Después de derrocado Rómulo Gallegos el 24 de noviembre de 1948, apenas a 12 días de haberse aprobado el 50-50, el gobierno de los Estados Unidos comienza a preocuparse por la seguridad de los campos petroleros y las instalaciones de la industria petrolera nacional, debido a la serie de protestas que realizan los sindicatos de trabajadores petroleros y que puso en "jaque" a la Junta Militar de Gobierno. En retaliación a las amenazas de huelga indefi nida, la Junta Militar disolvió a la fuerza la Confederación de Trabajadores de Venezuela y ordenó la realización de nuevas elecciones en los sindicatos, asociaciones y ligas que pertenezcan a ella. El 50-50 generó un revuelo tal que las transnacionales y los grandes consorcios fi nancieros de los Estados Unidos comenzaban a presionar y a solicitar la eliminación de ese mecanismo impositivo. De hecho, J. E. Pogue, vicepresidente del Chase Manhattan National Bank en un informe publicado en el Boletín de la Asociación Venezolana de Geología, Minería y Petróleo, critica el régimen del 50-50 y sugiere que se elimine. Al mismo tiempo, aprovecha el informe para exhortar al gobierno venezolano acerca del cumplimiento del deseo de las subsidiarias de las compañías petroleras sobre el otorgamiento de nuevas concesiones, rechaza el intento de aumentar el volumen de petróleo crudo que se refi na en el país y no aceptar nuevas mejoras sociales o económicas para los trabajadores petroleros.

Ya para 1950 el equilibrio petrolero del mundo comenzaba a cambiar. Las tendencias liberales dentro de los Estados Unidos y Europa comienzan a exigir participación en la industria petrolera. Las tendencias nacionalistas comienzan a ser promovidas en los países petroleros incluso por las grandes potencias en contra del dominio casi absoluto del mercado petrolero internacional que tenían las grandes petroleras. El doctor Mohamed Mossadeq de Irán fue el segundo gobernante del mundo que se atrevió a hacer frente a las compañías petroleras en 1951 reclamando la nacionalización, y en 1953 se nacionalizó el petróleo. Esta acción nacionalista podría ser considerada uno de los más duros golpes que hayan recibido las petroleras debido al potencial y la importancia que Irán representaba en el mercado petrolero mundial de ese entonces. Pero en agosto del mismo año Mossadeq fue derrocado por un golpe de Estado liderado por el Sha Reza Palevi, apoyado por los servicios de inteligencia de Gran Bretaña y Estados Unidos, ambos interesados en las reservas petroleras del país.

A partir de aquí comienza una nueva etapa de lucha por la protección, dominio y garantía del suministro petrolero desde los países productores de petróleo hasta los grandes centros de consumo ubicados en las grandes potencias mundiales, pero se involucran nuevos actores: las grandes potencias como Estado-Nación en contra de la hegemonía de las transnacionales petroleras. Estados Unidos promovió la creación de nuevas compañías independientes que competirán con el Cártel Internacional en todos los procesos de la industria petrolera mundial, aprovechando el aumento de la producción en Medio Oriente, y al mismo tiempo el Departamento de Estado comienza una serie de investigaciones en contra del cártel petrolero internacional que posteriormente llevaría a sanciones legales y económicas (España: 2003).

Un hecho importante que demuestra esta lucha Estado-Nación versus las compañías petroleras ocurre el 30 de junio de 1950, cuando la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela le propone al Departamento de Estado que se debe tratar de convencer al gobierno venezolano que permita la participación del sector privado norteamericano en la industria petrolera, a la vez, critica un presunto intento de Gran Bretaña de buscar favores para Shell a expensas de las concesionarias norteamericana.

En septiembre de 1952, Venezuela y los Estados Unidos fi rman un nuevo Tratado de Reciprocidad Comercial. Aquí se establece que no habrá más cuotas ni para los crudos de peso específi co 900Kg/m3 o mayor, ni para los productos que se exporten a los Estados Unidos, reduciendo de nuevo a la mitad las tarifas de importación para los crudos de peso específi co por debajo de 900 Kg./m3. En diciembre de 1952 inversionistas de los Estados Unidos adquieren una de las compañías más vieja de la industria petrolera venezolana, la British Controlled Oilfi elds.

En el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, en los años 1956 y 1957, se otorgaron nuevas concesiones a las compañías petroleras internacionales10, de acuerdo con lo establecido en la originaria Ley de Hidrocarburos de 1943. Un total de 821.091 hectáreas para ser exploradas y explotadas fueron otorgadas, resultando las del lago de Maracaibo las más productivas. Todo esto ocurre a pesar de que expertos venezolanos en la materia petrolera, entre ellos Juan Pablo Pérez Alfonzo, advertían las inconveniencias de otorgar nuevas concesiones petroleras. El 19 de diciembre de 1958, el presidente provisional de Venezuela, Edgar Sanabria establece el Decreto N° 476, el cual introduce nuevos cambios en la Ley de Impuesto sobre la Renta, considerados radicales, que benefi ciaban directamente al país, incrementándose el impuesto sobre benefi cios netos al 46%, además del impuesto cedular del 1,5%. Estos impuestos sumados a los de la regalías y otros impuestos aumentan la proporción de la participación del Estado en las utilidades de la industria al menos al 66:34. La reacción de las compañías petroleras no se hizo esperar. La Creole emitió una carta de protesta dirigida al ministro de Energía y Minas exhortando sobre una enmienda de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Por otra parte la Shell comienza una política de reducción de los precios de cotización de sus crudos venezolanos para que los ingresos por conceptos de pago de impuesto fueran menores ante el fi sco nacional. Meses después las demás compañías tomaron la misma decisión.

Este tipo de actuaciones, en las que las compañías petroleras coordinan y organizan complots y boicots en contra de decisiones soberanos de los gobiernos petroleros no sólo en Venezuela sino en otros países peroleros, denotan el grado de dominación que tenían en ese contexto dentro del sistema petrolero internacional. Ante estas acciones conspirativas, en abril de 1959, el gobierno de Edgar Sanabria se vio en la obligación de emitir las la Resolución N° 557 del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, donde se estableció la creación de una Comisión Coordinadora para la Conservación y el Comercio de los Hidrocarburos, que tenía como objetivo estudiar y hacer recomendaciones al Ejecutivo nacional en materia de comercio petrolero internacional, tomando en cuenta la coyuntura de enfrentamientos. Al mismo tiempo, los Estados Unidos comenzó a aplicar medidas discriminatorias contra Venezuela al no favorecerla en los Programas Obligatorios de Importaciones que estaba llevando a cabo para los países de América Latina. El Gobierno nacional preocupado por la caída de los precios, por medio de los ministros de Minas e Hidrocarburos y el de Política Exterior, le envían una carta al embajador 10 El 16 de agosto de 1956, comienza el ciclo de concesiones. Shell, Mene Grande, Superior y Venezuelan American poseen grandes parcelas en el lago de Maracaibo.

