Foto: Gabriel Aponte
El procurador general, Alejandro Ordóñez Maldonado.
Ante la Corte Suprema de Justicia un grupo de organizaciones presentaron una queja disciplinaria en contra del procurador General, Alejandro Ordóñez, por presuntamente haber hecho nombramientos de forma irregular con el fin de obtener un beneficio.
Según los quejosos, el jefe del Ministerio Público habría incurrido en prevaricato por omisión, prevaricato por acción y tráfico de influencias por nombrar y mantener en su cargo a familiares de magistrados quienes integraron la Sala en la cual el nombre de Ordóñez Maldonado fue postulado como su candidato a la terna para la Procuraduría General.
En el escrito se manifiesta que es menester investigar “algunos nombramientos que habría hecho el actual procurador para asegurar su reelección”, indicando que el jefe del Ministerio Público fue en contra de lo establecido en la Constitución Política de Colombia.
Se señala que Ordóñez Maldonado incurrió en tráfico de influencias al hacer dichos nombramientos con el fin de "obtener beneficios de parte de otros servidores públicos (congresistas y magistrados) en asuntos que se encuentran conociendo o van a conocer (la nominación y la elección del Procurador)".
“Los artículos de prensa indican que estos nombramientos habrían sido utilizados para favorecer a senadores y senadoras con el objeto de que éstos, a cambio, presuntamente, favorezcan a Alejandro Ordóñez en un asunto que han de conocer”, precisa uno de los apartes.
Igualmente se señala que el Jefe del Ministerio Público incurrió en prevaricato por acción, puesto que la Constitución Política le prohíbe “nombrar en la Procuraduría a personas que fueran familiares de servidores públicos competentes para intervenir en su designación”.
Por último se manifiesta que cometió prevaricato por omisión al haberse abstenido de remover de sus respectivos cargos de libre nombramiento y remoción a funcionarios de la Procuraduría que tenían vínculos familiares con servidores públicos competentes para intervenir en su designación.
La queja fue presentada por las organizaciones De Justicia, la Comisión Colombiana de Juristas, Centro de Estudios Constitucionales PLURAL, Viva la Ciudadanía, Nuevo Arco Iris, Foro por Colombia y Manos Limpias Colombia.