. Hoy asesinan a Pardo Leal, y va a ser el hijo político de Lleras, Luis Carlos Galán, quien hablará en el cementerio. La historia se repite. "No vamos a dejar robar nuevamente a nuestros mártires". Ni siquiera los mismos representantes de los manifestantes se salvaron de la anarquía. Los discursos de Gilberto Viera y de Bernardo Jaramillo, el sucesor de Pardo en la UP, también fueron saboteados. Lo único que pareció conmover a la masa de enardecida fue la oración de la esposa de Pardo Leal, que pronunció la frase más estremecedora de la jornada: "Quedamos desolados. No sabemos donde albergar tanto dolor". A la salida del cementerio unos encapuchados izaron la bandera del M-19 y de la Coordinadora Nacional Guerrillera, y dispararon ráfagas de metralleta al aire, produciendo la estampida final. Alrededor de cien manifestantes se quedaron en el cementerio, y anunciaron su decisión de desenterrar a Pardo para darle una última vuelta. Ya la paciencia del alcalde no dio más. Anuncio que en 15 minutos apagaría la luz y los dejaría encerrados con los muertos. Al fin, pasado este tiempo, Jaime Pardo Leal pudo descansar en paz. Eran las 7:30 de la noche del martes 13. Fuente: http://www.semana.com/nacion/asesinato-jaime-pardo-leal/186267-3.aspx |
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El magnicidio de Bernardo Jaramillo
Por: Redacción Ipad
Hoy, 22 años después, el asesinato de Bernardo Jaramillo Ossa sigue en la absoluta impunidad. Pero al menos está claro que fue la organización de los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño, la que concretó la acción en el aeropuerto Eldorado
Orlando Valenzuela interpreta a Bernardo Jaramillo. / Archivo
Eran las 8:05 de la mañana del jueves 22 de marzo de 1990. Con la idea de viajar a Santa Marta para pasar unos días de descanso en compañía de su esposa, el candidato presidencial de la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo Ossa, ingresó al Puente Aéreo del aeropuerto Eldorado. Momentos después, cuando se dirigía hacia la sala de espera, rodeado de su numerosa escolta, un joven que fingía leer una revista se levantó súbitamente de la silla y le descargó una ráfaga de ametralladora.
Mientras la escolta de Jaramillo reaccionaba inmovilizando al joven agresor que portaba una ametralladora Mini-ingram 380, el candidato presidencial constataba cómo se le iba la vida. Después de desplomarse por los impactos de bala, de manera desesperada se aferró a unas cortinas para tratar de ponerse de pie, pero antes de perder el conocimiento resumió en un comentario a uno de sus escoltas y a su esposa la convicción de su muerte: “Me mataron estos hijos de puta, no siento las piernas”.
De alguna manera, se había cumplido el destino que el propio Jaramillo había intuido desde que asumió como presidente de la UP, en medio de otra tragedia para esta colectividad: el asesinato de su primer candidato presidencial, Jaime Pardo Leal, perpetrado el 11 de octubre de 1987. Aquella vez expresó: “Sé perfectamente que mi vida ha adquirido un nuevo peligro, esta posición puede costarme la muerte. Mi sangre, entonces, serán nuevas gotas que segreguen al sacrificio y al holocausto por la causa del pueblo”.
En aquella época, a sus 33 años, después de una exitosa carrera como dirigente sindical en la región del Urabá antioqueño, el abogado manizaleño Bernardo Jaramillo Ossa oficiaba como representante a la Cámara e integrante de la Comisión de Asuntos Laborales del Congreso. Con su designación como presidente de la UP saltó al escenario nacional asumiendo un erguido papel en defensa de su organización, y también denunciando a quienes ya se habían ensañado contra este movimiento político.
Surgida como base esencial de los acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las Farc, la Unión Patriótica ya era blanco de innumerables ataques del paramilitarismo, en varias ocasiones asociado con integrantes de las Fuerzas Armadas. La mayoría de sus congresistas, diputados, concejales o alcaldes electos habían sido objeto de atentados, y su máximo jerarca Jaime Pardo Leal cayó abatido por las balas asesinas, en un hecho que tuvo lugar cuando el líder político viajaba con su familia hacia Bogotá.