de los Estados Unidos planteando la necesidad de defender los precios de petróleo venezolano en el mercado internacional, tomando en cuenta el programa obligatorio de importaciones que estaba llevando el país del norte. En el año 1959 se suspendieron nuevamente las entregas de concesiones, pero ya más del 95% de las áreas explotables y por explotar estaban en manos de las transnacionales. Cabe señalar, que para este año Estados Unidos dependía en 69% de las importaciones petroleras para satisfacer su consumo petrolero, siendo Venezuela y Canadá los principales proveedores. El 19 de abril de 1960 por decreto presidencial se establece la compañía petrolera estatal Corporación Venezolana del Petróleo CVP11 para desarrollar y administrar todos los procesos de la industria petrolera venezolana, pero que se dedicó principalmente al mercado domestico de productos derivados del petróleo y a la distribución de gas en la zona metropolitana, ocupándose en reducida escala de la exploración y del comercio internacional. La CVP va a signifi car la primera incursión del Estado venezolano en el negocio petrolero para la cual comienza a recibir a partir de 1961 una serie de activos y hectáreas para la explotación del petróleo y gas. Debido a la preocupación por la caída de los precios del petróleo a nivel mundial llevada a cabo por las compañías petroleras y que estaba afectando directamente a los países productores, los ministros de Hidrocarburos de los gobiernos de Irák, Irán, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela se reúnen en Bagdad, Irák, el 10 de septiembre de 1960, para discutir y aplicar una política común para detener y estabilizar la estructura mundial de los precios. Hasta aquí hemos visto como a partir de 1949 el cártel petrolero internacional comienza a perder fuerza en el mercado petrolero mundial producto del aumento de la producción en Medio Oriente que estimuló la aparición de nuevas compañías independientes que competirían en todos los procesos propios de la industria.

Las nacionalizaciones también representaron un duro golpe. Pero la batalla que se da entre los países consumidores contra los productores por menores precios y entre los países productores y las compañías transnacionales petroleras provocaron la caída en los precios del petróleo, obligando a varios productores importantes a conformar una organización de propietarios de petróleo: la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 12. 11 La CVP fue una empresa adscrita al Ministerio de Minas e Hidrocarburos con personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente del Fisco Nacional, con el propósito específi co de realizar operaciones de exploración, exportación, refi nación y comercialización de hidrocarburos (Crazut, 2006:96). 12 Hoy en día, la OPEP mantiene una posición más racional, orientada a adaptar la producción a las legítimas necesidades del mercado. Venezuela, en general, ha tenido una actitud de colaboración con la OPEP al acatar sus decisiones de reducir la producción para mantener los precios aun cuando en algunos casos se le ha acusado de fl agrantes violaciones. La organización tiene su sede en Viena (Crazut, 2006:98).

El 14 de septiembre de 1960 se crea la OPEP, organismo de consulta regular entre sus miembros con el fi n de defender los precios y mayor participación en la renta petrolera por los países productores (España, 2003). El nacimiento de la OPEP va a representar el fi n del dominio del cártel de las Siete Hermanas. Las relaciones entre el gobierno venezolano y compañías se agravan a partir de enero de 1964 cuando el Ministerio de Minas e Hidrocarburos anuncia que no se autorizará a las compañías petroleras privadas a construir nuevas estaciones de servicios en el país. En el primer discurso ofi cial de presidente electo Raúl Leoni reafi rma el respeto a las concesiones en vigor y anuncia que a partir de allí los Contratos de Servicios serán la base del desarrollo futuro de la industria. A partir del año 1966 comienza con mucha fuerza el auge nacionalista en todos los espacios de la vida política y común del venezolano. El 25 de mayo de ese año las Cámaras de Diputados y Senado del Congreso Nacional aprueban apoyar la política petrolera nacional, en particular la defensa de los precios en el mercado petrolero, así como los reclamos de pagos atrasados al impuesto sobre la renta. Luego, en el mes de septiembre aprueban una recomendación en la cual piden se aumenten los impuestos a las empresas privadas y que se dé a la CVP la totalidad del mercado doméstico de gasolina. El 16 de diciembre de 1966 se aprueba una nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, eliminándose el impuesto cedular y estableciéndose una rata del 52% sobre los benefi cios netos de más de BS. 28 millones. Al mismo tiempo, se introducen los precios de referencia, de acuerdo a fórmulas fi jas que permiten un gradual incremento en los ingresos durante los cinco años del acuerdo. El 7 de agosto de 1967 se sanciona la última reforma parcial de la Ley de Hidrocarburos de 1943, que se limita, exclusivamente, a modifi car el artículo 3° de la ley de 1943, donde por primera vez se deja establecido que el Ministerio de Minas e Hidrocarburos o la CVP podría negociar contratos de servicios, en los términos que resulten más favorables a la nación que las concesiones existentes. Se estableció que la duración de contratos de exploración es de cinco años y la de contratos de desarrollo de veinte años.

Según Vallenilla (1988), la reforma de 1967 introduce profundas modifi caciones en nuestro derecho petrolero, específi camente en los siguientes aspectos: a) incorpora los institutos autónomos y las empresas estatales, en el cuerpo de la Ley, como los organismos a través de los cuales el Estado debe acometer y desarrollar la explotación directa de los hidrocarburos; b) establece e instrumenta el régimen legal aplicable a la explotación ejercida por el Estado, diferente al de las concesiones, regulando asimismo las funciones que deben cumplir los institutos autónomos o empresas estatales; esto es, crea los órganos y dicta las normas que éstos deben seguir; c) conserva, en el texto de la Ley, el sistema de la explotación por medio de los concesionarios. La Ley anterior (1943) no mencionaba cómo el Ejecutivo nacional debía emprender la explotación directa de los hidrocarburos. En cambio, la reforma comentada, dispone que esa explotación se hará a través de institutos autónomos y empresas propiedad del Estado, los cuales podrán, para la realización de sus fi nes, promover empresas mixtas y celebrar convenios.

Otro elemento importante es la creación de las llamadas "asignaciones". Estas son las áreas que sirven de asiento a la exploración y explotación que deben realizar esos institutos autónomos y empresas del Estado. Además, la posibilidad de crear empresas mixtas y de celebrar convenios es otro aporte del legislador de 1967, porque estas alternativas constituyen, por así decirlo, el aspecto operativo de esos organismos estatales. Podríamos decir que una vez que el régimen de concesiones estaba agotado, el Gobierno nacional comenzó a entregarle, nuevamente, los recursos petroleros a las compañías transnacionales, a los capitales extranjeros, a cambio del cobro de una renta y unos impuestos, reforzando la característica principal de nuestro país: rentista. La materialización de ese hecho comienza en septiembre de 1967, cuando la CVP anuncia ofertas públicas bajo la fi gura de contratos de servicios para explotar y desarrollar el área aguas adentro del sur del lago de Maracaibo, Estado Zulia. Habría que preguntarse si es a partir de aquí que comienza nuevamente la entrega, es decir, la expatriación de los recursos petroleros, y en 1976 como se verá más adelante. El 11 de marzo de 1969, el presidente Rafael Caldera anuncia que patrocinará un debate nacional sobre la política petrolera. En el mes de abril el ministro de Minas e Hidrocarburos, Hugo Pérez La Salvia, visita Washington para debatir sobre el programa de importaciones petroleras de los Estados Unidos. Luego el 11 de junio, el Congreso Nacional aprueba respaldar todas las medidas del Ejecutivo nacional tendientes a la eliminación de cualquier trato discriminatorio del petróleo venezolano por parte de los Estados Unidos. Y el 7 de noviembre concluye en Caracas una nueva reunión a nivel técnico entre Venezuela y los Estados Unidos sobre el programa de importaciones petroleras.

