Noviembre y diciembre le depararon a la sociedad argentina un panorama que, bajo la manipulación de los medios concentrados, parecía que se encontraba al borde del Apocalipsis.

Por un lado, exaltación de los cacerolazos, mostrados como un alzamiento de sectores medios y altos que vociferaban contra el gobierno nacional. A la vez tratando de ocultar que tal movilización estaba evidentemente organizada por grupos de la derecha social y política, algunos militantes que se ubican en la oposición por la oposición misma, grupos profascistas motivados por sus añoranzas de la dictadura cívico-militar que asoló al país, más algunos díscolos que dicen pertenecer a la “izquierda”. Pero detrás de todos ellos y a pesar quizá de sus propias intenciones, se ubicaban los principales propulsores de una política de desestabilización bajo la batuta del amo yanqui interesado en frenar cualquier intento de avance en un camino de profundización de cambios con componentes antimperialistas.

Por otro lado, la promoción mediática de un destacado proceso de “unidad” que se gestaba por parte de connotados dirigentes sindicales y políticos cuya estrategia se basaba en levantar acciones y programas de lucha a favor de los trabajadores y sectores postergados víctimas de la acción imprudente e improvisada del gobierno encabezado por Cristina Fernández. Así aparecieron por ejemplo el dúo Moyano-Venegas de la CGT, Luis Barrionuevo, de la CGT Azul y Blanca, y Pablo Micheli, de una CTA fraudulenta y divisionista, junto a Buzzi, de la FAA, y la Mesa de Enlace patronal y oligarca, los radicales, el FAP con su pléyade de socialdemócratas y socialcristianos, Proyecto Sur, la Coalición Cívica, el aparato derechista tradicional del PJ y, lamentablemente, también acompañados por ciertas expresiones de la “izquierda” empeñadas en asumir un posicionamiento testimonial que no distingue al enemigo principal, que no tiene en cuenta la correlación de fuerzas y, por lo tanto, elude su responsabilidad en la acumulación para construir una verdadera alternativa de carácter popular, antimperialista y de integración latinoamericana.

Dicho de otra manera, no contribuyen a la unidad del campo obrero y popular, sin el cual no habrán posibilidades de confrontar con el capital concentrado dueño aún de lo fundamental de la economía argentina y, por consiguiente, el reclamo obrero y popular quedará sólo a merced de los límites que tiene todo gobierno que, como el que encabeza Cristina de Kirchner, es de carátradicciones importantes con el “consenso de Washington” y el imperio y que es por donde se puede avanzar en esta coyuntura.

Pero, precisamente, porque tiene los límites propios de un gobierno reformista no revolucionario, a veces vacila frente a las multinacionales que usufructúan y se apropian de las riquezas producidas por el esfuerzo nacional aprovechando la supervivencia de estructuras económicas que facilitan la concentración y las altas tasas de ganancias, lo cual les permite quedarse con la parte del león en la distribución del ingreso público.

Por esa razón, al no haber un reparto más equitativo de las rentas generales de la Nación, perviven, a pesar del crecimiento que nosotros reconocemos y valoramos, bolsones de pobreza, trabajadores desocupados (1.200.00), trabajadores “en negro” (cerca de 4.000.00, según el propio Indec), tercerizados, subocupados, trabajadores alcanzados por el impuesto a las cter reformista, que tiene conganancias (cerca de 2.000.000), trabajadores que al superar un bajísimo tope de salario ($4.900 mensuales) dejan de percibir completo el salario familiar, trabajadores que son despedidos y reciben un miserable subsidio de $400, la insoportable pérdida de poder adquisitivo de los planes de asistencia social, la existencia de 900.000 jóvenes que ni trabajan ni estudian y, por lo tanto, no divisan un futuro alentador, los aumentos desmedidos de los precios sin que se aborde el tema de investigar y sancionar a las empresas monopólicas formadores de precios y así sucesivamente.

Estas cuestiones, conforme a datos objetivos necesarios de erradicar, han creado un caldo de cultivo que fue aprovechado por bandas de delincuentes traficantes de drogas, algunos punteros políticos vendidos al mejor postor, la policía corrupta comprometida y algunos segmentos vinculados a la burocracia sindical, los cuales estimularon las acciones organizadas de grupos que actuaron no por hambre, sino a fin de crear una sensación de miedo y de inseguridad fogoneada por la sincronizada difusión de los medios monopólicos de la (des)información.

Quisieron igualar estos saqueos con los ocurridos en el 2001. Se olvidan o pretenden olvidar que en aquella oportunidad eran familias enteras las que intervenían; en 2012 fueron casi siempre jóvenes y mayoritariamente varones. En el 2001 había un gobierno repudiado y ahora se trata de uno que acaba de ser elegido por la mayoría del pueblo argentino y que ha marcado un rumbo de avance.

Sin embargo, este gobierno que sostiene un proyecto de base popular diferente al encabezado por De La Rúa, frente a la actual coyuntura debe trazar una clara política superadora de estos males que vienen de lejos y que no fueron erradicados a pesar del fuerte crecimiento que tuvo la economía. Pero, está visto que crecimiento no es sinónimo de desarrollo y que no alcanza con planes de asistencia, sino que hay que crear mayores fuentes de ocupación. No puede basar el gobierno su política reduciéndola a negar los problemas, y en el terreno de la inseguridad, un tema «clasista» hasta la médula, como afirma Atilio Borón, se debería partir de que en la Argentina como en el resto del mundo, afecta muchísimo más a los pobres que a los ricos. El 2001 no es el 2012 y por si fuera poco, el conflicto entre gobierno y un sector de la clase dominante -focalizado en el combate contra el Grupo Clarín- es un dato fundamental para entender la dinámica de los saqueos y los propósitos de quienes, entre las sombras, los impulsaron.