Ante las evidencias, Jaramillo Ossa no dudó en culpar al militarismo del magnicidio de Pardo Leal y particularmente la emprendió contra el entonces ministro de Defensa, general Rafael Samudio Molina a quien calificó como “el general de la muerte que quiere la guerra”. Como era de esperarse la respuesta de los generales fue contundente y después de recibir el apoyo del presidente Virgilio Barco, calificaron las expresiones de Jaramillo como “inmaduras, mendaces, ligeras e inapropiadas”.
Desde ese momento, las relaciones entre Bernardo Jaramillo y los sectores de derecha fueron tensas. Ni el dirigente de la Unión Patriótica se calló ni tampoco dejaron de fustigarlo los más radicales opositores de cualquier intento de negociación con la guerrilla. Fueron dos años y medio en los que semana tras semana la UP tuvo que asistir a funerales de sus miembros asesinados, tiempo durante el cual su máximo dirigente fue ganando un protagonismo político que lo convirtió en candidato presidencial.
No obstante, en medio de la violencia circundante por la guerra entre el Estado y la mafia de Pablo Escobar Gaviria, en el río revuelto empezaron a aprovechar otros grupos armados que le daban fuerza al paramilitarismo en auge. En particular, después de sucesivas matanzas para diezmar las bases políticas de la UP, especialmente en la región de Urabá, el departamento de Córdoba y el nordeste antioqueño, desataron su violencia los paramilitares de Fidel, Vicente y Carlos Castaño Gil.
En temas de narcotráfico, en especial Fidel y Vicente Castaño compartían negocios con el Cartel de Medellín. El menor de los tres hermanos, Carlos, no simpatizaba mucho con Pablo Escobar, pero cumplía una labor que de alguna manera le era útil: asesinatos a diestra y siniestra en Medellín que aumentaban el clima de terror existente. En la parte culminante de la sangrienta campaña presidencial de 1989-1990, los Castaño aprovecharon la crisis para cometer sus propios magnicidios.
Esta racha de crímenes políticos de alto impacto se inició el viernes 27 de octubre de 1989, cuando cuatro individuos asesinaron en su propia oficina al segundo vicepresidente de la Asamblea de Antioquia y miembro principal de la UP, Gabriel Jaime Santamaría Montoya. Nunca se le explicó al país cómo los sicarios se abrieron paso a través del Centro Administrativo La Alpujarra, en Medellín, sede de los gobiernos departamental y municipal, para cometer el asesinato en medio de un gran despliegue de Fuerza Pública.
No hubo custodia alguna. Los asesinos pasaron con sus armas por los detectores de metales, eludieron las imágenes del circuito cerrado de televisión y utilizando una subametralladora, asesinaron a Santamaría Montoya en su oficina. A sabiendas de que se trataba de un crimen con inocultable complicidad oficial, la Unión Patriótica, en cabeza de sus principales dirigentes, entre ellos Jaramillo Ossa, no dudaron en acusar al paramilitarismo. Con un detalle adicional, en ese momento, además de los nexos con algunas unidades de la Fuerza Pública, ya lo asociaban a Fidel Castaño Gil.
El segundo episodio sucedió cuatro meses después. Una de las personas más cercanas a Bernardo Jaramillo era la alcaldesa de Apartadó (Antioquia), Diana Cardona Saldarriaga. De hecho, en la región de Urabá, ambos habían liderado importantes procesos de recuperación de tierras y defensa sindical. La alcaldesa Cardona fue asesinada el lunes 26 de febrero de 1990, y una vez más quedó claro que, por el modus operandi de la acción, al parecer el asesinato había pasado por complicidad de agentes del Estado.
El crimen ocurrió de una manera insólita. Hacia las 5:15 de la mañana, como era su costumbre, a su casa situada en el barrio Altamira de Medellín, llegaron a recogerla supuestos agentes del DAS para escoltarla hasta el aeropuerto Olaya Herrera. Ella abordó sin prevenciones un vehículo Monza con los supuestos escoltas, y minutos después, cuando llegaron los verdaderos, ya Diana Cardona estaba en manos de sus asesinos. A las afueras de Medellín, con siete impactos de bala fue encontrada acribillada al interior del mismo vehículo en las horas de la tarde.
El primero en reaccionar fue Bernardo Jaramillo, quien no dudó en culpar al paramilitarismo y de manera particular volver a exigirle al Estado que le hiciera frente a la organización de Fidel Castaño. Además recordó que en apenas 57 días de 1990, ya habían sido asesinados 66 integrantes de la Unión Patriótica. La guerra sucia estaba en pleno furor y en la medida en que se avanzaba hacia las elecciones legislativas del 11 de marzo fue peor. La voz de Bernardo Jaramillo retumbaba por sus acusaciones.
