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Algunos medios de comunicación, ya sabremos por qué, andan divulgando con entusiasmo la designación de Yoani Sánchez como vicepresidenta regional por Cuba de su Comisión de Libertad de Prensa e Información, de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), organización con sede en Miami que agrupa a magnates de la llamada gran prensa en este continente. En octubre de 2006 el periodista José Steinleger publicó una serie de tres trabajos sobre la SIP en el diario mexicano La Jornada donde documenta los vínculos de esta organización con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y sus acciones golpistas y de apoyo a dictaduras en Latinoamérica como las de Anastasio Somoza y Rafael Leónidas Trujillo. Después de leer este material no caben dudas de que la señora Sánchez está donde debe estar: entre aquellos que operan la “Mordaza de libre presión” en las Américas.
Mordaza de libre presión
José Steinleger
Si la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) fuese una entidad realmente comprometida con la libertad, la independencia y la democracia, el edificio que en Miami alberga su sede debería llamarse Gregorio Selser (1922-1991) en lugar de Jules Dubois, aquel sórdido oficial de la CIA que diseñó sus principios y doctrina.
Selser y Dubois. Dos modos de entender el periodismo y la información. Selser, rasgando los velos del poder. Dubois legitimando sus infundios. Selser, al servicio de los pueblos. Dubois, al servicio del imperio. Con Selser, el periodismo honesto descubrió cómo se fabrican las noticias. Con Dubois, el periodismo canalla aprendió a encubrir la verdad a través de la mentira.
De la Cuba del tirano Fulgencio Batista (donde en 1943 nació la SIP) a nuestros días, no hubo déspota, golpe de Estado o intervención militar de Estados Unidos que no recibiera apoyo de la SIP. Sesentaitres años de ignominia que los muros de América Latina supieron resumir una y otra vez: ”Nos mean, y la prensa dice que llueve”.
Destinada por estatutos a “… servir por igual a sus afiliados del norte, centro y sud de América”, la SIP sólo adopta resoluciones atinentes a la preservación de la “libertad de prensa” al sur del río Bravo y en las Antillas. Sus declaraciones sintonizan con el Departamento de Estado, la OEA y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), y su “independencia” consiste en difamar cualquier esfuerzo grande o pequeño de nuestros pueblos cuando tratan de darse instituciones participativas, o surgen situaciones que cuestionan cualquier empresa adscripta a su órbita.
Los magnates de la SIP compran, venden, difunden, editan, transmiten o publican la “información” según convenga a las “leyes del mercado” y sus intereses de casta y clase. No obstante, en su Breve historia de la SIP, Selser registra las excepciones de rigor, tales como las del escritor y periodista venezolano Miguel Otero Silva, propietario de El Nacional de Caracas.
En la reunión de Montevideo (1951), Otero Silva observó que los estatutos de la SIP, aprobados un año antes en la Asamblea de Nueva York, violaban “… sus normas más fundamentales y dándole el carácter que ahora tiene: una entidad exclusivamente patronal de intercambio comercial, estrictamente controlada por los vendedores de papel, las agencias noticiosas y los buscadores de avisos que residen en Estados Unidos. Nada más inoportuno en ese ambiente que un periodista”.
Selser recuerda que si bien Otero Silva se declaraba antiperonista y contrario a las medidas que el gobierno argentino había adoptado tras el cierre del diario La Prensa, se indignó por la conducta de sus colegas de la SIP, reacios a debatir con los delegados de Perón.
El venezolano observó “… la actitud de la mayoría de la Asamblea, rechazándolos sin oírlos,
violando nuevamente los estatutos para no reconocer sus credenciales, esquivando cobardemente la polémica con quienes no tenían razón, les sirvió para aparecer frente a muchos con una razón que no tenían… mientras se le dedicaba 80 o 90 por ciento de su contenido a relatar minuciosamente los atropellos cometidos por Perón contra la libertad de expresión, se tendía un piadoso y cómplice manto sobre las dictaduras latinoamericanas”.