El 1 de octubre de 1970 el presidente Rafael Caldera insiste en que lo importante no es tener una mayor cuota en el programa de importaciones petroleras de los Estados Unidos sino que se pueda obtener una redistribución más justa. El 11 de noviembre de 1970 los Ministros de Hacienda y Minas e Hidrocarburos declaran ante la Comisión del Senado encargada para esta materia, que el Gobierno viene exigiendo a las petroleras aumentar los precios de los crudos venezolanos debido a la existencia de manipulación para rebajar sus obligaciones fi scales. Una semana después, el ministro de Minas e Hidrocarburos amenaza a las compañías privadas con prohibir las ventas donde no se refl eje los aumentos de precio. El 26 de noviembre el Senado acuerda estudiar la posibilidad del modifi car el artículo 41 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a efecto de autorizar al Ejecutivo nacional a fi jar unilateralmente los precios de los crudos y productos derivados venezolanos. El 3 de diciembre las compañías rechazaron públicamente las acusaciones hechas por el ministro.

El 17 de diciembre de 1970 el Congreso Nacional promulga la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Impuesto sobre la Renta, donde se le otorga al Ejecutivo nacional la facultad para fi jar por períodos de hasta tres años los valores de exportación de los crudos y productos venezolanos. La tasa única para gravar las utilidades netas de las concesionarias de hidrocarburos y minas se fi ja en 60 por 100. El 8 de marzo de 1971 se fi jan por primera vez en Venezuela los valores de exportación para fi nes fi scales de los crudos y productos venezolanos. El valor de exportación de los crudos aumenta en promedio de Bs. 16 por metro cúbico sobre los precios de referencia. Al mismo tiempo, se introduce un complemento variable por concepto de fl etes y una prima para los petróleos pesados. El 18 de marzo entran en vigencia los valores de exportación fi jados por el Gobierno para fi nes fi scales de los crudos y productos.

En abril de 1971 el Ministerio de Minas e Hidrocarburos decide cambiarle el nombre de la Faja del Orinoco ubicada en la cuenca de Maturín, estado Monagas, de "Bituminosa" a "Petrolífera" El 30 de julio de 1971 el presidente Rafael Caldera promulga la Ley de Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos, para asegurar la continuidad y efi ciencia de la actividad petrolera una vez que venzan las concesiones vigentes. El 4 de agosto las compañías petroleras Shell, Creole y Mene Grande introducen demanda de nulidad de la Ley de Bienes Afectos a Reversión ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, El Procurador General del República solicita a la Corte Suprema de Justicia que declare sin lugar las demandas a la ley de "reversión". El 26 de agosto de 1971 el Presidente Rafael Caldera promulga la Ley que Reserva al Estado la Industria del Gas Natural, en la que se establece que la

explotación del gas se realizará sólo por intermedio de la CVP, para la cual se obliga a las concesionarias a entregar a la nación sin costo alguno el gas no utilizado en sus operaciones. En septiembre de 1971 se inicia en Venezuela la discusión sobre el desmantelamiento y exportación de equipos petroleros. El 17 de diciembre de 1971 se promulga el Decreto N° 832, por medio del cual se establece disposiciones respecto a la exploración de las concesiones vigentes. Por medio de este decreto las compañías operadoras quedaban en la obligación de presentar al Ejecutivo nacional sus programas anuales de inversiones para exploración, producción, refi nación y ventas. El 1 de enero de 1972 el presidente Rafael Caldera denuncia el Tratado de Reciprocidad Comercial con los Estados Unidos que estaba vigente desde 1952. En este mismo mes, el Ministerio de Minas e Hidrocarburos adelanta una investigación minuciosa sobre los campos que habían sido cerrados. Igualmente se dicta el Reglamento N° 1 de la Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesionarias de Hidrocarburos y en marzo se dicta el Reglamento N° 2. El 7 de marzo de este mismo año, el secretario de Estado de los Estados Unidos advierte que Venezuela pronto podría dejar de ser abastecedor seguro del país. En enero de 1973, comienza la crisis energética en los Estados Unidos. El 5 de Febrero de 1973, los Estados Unidos promueve la formación de la Agencia Internacional de la Energía para contrarrestar a la OPEP. El 21 de junio de 1973, se promulga la Ley que Reserva al Estado la Explotación del Mercado Interno de los Productos Derivados de los Hidrocarburos, por razones de conveniencia nacional, a la vez que se faculta al Ejecutivo, por órgano del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, a regular y fi jar los precios de los productos derivados y los fl etes para su transporte. El 16 de marzo de 1974, el partido político socialista MEP presenta al Congreso un proyecto de ley de "nacionalización" de la industria petrolera. El 22 de marzo de 1974, el presidente Carlos Andrés Pérez crea por el Decreto Nº 10, la comisión para estudiar y analizar las alternativas para adelantar la reversión de las concesiones y los bienes a ellas afectos. Sin embargo, el 24 de marzo de 1974, el partido político socialcristiano Copei presenta en el Congreso Nacional, un segundo proyecto de ley de "nacionalización" de la industria petrolera. El 16 de mayo de 1974, en el acto de juramentación de la Comisión Presidencial de la Reversión, el presidente Carlos Andrés Pérez anuncia la creación de una casa matriz para operar la industria nacionalizada. Anuncia que las concesionarias recibirían compensación basándose en el valor en libros de sus activos no depreciados.

El 18 de octubre de 1974, la Comisión Presidencial de la Reversión aprueba el proyecto de ley de "nacionalización", conforme al cual se eliminaba la posibilidad de crear empresas mixtas. El 13 de diciembre del mismo año, termina en Viena, Austria, la XLII Conferencia de la OPEP, presidida por Valentín Hernández Acosta, en la cual, se acuerda establecer un sistema de precios únicos para el petróleo. El 15 de febrero de 1975, el presidente Carlos Andrés Pérez anuncia que "ha llegado el momento de la nacionalización del petróleo". En este momento, comienza un debate nacional que polarizó el país entre los que estaban de acuerdo y los que no. Juan Pablo Pérez Alfonso califi ca de "chucuta" la nacionalización del hierro y reconoce que respecto a la del petróleo no sabe ni cuándo será.

El 9 de abril de 1975, el partido MEP denuncia que el Gobierno negocia en secreto la nacionalización con las empresas petroleras, lo cual es negado por el Despacho de Minas e Hidrocarburos, y el 29 de agosto de 1975, el presidente pone el ejecútese a la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos. Un día después, por Decreto Presidencial Nº 1123, se constituye Petróleos de Venezuela (Pdvsa), empresa encargada de la planifi cación, la coordinación y la supervisión de la industria petrolera nacional. El presidente del Directorio fue Rafael Alfonso Ravard. Seguidamente, en septiembre se anuncia que las empresas operadoras nacionales sustitutivas de las concesionarias se llamarán Lagoven (Creole), Maraven (Shell), Meneven (Mene Grande), Deltaven (Texaco), Palmaven (Sun), Amoven (Amoco), Boscanven (Chevron), Vistaven (Mito Juan), LLanoven (Mobil), Roqueven (Phillips), Guariven (Las Mercedes), Bariven (Sinclair y Atlantic) y Taloven (Talon).

