Un ex jefe militar de alto rango, preso en una cárcel castrense, exhortó a los venezolanos a restablecer el orden constitucional tras considerar que se ha violado la carta magna al tiempo que la cabeza del comando estratégico de la fuerza armada ratificó el viernes que los militares respaldan la decisión del máximo tribunal de postergar la juramentación del presidente Hugo Chávez.

El general en retiro del Ejército y ex ministro de Defensa Raúl Baduel, una influyente figura en el sector castrense, se sumó al llamado de sectores de la oposición a rechazar la acción del oficialismo y su tesis de la continuidad del gobierno de Chávez, quien desde hace un mes permanece en Cuba donde convalece de una operación de cáncer.

Baduel expresó en una misiva difundida el viernes que el oficialismo perpetró un “nuevo golpe de Estado constitucional” con la postergación de la toma de posesión de Chávez.

“Elevo mi voz de repudio y de alerta al país... Ante este nuevo golpe de estado constitucional perpetrado por el gobierno y la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional `legitimado' posteriormente por una fraudulenta interpretación de la Carta Magna por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y con abyecta sumisión y complicidad del resto de los poderes y autoridades del régimen”, señaló el ex jefe militar.

El Tribunal Supremo de Justicia decidió a mediados de semana que la juramentación de Chávez, prevista para el 10 de enero según lo establece la constitución, podía postergarse en razón al permiso indefinido que le otorgó el Congreso por sus complicaciones de salud y que el actual gobierno, que encabeza el vicepresidente Nicolás Maduro, seguiría en funciones.

“Estamos ante el desarrollo de acontecimientos que cercenan el hilo constitucional”, sostuvo Baduel y expresó, apoyado en un artículo de la constitución, que “todo ciudadano investido o ciudadana investida de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.

El ex general, quien lideró el movimiento militar que permitió el regreso de Chávez al gobierno tras el fallido golpe de abril de 2002, le recordó a las fuerzas armadas que deben estar “al servicio de los supremos intereses y cometidos de la Nación y en ningún caso de persona o parcialidad política alguna”.

También pidió a los gobiernos miembros de la OEA, UNASUR y Mercosur “no convalidar el golpe de Estado constitucional que se ha puesto en marcha en Venezuela”.

“Como institución obediente y disciplinada haremos respetar y cumpliremos como lo estamos haciendo esa decisión del Tribunal Supremo de Justicia”, afirmó el mayor general Wilmer Barrientos, jefe del Comando Estratégico Operacional de la fuerza armada.

Barrientos dijo a la radio local Unión Radio que la fuerza armada, integrada por cerca de 200.000 hombres, se apegará a lo establecido en la constitución e instó a los sectores que han cuestionado la sentencia del Tribunal Supremo sobre la postergación de la juramentación de Chávez a que expresen su opinión en el marco de los derechos y deberes establecido en el texto constitucional.

“Que hagan su reclamo o su desacuerdo a través de los órganos competentes a través de una manera cívica y responsable, y cada institución le dará la respuesta que tiene que darle”, dijo el alto oficial.

José Vielma Mora, gobernador del estado occidental de Táchira, informó que agentes policiales dispersaron a decenas de estudiantes que bloqueaban calles y quemaron neumáticos frente a las puertas de la Universidad de los Andes (ULA) en un segundo día de protestas en rechazo al dictamen del Tribunal Supremo.

“Lamentablemente un grupo de estudiantes... intentaron nuevamente crear zozobra, atentar con la paz ciudadana del estado Táchira”, dijo Mora en declaraciones difundidas por la estatal Venezolana de Televisión.

El gobernador negó que los agentes hayan penetrado al recinto universitario e indicó que aquellos “estudiantes que se detuvieron”, poco después “buscando la paz, ya se le entregaron a sus familiares. Actualmente no hay ninguno retenido”.

El vicerrector administrativo de la Universidad de Los Andes, Omar Pérez Díaz, en declaraciones a la cadena televisiva Globovisión dijo que las autoridades académicas “negociaron con los oficiales de la Guardia Nacional para que se retiraran del campus” y sólo uno de los nueve estudiantes que fueron atendidos tras sufrir el impacto de balas de plástico se mantenía en horas de la noche recluido en un centro hospitalario, sin dar otros detalles.

La comisión de derechos humanos de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), rechazó las “agresiones sufridas” por los estudiantes y recordó que el “derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, se encuentra establecido en el artículo 68 de la Constitución”.

“Hasta donde sabemos, ninguna de las garantías previstas en nuestra Carta Magna se encuentra suspendida. Mientras diversos funcionarios de seguridad del Estado se encuentran diseminados en el país con la finalidad de amedrentar y reprimir a pacíficos manifestantes, la delincuencia atenta con total libertad en contra de la vida y los bienes de los venezolanos”, ironizó la MUD o la coalición de grupos opositores en un comunicado.

El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, condenó el viernes por la noche los hechos de violencia y afirmó que “el que quiera protestar como dijo nuestro vicepresidente Nicolás Maduro, que proteste, pero en los términos que establece la ley, pacíficamente”.

“El Tribunal Supremo dictó una sentencia... es el máximo tribunal de la república, es el máximo interprete de la constitución, por lo tanto nosotros lo que llamamos es a la paz”, dijo a la televisora estatal.

Baduel pasó a retiro en julio de 2007 luego de ser relevado por Chávez del Ministerio de la Defensa, cargo que ocupó desde 2006 luego de desempeñarse como comandante del Ejército entre los años 2004 y 2006.

Tras ser considerado uno de los más leales colaboradores de Chávez, Baduel rompió con el presidente debido a divergencias sobre una reforma constitucional que el mandatario buscaba implantar en 2007 sobre la reelección indefinida y la creación de un Estado socialista.

En abril del 2009 el ex ministro de Defensa fue detenido y fue sentenciado por un tribunal militar en mayo de 2010 a más de siete años de prisión por su responsabilidad en los delitos de sustracción de fondos públicos, contra el decoro militar y abuso de autoridad durante su gestión como ministro.

Chávez, de 58 años, se sometió el 11 de diciembre en La Habana a su cuarta operación en un año y medio, dos meses después de ganar la reelección para un mandato de seis años.