Hernando Calvo Ospina, periodista colombiano de 51 años, colaborador de Le Monde Diplomatique y residente desde hace 25 en París, se quedó el pasado 6 de mayo en tierra, en el aeropuerto de Madrid-Barajas, porque un funcionario de la Embajada estadounidense le impidió embarcar a un tercer país: Cuba. Un vuelo directo a La Habana que no hacía escala en Estados Unidos. Él lo cuenta así: “Me pidió mi pasaporte y me dijo que no podía subir al avión porque la ruta sobrevolaba durante unos minutos el espacio aéreo estadounidense y yo estaba en una lista de personas que pueden atentar contra EE UU. Yo había hecho ese mismo vuelo el octubre anterior y no me había pasado nada”.

EE UU y la Comisión Europea firmaron el pasado diciembre un acuerdo —aprobado en abril por el Parlamento Europeo— que obliga a las compañías aéreas europeas a suministrar al Departamento de Seguridad del Territorio Nacional estadounidense datos de pasajeros, pero solo de vuelos con origen o destino en EE UU. El acuerdo, conocido como PNR (de registro de datos de pasajeros) no sería aplicable, por tanto, a este caso. ¿Qué ocurre entonces? Las autoridades norteamericanas exigen unilateralmente desde marzo a todas las aerolíneas europeas, a través del programa Secure flight overflight, que envíen antes del despegue el nombre, la fecha de nacimiento y el sexo de los pasajeros de aviones que sobrevuelen el espacio de Estados Unidos.

Las razones que alega EE UU son de seguridad: la posibilidad de que uno de los viajeros secuestre el avión y cambie la ruta. Por eso, los que están en su lista de indeseables no vuelan aunque no vayan a pisar suelo estadounidense. Las líneas aéreas están obligadas a meter en el sistema informático correspondiente los datos de los usuarios de estas rutas (si no lo hacen, no pueden volar), y Washington bloquea directamente la emisión de tarjetas de embarque de los que aparecen en sus listas.

Cuando esto sucede, la aerolínea no puede hacer nada más que llamar a los funcionarios estadounidenses, a los que se permite operar en aeropuertos españoles en virtud de un acuerdo firmado en 2009 entre EE UU y el Ministerio del Interior. Los norteamericanos pueden interrogar al pasajero y son quienes deciden si finalmente puede volar. Además, al tener Washington en su poder desde marzo los datos de viajeros a terceros países, puede conocer, por ejemplo, cuántas veces ha viajado una persona a La Habana y con quién.

¿A cuánta gente afecta esta política estadounidense? En España, a miles de pasajeros con tres destinos: Cuba, México y Canadá. Implica a dos compañías españolas (Air Europa e Iberia) y a dos aerolíneas extranjeras que operan vuelos desde España (Aeroméxico, y Air Transat). Cuando se compran billetes a Toronto, Montreal, México D. F. o La Habana, lo último que puede imaginar el pasajero es que sus datos van a ser cedidos a EE UU. A pesar de ello, ninguna de las cuatro compañías informa debidamente. Iberia —con varios vuelos semanales a Cuba y a México—, Air Europa —con seis o siete vuelos semanales a La Habana— y Aeroméxico no lo hacen. Las dos primeras aseguraron a EL PAÍS que van a empezar a hacerlo en breve. Air Transat es la única que avisa, pero en la pestaña de información para viajeros de su web, no en el momento de comprar el billete.

“La falta de información supone una vulneración evidente de la ley de protección de datos y el usuario podría reclamar”, señala Rubén Sánchez, de la asociación de consumidores Facua. “La cesión de datos debe ser comunicada. Todo el asunto es un exceso y una medida desproporcionada de EE UU”. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) coincide en que los pasajeros tienen derecho a conocer que sus datos van a ser entregados a otro país.

IU registró en el Congreso en mayo una pregunta al Gobierno sobre este asunto. El Ejecutivo respondió que esas actuaciones “se amparan” en el acuerdo entre EE UU y la UE aprobado en abril. Pero dicho pacto no hace alusión al sobrevuelo del espacio aéreo. Su artículo segundo lo deja claro: el acuerdo se aplicará “a compañías que operen vuelos de pasajeros entre la UE y los EE UU” y a “compañías que incorporen o almacenen datos en la UE y que operen vuelos de pasajeros con origen o destino en EE UU”. Un portavoz de la Comisión Europea confirma que los sobrevuelos no están incluidos en el acuerdo, informa Luis Doncel.

La Agencia Española de Protección de Datos dice estar “muy preocupada” por esta situación. “¿En qué norma europea se basa una compañía española para ceder estos datos? ¿Cuáles son las garantías en cuanto al tratamiento de estos datos? Esta práctica no está amparada por el acuerdo de trasferencia de pasajeros entre la UE y EE UU", advierte un portavoz de su área internacional.

La agencia ha tratado la cuestión con sus homólogas de otros países de la UE. “Hemos transmitido la información a la Comisión Europea. Ahora son ellos los que deben actuar. Es una situación atípica. Además, pone en una situación complicada a las compañías aéreas. Hacen todos los esfuerzos para cumplir con EE UU, porque si no lo hacen no vuelan, pero pueden entrar en conflicto con la legislación de protección de datos”. Desde la Comisión Europea no se respondió a EL PAÍS sobre si va a adoptar alguna medida.

Las propias compañías parecen tener dudas de cuándo deben comunicar los datos. Iberia asegura que solo los facilita en sus vuelos a México, pero no en el Madrid-La Habana porque esta ruta no está incluida en la lista de trayectos afectados que les envió EE UU. Air Europa dice lo opuesto: que ese vuelo sí está incluido, que está obligada a entregar los datos so pena de cuantiosas multas.

Hernando Calvo no pudo coger un vuelo que ya había pagado y que le había costado 744 euros. Así que reclamó a Air Europa que le reembolsara esa cantidad. La aerolínea le respondió que no se hacía cargo “porque es obligación de todos los pasajeros llevar consigo la documentación necesaria y tenerla a disposición de las autoridades”. Calvo la llevaba: su pasaporte estaba en regla y no necesitaba nada más para volar a Cuba.