Un juzgado de Barcelona tendrá que investigar crímenes cometidos durante la Guerra Civil. La Audiencia Provincial de Barcelona ha admitido el recurso presentado por la Asociación Altra Italia (Otra Italia) contra el archivo de una querella por crímenes de lesa humanidad. Según la denuncia, estos fueron cometidos, supuestamente, por 21 pilotos de l'Aviazione Legionaria durante la guerra. Esos pilotos participaron en diversos bombardeos sobre Barcelona entre 1937 y 1939 y causaron alrededor de 5.000 muertos civiles, según algunas estimaciones.
La decisión de la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona obliga al titular del juzgado de instrucción número 28 de Barcelona a investigar el caso y a practicar una serie de diligencias para esclarecer los hechos. El recorrido de esta investigación dependerá, apuntan fuentes judiciales, de que alguno de esos pilotos siga vivo. En ese caso, Italia podría ser forzada a extraditar alguno de ellos.
La querella cuenta con las acusaciones particulares de Alfons Cànovas, que el 19 de enero de 1938 perdió a su padre en uno de los bombardeos; y de Anna Raya, que el 1 de octubre de 1937 resultó herida al caer una bomba en su escuela de la ciudad. Según recoge la querella, presentada por el abogado Jaume Asens, los bombardeos de la aviación italiana violaron todas las normas internacionales. Fue "una intervención militar extranjera ilegal sin que mediara ninguna declaración de guerra" por parte de Italia.
La decisión "rompe el muro de silencio e impunidad" sobre este oscuro episodio, según Altra Italia, que agrupa a italianos progresistas residentes en Barcelona. La entidad se ha felicitado porque es la "primera vez" que un tribunal "acepta examinar algunos de los crímenes" (...) "perpetrados por el bando fascista". La querella fue presentada en primer lugar ante la Audiencia Nacional por los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Con la ayuda de historiadores, los querellantes lograron aportar el nombre en clave de 21 pilotos italianos.
La querella incluye un relato de los hechos de la Guerra Civil. Barcelona fue bombardeada "intensamente" (más de un millón de kilos de bombas) entre el 13 de febrero de 1937 y el 29 de enero de 1939. Los ataques se lanzaron desde la isla de Mallorca, donde se estableció el cuerpo de l'Aviazione Legionara. La unidad encuadraba, sigue la querella, a 6.000 combatientes que usaron 759 aviones del ejército italiano.
El relato de las dos víctimas que se han sumado como acusación particular es clarificador. Alfons Cánovas explica que, aquel 19 de enero de 1938, su padre "se fue, como hacía siempre, a cuidar su huerto" junto a unas vías de ferrocarril. "Mientras trabajaba, unos aviones de la aviación italiana bombardearon los almacenes, las cercanías y le mataron", cuenta. Anna Raya, por su parte, relata: "Tenía ocho años; me encontraba en el colegio de la calle Baluard del barrio de la Barceloneta. Una bomba lanzada por los aviones de la aviación italiana cayó directamente sobre el colegio... Y los aviones nos ametrallaron. Yo fui herida en la cabeza por un trozo de metal. Un soldado me llevó a un dispensario".
Como Italia no había declarado formalmente ninguna guerra a España, utilizó "nombres en clave" para sus aviadores y "ocultó" las matrículas de los aparatos, siempre según la querella. El principal objetivo de aquellos ataques fue "provocar terror entre la población civil". Así lo prueba un telegrama remitido por el Ministerio de Exteriores italiano a su general Berti, jefe de las tropas desplazadas a España. "La Aviación Baleares será reforzada y tendrá el deber de aterrorizar la retaguardia roja y especialmente los centros urbanos", escribió.
Los querellantes recuerdan que aquellas acciones nunca fueron investigadas penalmente en Italia. Además, ya en la época, los ataques violaban la Convención de la Haya firmada en 1899 y ampliada en 1927. Uno de sus artículos prohibía el "ataque y bombardeos de ciudades y poblados indefensos". El texto cita otras normativas internacionales, como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998) y la Convención de Ginebra.
El caso pasó más tarde a manos del juzgado de instrucción número 28 de Barcelona, que lo archivó por falta de identificación de los pilotos, ya que no se habían aportado sus nombres reales. La asociación, sin embargo, recurrió la querella el verano pasado y ahora la Audiencia de Barcelona le ha dado la razón. En su auto, dictado ayer, la Audiencia considera que la falta de una identificación no es motivo para no investigar. Y recuerda que el relato de hechos "coincide, en lo esencial", con la documentación que existe "en numerosos archivos históricos oficiales", como el de Salamanca.
Se trata de hechos "reales", prosigue el auto que han sido "investigados y contrastados" por historiadores cuyo "prestigio y rigor está fuera de dudas". Los magistrados de la Sección Décima que firman el auto -Santiago Vidal, Montserrat Comas y Carmen Sánchez-Albornoz- instan a la juez de instrucción a practicar diligencias para conseguir la identificación de los pilotos. Solo cuando la juez tenga la certeza de que los implicados han fallecido, subrayan, debe archivar el caso, ya que se trata de "una de las páginas más negras de nuestra historia", no solo por el número de víctimas, sino por "el ensayo que supuso de mecanismos de aniquilación de población civil".
Contra el parecer de la juez, la Audiencia alega que sería "inadmisible" que un Estado democrático dejara de perseguir "delitos tan graves" por "razones simplemente monetaristas". El paso del tiempo o la "probabilidad del fallecimiento" de los pilotos tampoco es un motivo de archivo, añade, y cita ejemplos de longevidad, como el doctor catalán Moises Broggi. Los magistrados recuerdan que Italia "no era parte en el conflicto civil" y que, por tanto, no tiene aplicación la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la aplicación de la ley de amnistía, que impide acciones legales entre españoles por hechos acontecidos durante la Guerra Civil.
Tras admitir a trámite la querella, la resolución ordena que se practiquen una serie de diligencias: averiguar la filiación de los pilotos, pedir la colaboración del Ministerio de Justicia italiano que certifique su paradero y si están vivos, y ofrecer acciones penales y civiles a las víctimas. Además, ordena que se designen dos peritos expertos en historia y especialistas en la participación de la legión Baleares italiana
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