Bruselas se ha desplazado hasta el centro del debate de las elecciones catalanas del próximo 25 de noviembre. El encaje legal que una hipotética Cataluña independiente tendría en la UE se ha convertido en un arma arrojadiza por parte de los partidos políticos de uno y otro bando. Los defensores de una consulta que abra la puerta a la independencia insisten en que salir de España no implica abandonar Europa. Pero tanto la Comisión Europea como juristas independientes señalan que los tratados de la Unión Europea lo dejan claro: la pertenencia de Cataluña al club se debe al acuerdo de adhesión que firmó España; y la secesión conllevaría un largo y complicado proceso de readmisión, sujeto en todo momento a un voto afirmativo de los 27 —o 28, cuando el próximo año se una Croacia— socios.

Más complicado aún es vislumbrar qué pasaría con la unión monetaria. Porque en el momento en el que Cataluña se desgajara de España —y, por tanto, de la UE— perdería su condición de miembro de pleno derecho de la zona euro. Podría entonces convertirse —al igual que Kosovo o Montenegro o miniestados como Mónaco, Andorra, El Vaticano o San Marino— en un mero usuario de la moneda única, sin ninguna representación en sus órganos de gobierno.

Llegados a este punto, se daría la paradoja de que el BCE podría tomar decisiones vitales para los catalanes sin que estos tuvieran ninguna representación en su consejo, al que pertenecen los gobernadores de los bancos centrales de los 17 países de la eurozona. “La moneda pertenece a la Unión Europea, no a España ni a Cataluña”, asegura con rotundidad un alto funcionario europeo.

Pese a la claridad de los textos legales, los portavoces de la Comisión Europea son reacios a enfangarse en un debate de alto voltaje político en España. Hace ocho años, el entonces presidente, el italiano Romano Prodi, fue muy directo. “Una nueva región independiente se convertiría en un tercer Estado en relación a la Unión y, desde el día de su independencia, los tratados ya no serían de aplicación en su territorio”, dijo en marzo de 2004. Prodi también recordó que el ingreso del nuevo país “está sujeto a la ratificación por parte de todos los Estados miembros y del Estado solicitante”.

La doctrina de los actuales responsables no se aparta lo más mínimo de la trazada por Romano Prodi. Los soberanistas catalanes han querido ver en las palabras pronunciadas por Joaquín Almunia una visión más favorable a su proyecto político. “No se puede dar una respuesta taxativa y decir que si uno se segrega se queda fuera y no sabremos nada más de él por los siglos de los siglos”, dijo hace una semana el vicepresidente de la Comisión y titular de Competencia. Pero Almunia, en declaraciones a este periódico, afirma que su discurso ha sido manipulado. “No hay ninguna duda de que quien se separa se queda fuera. Y eso suponiendo que se haga de forma amistosa y dentro de la legalidad, como podría ser el caso escocés. Si no es así, no solo te quedas fuera, sino también marginado”, asegura.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, admite que en principio Cataluña quedaría al margen de la UE, pero considera que el reingreso sería un trámite que podría durar “unas 24 horas”, según dijo hace dos semanas, o que, como afirmó el pasado miércoles en Moscú, se haría “por sentido común”. Mas, que prevé que la consulta popular se celebre en un máximo de cuatro años, fija para 2020 el plazo para lograr un hueco como miembro del club. “Los plazos que se manejan no tienen ninguna consistencia jurídica”, señala Jordi Sellarés, profesor de Derecho Público de Esade. “Los argumentos sobre la pertenencia inmediata a la UE pasan ante su audiencia el primer día. Pero a medida que transcurre el tiempo se va sabiendo que no son posibles y se crea una inmensa frustración”, continúa Almunia.

Otra vicepresidenta de la Comisión, Viviane Reding, también se vio involucrada en el debate después de que el Diario de Sevilla publicara hace un mes una entrevista con ella. “Ninguna ley dice que Cataluña deba salir de la UE si se independiza”, decía el titular, que su portavoz considera “muy desafortunado”. La entrevistada envió una carta al periódico andaluz exigiendo una rectificación.

El secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez de Vigo, remitió una carta a la vicepresidenta en la que le recordaba los distintos artículos del Tratado de la Unión que garantizan que la UE no puede reconocer una declaración de independencia de una parte de un Estado miembro y que, en el muy improbable caso de que España reformara su Constitución para admitir la secesión, Cataluña no formaría parte en ningún caso de la UE, y debería solicitar su adhesión como cualquier otro aspirante. “Coincido plenamente en tu análisis”, respondió Reding el pasado 4 de octubre en una carta publicada por EL PAÍS el pasado martes. “Cualquier precedente de secesión en la UE sería un elemento desestabilizador para los Balcanes. Aunque España aceptara, habría muchos países en contra”, aseguran fuentes europeas.

En el bando nacionalista, la estrategia ha virado últimamente. Ya no se da por hecho una adhesión inmediata a la UE —como rezaba el lema de la multitudinaria manifestación independentista celebrada en Barcelona en septiembre: Cataluña, nuevo Estado de Europa—, sino que se apela a una reforma legal lo más breve posible basándose en la voluntad de los ciudadanos sobre la consulta. “Me sorprende esta telaraña legislativa que en Madrid se teje a conveniencia. El Estatuto catalán se incumple y no pasa nada. Cuando a Madrid no le conviene, la ley no existe; pero cuando le conviene, es sagrada e inflexible. La legitimidad democrática de cada momento está por encima de la ley”, responde el eurodiputado de Convergència i Unió Ramon Tremosa. ¿Será ágil la adhesión a la Unión Europea? “Dependerá de la legitimidad democrática que tenga detrás, de los resultados de las elecciones del 25-N”, responde. Tremosa, como el presidente catalán y máximo dirigente de su coalición, condiciona la cuestión únicamente al resultado que salga de las urnas.