En el informe que Otero Silva calificó de “tendencioso”, aparece el tirano Somoza “… como un ángel tutelar de la libertad de pensamiento; allí se ponen como arquetipos de la democracia al chileno González Videla y a los dictadores bolivianos y, al llegar a Santo Domingo, el informe emplea el monstruoso eufemismo siguiente: ‘Las condiciones no son propicias para la libertad de expresión’… Daba vergüenza ver en aquella asamblea de Montevideo a los esbirros intelectuales de Rafael Leónidas Trujillo bramando en la tribuna para decir que Perón era un tirano y que en su país, en cambio, se disfrutaba de una absoluta libertad de pensar.”
Otra actitud de gallardía empresarial, recogida por Selser, es la renuncia presentada a la entidad en 1958 por uno de los ex presidentes de la SIP, el mexicano Miguel Lanz Duret (1909-59), director de El Universal, cuando supo que la SIP había solicitado su inscripción como corporación, dando como sede la ciudad de Dover, condado de Kent (Delaware).
Lanz Duret alegó que “… la SIP iría a depender, a todos los efectos jurídicos y legales, de las leyes norteamericanas, desmintiendo así su supuesta independencia y desvirtuando en los hechos la recomendable extraterritorialidad que le confería, por ejemplo, una sede anual móvil, distinto de la norteamericana”.
Pero la SIP experimentó la primera gran denuncia internacional el 23 de mayo de 1959, cuando en carta pública al director de la revista Bohemia el Che Guevara calificó de “miserable gángster” al encargado de la sección internacional:
“Sucede -dijo el Che- que Jules Dubois, la United Fruit y otras compañías frutícolas, mineras, ganaderas, telefónicas o eléctricas, explotadoras del pueblo en una palabra, han ordenado desatar la clásica cortina de las mentiras asalariadas.” Entonces, Dubois se puso en acción.
II
Formateada por los “amos de la prensa” (voz acuñada por el legendario investigador
estadunidense George Seldes, 1891-1995), la SIP lleva más de medio siglo absolviendo,
fiscalizando o condenando qué debemos entender por noticia, información, democracia y libertad de expresión.
Luego del ruido y aprobación de la intervención yanqui en Guatemala (1954) y el derrocamiento de Perón un año después, los diarios afiliados a la SIP cargaron contra la revolución cubana (1959). En octubre de 1961, por ejemplo, Washington decidió que las relaciones del gobierno argentino con Cuba debían reventarse.
Acatando la sugerencia, La Nación de Buenos Aires publicó la foto de Jules Dubois (presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP) exhibiendo unos misteriosos documentos sacados subrepticiamente “… de la embajada cubana en la Argentina”. Arturo Frondizi (quien no era “de izquierda”, pero sí presidente de un país soberano) protestó ante el secretario de Estado, Dean Rusk, y calificó la maniobra de “burda provocación”.
Regañado por Rusk, el agente Dubois aceptó la legitimidad del infundio. La “ética informativa” de La Nación quedó al desnudo. Cuarenta y cuatro años después, el presidente Néstor Kirchner manifestó en respuesta velada a las constantes presiones del vocero histórico de la oligarquía argentina: “No puede ser que quienes vengan a decir cómo funciona la libertad de prensa son aquellos que para imponer sus ideas mataron, asesinaron y secuestraron” (4/03/05).
Kirchner (quien tampoco es “de izquierda”, pero sí gobernante de un país soberano) pasó a
engrosar la nómina encabezada por los presidentes Fidel Castro, Hugo Chávez y Evo Morales, quienes felizmente no entienden el concepto de “libertad de prensa” de la SIP.
