Sin incidentes graves ha transcurrido la primera jornada de la huelga
general de 48 horas en Grecia. Dos grandes marchas de protesta pacífica
han tenido lugar en el centro de Atenas, congregando a un total de
45.000 personas según la Policía helena.
Una de ellas ha sido convocada por el sindicato Pame afín al Partido
Comunista (KKE) y la otra por los sindicatos mayoritarios GSEE y ADEDY. A
ambos grupos se han unido colectivos vecinales, partidos políticos como
la Coalición de la Izquierda Radical (Syriza) y uniones de distintos
gremios como profesores o médicos.
Los sindicatos dan por bueno el número de manifestantes teniendo en
cuenta el llamado a la huelga de 48 horas y un paro total del transporte
terrestre que obligaba a la mayoría de manifestantes a acudir caminando
al centro de Atenas. Además, los medios de transporte marítimos han
quedado prácticamente paralizados y muchos vuelos han tenido que ser
cancelados o retrasados debido al paro de tres horas de los
controladores aéreos.
La huelga de este martes ha tenido un seguimiento mayoritario tanto
en el sector privado como en el público, según han asegurado los mismos
sindicatos. En los sectores de construcción, hostelería y comercio la
huelga ha tenido un seguimiento del 90%, según la Confederación General
de Trabajadores (GSEE), un porcentaje que este sindicato eleva al 100%
en el caso de las refinerías y los puertos.
Sin embargo, los datos sindicales contrastaban con la imagen del
centro de Atenas: la mayoría del pequeño comercio permaneció abierto o
cerró tan sólo al paso de los manifestantes para evitar incidentes. En
zonas como Monastiraki, Kerameikos, Metaxourgeio o Gazi el paro
comercial privado está pasando desapercibido.
En el sector público, la convocatoria de huelga ha sido respaldada
por entre el 57 y el 85% de los funcionarios, según ha explicado la
Confederación de Asociaciones de Funcionarios (ADEDY), la principal
organización de trabajadores estatales.
Colegios, hospitales y organismos públicos han quedado parcialmente
paralizados por el paro y los bancos públicos han dejado prácticamente
de prestar servicio. Las manifestaciones continuarán mañana, cuando se
votan las reformas estructurales del nuevo plan de austeridad en el
parlamento heleno. Sindicatos, partidos políticos y grupos de acción
tenían previsto llevar su protesta hasta las mismas puertas de la
cámara, situada en la céntrica Plaza Syntagma.
Cinco años de recesión y tres de austeridad han provocado una
espectacular caída del poder adquisitivo en Grecia, un país donde
aproximadamente el 27% de la población vive por debajo del umbral de la
pobreza y hay un 25,1% de desempleo. Incluso Samaras admitió el pasado
fin de semana un descenso del 35% en el nivel de vida del país aunque,
dijo, si el país saliese del euro sería el doble.
Semana decisiva
El país afronta las votaciones parlamentarias más importantes desde
noviembre de 2011 envueltoen una crisis en la coalición tripartita de
gobierno. En juego está la aprobación del nuevo plan de austeridad
heleno negociado por el país con la 'Troika' (EC, BCE, FMI) y ya
conocido como el "tercer memorando" griego.
El Parlamento votará las nuevas medidas en dos tandas: en la primera,
el próximo miércoles 7, se votarán reformas estructurales. Entre ellas,
cambios en materia laboral que abaratan el despido, una bajada vertical
de pensiones de hasta el 15% en algunos casos o el fin de ciertas
bonificaciones automáticas en los salarios como el de matrimonio, entre
otras muchas.
La otra fecha clave es el próximo domingo 11 de noviembre cuando se
someterán a aprobacion parlamentaria los presupuestos del Estado para
2013, incluyendo unos 9.000 millones de euros en recortes en los
presupuestos ministeriales, algunos de ellos como Educación, Sanidad y
Defensa muy sensibles para la población.
El "tercer memorando" griego contempla medidas de austeridad por un
total de 13.500 millones de euros entre recortes, reformas estructurales
y subidas de impuestos. La aprobación parlamentaria de las medidas es
básica para que la Troika apruebe desbloquear 31.500 millones de euros
provenientes de los acuerdos de rescate griegos.
De suprimirse o paralizarse la respiración asistida comunitaria a
Grecia, el país podría entrar en bancarrota: el Estado sólo tiene
garantizada la liquidez hasta mediados de noviembre, según ha admitido
el propio Primer Ministro Antonis Samaras.
Cuentas milimétricas
Para aprobar el nuevo plan, la mermada coalición tripartita entre
conservadores, socialistas e izquierdistas moderados necesita los votos
de 151 de los 300 diputados de la cámara. Según informes de los partidos
filtrados a la prensa helena, esperan de 153 a 157 votos positivos para
las nuevas medidas.
Todo ello, a pesar de que la coalición cuenta oficialmente con 174
diputados. Entre ellos están los 127 parlamentarios de Nueva Democracia,
el partido de Samaras, mermado tras la expulsión fulminante de dos de
ellos por negarse a apoyar las reformas. 31 diputados aporta el Pasok de
Evagelos Venizelos, tras admitir dos de ellos que votarán en negativo
esta semana. Por lo menos cinco socialistas más todavía tienen serias
dudas.
Los 16 diputados de la Izquierda Democrática de Fotis Kouvelis son
los que más preocupan a Samaras: contrarios a las propuestas de reforma
laboral y supresión de bonificaciones automáticas, sopesaron dar su voto
negativo hasta última hora de la noche del lunes.
Finalmente han decidido que votarán "presente", una abstención
técnica, en la votación de las reformas laborales y estructurales el
miércoles y a favor el domingo.
La deserción inesperada de otros parlamentarios podría poner en
peligro la votación del miércoles. Los precedentes no son halagüeños
para el gobierno: cuando el pasado miércoles se votó el nuevo plan de
privatizaciones griego hasta 30 diputados de la coalición, entre ellos
17 del Pasok, se opusieron a seguir la línea oficial de la alianza.
Las medidas fueron pasadas en un primer momento con los votos de 148
parlamentarios al haber sólo 293 presentes en la cámara, aunque
finalmente se canceló la decisión en ciertas propuestas y se volverá a
repetir la votación de las mismas el miércoles junto a las reformas
estructurales. Si se repiten los resultados esta semana con el
parlamento lleno, el tercer memorando se rechazará. Eso, a pesar de la
"confianza razonable" que el ministro de Economía Yanis Stournaras
mantiene de cara a la aprobación de las medidas.