En tiempos en los que China concentra toda la atención, tras anunciar una inversión de u$s100 millones para producir soja en la provincia de Río Negro y la construcción de una planta de fertilizantes en Tierra del Fuego, el interés por hacerse de recursos clave de la Argentina también suma, aunque lejos de los flashes, nombres inesperados.
Sucede que la riqueza local, en el rubro de las materias primas, no pasa desapercibida para países con amplio poder adquisitivo y con urgentes necesidades por resolver.
El ejemplo más conocido es, precisamente, el del gigante asiático, que no duda en concretar desembolsos millonarios para asegurarse insumos básicos en ámbitos como la agricultura, el petróleo y, por supuesto, la minería, de cara al mediano plazo.
Pero no es el único. Hay otro peso pesado que, desde principios de año, viene siguiendo con sumo detalle la evolución económica de la Argentina y, como si esto fuera poco, no tiene ninguna duda en anticipar que colocará sus fichas en otros países de la región como Uruguay y Perú.
Eclipsada por la atención que se lleva cada movimiento de China, Arabia Saudita es considerada la nación que, en los últimos dos años, más profundizó la compra de tierras ricas en recursos fuera de sus fronteras.
Según relevamientos divulgados en estas últimas semanas por entidades como el Banco Mundial o la ONG internacional GRAIN, Arabia Saudita se ampara en sus millonarios negocios petroleros para expandirse en otras actividades en el exterior. Y de 2008 a esta parte viene adquiriendo superficies fértiles en estados africanos como Etiopía y Sudán, o en países asiáticos como Indonesia.
Ahora, y en virtud de lo estático de los precios de la tierra en la Argentina, y la multiplicidad de bondades naturales listas para ser explotadas, tanto el Estado como el empresariado saudita hicieron explícitas sus intenciones de inyectar capital en espacios locales estratégicos.
En el marco del seminario "Agribusiness: oportunidades de negocios en el Oriente Medio", organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Palermo, el empresario agrícola Turku Faisal Al Rasheed, no dudó en afirmar: "La escasez de agua es una de las mayores limitaciones de Arabia Saudita para producir alimentos. Por esta razón, vamos a reducir la agricultura en nuestro país para, en cambio, abrir oportunidades de inversión en el exterior, ya sea realizando joint ventures con otros países o comprando tierras agrícolas", explicó.
Luego, destacó que "estamos aquí para invertir. En pocas semanas delegaciones de negocios van a hacerse presentes para explorar distintas alternativas".
Según detalló Al Rasheed, Arabia Saudita posee necesidades estratégicas de materias primas por 2,7 millones de toneladas de trigo por año, 1 millón de toneladas de arroz, 6,3 millones de toneladas de cebada, y alrededor de 14 millones de toneladas de alimentos para animales, también en términos anuales.
Daniel Melhem, titular del Consejo de Líderes de América latina y el Golfo (Gllc), retomó el tema de la importancia del agua. Y, en coincidencia con Al Rasheed, aportó detalles sobre el interés árabe por asegurarse materias primas y alimentos.
"En la actualidad, mientras que China e India, por ejemplo, tienen sólo el 20% del agua del planeta, América posee el 40 por ciento. Por primera vez, los países del Golfo están pensando en América latina, y se han convertido en inversores estratégicos", puntualizó.
El interés por la tierra
El interés de Arabia Saudita por encabezar una oleada de compras e inversiones en el segmento agrícola local, responde en buena medida a las urgencias en materia de preservación de fuentes de agua potable que exhibe el país árabe. Una urgencia que también dice presente en Qatar y Kuwait.
En 2008, el gobierno saudí, que fue uno de los mayores productores de trigo de Oriente, anunció su decisión de reducir año a año el cultivo interno de cereales en una tasa cercana al 12 por ciento. ¿El motivo? Preservar las reservas hídricas del país.
En simultáneo a esa medida, el gobierno árabe asignó 5.000 millones de dólares a un fondo destinado a suministrar préstamos en condiciones preferenciales a aquellas compañías que se lancen a invertir en países con fuerte potencial agrícola.