Pero en días pasados, cuando Kirchner cuestionó los infundios de Joaquín Morales Solá (nave insignia del periodismo canalla) cometió un error de fechas. Para qué. Bañándose en agua bendita, Morales Solá redobló sus ataques y escribió: “Kirchner entiende sólo dos clases de periodismo: uno es el incondicional a él, por las razones que fueren, y el resto pertenece a una oposición que debe desaparecer” ( La Nación, 1/10/06). Cínicamente, Morales Solá asoció al gobernante con el nazi Goebbels y sugirió a sus lectores que “en las hemerotecas” consulten si había escrito tal o cual cosa en la fecha dada por el presidente. Tenía razón: ¿qué tipo de asesores en comunicación tiene Kirchner? De lo contrario, hubiesen dado con los desmesurados elogios de Morales Solá al general torturador y genocida Antonio D. Bussi, jefe de la quinta brigada del ejército en la provincia
de Tucumán (La Gaceta de Tucumán, 8/6/76).
Otro capítulo del terrorismo informativo de la SIP tuvo lugar antes, durante y después del gobierno de la Unidad Popular en Chile. Según investigaciones del Senado de Estados Unidos, el llamado Comité de los 40 autorizó a la CIA a una operación secreta de propaganda el 14 de septiembre de 1970. Menos de una semana después, la SIP emitió en Washington un comunicado que denunciaba las amenazas a la “libertad de prensa” en Chile “… por los comunistas y sus aliados marxistas”. ¿Vocero criollo? El inefable diario El Mercurio, dirigido por Agustín Edwards, uno de los invitados de honor a la 62 Conferencia de la SIP que acaba de sesionar en México.
En 1970, Edwards llegó a Washington para buscar el apoyo de Estados Unidos para un plan
destinado a impedir la elección de Salvador Allende. El 15 de septiembre, un día después de que el Comité de los 40 dio su aprobación para la campaña antiallendista, Edwards se reunió con Richard M. Helms, director de la CIA.
El 22 de septiembre, El Mercurio publicó un editorial en el que sostenía que “la supervivencia de los derechos individuales era la cuestión más importante que debía decidir el pueblo chileno”. Según el informe del Senado, los agentes de la CIA entre el personal del periódico “… le permitieron a la oficina generar más de un editorial diario, de acuerdo con los lineamientos fijados por la agencia”. Dos días después, la agencia española de noticias Efe en Santiago envió una nota a toda América Latina, en la que informaba de la manifestación antiallendista de un grupo “… en constante crecimiento”: el grupo fascista Patria y Libertad, financiado por la CIA. Con base en el informe del Senado, el articulista Walter Pincus, del Washington Post, aseguró que Efe recibía un subsidio de la CIA para sus operaciones en América Latina: 18 periodistas chilenos bajo control directo de la CIA, en puestos administrativos importantes en los medios informativos.
Por otro lado, la CIA creaba la agencia Latin establecida, teóricamente, por “13 periódicos
latinoamericanos de la SIP”. Latin contrató a Reuters, agencia de noticias británica, para que administrara la operación. La CIA quería tener un competidor latinoamericano para la agencia cubana Prensa Latina. Según el informe del Senado, Latin transmitió 726 artículos, editoriales y notas del tipo “submarinos soviéticos frente a las costas de Chile”.
III
Ya no hay “submarinos soviéticos frente a las costas de Chile” (como los honorables diarios de la SIP “informaban” en los años de 1960 y 1970), ni en Moscú los comunistas desayunan niños importados de Guatemala (como en los de 1940 y 1950). Declaraciones como la de Chapultepec sobre “libertad de expresión” no permiten tales infundios. Suscrita por la SIP en 1994 y ratificada en su 62 Asamblea Anual que sesionó la semana pasada en México, la declaración abunda en principios como el numeral 9, que dice: “la credibilidad de la
prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de precisión, imparcialidad y
equidad, con una clara diferenciación entre los mensajes periodísticos y comerciales”.
Fiel a la causa, El Mercurio de Santiago publicó entonces un extenso documento acerca de la ”alianza militar Chávez-Evo” (Morales). El diario nos entera de que “… Venezuela y Bolivia firmaron un amplio y ambiguo acuerdo para construir más de 20 bases militares en la frontera que Bolivia comparte con cinco países, entre ellos, Chile” (8/10/06).