El 23 de diciembre de 1975, el presidente Carlos Andrés Pérez ordena que se proceda a la emisión de bonos de la deuda pública hasta por USD 918 millones, destinados a la indemnización de las concesionarias y las participantes. Aquí comienza el proceso histórico de endeudamiento en Venezuela para pagar deudas, hechos que afectaron el desarrollo económico y social del país. El 31 de diciembre de 1975, quedan canceladas todas las concesiones en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos. Pero inmediatamente, se comienza a suscribir convenios de asistencia técnica y de compra y venta de petróleo y productos con las antiguas concesionarias y cede benefi cios a las fi liales que recibían los servicios o cumplían con las obligaciones mercantiles. La Ley de Hidrocarburos de 1943 estuvo vigente en Venezuela hasta el primero de enero 1976 cuando entra en vigencia la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, terminando así con la etapa de "las concesiones" dando inicio a otra etapa de lucha de la historia petrolera venezolana por el control de los recursos petroleros.

A partir de 1976 comienza lo que varios analistas petroleros denominan "La nacionalización" de la industria petrolera como un acto de soberanía e independencia petrolera y lo que otros denominan el proceso de "desnacionalización" el cual veremos a continuación.

ANDRÉS GIUSSEPE AVALO .-

PETRODIPLOMACIA Y ECONOMÍA EN VENEZUELA

Andrés Giussepe Avalo

FASE POSTNACIONALIZACIÓN PETROLERA (1976-1999)

A continuación se realizará un seguimiento histórico de las acciones más importantes que realizaron los distintos gobiernos venezolanos en materia de política petrolera desde 1976 hasta 1999, las cuales han afectado o favorecido a los actores internacionales determinantes de la dinámica petrolera nacional: compañías petroleras internacionales, Estados Unidos, países de América Latina y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

A partir del 1 de enero de 1976, Pdvsa asume efectivamente todas las funciones propias de la industria petrolera, al adquirir por su valor nominal la totalidad de las acciones de las 14 empresas que sustituyeron a las concesionarias. Pero, apenas a tres meses de la entrada en vigencia de la Ley de Nacionalización, el 3 de marzo de 1976, el Ministerio de Minas e Hidrocarburos anuncia la fi rma de varios contratos con compañías internacionales para el manejo de la explotación y comercialización de petróleo. En ese caso fueron seis compañías japonesas las que recibieron los contratos para manejar hasta 5 millones de toneladas de crudos al año (36.650.000 barriles/año).

El 4 de marzo de 1976, por resolución conjunta de Minas e Hidrocarburos y de Hacienda, se establecen los valores básicos F.O.B. (Free On Board) para las exportaciones de petróleo y productos durante el año en curso. Dentro de la política petrolera asumida por Carlos Andrés Pérez se tuvo previsto el registro de fi liales de Pdvsa a nivel internacional a partir del mismo año 1976. Se registraron fi liales en Inglaterra y en Estados Unidos; y ya para el mes noviembre se contaban con las ofi cinas administrativas de Pdvsa (UK) y Pdvsa (USA).

Seguidamente, se firmó en Roma, Italia, un acuerdo sobre transferencia de tecnología petrolera y en Moscú, URSS, un convenio para intercambiar crudo entregado a Cuba por petróleo soviético entregado a clientes europeos de Pdvsa. Lo curioso de esta política petrolera es que se realizó en tiempos en que la economía estaba recibiendo ingentes cantidades de petrodólares que se pudieron haber inyectado en la economía venezolana de distintas formas. Cabe destacar, que el Producto Interno Bruto (PIB) venezolano entre los años 1973 y 1975 venía creciendo a una tasa promedio de 6,2% interanual y en el año 1976 alcanzó su mayor nivel en los últimos 10 años, ubicándose en 8,8% su crecimiento. Sin embargo, en 1977 vuelve a crecer por encima del promedio histórico en los últimos cinco años, ubicándose en 6,7%. (Ver Gráfi co 1). Con unos precios del petróleo en continuo ascenso, a niveles de los 11 dólares por barril promedio, que en comparación con el promedio de los últimos 10 años (4,5 US$ / bd), representaban, relativamente, unos precios elevados que garantizaban un fl ujo de divisas importantes para el país

A pesar de lo anterior, las reservas internacionales solamente crecieron en 11,37%, es decir de 6.612 millones de dólares en 1974 a 7.361 millones de dólares en 1978.

No obstante, el abreboca del programa de internacionalización de Pdvsa fue fi -nanciado gracias al endeudamiento de todos los venezolanos. No sólo bastó con que los petrodólares fueron sacados del país, bajo el disfraz de inversiones venezolanas en el exterior y a través de la cancelación de contratos de servicios a los diversifi cados prestadores de servicios extranjeros, sino que también se diseñó una política agresiva de endeudamiento interno y externo para alcanzar lo que se puede denominar "el fi nanciamiento para el progreso de nuestros clientes petroleros". La deuda total venezolana en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (un quinquenio) se incrementó en 387,73%; es decir, se multiplicó casi 5 veces, pasando de 2.341,6 millones de dólares a 11.418,1 millones dólares

La economía venezolana había recibido ingentes sumas de petrodólares como para fi nanciar el crecimiento económico interno sin necesidad de incurrir en el endeudamiento. Sin embargo, las cifras indican que estos recursos fi nancieros fueron invertidos en otros países, especialmente en países industrializados y ávidos de petróleo. Esto se hizo, supuestamente, para poder garantizar nuevos mercados y poder suministrarles a las grandes potencias mundiales el tan preciado y codiciado "oro negro", que actualmente hoy el mundo anhela en su forma original, es decir en forma cruda. Todo esto a cambio de garantizarles el control de un planeta repleto de productos terminados etiquetados Made in the world.

Cabe destacar que desde el mismo año 1976, la política petrolera venezolana comienza a dirigirse en contra de las decisiones que referente a los precios venían asumiendo colectiva y consensualmente los miembros de la OPEP. Esto se pone de manifi esto el 17 de diciembre de 1976, en la XLVIII Conferencia de la OPEP celebrada en Doja, Qatar, donde por primera vez, desde 1960, se acuerda una resolución no unánime con respecto a los precios. El 1 de julio de 1977, contrariamente a lo convenido en dicha Conferencia, el gobierno venezolano decide mantener inalterablemente los precios de exportación del petróleo. Por otra parte, a partir del 20 agosto de 1976, el gobierno de Carlos Andrés Pérez decide rebajar del 72% al 65,5% la tasa de Impuesto sobre la Renta aplicado a las operadoras de Pdvsa, comenzando a partir de allí, la etapa de reducción de cargas impositivas a favor de las compañías petroleras; es decir, luego de años de lucha por obtener mayores proporciones de la torta de benefi cios del negocio petroleropara el país a través de ISLR, regalías y los valores fi scales de exportación. Es por esto, que se puede decir que el cambio de la política petrolera vino acompañada de entrega de benefi cios a las compañías petroleras en detrimento del país.

