La Cámara Civil y Comercial Federal, cuestionada por su actuación en la definición de la constitucionalidad de dos artículos de la ley de medios, decidió habilitar la feria judicial para bloquear el decreto presidencial que anuló la venta del predio ferial de Palermo "a precio vil", y otorgar además una medida cautelar a la Sociedad Rural Argentina.
El tribunal, el mismo que prorrogó una cautelar en favor del Grupo Clarín ante su planteo contra los artículos 161 y 45 de la Ley de Medios -que impide la plena aplicación de la norma aprobada hace casi 3 años y 3 meses-, ahora dictó otro beneficio similar hacia la Sociedad Rural, por el que se traba el Decreto 2552 de traspaso al Estado del predio ferial de Palermo.
Al cabo de una extensa jornada de debate, los camaristas Francisco de las Carreras, Ricardo Guarinoni y Graciela Medina, decidieron habilitar el funcionamiento del Tribunal durante el mes de enero, al tiempo que accedieron a la medida solicitada por la Rural el pasado miércoles.
Simultáneamente, la Cámara accedió al pedido del gobierno nacional para imprimirle celeridad al tratamiento de la Ley de Medios, por lo que -al habilitar la feria- podrían existir actuaciones sobre la constitucionalidad de los artículos que cuestiona el Grupo Clarín durante el receso judicial estival.
Pese a estar firmadas, las resoluciones no pudieron ser notificadas anoche a las partes y en especial a la administración pública por lo elevado de la hora -a partir de las 22.30-; por lo que técnicamente no existen y las vamos a dar a conocer recién el lunes, una vez que hayamos notificado, dijo anoche De las Carreras a Télam en la puerta de su despacho.
Para dictar la medida que beneficia a la Rural, la Cámara hizo lugar a la apelación de la entidad a una medida de la jueza de primera instancia, Silvina Bracamonte, que se negó el viernes pasado a dictar la cautelar.
Tras el decreto, el Poder Ejecutivo -propietario del predio ferial de Palermo hasta 1991- dio a la entidad un plazo de 30 días para que la devuelva al Estado, que vence el 20 de enero.
El decreto presidencial 2552, que la cautelar de la Cámara suspende, declaró viciada de nulidad la venta del predio palermitano a la Sociedad Rural en 1991 por un decreto presidencial.
La operación fue anulada luego de que una tasación de la Corte Suprema determinara que los 30 millones de pesos fijados por decreto fue un precio vil ya que el valor de mercado era de casi 140 millones.
En cuanto a la Ley de Medios, el 14 de diciembre pasado, el juez federal en lo Civil y Comercial, Horacio Alfonso, resolvió que los artículos cuestionados por el Grupo Clarín eran constitucionales y ordenó levantar la medida cautelar que trababa la entrada en vigencia plena de esa norma.
Esa sentencia de primera instancia era lo que había reclamado la Corte Suprema de Justicia al opinar que debía resolverse "la cuestión de fondo", para que se terminara el juego de las cautelares a las que había puesto como plazo máximo el 7 de diciembre.
El lunes 17 del mismo mes, el primer día hábil tras ese fallo, el grupo mediático presentó una apelación sobre el fallo a la que el magistrado le dio curso y giró las actuaciones a la Cámara Civil y Comercial, que falló en favor de los requerimientos del Grupo Clarín al prorrogar nuevamente la medida cautelar.
Guarinoni y De las Carreras son dos de los jueces que habían sido recusados por el Poder Ejecutivo y la AFSCA, por no excusarse de fallar luego haber participado en mayo pasado en un evento en Miami auspiciado por el Grupo Clarín, a través de la empresa Cablevisión.
A su vez, Medina es esposa del abogado Julio Rivera, que patrocina a Cablevisión.
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