Esta vez el matutino omitió referirse a la presencia de submarinos venezolanos frente a las costas de Bolivia, país que no tiene mar… ¿verdad? Sin embargo, los sagaces reporteros mercurianos apuntaron que un “experto en inteligencia” les habría informado acerca de la “… inestable situación en Bolivia y, obviamente, Chávez quiere asegurarse de que Morales se mantenga en el poder”.
Ni corto ni perezoso, el Grupo de Diarios de Las Américas (GDA, Miami, 1994) de la SIP volanteaba simultáneamente un artículo intitulado “Crisis y desunión en Bolivia”. ¿Presiones al gobierno de Chile para que retire su eventual apoyo al ingreso de Venezuela al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? El volátil, clasista y libérrimo concepto de “libertad” de la SIP resulta tan amplio que se ajusta al preámbulo de la Declaración de Chapultepec: “la libertad es una” y, a la vez, ”múltiple”.
En octubre de 2003, por ejemplo, la consejera de seguridad nacional Condoleezza Rice ordenaba, vía teleconferencia a la Asamblea General de la SIP, apoyar al gobierno constitucional de Gonzalo Sánchez de Losada, cuya dimisión pedían los bolivianos tras el asesinato de más de 80 personas por la represión policial.
Asimismo, en marzo de 2005 el uruguayo Danilo Arbilla (ex presidente de la SIP) acusó al gobierno argentino de “manejar la publicidad de manera selectiva”. ¿Le sugería proceder como el gobierno de Chile, otorgando 77 por ciento de la publicidad oficial a El Mercurio y otros medios del grupo COPESA?
Arbilla dijo que Kirchner trataba “con desprecio al periodismo”. ¿Amnesia? Coautor del decreto que en junio de 1973 prohibió en Uruguay la divulgación de todo tipo de información “… que pueda perturbar la tranquilidad y el orden público” (sic), Arbilla se lució como jefe de prensa del presidente golpista Juan María Bordaberry: cerró 173 medios de comunicación, decomisó la revista El Correo de la UNESCO y silenció el brutal asesinato de Julio Castro, director de Marcha. En la página Web de la SIP figura una lírica introducción al “Banco de datos de leyes de la prensa” firmada por Arbilla. El testaferro cita a John Locke y remata con una frase de James Madison: “Es el pueblo el que puede censurar y jamás el gobierno censurar al pueblo”. Arbilla concluye: “Y efectivamente es así: dónde se ha visto que los mandatarios puedan censurar a sus mandantes”.
La SIP asegura estar contra las “acciones penales contra periodistas que al informar ponen al descubierto actos de corrupción”, como dijo un par de años atrás el argentino Ricardo E. Trotti (otro de sus ejecutivos) en el Tecnológico de Monterrey. Bien. Pero omitió el caso del magnate Ramón Báez, de República Dominicana, dueño de los cuatro diarios principales, 70 estaciones de radio y tres de televisión, y acusado de defraudación a instituciones crediticias por un total de 2 mil 800 millones de dólares.
Dios los cría… y el terrorista mediático Carlos Alberto Montaner los justifica. Aunque en ocasiones, los dueños de la SIP deben abofetear a Montaner para que en sus conferencias modere su servilismo con los gobiernos de Washington y una venalidad que ni las “cluster bombs” que destruyen bunkers bajo tierra puede remediar.
Pero a la SIP le encanta la “ética” de los Montaner y los periodistas “independientes” que con fondos federales de Estados Unidos defienden la “libertad” en Cuba. Y, junto a ellos, el decadente olimpo de contratistas intelectuales que al decir del analista Hugo Pressman consienten en ser violados en el supuesto de que “… así mejora la sexualidad y autoestima de la víctima”.
En el decenio de 1970 la UNESCO impulsó el derecho de los pueblos a la información. Sofocado por el poder mediático global, el debate fue congelado. Hoy, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU estudia el impulso jurídico de un nuevo derecho: el derecho a la verdad. Un ideal totalmente ajeno a la SIP, cuyo propósito, como hemos visto, consiste en preguntar a sus amos qué debe informar.
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