El 2 y 3 de febrero de 1989, los golpistas que estaban derrocando a Stroessner no eran precisamente lo que decían ser

Decía Gabriel García Marquez en “El Otoño del Patriarca” que la mentira es más cómoda que la duda, más útil que el amor, más perdurable que la verdad.

 

En Paraguay se corrobora buceando en la historia reciente, y en la intrahistoria de algunos de aquellos pundonorosos golpistas del 2 y 3 de febrero de 1989.

Una década antes, el 8 de marzo de 1979, la Liga Mundial Anticomunista había inaugurado en asunción su XII Congreso, realizado en el local del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización.

 

El objetivo era pronunciarse contra la política de Derechos Humanos del presidente Jimmy Carter, que los paladines de la libertad reunidos en cónclave calificaban como “Carter-comunismo”.

 

El Congreso había logrado reunirse merced a la generosa colaboración de importantes empresarios paraguayos, cuyos aportes oscilaban entre 500 mil y un millón y medio de guaraníes de entonces.

El recaudador, Antonio Campos Alum, no solo era director espiritual de la ecléctica Fraternidad Espiritual Universal, también de las muy terrenales actividades del centro de detención y tortura conocido como “La Técnica” (hoy convertida en museo de la represión).

 

Entre los mas fuertes aportantes se contaban a baluartes de la libre empresa como Cornelius Walde, Nicolás Bo, Rolando Niella, Carrizosa y el gran “luchador” contra Stroessner Aldo Zucolillo (Archivos del Terror, carpeta DNAT, marzo de 1979).

La amistad de estos impolutos filántropos con Campos Alum no desentonaba, ciertamente, con empresarios de medios de comunicación como Zucolillo, que contaba entre sus cercanos parientes al consuegro de Stroessner (Tuco), a un hermano que servía como delator a servicio de Pastor Coronel (Julio César), y a un cuñado involucrado en el atentado terrorista con bomba que costo la vida a Orlando Letelier en la misma capital de Estados Unidos (Conrado Pappalardo).

La cooperación entre paraguayos y agentes imperiales en estos asuntos sólo constituye “disparate” para antiguos beneficiarios de donaciones de embajadas como Alcibíades González Delvalle, considerando la profusa documentación existente de la que ya no duda una sola persona razonable.

 

En la carpeta confidencial de Campos Alum se hallaron inclusive tiernas cartas por navidad que dirigía al jefe de La Técnica el director del FBI Clarence Kelly.

 

Que el FBI estaba perfectamente informado del cariz, naturaleza y detalles de los procedimientos de la policía de Stroessner lo documentan los pulcros informes del agente especial Robert Scherrer, operativo del buró en Buenos Aires.

 

Y eso sin mencionar todas las cartas en las que Guanes Serrano y otros citan a la CIA como fuente de sus informes, o los escritos del gran benefactor de la democracia paraguaya Timothy Towell dirigidos a la policía de Stroessner , y adjuntando manuales para interrogatorios.

 

En realidad, el mencionado diplomático, luego devenido en empleado de Andrés Rodríguez, contaba con extensa experiencia en eliminación de amenazas a la seguridad estadounidense, desde que en 1967 acompañó a John Maisto en Cochabamba, participando del asesinato extra-judicial del Che Guevara, para luego ampliar rubros incursionando en las entregas vigiladas como la que le puso en la estacada con el caso “Parque Cué”.

 

Ya sabemos la escasa consistencia entre lo que dicen y hacen algunos funcionarios de gobiernos extranjeros, que constantemente hablan de combate al narcotráfico pero, sin embargo, sus nombres siempre aparecen en las agendas de los peces gordos del narcotráfico cuando éstos son arrestados.

 

Esta dualidad es lo que en más de una oportunidad ha permitido a conocidos narcotraficantes desafiar airadamente a los recaderos imperiales, lo cual está demostrado por la absoluta desvergüenza con que Andrés Rodríguez ignoró las advertencias del embajador Jonathan Glassman sobre el robo de la victoria electoral de Luís María Argaña, en las internas coloradas de diciembre de 1992

Aquel bien conocido episodio corroboró además que los sucesos de Febrero de 1989 sólo tuvieron como motivación exclusiva la ambición personal y no las convicciones políticas y mucho menos democráticas.

