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Personal del Hospital Tiburcio Borda se encuentra en estado de alerta ante el intento del Gobierno de la Ciudad de vaciar de máquinas los Talleres Protegidos que integran el proceso terapéutico de los pacientes psiquiátricos, según informó Virginia Menéndez, directora de la Comisión de Derechos Humanos.
Se trata del Taller Protegido 19, en el que "personal y un funcionario del Gobierno de la Ciudad ingresaron por la mañana para llevarse las máquinas, pero no pudieron trasladarlas al sector nuevo", dijo Menéndez. Tras el fallido intento, "vinieron de una fiscalía a constatar una contravención, pero se fueron", contó.
Junto a legisladores de diversos sectores políticos de la Ciudad, Menéndez se encuentra en el Hospital, a la espera de información "de qué fiscalía se trata, y por qué tipo de contravención. Pero los trabajadores están preocupados, porque en cualquier momento puede suceder que se tome una medida de desalojo", alertó.
"Vamos a resistir el desalojo", afirmaron por su parte desde la Comisión Interna de ATE en los Talleres Protegidos frente a la avanzada del gobierno de Mauricio Macri para contar con una parte del terreno del hospital psiquiátrico para instalar allí el nuevo Centro Cívico.
En el día de ayer, la fiscal Celsa Ramírez presentó un escrito ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, en el que pidió para hoy a las 16 "un Oficial de Justicia (...) conjuntamente con personal de la Comisaría 28 y de la Policía Metropolitana".
Según la solicitud de la fiscal, en el domicilio del Borda "se procederá a supervisar y dejar constancia de las circunstancias en que se desarrolle la ´mudanza de los bienes que se encuentran en el lugar, y su traslado de modo de no obstaculizar el libre acceso al predio y la disponibilidad del mismo´".
Ernesto Balbiano, secretario adjunto de la Comisión Interna de ATE en el hospital fue contundente en su diálogo con INFOnews: "No vamos a permitir el traslado", dijo, y denunció que días atrás representantes de los Trabajadores del Estado mantuvieron una reunión con gente del gobierno porteño "y dijeron que no iban a hacer nada, pero faltaron a su palabra".
Además, aseguró que "hay más de doscientas personas, entre trabajadores del Borda, del Moyano y los talleres protegidos" para impedir que la fiscalía que obedece a los intereses del gobierno de la Ciudad traslade los talleres a un edificio ubicado por fuera del Hospital.
"Los terrenos de salud no pueden ser utilizados para otras cosas", agregó el dirigente, al tiempo que afirmó que "hay muchas iniciativas de los trabajadores. Las tierras de salud son para salud de la población", completó.
En tanto, en el lugar se hicieron presentes los legisladores porteños María Elena Naddeo y Aníbal Ibarra, que se sumaron a quienes defienden al hospital de la avanzada del macrismo y realizaron declaraciones a CN23.
"Un desalojo sólo puede ser dictado por un juez y no por un fiscal", expresó Naddeo, quien agregó que "la legislatura tiene que ser notificada" sobre la obra. "El Centro Cívico costará 400 millones de pesos sin que se haya tratado en la Legislatura", dijo, y remató: "La prioridad son los pacientes y no los negocios inmobiliarios".
Por su parte, Ibarra afirmó que los movimientos en el lugar indican que "están preparando todo para el desalojo. Es una irregularidad poner los recursos públicos para dejarle el lugar a una empresa sin que estuviera autorizada por el propio jefe de gobierno".
Además, el ex jefe de Gobierno remarcó que "están talando árboles para una obra que no tiene registrados los planos. La obra es ilegal, ni siquiera hay un expediente contravencional".
En ese sentido, Ibarra disparó contra la fiscal Celsa Ramírez, de quien dijo que "está obedeciendo órdenes, está siendo más papista que el Papa".