"El movimiento de Arabia Saudita se ajusta a lo que sucede en un mundo en el que la población urbana y el aumento de la clase media comienzan a demandar más y más alimentos. Si uno observa el mapa mundial, es sencillo darse cuenta que los países con necesidades apuntarán cada vez más a los territorios donde se producen alimentos y materias primas. Y ahí es donde resalta el poderío de América latina y, más específicamente, el Cono Sur", aseguró a iProfesional.com Mariano Lamothe, economista de Abeceb.com.
"Como no tienen la superficie suficiente, y tampoco quieren ajustarse a lo que puedan imponer los precios internacionales, entonces apuestan a producir ellos mismos lo que necesitan fuera de sus fronteras. Por eso es entendible que se lancen a comprar tierras en Argentina y la región. Arabia Saudita, por ejemplo, ya viene haciendo eso en África", añadió.
Alerta en Uruguay y la región
El movimiento de Arabia Saudita en la región quedó en evidencia la semana pasada, cuando el ministro de ganadería del país árabe le manifestó a su par de Uruguay, Tabaré Aguerre, el interés por comprar tierras orientales en el corto plazo.
"En los próximos días vamos a recibir al ministro de Agricultura de Arabia Saudita. Cuando nos visitó en marzo nos planteó su interés de comprar campos en Uruguay porque querían tener seguridad alimentaria", declaró el funcionario uruguayo.
"Uruguay y sus productores pueden darle esa seguridad sin necesidad de que se venda la tierra, fue la respuesta que dimos. Y en ese camino vamos a trabajar", agregó.
Sin embargo, Mujica advirtió que hay un peligro real de que tierras uruguayas pasen a manos de Estados extranjeros.
A la par del país vecino, Perú es otra de las naciones que sigue con atención los movimientos de Arabia Saudita en Sudamérica. Las inversiones en ese territorio ya totalizan unos 1.000 millones de dólares.
"Las inversiones de este tipo de países nunca son al azar, y siempre se realizan bajo un sentido estratégico. Por la riqueza natural, tanto Argentina como la región serán vitales para lo que será el consumo de los principales mercados del mundo en los próximos 20 o 30 años", indicó a iProfesional.com Jorge Castro, analista internacional y director del Instituto de Planeamiento Estratégico.
Desde Abeceb.com, Lamothe sostuvo que es esperable que los capitales árabes ganen presencia rápidamente "gracias a las reservas económicas que mantienen por el precio del petróleo".
"Como ya viene sucediendo, van a asegurar el autoabastecimiento alimenticio. Eso a lo largo de la historia siempre ha funcionado así. Es la primera necesidad. Luego pondrán el énfasis en la cuestión energética. No importa que tengan que invertir en transporte para mover las materias primas. Tiene el capital y la necesidad. Y, como ya se dijo, les conviene más comprar tierra y producir por su cuenta que adquirir el producto en el mercado", concluyó.
La necesidad de proteger la propiedad
El interés manifiesto de países como China y Arabia Saudita por llevar a cabo actividades de producción en territorio argentino vuelve a poner en tela de discusión si es o no necesario implementar un marco legal que regule la propiedad de la tierra local.
Como ya expuso iProfesional.com, el capital extranjero controla hoy en el país una superficie continental similar a la de todo Uruguay. Esto es: alrededor de 17 millones de hectáreas de las mejores tierras del país.
La magnitud de estos números, y la avanzada de los inversionistas públicos y privados foráneos que se acercan a la Argentina para asegurarse materias primas, son algunos de los aspectos que volverán a discutirse en los próximos días en Diputados.
En este contexto, dos proyectos de ley procuran frenar lo que sus impulsores definen como la "extranjerización de la tierra".
La primera iniciativa corresponde a Pablo Orsolini, diputado nacional de la UCR por el Chaco y ex vicepresidente de la FAA, mientras que el segundo texto es obra de la oficialista Diana Conti (Frente para la Victoria Buenos Aires).
Las propuestas muestran coincidencias:
- Buscan limitar la cantidad de tierras que puede comprar cada inversor foráneo en determinadas zonas.