A dos días de los comicios, en el periódico La Vanguardia de España, el presidente de la Unión Patriótica fue más allá. Acusó al gobierno de promoverse como campeón de la paz mientras cargaba sobre sus espaldas el peso de más de 5000 asesinatos políticos y, en particular, la emprendió contra el presidente Virgilio Barco, de quien dijo que se había hecho el de la vista gorda ante el vínculo abierto que existía entre militares y narcotraficantes para sostener e impulsar a los grupos paramilitares en Colombia.
El Ejecutivo dejó pasar el episodio porque en ese momento era más importante alentar la euforia desatada a raíz de la Séptima Papeleta que abrió el camino a la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Pero una semana después del debate legislativo, el ministro de Gobierno, Carlos Lemos, con una encendida declaración devolvió los señalamientos de Jaramillo, al manifestar que el país estaba cansado de la violencia y que la prueba era cómo en las urnas había salido derrotado el brazo político de las Farc, según él, la Unión Patriótica.
Las declaraciones del ministro Lemos atizaron el fuego de la controversia con la Unión Patriótica. Y una vez más, Bernardo Jaramillo Ossa salió a responder. Calificó de “injuriosas e irresponsables” las declaraciones del alto funcionario y añadió que no tenía ningún derecho a condenarlos a muerte, pues con lo que había dicho, le había puesto una lápida en el cuello. Esta intervención motivó una caricatura de Ari, en el periódico La Patria de Manizales, donde aparecía la figura de Jaramillo, con una lápida colgada en su cuello y un letrero que decía: “La UP es el brazo político de las Farc”.
En este contexto, a las 24 horas, se produjo el atentado contra Bernardo Jaramillo Ossa. Según el reporte del Hospital Central de la Policía, a donde fue conducido en estado de inconciencia, cuatro heridas de bala en la región toráxica y el hipocondrio izquierdo, acabaron con su vida. El asesinato de Jaramillo Ossa le dio un golpe mortal a la Unión Patriótica. Pero lo que vino después del crimen fue la demostración de que como en el caso Galán, Guillermo Cano o tantos otros magnicidios, lo siguiente iba a ser la impunidad.
El asesino de Bernardo Jaramillo fue un muchacho de 16 años llamado Andrés Arturo Gutiérrez Maya. Trabajaba en una fábrica para elaboración de tizas de tacos de billar, y fue reclutado en las comunas de Medellín para perpetrar el crimen. Quienes lo hicieron le dieron una cédula falsa y hasta momentos antes de perpetrar el asesinato lo acompañaron en el aeropuerto Eldorado. El joven asesino fue capturado, pero como era menor de edad no fue a la cárcel sino a un centro de reclusión de menores infractores.
Entre tanto, el director del DAS, general Miguel Maza Márquez, sin muchos elementos de juicio, acusó al Cartel de Medellín de ser el autor intelectual del crimen de Jaramillo Ossa. Y dijo saberlo porque supuestamente el organismo había obtenido una interceptación telefónica en la que Pablo Escobar le reclamaba a uno de sus sicarios cómo iba esa vuelta. Casi de inmediato, Escobar, desde la clandestinidad negó la autoría del asesinato, se declaró admirador de Jaramillo y dijo que, por el contrario, él había mediado varias veces para que socios suyos no lo mataran.
Lo paradójico es que el mismo día, desconocidos se comunicaron a varias estaciones radiales para decir que el promotor del asesinato había sido Fidel Castaño y que ahora este coloso de la guerra era el reemplazo de Rodríguez Gacha, abatido por la Policía en diciembre de 1989. No obstante, esta hipótesis fue poco investigada. Además, el joven sicario fue asesinado junto a su padre semanas después del crimen, cuando hacía uso de un permiso para salir de su sitio reclusión. Una década después, el jefe paramilitar Carlos Castaño, admitió que un frente de antisubversión civil perpetró el crimen.
Hoy, 22 años después, el asesinato de Bernardo Jaramillo Ossa sigue en la absoluta impunidad. Pero al menos está claro que fue la organización de los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño, la que concretó la acción en el aeropuerto Eldorado. Días después también lo hizo con el candidato presidencial del M-19, Carlos Pizarro Leongómez. Los nexos entre Escobar y los Castaño siguen insuficientemente documentados. Y los de ambos frentes de violencia con agentes del Estado, también son un vacío histórico que la justicia aún podría entrar a llenar.
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