 

Esta incontrastable verdad fue verificada por el público que asistió al forcejeo por el dinero sucio que llevó a más de un Oficial de caballería luego satanizado por los “demócratas”, a convertirse en millonario de la noche a la mañana mediante la incautación de propiedades, automotores y dinero en efectivo.

 

A pesar de ser esto ampliamente conocido, ello no impidió que los “grandes luchadores” pretendan aparecer como los responsables del “derrocamiento de la dictadura”.

 

Se trataba de ciertos dueños de radios y diarios que se atribuyeron el golpe militar como si sus medios no hubieran sido clausurados por el mismo régimen que financió con dinero público su aparición.

Por otro lado, ese mismo dinero lo siguen recibiendo a manos llenas en agradecimiento por el invalorable servicio de haber conducido a la patria a su lamentable situación actual.
Los Farsantes

Escribió Rodolfo Walsh que la Historia a veces parecería ser como una propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas, y la forma en que la manipulan estos usurpadores lo demuestra.

Nada más revelador de lo que vendría tras el golpe que derrocó a Stroessner en 1989 como el matiz de los hechos que pusieron en marcha la transición: el cierre de cuatro entidades financieras y un golpe casi incruento, sin alternancia de partidos ni grupos.

 

La familia Rodríguez reemplazando a la anterior en todos los buenos negocios, incluyendo medios de comunicación, y las nuevas camarillas interpretando muy pronto las nuevas formas de impunidad acordes a una "democracia".

 

El conocido ex jefe de la DEA en Paraguay Robert Ridler se mostró sumamente "comprensivo" ante la prensa internacional cuando fue consultado sobre el papel de Cambios Guaraní (uno de los detonantes del golpe, que contaba entre sus socios al célebre grupo Peirano-Facio) en el lavado de narcodólares, declarando que no podía asegurar que la "sospecha" sea fundada.

Las premisas estadounidenses respecto al narcotráfico podían causar tensiones incómodas. Las carpetas serían archivadas, pero no destruidas, pensando en cualquier eventualidad.

 

El famoso libro "Conexión Latina" de Nathan Adams y los artículos de Jack Anderson en el Washington Post, que habían sido tan deliciosas en círculos opositores, perdieron de inmediato su interés y se esfumaron mágicamente de la memoria de los grandes combatientes por la libertad como Aldo Zucolillo, Humberto Rubín, Calé Galaverna o Carlitos Filizzola Pallarés.

 

La misma complacencia devino para los nuevos "zares" de la comunicación, y las nuevas élites políticas y financieras.

 

La resolución 862 del 25 de mayo de 1977 del IBR por la cual Humberto Rubín fue beneficiado con 2.000 hectáreas de tierra por Stroessner (contrariando expresas disposiciones del estatuto agrario, ley 864/63), pasó a convertirse en una "vil patraña” inventada por los roedores de los mármoles de la patria periodística.

 

Un ataque parecido de amnesia había afectado a Aldo Zucolillo cuando en la mañana del 25 de marzo de 1988 logró reunirse con Robert Gelbard, subsecretario adjunto par Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado norteamericano.

 

Frustrado por el fracaso de su plan Zeta acusaría allí a los opositores de "vagos, necios y cobardes", de acuerdo al memorando. Omitió por supuesto delatar a sus amigos que traficaban drogas y ocupaban puestos claves en el aparato gubernamental, entre ellos al que había formado sociedad con él, para parir ABC color.

También las tapas de ABC pidiendo la cabeza de los disidentes, las crónicas donde el diario se congratulaba de haber recibido al dictador "en su casa", o los editoriales defendiendo la regresión genocida desatada en Argentina por Jorge Rafael Videla, irían a parar al freezer.