- Quieren fijar controles anuales que permitan determinar la actividad que se está desarrollando en la superficie adquirida.
"Acá no se busca expropiar, pero sí obstaculizar este tipo de compras. Es una cuestión estrictamente de soberanía", comentó Orsolini a iProfesional.com.
El diputado sostuvo que la discusión de la problemática de la "extranjerización debe darse hoy y ahora".
Y para fundamentar esta urgencia, lanzó un alerta: "En la Argentina, en este momento, se están ofreciendo en venta otras 13 millones de hectáreas. Todo al mejor postor, que por lo general es de afuera. Hay que evitar de algún modo legal que este proceso se lleve a cabo", enfatizó.
Según Orsolini, el grueso de las últimas grandes compras de tierra en el país "no se hizo con fines productivos, sino con la intención de mantener bajo un determinado dominio ciertos recursos naturales".
"Agua dulce, alimentos, minería, hidrocarburos y riqueza turística son los que mejor explican tanto interés. ¿Con qué nos encontramos hoy? Con más de 17 millones de hectáreas en manos de empresas extranjeras", indicó.
Proyectos para frenar la "extranjerización"
Las iniciativas orientadas a frenar la "extranjerización" que impulsan los diputados nacionales Orsolini y Conti apuntan, en principio, a evitar la concentración de propiedades y a establecer un control anual de las zonas donde se acumulan recursos estratégicos del país, como el agua o las reservas de minerales.
En el caso del proyecto de Conti, los principales puntos del texto postulan:
- Las tierras rurales a que accedan los sujetos pasivos extranjeros con residencia en el país menor a diez años o no residentes no podrán extenderse ni afectar fuentes de materias primas, humedales, cuencas hidrográficas y otros recursos naturales cuando así lo establezcan las autoridades locales.
- La superficie total de las tierras rurales a que acceda el conjunto de los sujetos pasivos no podrá exceder de un cuarto de la superficie rural de los Municipios o Comunas donde se sitúen.
- La superficie total de las tierras rurales pertenecientes al conjunto de los sujetos pasivos de la misma nacionalidad no podrá exceder el cuarenta por ciento (40%) de la superficie rural de los Municipios o Comunas donde se sitúen.
- Las reparticiones responsables del Registro de Propiedad Inmueble y del catastro en cada jurisdicción local deberán asegurar el acceso a la información necesaria para cumplir el presente régimen.
- Asimismo, esas reparticiones deberán implementar el sistema de información geográficamente referenciado correspondiente a su jurisdicción, dentro del plazo de un (1) año a partir de la publicación de la presente ley.
"Se halla lejos del espíritu del presente proyecto toda concepción chauvinista o discriminatoria respecto de los extranjeros que deseen invertir en beneficio del país", sostiene Conti en los fundamentos que apuntalan su propuesta, a la que tuvo acceso iProfesional.com.
"Se trata de prohibir a personas físicas o jurídicas extranjeras la adquisición de superficies extensas de provincias o de tierras del Estado nacional, por cuanto se presume que tal adquisición, cuando supera determinados porcentajes, dificulta el adecuado control, preservación y protección de los recursos naturales con que cuenta el país", agrega en otro apartado.
En cuanto al proyecto de Orsolini derivado a la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, el funcionario comentó a este medio que su iniciativa procura establecer límites de residencia y, también, criterios que permitan conocer la naturaleza de las empresas que controlan grandes extensiones de tierra en la Argentina.
"El texto propone que los extranjeros con residencia menor a cinco años en el país no puedan adquirir lotes. Y directamente anula la posibilidad de que las compras las concreten empresarios que no viven en la Argentina", remarcó el diputado.
Y agregó: "En segundo lugar, se establecen criterios para los titulares de propiedades. Si son sociedades anónimas las dueñas de las tierras, éstas deberán hacer nominativas sus acciones. De esta forma, se podrá saber quiénes participan en cada empresa".
Al igual que el proyecto impulsado por Conti, la propuesta de Orsolini también estipula un control anual que permita conocer el uso que se le está dando a la tierra rotulada como estratégica.
Patricio Eleisegui
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