El juez del Tribunal Primero B de Mayor Riesgo de
Guatemala, Miguel Ángel Gálvez, inició el jueves una audiencia para
recibir las pruebas que serán presentadas en un juicio abierto al
exdictador de ese país Efraín Ríos Montt bajo cargos de genocidio
cometido contra poblaciones indígenas durante su régimen de facto, entre
1982 y 1983.
El juez guatemalteco ordenó el pasado lunes enjuiciar a Ríos Montt y
al exgeneral José Mauricio Rodríguez por la matanza de mil 771 indígenas
de la etnia ixil durante operativos militares entre 1982 y 1983, en el
marco de la guerra interna que vivió Guatemala entre 1960 y 1996.
El jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos, Orlando López, como la
defensa de Ríos Montt, de 86 años, y de Rodríguez, de 67, presentaron
sus pruebas ante Gálvez, quien deberá determinar la validez de las
mismas e indicar a cuál Tribunal de Sentencia enviará el proceso para
que se inicie el juicio oral y público.
López, consignó 900 medios de prueba, entre testimonios, peritajes y
documentos, para demostrar la responsabilidad de Ríos Montt y Rodríguez
en la matanza de los indígenas.
Los querellantes adheridos en el proceso, el Centro de Acción Legal
para los Derechos Humanos (Caldh) y la Asociación Justicia y
Reconciliación (AJR), presentarán en el juicio a un total de 73 testigos
de cargo.
Por su parte, la defensa de Ríos Montt dio a conocer que
“bombardeará” el proceso con todos los recursos legales a fin de impedir
el juicio, luego de ser rechazado el recurso de amparo contra la
decisión de enjuiciar a su cliente.
El abogado de Ríos Montt, Danilo Rodríguez, dijo que para desvanecer
la acusación de la Fiscalía presentará a 3 peritos militares, 2
consultores, 14 testigos y al menos 10 documentos, la mayoría de ellos
de índole militar.
Este sería el primer caso en el que un exjefe de Estado es procesado
por los miles de asesinatos cometidos por el Ejército guatemalteco
durante la guerra interna de 36 años.
Antes han sido procesados y condenados militares de bajo rango,
antiguos paramilitares y policías, por violaciones a los derechos
humanos ocurridos durante el conflicto armado.
Bajo el régimen del general Ríos Montt, quien llegó al poder tras
encabezar un golpe de Estado en 1982, el Ejército aplicó la llamada
política de "tierra arrasada" sobre poblaciones indígenas a las que
acusaba de colaborar con la guerrilla, en el contexto de la Guerra Fría.