 

Pero si algo no se puede negar a los “inclaudicables luchadores” contra Stroessner, es su extraordinario don de la ubicuidad. En dictadura mezclados con los represores, en democracia revueltos con las víctimas.

 

Digamos que no es un caso muy distante al de Humberto Rubín, que aceptó en 1977 el obsequio que le hizo Stroessner de dos mil hectáreas de tierra, en plena zona de conflicto entre represores y las Ligas Agrarias.

 

O de Aldo Zucolillo, gran luchador por la libertad de expresión, que combatía por la democracia fustigando desde las páginas de ABC color la política a favor de los Derechos Humanos de la Administración Carter, defendiendo al gobierno de Jorge Rafael Videla, y entregando donativos en metálico a “La Técnica” que dirigía Campos Alum.

Decía Jacobo Timerman que se necesita a los mejores periodistas de la izquierda para hacer un buen periódico de derecha, lo cual sería aplicable a ciertos periodistas de la patria publicista, si no hubiera estado mal informado Stroessner al tildarlos del “subversivos”.

La apertura de los archivos del terror no sólo permitió conocer muchos atroces procedimientos policíacos, sino además descubrir lo mucho que eran capaces de abrir la boca algunos “grandes luchadores” contra la dictadura.

 

La mucha o escasa difusión de estos documentos sensibles, obviamente, quedó librado al arbitrio y estado de ánimo del áulico círculo imperante en la superestructura cultural y su patria periodística.

 

Entre los documentos más reveladores se cuenta a una declaración del 4 de diciembre de 1975, extraída a Miguel Gregorio Chase Sardi, quien asistido quizás por sus conocimientos de antropología, había logrado engañar tanto a Stroessner como a los mismos jerarcas de la Unión Soviética, fingiéndose un convencido comunista, cuando en verdad trabajaba como informante de la embajada norteamericana.

 

Otro caso análogo que podríamos citar es el de Alcibíades González Delvalle.

 

El policía de la cultura, ex integrante de los cuadros represivos de la etapa más sangrienta de la dictadura, y ascendido por méritos el 7 de Septiembre de 1962 en decreto firmado por Stroessner y Edgar L. Ynsfrán, también cambió de bando cuando las directivas del norte se volvieron contradictorias.

Era el tiempo en que otros meritorios luchadores cerraban sus radios para ahorrar el dinero que la NED les enviaba por mantener trabajando a sus operarios.

Cuando el Fiscal Clotildo Jiménez acusó al policía de la Cultura de violar la Ley 209 a mediados de 1980, éste se encontraba precisamente en Estados Unidos cumpliendo sus labores de informante.

 

Es que al Departamento de Estado le interesaba “la guerrilla de las Ligas Agrarias”, por lo cual había convocado a uno de “sus hombres en Asunción”, quien se encontraba en territorio norteamericano desde el 24 de mayo de 1980.

 

Al terminar sus obligaciones en el norte para regresar y ser detenido, no se le ocurrió mejor abogado defensor que Fernando Levi Ruffinelli, uno de los redactores y férreo defensor de la Ley 209 en la Cámara de Diputados, además de gran amigo de ABC color.

Había sido precisamente Levi Ruffinelli un pionero en la colaboración con la dictadura, allá por la década de 1960, aceptando el puesto de alcahuete rechazado con dignidad por otros dirigentes liberales como Carlos R. Centurión.

 

Es que se necesitaba a un parlamento representativo en vísperas de firmarse el entreguista tratado de Itaipú, luego tan lamentado por los diarios comprometidos con la libertad de expresión.

Curiosamente, algunos siguen realizando en Paraguay titánicos e infructuosos esfuerzos por elevar la palabra “golpista” a la altura de insulto político, olvidando que a golpes se labró toda la historia del Paraguay.

En fin, tanto contraste entre la realidad y la historia oficial sólo puede hacernos sospechar que un juicio tan tendencioso del pasado, generando una instrucción tan parcialista del presente, además de generar tanto despropósito político, debe resultar bastante lucrativa para quienes se abocan a repetirlo con tanta insistencia.

 

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