El 17 de enero de 1977, el Gobierno nacional cancela la primera cuota a las antiguas concesionarias por la indemnización convenida y en marzo de 1977, se anuncia que Pdvsa será responsable de todas las operaciones en la Faja petrolífera del Orinoco. A partir de aquí comienza el debate nacional sobre la inconveniencia de los acuerdos secretos de asistencia tecnológica fi rmados por Pdvsa, gracias a la denuncia hecha en mayo de 1977 por un grupo de profesores universitarios y políticos, quienes, por medio de carta abierta publicada en el periódico El Nacional, titulada "Con los convenios tecnológicos las transnacionales siguen controlando la industria petrolera", dirigida al presidente del Congreso Nacional y a los presidentes y secretarios generales de los principales partidos del país, exhortaban denunciaban la inconstitucionalidad de dichos acuerdos13. Los convenios de asistencia técnica suscritos por el Gobierno nacional no sólo tienen visos de inconstitucionalidad, sino que refuerzan el encadenamiento de la industria petrolera al capital transnacional, precisan de una fuerte erogación presupuestaria, violan compromisos internacionales -como la Decisión 24 del Acuerdo 13 Los fi rmantes de la carta abierta fueron: Luis Lander, D. F. Maza Zavala, Simón Sáez Mérida, Orlando Araujo, Héctor Malavé Mata, Armando Córdova, Gastón Parra, Francisco Mieres, Pedro Duno, Etanislao González, Irene Rodríguez G., Manuel Rodríguez Mena, J. R. Núñez Tenorio, Ramón Losada Aldana, Freddy Balzán, Carlos Mendoza Pottellá. L. A. Lizardi McCallum, Tulio Colmenares, Rafael Haddad, Denzil Romero, Carlos Blanco, José Manuel Hermoso, Edgardo Lander, José León y Judith Valencia. (El Nacional, 22 de mayo de 1977, pág. D-19).

de Cartagena-, sustraen a las empresas subsidiarias de las grandes compañías de las leyes nacionales, y en la práctica, convierten en una falsedad la tan voceada nacionalización (El Nacional, pág. D-19) Esta denuncia obligó a la Comisión Permanente de la Comisión Nacional de Energía a discutir sobre la inconveniencia de los acuerdos de asistencia tecnológica fi rmados con las casas matrices de las antiguas concesionarias. En ese mismo tono, en junio de 1977, se inicia un debate público sobre la conveniencia de negociar una posible participación externa en los programas de la Faja petrolífera del Orinoco; y el 29 de junio de 1977, el partido Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), solicita ante la Corte Suprema de Justicia, la anulación de los convenios de asistencia tecnológica y denuncia al Ejecutivo nacional de estar fi rmando contratos leoninos que van en detrimento del interés nacional. Esto obligó a que el presidente Pérez, diera una rueda de prensa el día 29 de agosto de 1977, negando que se hubiera hecho alguna negociación a favor de las antiguas concesionarias por un monto aproximado de 5 millardos de bolívares por concepto de reparos de Impuesto Sobre la Renta. El 21 de octubre de ese año, el Partido Comunista de Venezuela también acude ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar la nulidad de un contrato de asistencia tecnológica fi rmado entre el gobierno venezolano y la compañía transnacional Exxon.

El debate nacional sobre el manejo doloso de las negociaciones petroleras con las compañías petroleras internacionales se intensifi có cuando el 11 de junio de 1978, el ex presidente Rómulo Betancourt, hace pública su disertación con respecto a la política petrolera del gobierno de turno, en la cual planteaba que si bien fue nacionalizada la industria y el mercadeo del petróleo, reiteraba lo que había dicho hace cuarenta y dos años atrás: "seguimos siendo dependientes del petróleo, como nación y como Estado" (Martínez, 2000: p. 318). Esto generó un revuelo nacional y comenzaron una serie de críticas de alta intensidad política y un arduo debate sobre la conducción de la política petrolera. El 29 de agosto de 1978, el presidente de Pdvsa anuncia la inversión de 19 millardos de dólares durante los próximos diez años. Adicionalmente, en octubre de 1978, el gobierno de Venezuela y el de Alemania Federal fi rman un acuerdo especial de cooperación técnica en materia de investigación en el área de petróleo. El 31 de diciembre de 1978, Pdvsa incrementa hasta el 25% la proporción de crudos pesados y de combustible residuales en las exportaciones. En este año las ventas de petróleo y productos a clientes no tradicionales alcanzan el 37%, mostrando un impulso en la política de diversifi cación de los mercados petroleros.

“Cada pueblo será libre a su modo y disfrutará de soberanía según la voluntad de su conciencia"

Simón Bolívar.

Desde que Chávez asumió el poder en febrero de 1999, se inició una reforma de la política petrolera que había sido dominante en la década anterior. La nueva orientación rescata aspectos esenciales de la larga tradición petrolera venezolana y busca superar algunas orientaciones consideradas equivocadas y que se habían venido estableciendo desde la nacionalización de 1976. (Lander. L.E. López Maya. M. (2003)). Según Alan Viergutz, una manera de calificar la nueva política petrolera venezolana es de Nacionalista. El nacionalismo, dentro del nuevo contexto, implicaría darle prioridad al desarrollo de las empresas y capitales venezolanos sin menospreciar el aporte que puedan hacer los inversionistas y corporaciones extranjeras. En materia de hidrocarburos, el nuevo gobierno promulgó dos nuevas leyes. La primera, la Ley de Hidrocarburos Gaseosos, fue promulgada en septiembre de 1999 y la segunda la Ley de Hidrocarburos Líquidos, fue promulgada en noviembre de 2001, derogándose, con estas dos leyes, todas las leyes previas relacionadas con los hidrocarburos.

Tal y como plantea Alí Rodríguez Araque, ministro de Energía y Minas de 1999 a 2000, y uno de los personajes clave de la reorientación nacionalista de la política petrolera venezolana, las directrices de la nueva política petrolera puesta en marcha por el gobierno de Chávez, se establecen como principios en la nueva Constitución de la República Bolivariana, en vigor desde el año 2000. Concretamente, los principios generales aparecen establecidos en el Preámbulo y en sus artículos 5, 11, 113, 150, 151, 156 –numerales 12 y 16- así como en los artículos 209, 301, 302 y 303. En el conjunto de los artículos citados tiene relevancia lo relativo a la soberanía sobre los recursos de hidrocarburos, la declaratoria de interés público, la solución de dudas y controversias, la competencia del Poder Público Nacional, particularmente en lo que se refiere al régimen y administración de las minas e hidrocarburos.

De este modo podemos afirmar que la política del gobierno de Chávez, en materia petrolera, se dirige a cumplir las directrices marcadas por la Constitución Bolivariana. De forma general podríamos destacar como objetivos fundamentales:

Recuperar el control del Poder público Nacional sobre los recursos de hidrocarburos. En esta dirección se pretende acabar con el “Estado dentro del Estado “representado por la antigua Pdvsa. Así pues, se restituye al Ministerio de Energía y Minas como órgano nacional competente en todo lo relacionado con la administración de los hidrocarburos. Esto significa que el MEM goza de la potestad para formular, regular y hacer seguimiento de las políticas y planificación realización y fiscalización de las actividades en materia de hidrocarburos.

