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Las autoridades de inmigración están tras la pista del ex coronel cubano Crescencio Marino Rivero, acusado de cometer abusos y maltratos en las prisiones en Cuba y quien luego obtuvo residencia en Estados Unidos sin revelar que había sido un alto militar al servicio del régimen en la isla.
Aunque por ahora no hay una investigación formal contra Rivero, que vive en Miami, un funcionario federal que tiene familiaridad con el asunto dijo a El Nuevo Herald que en el gobierno federal hay interés en el caso, que ha causado revuelo dentro de la comunidad de exiliados cubanos.
“Las autoridades de inmigración tienen jurisdicción para echarle un vistazo a este asunto”, dijo el funcionario que pidió no revelar su nombre o puesto dentro del gobierno porque no tiene autoridad para discutir el caso con los medios de prensa.
Por otra parte, los congresistas cubanoamericanos, Ileana Ros-Lehtinen y Mario Díaz-Balart, ambos republicanos de Miami, enviaron el viernes una carta a los secretarios de Estado, Justicia y Seguridad Interna - Hillary Clinton, Eric Holder y Janet Napolitano, respectivamente - exigiendo la “inmediata expulsión” de Rivero así como una explicación oficial de cómo las autoridades migratorias le otorgaron visa y luego residencia sin aparentemente verificar su pasado.
“Como coronel de alto rango dentro de Partido Comunista de Cuba y director de prisiones donde prisioneros políticos eran repetidamente abusados y tratados con negligencia, Rivero y su esposa, Juana Ferrer, también miembro prominente del Partido Comunista de Cuba, nunca deberían haber recibido visas y residencia permanente ya que la ley estadounidense prohíbe la entrada a miembros del Partido Comunista así como a cualquier extranjero que haya participado en actos de tortura”, dice la carta de los congresistas.
Según la fuente federal consultada sobre el caso, las autoridades migratorias están particularmente interesadas en verificar porqué Rivero no dio a conocer inicialmente, cuando solicitó una visa y posteriormente su residencia, que había sido un militar de alto rango del Ministerio del Interior y que fungió como jefe del Departamento de Prisiones en la provincia de Villa Clara en Cuba.
En una entrevista el jueves con América Tevé (Canal 41), Rivero admitió que no había revelado a las autoridades estadounidenses su condición de ex alto militar cubano.
Una de las secciones de la forma migratoria para solicitar residencia específicamente pide que el peticionario revele si alguna vez realizó “servicio militar” en Estados Unidos o cualquier otra parte.
En la entrevista con la televisión, Rivero dijo que cuando presentó la petición de residencia ya habían pasado 14 años de que había salido del Ministerio del Interior.
“Aquí tampoco me lo preguntaron”, agregó. “Los documentos para presentar la residencia los hizo una agencia que se dedica a eso”.
Rivero también negó las acusaciones de que es responsable por cometer abusos en las prisiones y calificó como “mentirosos” a tres ex presos políticos y disidentes que lo denunciaron.
El caso salió a la luz cuando dos abogados de inmigración, Santiago Alpízar y Wilfredo Allen, contactaron a fiscales federales para preguntar cómo es que se le pudo permitir la entrada a Estados Unidos a Rivero y a su esposa, una ex funcionaria de migración en Cuba.
La revelación sobre la presencia en Miami de Rivero recuerda el sonado caso de Eriberto Mederos, un exiliado cubano que en el 2002 fue llevado a juicio por las autoridades de inmigración a raíz de acusaciones de que había torturado a opositores al régimen en un hospital psiquiátrico de La Habana. El 1ro de agosto del 2002, un jurado federal encontró culpable a Mederos de no haber revelado detalles sobre su pasado en su petición de ciudadanía. Semanas después del veredicto, Mederos murió de cáncer de próstata.
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