La nueva realidad política venezolana circunscribe a la todopoderosa Pdvsa al papel de instrumento dedicado exclusivamente a las actividades de exploración, extracción, transporte, refinación y distribución de los hidrocarburos y sus productos elaborados.

Reestablecimiento por parte del Estado del derecho a definir y garantizar una contribución patrimonial por el acceso al recurso natural. En sintonía con el reconocimiento que hacen las Naciones Unidas al derecho soberano de los Estados sobre sus recursos naturales, con el mandato de Chávez se reestablece en Venezuela un piso para las tasas de regalía, un mínimo a ser pagado en cualquier condición. La nueva legislación en materia de hidrocarburos establece un mínimo para la regalía, en el caso del gas natural de, 20%, y de 30% para los hidrocarburos líquidos. Se incorporó, no obstante, alguna flexibilidad a la baja respecto a ese 30%. El gobierno venezolano está autorizado, según la nueva legislación, a rebajar temporalmente la tasa de regalía al 20% y hasta un sexto, en el caso de la Orimulsión, si un inversor ya en marcha confronta dificultades. Cabe destacar que si bien se incrementa el nivel de las regalías, con la nueva legislación, se está reduciendo el impuesto sobre la renta, con lo que en realidad no se está incrementando la presión tributaria aunque si la eficacia en la recaudación.[14]

En la dirección de garantizar el mayor beneficio para la nación en las actividades de mayor rentabilidad el estado se reserva la participación mayor del 50% en las empresas mixtas dedicadas a las actividades primarias. Los primeros acuerdos firmados bajo este nuevo marco datan de agosto de 2005 momento en que las primeras ocho empresas operadoras firmaron los convenios transitorios para su transformación. Las primeras empresas firmante fueron: Repsol, CNPC, Harvest Vinccler, Hocol, Vincler Oil and Gas, Inemaca, Suelopetrol y Open. En esta dirección, en la actualidad, se ha conseguido convertir definitivamente a empresas mixtas el resto de convenios operativos que continuaban vigentes desde la etapa de la apertura petrolera.

Dar un nuevo impulso a los procesos de industrialización de los hidrocarburos para mejorar la composición de la cesta de exportación venezolana. Contrariamente a las políticas de internacionalización y apertura que habían marcado los lineamientos estratégicos de la política petrolera venezolana ahora se trata de conseguir incorporar un mayor valor agregado nacional a la cesta de exportación, incrementando los beneficios derivados de la diversificación de actividades en el interior del mismo sector de los hidrocarburos. Se persigue romper el carácter de enclave que ha tenido históricamente la industria petrolera venezolana. En este sentido, a la práctica, el objetivo se centra en revertir una composición de la cesta petrolera dominada tradicionalmente en más de un 60% por el componente del petróleo crudo.

La estrategia petrolera internacional. Una de las primeras medidas que impulsó el gobierno del presidente Chávez fue restituir el papel de Venezuela en la denostada OPEP. Así, en septiembre del año 2000, como resultado de las distintas reuniones que previamente se habían mantenido por parte del nuevo ejecutivo venezolano con miembros de la OPEP, durante los días 27 y 28 se celebró en Caracas la II cumbre de Jefes de Estado y de gobierno de los Países miembros de la OPEP[15]. Esta cumbre sirvió para ofrecer una imagen nuevamente cohesionada de la organización que se fortaleció con la firma de la Declaración Solemne de la II Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países miembros de la OPEP, conocida también como Declaración de Caracas. Esta declaración, con sus veinte resoluciones, recoge las orientaciones políticas básicas de la organización para los años venideros, reafirmando las orientaciones compartidas desde los orígenes mismos de la organización que mantienen vigencia e incorporando aspectos novedosos para responder a los importantes cambios ocurridos en la economía mundial desde su fundación (Lander .L.E. (2003)). A pesar de lo difícil que es precisar el impacto que, sobre los precios del petróleo, tuvo el fortalecimiento de la OPEP fraguado en Caracas, cabe señalar que, para el mes en que Chávez tomo posesión, febrero del 1999, la cesta venezolana de crudos y productos llegó a cotizarse en $7,35 y promedió ese mes $8,45. A partir de la reunión, los precios del petróleo ascendieron vigorosamente hasta situarse en los $57por barril actuales[16].

Con el objetivo de desarrollar los contenidos recogidos en la Declaración de Caracas, entre el 18 y 19 de octubre del 2000 se realizó, también en Caracas, una reunión que contó con la participación, además de Venezuela, de representantes del más alto nivel de diez países de Centro América y el Caribe, para la firma del Acuerdo Energético de Caracas. Este acuerdo, al cual también se ha incorporado Cuba, tiene como objetivo central aliviar la factura petrolera de los países firmantes cuando el precio internacional del crudo sea elevado[17].

En la dirección anterior, en el marco de la integración y bajo la propuesta de cooperación regional conocida como el ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas), el gobierno venezolano impulsa la iniciativa de Petroamérica como una propuesta de integración energética de los pueblos del continente, fundamentada en los principios de solidaridad y complementariedad de los países en el uso justo y democrático de los recursos en el desarrollo de sus pueblos. El desarrollo de esta iniciativa de integración energética pasa por:

· Redefinir las relaciones existentes entre los países sobre la base de sus recursos y potencialidades.

· Aprovechar la complenetariedad económica, social y cultural para disminuir las asimetrías en la región.

· Minimizar los efectos negativos que sobre los países de la región tiene los costos de la energía, originados por factores especulativos y geopolíticos.

· Fortalecer otras iniciativas regionales como MERCOSUR y la Comunidad Suramericana de Naciones.

En Petroamerica confluyen tres iniciativas subregionales de integración energética, que son Petrosur, donde se agrupan Argentina, Brasil, Venezuela y Uruguay; Petrocaribe cuyo nacimiento fue suscrito por 14 países de la región caribeña el 29 de junio de 2005. Cabe señalar que el convenio de Petrocaribe lleva implícita la articulación de los acuerdos existentes anteriormente como el convenio de San José y el Acuerdo energético de Caracas. Sin embargo, mejora las condiciones financieras de este último. Así pues propone una escala de financiamiento de la factura petrolera tomando como referencia el precio del crudo. Igualmente extiende el período de gracia para el financiamiento a largo plazo de uno a dos años y prevé una extensión del período de pago de 17 a 25 años, reduciendo el interés al 1%, si el precio del petróleo supera los 40 dólares por barril. En el marco de este acuerdo, Venezuela además está dispuesta a aceptar que el pago diferenciado de la factura se realice con bienes y servicios. Finalmente, el último acuerdo subregional planteado en el marco de Petreocaribe es Petroandina, propuesta a los países que conforman la Comunidad Andina de Naciones. Progresivamente se va avanzando en la consolidación de los distintos proyectos que componen Petroamérica, a modo de ejemplo, durante los días 29 y 30 de septiembre de 2005, durante la cumbre de la CONASUR en Brasilia, se consiguió avanzar en distintos acuerdos con los países del área de Petrosur, así pues con Brasil se consolidó el proyecto de desarrollo energético Mariscal Sucre así como el proyecto de construcción conjunta de distintas refinerías y diversos acuerdos para la implantación conjunta de estudios para la cuantificación y Certificación de Reservas. Durante esta cumbre también se consolidaron distintos acuerdos de cooperación energética con las principales empresas de Argentina y Uruguay.

En el marco de la estrategia internacional del gobierno bolivariano, centrada en conseguir impulsar la creación de un mundo multipolar más justo y equilibrado, Venezuela ha consolidado importantes acuerdos con China, que les permiten además asegurar la diversificación de mercados para los hidrocarburos venezolanos. Así en agosto de 2006, en el marco de la visita oficial del presidente Hugo Chávez a ese país, se concretó el avance de importantes acuerdos en materia energética con las empresas más importantes del país asiático[18].

El Plan Siembra Petrolera 2005-2030[19].

Las directrices concretas de la política energética de Venezuela hasta el año 2030 están trazadas en el Plan Siembra Petrolera, que comprende seis grandes proyectos de desarrollo y consta de dos etapas: una a ejecutarse entre el periodo 2005-2012, y la otra a llevarse adelante en la etapa comprendida entre 2012 y 2030.

El Plan Siembra Petrolera 2005-2012 comprende seis ejes fundamentales:

1- Magna Reserva: destinado a la cuantificación y certificación de las reservas que posee Venezuela en la Faja del Orinoco. Recordar que Venezuela tiene, sin contabilizar la Faja, 77 mil millones de barriles de petróleo, mientras que en la zona del Orinoco se espera certificar la existencia de 235 mil millones de barriles.

2- Proyecto Orinoco. Encargado del desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco. Se han seleccionado 27 bloques que se desarrollaran con esfuerzo propio y asociaciones empresariales. El plan de Pdvsa para esta área estima la obtención del primer barril de crudo en el 2011. Por la ubicación de esta reserva de crudo, se considera de vital importancia en la estrategia de descentralización económica del país. Conjuntamente con el proyecto de explotación del crudo se plantea la realización de diversos proyectos urbanísticos y de servicios. Incluso se contempla la construcción de una nueva urbe, en el eje del Orinoco, con todo el desarrollo infraestructural que ello conlleva. De esta manera, la Faja Petrolera del Orinoco se convertirá en un importante eje impulsor de desarrollo desde el punto de vista social, industrial, económico y tecnológico para el país. Para hacer realidad este objetivo el Estado venezolano ejecutará un Plan Maestro de Desarrollo Sustentable en el que se prevé el estímulo de todos aquellos proyectos no asociados a la producción de hidrocarburos.

3- Proyecto Delta Caribe. Este proyecto persigue la explotación del gas costa afuera en las áreas de la Plataforma Deltana, en la fachada atlántica venezolana.

4- Refinación. Aumentar la capacidad de refinación en Venezuela es una de las puntas de lanza de este plan estratégico. El Plan Siembra Petrolera contempla la creación de nuevas refinerías: Cabruta (con capacidad de procesar 400.000 barriles diarios de crudos extrapesados). Batalla de Santa Inés (50.000 barriles diarios) y Caripito (50.000 barriles diarios destinados a la producción de Asfalto. Con estas tres nuevas refinerías y la potenciación de las existentes la capacidad de procesamiento de crudo en suelo venezolano se incrementará en 700.000 barriles diarios.

5- Infraestructura. Se contempla la construcción de distintos proyectos que garanticen el suministro de combustibles para todo el territorio nacional.

6- Integración. El Plan contempla la potenciación de los acuerdos energéticos, en el marco de Petroamérica, como instrumento de integración y cooperación regional.

Para el primer período del Plan Siembra Petrolera, se han estimado inversiones del orden de 56.000 millones de dólares a ser ejecutados entre 2005 y 2012. Des esa cantidad un 70% será aportado por la operadora estatal y el resto por el sector privado.

El impulso petrolero al desarrollo social.

De forma congruente con el modelo de democratización económica que desde el primer momento está impulsando el presidente Chávez, la redistribución social de los beneficios originados por la explotación petrolera se convierte en un elemento fundamental del nuevo diseño del Estado venezolano. Pdvsa, con el impulso y apoyo a los distintos proyectos y planes sociales orientados al desarrollo de las comunidades se ha convertido en uno de los ejes centrales del modelo de desarrollo endógeno bolivariano. Para colocar los recursos petroleros al servicio del país y avanzar en la construcción de un nuevo modelo económico Pdvsa impulsa el Fondo para el Desarrollo Económico y Social del País (FONDESPA). Hasta la actualidad, son múltiples los proyectos de desarrollo que han recibido el apoyo desde este fondo, a destacar entre ellos: el impulso a la creación de la línea aérea CONVIASA, al desarrollo del complejo agroindustrial Ezequiel Zamora, a la construcción de distintas centrales hidroeléctricas y termoeléctricas, a la implementación de los distintos proyectos de transporte público -a destacar el sistema Masivo de Transporte de pasajeros de Barquisimeto y las obras civiles del metro de los Teques- la construcción de diversos complejos habitacionales ( en los estados de Tachira y Zulia).

Algunos comentarios a modo de conclusión.

Sin lugar a dudas, la victoria electoral de Chávez ha supuesto un viraje importante en la política petrolera que, desde 1976, venía desarrollándose en Venezuela y que a la práctica supuso la pérdida del control nacional de la industria petrolera a manos del capital internacionalizado. Cabe destacar que este proceso de consecución de la plena soberanía petrolera, a pesar de las buenas intenciones del gobierno, y de los importantes logros conseguidos hasta el momento, es un proceso lento, plagado de dificultades y contradicciones. Por el momento podemos afirmar que la soberanía petrolera de Venezuela, entendiéndola como la plena capacidad nacional de explotar los recursos, aún es un objetivo lejano si tenemos presente que “la producción venezolana de petróleo vendría desde hace años en descenso si no fuera por las transnacionales imperialistas cuyas actividades en territorio venezolano crecen y se expanden[20].

Resulta evidente que más allá de los deseos antiimperialistas, en el marco del capitalismo global actual, dominado por las todopoderosas transnacionales, resulta muy dificultoso poder desarrollar proyectos al margen de estas. De este modo, por ejemplo, el gobierno bolivariano a pesar del avance que supone poder pasar de los convenio operativos, con unas condiciones totalmente favorables a las transnacionales, a la creación de las empresas mixtas, tiene la difícil tarea de conseguir lidiar sus propuestas de desarrollo nacional con verdaderas empresas lideres de la economía global como son Chevron-Texaco, Royal Dutch Shell, Total o la misma Repsol. Ciertamente, la dependencia tecnológica es uno de los aspectos fundamentales que imposibilitan el avance hacia la plena soberanía. Si esto es así para el conjunto de la economía venezolana, en el sector petrolero, donde la explotación del crudo resulta altamente compleja tecnológicamente la dependencia de Venezuela respecto al capital transnacional todavía es mayor. Tal y como ya señalaba Fernando Martínez Galdeano “Si Venezuela quiere ser independiente, tiene que realizar una política de aprendizaje y captación tecnológica, No se da efectivamente transferencia tecnológica, la tecnología siempre ha estado vinculada a la inversión extranjera o a la inversión del gran capital. No se da transferencia, si no una especie de alquiler o de uso de esa tecnología pero sin llegar a conocerla y dominarla (…) En una forma muy esencial el país va a estar dependiendo del exterior, de esa tecnología, a no ser que cambie, que se desvincule de la tecnología manejada por el capital.”[21]

Otro de los lastres importantes con los que coexiste la estrategia petrolera de Chávez son los compromisos contraídos históricamente por Pdvsa. Tal y como señala Juan Carlos Boué, el gobierno del presidente Chávez tendrá una difícil tarea para asegurar en el futuro una renta petrolera estable y una reversión del colapso de la contribución fiscal de la industria petrolera fruto de la política anterior de internacionalización y apertura.

Un handicap importante, al que también deberá enfrentarse la política petrolera del gobierno bolivariano, es el derivado de sus tensas relaciones políticas con los EEUU. En este sentido, a pesar del manifiesto clima de hostilidades políticas, nos encontramos ante una situación de importante dependencia comercial, así por ejemplo, en el primer semestre del año 2005 el 57% de los barriles de crudo exportados por Venezuela tuvo como destino los EEUU. Cabe señalar que la relación de dependencia es, hasta cierto punto, recíproca, pues para los EEUU el petróleo venezolano, por sus características físicas, es de muy difícil reemplazo por otros petróleos del mercado mundial[22].

Finalmente, existen otra serie de interrogantes alrededor de la estrategia petrolera del gobierno bolivariano vinculados a la sostenibilidad de esta. Por una parte cabe preguntarse, ante una estrategia de desarrollo basada tan agresivamente sobre la explotación de los recursos del subsuelo, si verdaderamente el modelo de desarrollo más acertado para Venezuela pasa por una estrategia que va a suponer a la práctica la dilapidación del patrimonio natural que posee el pueblo venezolano. Como todo el mundo sabe, el petróleo es un recurso no renovable por tanto, a pesar de las impresionantes reservas que ostentan las entrañas venezolanas, se debe tener presente que estas son agotables. Así pues, el modelo de diversificación económica planteado por la estrategia petrolera del gobierno debe tener resultados positivos ya que de no ser así se habrá agotado inútilmente parte de la riqueza no reponible de la nación.

En esta misma dirección anterior cabe preguntarse hasta que punto será posible construir un modelo social que quiere avanzar hacia el socialismo del siglo XXI utilizando como recurso fundamental para su construcción el elemento clave en el desarrollo del capitalismo más voraz: el petróleo. Sin lugar a dudas, la construcción de un modelo de sociedad diferente a la capitalista no sólo implica parámetros distintos en la distribución de la riqueza sino que, de forma fundamental, requiere avanzar sólidamente hacia modelos productivos que, además de superar las relaciones sociales capitalista basada en la explotación del hombre por el hombre, no supongan ni el agotamiento de los recursos ni tampoco la destrucción de los ecosistemas en los que se desarrolla la actividad productiva. Tomar como elemento central de un desarrollo alternativo, que quiere avanzar hacia el socialismo, la extracción y explotación de uno de los recursos cuya obtención y posterior utilización está en la base de la mayor parte de los problemas ambientales que hoy tiene planteada la humanidad representa una paradoja difícil de superar.

Si bien en un primer momento la estrategia de desarrollo de un país con el pasivo social de Venezuela, necesariamente habrá de apoyarse en la distribución de la riqueza que proviene de la explotación del petróleo, considero que el avance hacia una verdadera soberanía nacional más que basarse en una estrategia centrada en “sembrar el petróleo” o convertir el petróleo en “industria industrializadora” debe avanzar hacia una estrategia basada en “independizarse del petróleo” como elemento central de la estrategia de desarrollo, avanzando hacia un modelo productivo mucho más descentralizado, basado en una tecnología independiente de los circuitos de dominio global, apropiada para un desarrollo endógeno horizontal y equilibrado. Una tecnología a escala humana, más intensiva en trabajo y menos en capital y por tanto menos dependiente de una energía tan perjudicial para el futuro de la humanidad como lo es la explotación masiva de petróleo. En esta dirección parecen adecuadas las reflexiones de Eduardo Giordano cuando plantea que “el petróleo no es una materia prima demasiado escasa si se considera seriamente la viabilidad de mantener su elevado consumo actual sin dañar de forma irreversible nuestro hábitat; por el contrario, hay suficiente petróleo – y formas de localizarlo y explotarlo- como para convertir la Tierra en el lugar más inhóspito del universo para la vida humana”[23].

Josep Manel Busqueta Franco.

Miembro de CEPS y del Seminario de Economía Critica “Taifa” de Barcelona.

Bibliografía utilizada:

· Lander Luís.E. López Maya.M. Venezuela: fortunas y penas de un país petrolero. Poder y Petróleo en Venezuela. Ed Faces-UCV y Pdvsa (2003)

· Mommer, B. Petróleo Subversivo. Poder y Petróleo en Venezuela. Ed Faces-UCV y Pdvsa (2003).

· Rodríguez Araque, A. La reforma petrolera de 2001. Petróleo Subversivo. Poder y Petróleo en Venezuela. Ed Faces-UCV y Pdvsa (2003).

· Lander, L. E. Gobierno de Chávez: ¿nuevos rumbos en la política petrolera venezolana? Petróleo Subversivo. Poder y Petróleo en Venezuela. Ed Faces-UCV y Pdvsa (2003).

· Mommer, B. Venezuela: un nuevo marco legal e institucional petrolero. Petróleo Subversivo. Poder y Petróleo en Venezuela. Ed Faces-UCV y Pdvsa (2003).

· Viergutz, A. La política energética de Venezuela y el sector privado. Petróleo Subversivo. Poder y Petróleo en Venezuela. Ed Faces-UCV y Pdvsa (2003).

· Contreras, Jesús, M. El derechote propiedad de los hidrocarburos en Venezuela: origen y tradición legal. Petróleo Subversivo. Poder y Petróleo en Venezuela. Ed Faces-UCV y Pdvsa (2003).

· Boué, J.C. El programa de internacionalización en Pdvsa: ¿triunfo estratégico o desastre fiscal? Petróleo Subversivo. Poder y Petróleo en Venezuela. Ed Faces-UCV y Pdvsa (2003).

· Lander, L.E. López Maya, M. Venezuela, golpe y petróleo. Petróleo Subversivo. Poder y Petróleo en Venezuela. Ed Faces-UCV y Pdvsa (2003).

· Varios autores. Pdvsa y el Golpe.

· Pérez Alfonzo, J.P. Rangel, D.A. El Desastre. Ed Vadell Hermanos (1976).

· Mommer, Bernard. Petróleo global y estado nacional. Ed Comala.com (2002).

· www.pdvsa.org

· www.aporrea.org

· www.soberania.info.

· Rangel, D.A. Venezuela: Oil Republic. El Mundo 17/03/05.

· Mieres, F. ¿Qué nos dicen las cifras petroleras? Soberania.info. 18/10/03.

· Giordano, C. Las guerras del petróleo. Ed. Icaria.

· Denis, R. Fabricantes d eRebelión. Ed. Primera Linea.

· Maza Zavala, D. Los mecanismos de la dependencia. Fondeo editorial Salvador de la Plata.

· Diversos autores. Venezuela en perspectiva. Ed. Question.

· Pacheco Simanca. J.L. Sistema capitalista mundial y polo de poder latinoamericano. Fondo editorial Question.

· Lebowitz,M. La Revolución de necesidades radicales.

Inici